e la Memoria 2014 María Teresa Molares Mora Diagonal El pasado 1 de abril se cumplieros aciagos entre 12.000 y 15.000 persone huir de la brutal represión fascista. La mayor La Comisión de la Verdad de Alicante ha rendido homenaje a todos aquellos republicanos. Año de la memoria 2014, setenta y cinco después de los hechos terribles con que empezó el fin de la guerra civil, la resistencia armada contra los militares golpistas amparados por las élites nacionales e internacionales que necesitaban reforzar sus privilegios. Un comienzo que se simboliza en el puerto de Alicante, la última plaza tomada por los insurrectos. El fin de la guerra se prolongó como pronosticaron los hechos recordados en el muelle de levante del puerto alicantino. La primavera tramposa de 1939 introdujo a miles de personas en el más crudo y largo invierno. En el aniversario de la derrota final de un proyecto democrático interrumpido por la implantación del terror como sistema de aprendizaje, hay que recordar los hechos puntuales y la larga continuidad que tuvieron. Para conseguir el triunfo y la persistencia de los valores y la opresión generalizada que inundó España, se usaron desde el primer momento, en todas las plazas que se fueron conquistando, los campos de concentración, las cárceles, como lugares de encuentro segregado por sexos. Enseguida se utilizaron también las escuelas, las iglesias, los campamentos juveniles... Instrumentos y maneras que marcaron muchas vidas durante cuarenta años con los obligados efectos de largo alcance. Han pasado siete décadas y media desde los hechos acaecidos en 1939 en este escenario que hoy, de nuevo, nos congrega. Primero fue el silencio. O más bien los susurros con los que, entrecortadamente, se fueron conociendo nuestra propia historia. Quienes pudieron escapar a estas formas de represión, de ignominia, de acallamiento, fueron escribiendo los capítulos de nuestra historia oculta que sólo en las últimas dos décadas ha empezado a mostrarse. A mostrarse y a ocultarse, con vaivenes desiguales. Tiempo de primavera y de memoria, año de la Memoria con mayúscula, ocasión excelente para avanzar por el largo camino de la construcción de nuestra historia local, de las comarcas del sur, de la sociedad española. Los pueblos de España han vuelto a palpitar, año tras año, celebración tras celebración, con el corazón y las heridas de los que se fueron sin testimonio, a no ser el de su cautiverio, el de su muerte. Pocos años todavía en los que se ha comenzado a desvelar los horrores del largo y oscuro período de la dictadura Franquista. El pueblo no ha olvidado, y sigue despertando convocado a expresar sus testimonios, a construir memoria, a rechazar la reproducción de la barbarie que ya asoma de nuevo. Para evitar así que se cumpla “el objetivo de los poderosos de todas las épocas como pronosticaba Rodolfo Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas”. Año de la Memoria tejido con tantas memorias, desde dentro y desde fuera de esta España confusa, contra el silencio, contra la estupidez. Tiempo éste de los mayores y los jóvenes, tiempo de mantener y alimentar una antorcha que debe iluminar la vida tenebrosa hacia la que parece conducirnos la resurrección de la barbarie. No hay que dejar paso a la juventud, hay que caminar con ellos, codo con codo, verso con verso, pasión con pasión, razón y lucidez, coraje, trabajo, fuerza. Las distintas asociaciones que han ido mostrando su trabajo desde finales de los ochenta bajo el nombre de Comisión cívica para la recuperación de la Memoria, han recogido ese esfuerzo de muchos hombres y mujeres conocidos y reconocidos, y tantos otros, muchos más, anónimos si bien recordados en el homenaje repetido cada año a propósito de estos aniversarios. Todos los que la sostienen este esfuerzo desde ayer y con los que la sostendrán mañana, están escribiendo un capítulo más de todos los que, desde fuera, exiliados, y desde dentro, en el exilio interior de la España Franquista, más tarde de la España democrática, fueron iluminando los tiempos vacíos de nuestros recuerdos. Ese coraje que han acumulado llega desde la resistencia, la insistencia, la constancia fiel de muchos ya desaparecidos y de otras y otros todavía vivos y activos. El soporte imprescindible que ha facilitado el trabajo de los más renombrados y todos los que hoy, semana tras semana tejen los hilos que muestran en estos días la solidaridad materializada ya, por fin, en el monolito instalado en el puerto de Alicante. Es un modesto colofón conseguido tras los homenajes anuales en el humilde nicho 1009 del cementerio de Alicante (“Miguel Hernández. Poeta”), en la cárcel de Benalúa donde se plasmó el homenaje a los poetas del sacrificio, en el Instituto de bachillerato al que pusieron el nombre de Miguel Hernández que ha alcanzado ya una presencia en el nuevo edificio. Luego ha llegado el reconocimiento de los espacios ocultados: el campo de Albatera, la posición Yuste y Dakar, la fosa y las sepulturas del cementerio de Alicante... Como colofón e inicio del año de la Memoria, contra la falsa historia del año de la Victoria fascista, aquí hoy, en este puerto tuneado, maquillado, por fin su memoria queda recuperada de forma expresa en esta placa que hablará al pueblo de Alicante y a todos sus visitantes de los hechos ignominiosos que tanto ha costado recordar. La memoria continúa, la Comisión cívica para su recuperación también e invita a todos, en especial a los jóvenes, a unirse a sus trabajos, ampliarlos, difundirlos para frenar con ello la renovación de la barbarie. Por una España verdaderamente moderna, laica, culta, igualitaria, por su definitiva normalización democrática, y por el progreso armónico del bienestar de todos sus ciudadanos en la que veamos el fin de la “Gallina ciega”, en la que tan lúcidamente Max Aub describe las consecuencias de haber dejado en la cuneta los cuerpos, los pensamientos, las creaciones, la libertad... que han de volver en los brazos de nuestra esperanza, la misma que alimentó a quienes continuaron la resistencia en forma de guerrilla provocando nuevos partes de guerra durante años, después del aparentemente definitivo parte del 1 de abril de 1939. Éste es el poema de amor, muerte y esperanza por la justicia, encontrado en los últimos días de este mismo año entre los papeles polvorientos del archivo de la democracia de la Universidad de Alicante: A los dioses que se alejan Iré a morir al monte con el saco repleto de tus ausencias con el cáliz amable de mis tristezas. Tú no estarás, como nunca has estado. Los silencios lejanos nos aniquilan. Las palabras cercanas nos resucitan Aún tan escasas. Voy al monte querido, la mar y el firmamento, los pájaros y los insectos, las plantas semivivas. En el monte te espero, ya para nunca. Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/saberes/22819-ano-la-memoria-2014.html Envía esta noticia Compartir esta noticia: 10-05-2014 En defensa de la educación infantil No me bajo de Las Nubes Agustín Moreno Cuarto Poder Las Nubes es el nombre de una escuela de educación infantil de 0 a 3 años del barrio de Retiro-Pacífico de Madrid que lucha para mantener su proyecto educativo sostenible y con criterio científico y profesional. Las familias rechazan que se ponga en riesgo el buen funcionamiento de la escuela por una más que dudosa y ridícula rebaja presupuestaria. Las familias y algunos profesores de Las Nubes y de otras escuelas infantiles de Madrid se manifestaron hace unos días frente a la consejería de Educación. La razón era denunciar los recortes en educación infantil y la privatización de las escuelas. Desde hace tiempo la Comunidad de Madrid viene desmantelamiento una de las mejores redes de escuelas infantiles existentes haciendo que las escuelas públicas pasen a ser de gestión privada directa o indirecta en base a criterios de rentabilidad económica, como si educar bebés fuera un negocio. De hecho, están aterrizando en el sector empresas que nada tienen que ver con la educación, sino con servicios de otro tipo como la construcción, la seguridad, la limpieza o la jardinería. ¿Cómo funciona exactamente el mecanismo que hace que acudan a las escuelas infantiles grandes empresas multiservicios como las moscas a la miel de los beneficios? Los requisitos para la adjudicación de la gestión indirecta de las escuelas infantiles públicas de Madrid han sido cambiados por la administración y se da más peso al precio del servicio que al proyecto educativo. Así, hay cooperativas de larga trayectoria y calidad que son desplazadas por empresas privadas que solo miran por su beneficios. Y si hay negocio, desaparece la pedagogía. Cuando se desprecia la pedagogía y la psicología aparecen las ocurrencias. La última de la Consejería de Madrid, que no sabe que inventar ya para cargarse la educación pública, es querer que cualquier titulado pueda ejercer de maestro de infantil y primaria, despreciando otra vez la complejidad de esa etapa educativa. ¿Se imaginan un licenciado en veterinaria como educador con bebés de un año? El problema no es que las empresas privadas conciban las escuelas infantiles como una guardería y aparcamiento de bebés. Es que el gobierno piensa lo mismo. Ignoran ese tramo educativo fundamental en la LOMCE. No reconocen esta etapa como educativa, y de ahí se deriva todo lo demás. Para saber de lo que hablamos conviene detenerse en la importancia de la educación infantil. Dice el neurólogo Joaquim Jubert que el 75% de la masa cerebral se forma en los seis primeros años de vida, especialmente en el primer año del bebé que pasa de un volumen de 340 a 970 gramos. Y no es solo una cuestión de peso sino de arborizaciones dendríticas, conexiones y circuitos neuronales donde reside y circula todo el aprendizaje. La educación infantil es por tanto un periodo óptimo para el aprendizaje porque se da un máximo de conectividad. Un dato tremendo que sitúa la gravedad del problema existente es que se ha producido un abusivo aumento de las cuotas de las escuelas infantiles, llegando a cifras de 234 a 340 euros mensuales por niño. La subida de tarifas también tiene un efecto perverso de animar a las madres a quedarse en casa, renunciando a una actividad laboral y a unos ingresos que aseguren su independencia económica y personal. En paralelo, se destinan 34 millones de euros al cheque-bebé para las familias que lleven sus hijos a centros privados (de 100 a 160 euros al mes). Ello hace que la mitad de las familias renuncien a la plaza pública por no poder pagarla y vayan a una privada donde pueden acogerse a las subvenciones del cheque-guardería. Es una manera descarada de robar clientela a lo público y privatizar por esa vía el servicio. También se producen situaciones tan escandalosas como que la consejera de educación de Madrid, Lucía Figar, pueda beneficiarse del cheque-bebé para su hija a pesar de tener unos elevadísimos ingresos entre ella (8.379 euros brutos al mes) y su marido (diputado del PP). Solo caben dos conclusiones ante este hecho: si tiene derecho al cheque es que su norma está mal hecha, porque permite estas injustas situaciones cuando ha suprimido 300.000 becas de libros y 110.000 becas de comedor; y si no tiene derecho, peor aún. Es fundamental tener conciencia ciudadana de la importancia de este tramo educativo.Como dice la Campaña de la Plataforma Estatal por la Educación Infantil de 0 a 6 años, todos los niños y niñas tiene derecho a una educación pública universal desde su nacimiento y nadie debe quedar excluido. Porque la educación debe de ser respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna. No puede ser un negocio en ningún caso y la administración no debe utilizar criterios economicistas. Los niños no son objetos a guardar, sino personas a las que educar. Porque la educación infantil es nuestro futuro. Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/bajo-de-las-nuves/465 Envía esta noticia Compartir esta noticia:
08-05-2014
|
El
anteproyecto refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los
ejércitos de la OTAN
Nuevo
apretón de tuercas: el Código Penal Militar
En
fechas recientes, el Gobierno ha iniciado la tramitación de la Ley
Orgánica de un nuevo Código Penal Militar (CPM). Esta reforma está
justificada en los grandes cambios producidos en las Fuerzas Armadas
(FAS), como consecuencia de la desaparición del servicio militar
obligatorio, de las modificaciones en la carrera militar y de la
implantación de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las
FAS.
En
su justificación del proyecto, olvida el Gobierno, sin embargo,
mencionar las obligaciones que ha contraído el Estado Español como
firmante de varios instrumentos de derecho internacional, que
clamaban por una reforma radical de la justicia militar desde hace
mucho tiempo.
Aplicación
a civiles
Entre
los aspectos más preocupantes del proyecto, figura la aplicación a
civiles de ciertos delitos por el simple truco de convertirlos en
“delitos militares”, contraviniendo así el Principio 29 sobre
“Restricciones a la competencia de los Tribunales Militares”de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidasi; en particular,
resultan de aplicación a civiles los delitos de espionaje militar y
revelación de secretos militares, atentado contra instalaciones o
medios de defensa o seguridad, incumplimiento de bandos y otros
contra el patrimonio o la autoridad militar, en algunos casos (aunque
no en todos), en circunstancias de estado de sitio o de “conflicto
armado”.
En
la mayoría de los casos, esos delitos están ya tipificados en el
Código Penal (CP), tal vez faltos de precisión en cuanto al rigor
requerido para proteger bienes jurídicos específicamente militares.
Resulta sorprendente que el Gobierno no haya aprovechado la radical
reforma del Código Penal para corregir estas carencias; le resulta
más práctico declararlos “delitos militares” para que pasen a
ser juzgados directamente por tribunales militares. Este
procedimiento resulta fraudulento y contraviene los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Delitos
de derecho internacional
Paradójicamente,
en el Código Penal si que existen los delitos contra las personas y
bienes protegidos en caso de conflicto armado. Numerosos organismos
internacionales, como el Comité contra la Tortura o el Comité
contra las Desapariciones Forzadas, han clamado contra la aplicación
de la justicia militar en los casos de graves violaciones de derechos
humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones
forzadas, la tortura y otros crímenes de derecho internacional
humanitario.
Sin
embargo, el proyecto de CPM se reserva el derecho de investigar y
castigar estas conductas por el truco, otra vez, de convertirlos en
“delitos militares”, cuando sean cometidas por militares y se
perpetren con abuso de facultades o infracción de los deberes de las
leyes de Derechos y Deberes de las FAS y de la Guardia Civil (GC); es
decir, siempre. El proyectado CPM hurtará así a la justicia
ordinaria el conocimiento de los peores delitos que pueden perpetrar
los militares en su ejercicio profesional. Recientemente se dio un
caso, con ocasión de unas denuncias de malos tratos o torturas a
detenidos durante la guerra de Irak, que fueron “investigadas”
por la fiscalía militar, sin intervención de la justicia ordinaria
y sin que haya habido mas noticias hasta hoyii.
Y
este es el procedimiento que están utilizando las fuerzas armadas y
de seguridad en Colombia para eludir la acción de la justicia en las
graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en la guerra
sucia contra los grupos armados de oposición.
Obediencia
debida
El
proyecto suscita serias objeciones al principio de obediencia debida
cuando no hace mención explícita de las violaciones graves de
derechos humanos y, en concreto, de ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas y torturas, crímenes de guerra o crímenes
de lesa humanidad como circunstancias limitadoras de la obediencia
debida. Las simples alusiones a “actos que manifiestamente
constituyan delito o una infracción manifiesta, clara y terminante
de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general”
resultan demasiado vagas para prevenir los peores crímenes, en
especial cuando se establece que “se considerará circunstancia
atenuante muy cualificada la de haber precedido por parte del
superior inmediata provocación o cualquier otra actuación injusta
que haya producido en el sujeto arrebato, obcecación u otro estado
pasional de entidad semejante”.
Por
otra parte, en los delitos contra los deberes del mando tampoco se
enfatizan las graves responsabilidades que se asumen al ordenar o
tolerar este tipo de delitos de derecho internacional sobre otros
actos ilegales o abusos. No ampara todo ello la exigencia de los
instrumentos internacionales aceptados por España de combatir por
todos los medios esos crímenes contra la humanidad, ni resulta
aceptable para un militar honrado la posibilidad de eludir sus
responsabilidades personales al desobedecer ciertas ordenes
prohibidas.
Delitos
contra los derechos de las personas
Preocupa
especialmente la categorización como delitos militares de aquellos
hechos cometidos por militares que afectan a los derechos
fundamentales de otros (abuso de autoridad, insulto a superior, o
violación de derechos entre iguales), sin mención explícita a la
protección de las víctimas del delito. Cobra especial trascendencia
en aquellos casos en que estos delitos se perpetran en conexión con
actos contra la indemnidad sexual. En estos casos se violentan dos
bienes jurídicos simultáneamente: la indemnidad sexual (u otros
derechos fundamentales) por una parte, la disciplina por otra. El
hecho de convertirlos en delitos militares los hace automáticamente
ser juzgados por los tribunales militares, dando de esta forma
prelación al bien jurídico disciplina sobre el derecho fundamental
violado, que debe tener mayor protección que aquella.
Los
bienes jurídicos protegidos
En
el preámbulo del proyecto se justifica la introducción en el CPM
como delitos militares de algunos que ya aparecen en el CP, cuando
éste no recoja “las singularidades referidas al bien jurídico
protegido como esencial o estrictamente militares”. De esta manera,
se introducen los delitos de traición militar, espionaje militar y
revelación de secretos que comprometen a la defensa, dando por hecho
que el bien jurídico protegido (la defensa de la nación) es un
asunto de los militares y no de todo el pueblo español. Se abusa de
los conceptos jurídicos indeterminados (ofensas, ultrajes e
injurias), el objeto de los cuales serían España y sus símbolos y
las FAS y sus símbolos. Por otra parte, tampoco se entiende que, en
el caso de las dos primeras (ofensas y ultrajes a España y sus
símbolos), se hayan definido como delitos militares, dado que el
bien jurídico protegido, en este caso, no es estricta o
esencialmente militar.
La
Guardia Civil, remilitarizada
El
proyecto está plagado de alusiones a la condición de los guardias
civiles como militares e incluso, a los bienes e instalaciones de la
GC como bienes jurídicos a proteger por la justicia militar,
convirtiendo así en delitos militares (y juzgados, por tanto, por
tribunales militares) conductas que ya están recogidas en el CP. De
hecho, se convierte a los guardias civiles en soldados a tiempo
completo, con la sola excepción del tiempo en que se encuentren
cumpliendo servicios policiales. Esto, obviamente, supone una
tremenda limitación en sus derechos civiles cuando no se encuentran
en acto de servicio, dándose la paradoja de que gozan de más
libertades cuando están de servicio que cuando están fuera de
servicio.
Los
derechos civiles de los militares
En
general, la misma crítica puede hacerse en relación con los
militares todos, a los que se aplican mayores limitaciones que a los
civiles en sus derechos fundamentales por el mero hecho de serlo,
independientemente de que sus conductas se realicen en acto de
servicio o no. Estas limitaciones no se darían si muchas de las
conductas definidas como delito militar se circunscribieran a los
actos del servicio, cuando se encuentren en funciones militares.
El
estado de guerra, vs situación de conflicto armado
El
texto está plagado de situaciones para las que se explicitan
agravamientos de condena, aplicación a civiles e incluso la
conversión de un delito del CP en militar: el Estado de Sitio y el
“conflicto armado”. En el actual CPM se habla de “estado de
guerra”, que es una situación perfecta y taxativamente determinada
por la existencia de una declaración de guerra. Este concepto
desaparece del texto propuesto, siguiendo la doctrina,
internacionalmente admitida, de extender el derecho de la guerra a
los conflictos armados (que viene a reconocer el hecho de que en la
inmensa mayoría de los enfrentamientos entre países o grupos
armados no ha mediado una declaración de guerra, en tanto que sus
víctimas merecen igual protección que en una guerra).
Sin
embargo, resulta preocupante la falta de concreción sobre qué debe
entenderse por situación de conflicto armado, lo que anticipa un
posible abuso en la aplicación de la justicia militar por parte de
la propias autoridades militares en situaciones no suficientemente
claras.
Los
aliados
Los
artículos referidos a los delitos de traición militar, espionaje
militar, revelación de secretos de defensa, atentado contra medios
de defensa e incumplimiento de bandos, son de aplicación también
cuando se cometieren contra potencia aliada. El problema aquí reside
en que debe entenderse por aliado “cualquier Estado u Organización
Internacional con la que España esté ligada por un Tratado o
alianza de defensa, o que tome parte en conflicto armado, operación
armada u operación internacional de paz en que participe España
contra un enemigo común”, sin que se cuestione para nada la
legalidad internacional de tales operaciones. Cualesquiera de tales
delitos cometidos por españoles contra estos “aliados” sería
considerados como delitos militares, igual que si se cometieran
contra el propio estado, con independencia de la legalidad o
ilegalidad de tales operaciones.
Conclusiones
El
Anteproyecto de nuevo Código Penal Militar refuerza sin disimulo las
doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN y de los Estados
Unidos en especial, consistentes en garantizar su efectividad,
sacrificando para ello la legalidad internacional y los derechos de
las víctimas de la guerra. España se apunta así a la corriente
instaurada por los Estados Unidos de intervenir donde y como quiere,
sin que los organismos internacionales vayan a suponer la menor
cortapisa.
Para
ello, no se duda en introducir como delitos militares conductas que
debieran ser contempladas por la justicia civil, hurtando a ésta de
su conocimiento por la vía expeditiva de su definición como delitos
militares. Ello permite, además, la extensión de su aplicación a
civiles en muchas circunstancias, no taxativamente regladas.
En
consecuencia, aumenta la inseguridad jurídica de los militares y de
los propios civiles en determinadas circunstancias, ampliando su
potencial como vía para reprimir la disidencia, tanto interna como
externa a la institución militar.
Además,
hace un flaco favor a la protección de los derechos fundamentales,
tanto de las víctimas de los conflictos armados, como de los propios
militares, permitiendo que en la protección de bienes jurídicos
yuxtapuestos, primen los de la disciplina y cohesión de los
ejércitos sobre los derechos fundamentales de las víctimas.
Por
último, refuerza la militarización de la Guardia Civil como
instrumento de control social disciplinado y obediente al poder
establecido.
Todo
ello, a propuesta del Gobierno del Partido Popular y con la
aquiescencia del resto de los partidos del arco parlamentario, que
han manifestado bien poco interés en modificar el sentido y la
utilidad de las fuerzas armadas para evitar que queden al servicio de
las aventuras imperialistas.
En
suma, nos encontramos con otro elemento más del golpe de estado
encubierto para vaciar de contenido el conjunto de derechos y
libertades que recoge la Constitución, denunciado por el Colectivo
Anemoi en un reciente comunicadoiii y que se suma al paquete
legislativo represivo, con incalculables consecuencias.
Manuel
Pardo de Donlebún Montesino, Capitán de Navío de la Armada en la
Reserva.
Rebelión
ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una
licencia
de Creative Commons,
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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08-05-2014
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El
anteproyecto refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los
ejércitos de la OTAN
Nuevo
apretón de tuercas: el Código Penal Militar
En
fechas recientes, el Gobierno ha iniciado la tramitación de la Ley
Orgánica de un nuevo Código Penal Militar (CPM). Esta reforma está
justificada en los grandes cambios producidos en las Fuerzas Armadas
(FAS), como consecuencia de la desaparición del servicio militar
obligatorio, de las modificaciones en la carrera militar y de la
implantación de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las
FAS.
En
su justificación del proyecto, olvida el Gobierno, sin embargo,
mencionar las obligaciones que ha contraído el Estado Español como
firmante de varios instrumentos de derecho internacional, que
clamaban por una reforma radical de la justicia militar desde hace
mucho tiempo.
Aplicación
a civiles
Entre
los aspectos más preocupantes del proyecto, figura la aplicación a
civiles de ciertos delitos por el simple truco de convertirlos en
“delitos militares”, contraviniendo así el Principio 29 sobre
“Restricciones a la competencia de los Tribunales Militares”de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidasi; en particular,
resultan de aplicación a civiles los delitos de espionaje militar y
revelación de secretos militares, atentado contra instalaciones o
medios de defensa o seguridad, incumplimiento de bandos y otros
contra el patrimonio o la autoridad militar, en algunos casos (aunque
no en todos), en circunstancias de estado de sitio o de “conflicto
armado”.
En
la mayoría de los casos, esos delitos están ya tipificados en el
Código Penal (CP), tal vez faltos de precisión en cuanto al rigor
requerido para proteger bienes jurídicos específicamente militares.
Resulta sorprendente que el Gobierno no haya aprovechado la radical
reforma del Código Penal para corregir estas carencias; le resulta
más práctico declararlos “delitos militares” para que pasen a
ser juzgados directamente por tribunales militares. Este
procedimiento resulta fraudulento y contraviene los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Delitos
de derecho internacional
Paradójicamente,
en el Código Penal si que existen los delitos contra las personas y
bienes protegidos en caso de conflicto armado. Numerosos organismos
internacionales, como el Comité contra la Tortura o el Comité
contra las Desapariciones Forzadas, han clamado contra la aplicación
de la justicia militar en los casos de graves violaciones de derechos
humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones
forzadas, la tortura y otros crímenes de derecho internacional
humanitario.
Sin
embargo, el proyecto de CPM se reserva el derecho de investigar y
castigar estas conductas por el truco, otra vez, de convertirlos en
“delitos militares”, cuando sean cometidas por militares y se
perpetren con abuso de facultades o infracción de los deberes de las
leyes de Derechos y Deberes de las FAS y de la Guardia Civil (GC); es
decir, siempre. El proyectado CPM hurtará así a la justicia
ordinaria el conocimiento de los peores delitos que pueden perpetrar
los militares en su ejercicio profesional. Recientemente se dio un
caso, con ocasión de unas denuncias de malos tratos o torturas a
detenidos durante la guerra de Irak, que fueron “investigadas”
por la fiscalía militar, sin intervención de la justicia ordinaria
y sin que haya habido mas noticias hasta hoyii.
Y
este es el procedimiento que están utilizando las fuerzas armadas y
de seguridad en Colombia para eludir la acción de la justicia en las
graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en la guerra
sucia contra los grupos armados de oposición.
Obediencia
debida
El
proyecto suscita serias objeciones al principio de obediencia debida
cuando no hace mención explícita de las violaciones graves de
derechos humanos y, en concreto, de ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas y torturas, crímenes de guerra o crímenes
de lesa humanidad como circunstancias limitadoras de la obediencia
debida. Las simples alusiones a “actos que manifiestamente
constituyan delito o una infracción manifiesta, clara y terminante
de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general”
resultan demasiado vagas para prevenir los peores crímenes, en
especial cuando se establece que “se considerará circunstancia
atenuante muy cualificada la de haber precedido por parte del
superior inmediata provocación o cualquier otra actuación injusta
que haya producido en el sujeto arrebato, obcecación u otro estado
pasional de entidad semejante”.
Por
otra parte, en los delitos contra los deberes del mando tampoco se
enfatizan las graves responsabilidades que se asumen al ordenar o
tolerar este tipo de delitos de derecho internacional sobre otros
actos ilegales o abusos. No ampara todo ello la exigencia de los
instrumentos internacionales aceptados por España de combatir por
todos los medios esos crímenes contra la humanidad, ni resulta
aceptable para un militar honrado la posibilidad de eludir sus
responsabilidades personales al desobedecer ciertas ordenes
prohibidas.
Delitos
contra los derechos de las personas
Preocupa
especialmente la categorización como delitos militares de aquellos
hechos cometidos por militares que afectan a los derechos
fundamentales de otros (abuso de autoridad, insulto a superior, o
violación de derechos entre iguales), sin mención explícita a la
protección de las víctimas del delito. Cobra especial trascendencia
en aquellos casos en que estos delitos se perpetran en conexión con
actos contra la indemnidad sexual. En estos casos se violentan dos
bienes jurídicos simultáneamente: la indemnidad sexual (u otros
derechos fundamentales) por una parte, la disciplina por otra. El
hecho de convertirlos en delitos militares los hace automáticamente
ser juzgados por los tribunales militares, dando de esta forma
prelación al bien jurídico disciplina sobre el derecho fundamental
violado, que debe tener mayor protección que aquella.
Los
bienes jurídicos protegidos
En
el preámbulo del proyecto se justifica la introducción en el CPM
como delitos militares de algunos que ya aparecen en el CP, cuando
éste no recoja “las singularidades referidas al bien jurídico
protegido como esencial o estrictamente militares”. De esta manera,
se introducen los delitos de traición militar, espionaje militar y
revelación de secretos que comprometen a la defensa, dando por hecho
que el bien jurídico protegido (la defensa de la nación) es un
asunto de los militares y no de todo el pueblo español. Se abusa de
los conceptos jurídicos indeterminados (ofensas, ultrajes e
injurias), el objeto de los cuales serían España y sus símbolos y
las FAS y sus símbolos. Por otra parte, tampoco se entiende que, en
el caso de las dos primeras (ofensas y ultrajes a España y sus
símbolos), se hayan definido como delitos militares, dado que el
bien jurídico protegido, en este caso, no es estricta o
esencialmente militar.
La
Guardia Civil, remilitarizada
El
proyecto está plagado de alusiones a la condición de los guardias
civiles como militares e incluso, a los bienes e instalaciones de la
GC como bienes jurídicos a proteger por la justicia militar,
convirtiendo así en delitos militares (y juzgados, por tanto, por
tribunales militares) conductas que ya están recogidas en el CP. De
hecho, se convierte a los guardias civiles en soldados a tiempo
completo, con la sola excepción del tiempo en que se encuentren
cumpliendo servicios policiales. Esto, obviamente, supone una
tremenda limitación en sus derechos civiles cuando no se encuentran
en acto de servicio, dándose la paradoja de que gozan de más
libertades cuando están de servicio que cuando están fuera de
servicio.
Los
derechos civiles de los militares
En
general, la misma crítica puede hacerse en relación con los
militares todos, a los que se aplican mayores limitaciones que a los
civiles en sus derechos fundamentales por el mero hecho de serlo,
independientemente de que sus conductas se realicen en acto de
servicio o no. Estas limitaciones no se darían si muchas de las
conductas definidas como delito militar se circunscribieran a los
actos del servicio, cuando se encuentren en funciones militares.
El
estado de guerra, vs situación de conflicto armado
El
texto está plagado de situaciones para las que se explicitan
agravamientos de condena, aplicación a civiles e incluso la
conversión de un delito del CP en militar: el Estado de Sitio y el
“conflicto armado”. En el actual CPM se habla de “estado de
guerra”, que es una situación perfecta y taxativamente determinada
por la existencia de una declaración de guerra. Este concepto
desaparece del texto propuesto, siguiendo la doctrina,
internacionalmente admitida, de extender el derecho de la guerra a
los conflictos armados (que viene a reconocer el hecho de que en la
inmensa mayoría de los enfrentamientos entre países o grupos
armados no ha mediado una declaración de guerra, en tanto que sus
víctimas merecen igual protección que en una guerra).
Sin
embargo, resulta preocupante la falta de concreción sobre qué debe
entenderse por situación de conflicto armado, lo que anticipa un
posible abuso en la aplicación de la justicia militar por parte de
la propias autoridades militares en situaciones no suficientemente
claras.
Los
aliados
Los
artículos referidos a los delitos de traición militar, espionaje
militar, revelación de secretos de defensa, atentado contra medios
de defensa e incumplimiento de bandos, son de aplicación también
cuando se cometieren contra potencia aliada. El problema aquí reside
en que debe entenderse por aliado “cualquier Estado u Organización
Internacional con la que España esté ligada por un Tratado o
alianza de defensa, o que tome parte en conflicto armado, operación
armada u operación internacional de paz en que participe España
contra un enemigo común”, sin que se cuestione para nada la
legalidad internacional de tales operaciones. Cualesquiera de tales
delitos cometidos por españoles contra estos “aliados” sería
considerados como delitos militares, igual que si se cometieran
contra el propio estado, con independencia de la legalidad o
ilegalidad de tales operaciones.
Conclusiones
El
Anteproyecto de nuevo Código Penal Militar refuerza sin disimulo las
doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN y de los Estados
Unidos en especial, consistentes en garantizar su efectividad,
sacrificando para ello la legalidad internacional y los derechos de
las víctimas de la guerra. España se apunta así a la corriente
instaurada por los Estados Unidos de intervenir donde y como quiere,
sin que los organismos internacionales vayan a suponer la menor
cortapisa.
Para
ello, no se duda en introducir como delitos militares conductas que
debieran ser contempladas por la justicia civil, hurtando a ésta de
su conocimiento por la vía expeditiva de su definición como delitos
militares. Ello permite, además, la extensión de su aplicación a
civiles en muchas circunstancias, no taxativamente regladas.
En
consecuencia, aumenta la inseguridad jurídica de los militares y de
los propios civiles en determinadas circunstancias, ampliando su
potencial como vía para reprimir la disidencia, tanto interna como
externa a la institución militar.
Además,
hace un flaco favor a la protección de los derechos fundamentales,
tanto de las víctimas de los conflictos armados, como de los propios
militares, permitiendo que en la protección de bienes jurídicos
yuxtapuestos, primen los de la disciplina y cohesión de los
ejércitos sobre los derechos fundamentales de las víctimas.
Por
último, refuerza la militarización de la Guardia Civil como
instrumento de control social disciplinado y obediente al poder
establecido.
Todo
ello, a propuesta del Gobierno del Partido Popular y con la
aquiescencia del resto de los partidos del arco parlamentario, que
han manifestado bien poco interés en modificar el sentido y la
utilidad de las fuerzas armadas para evitar que queden al servicio de
las aventuras imperialistas.
En
suma, nos encontramos con otro elemento más del golpe de estado
encubierto para vaciar de contenido el conjunto de derechos y
libertades que recoge la Constitución, denunciado por el Colectivo
Anemoi en un reciente comunicadoiii y que se suma al paquete
legislativo represivo, con incalculables consecuencias.
Manuel
Pardo de Donlebún Montesino, Capitán de Navío de la Armada en la
Reserva.
Rebelión
ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una
licencia
de Creative Commons,
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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08-05-2014
|
El
anteproyecto refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los
ejércitos de la OTAN
Nuevo
apretón de tuercas: el Código Penal Militar
En
fechas recientes, el Gobierno ha iniciado la tramitación de la Ley
Orgánica de un nuevo Código Penal Militar (CPM). Esta reforma está
justificada en los grandes cambios producidos en las Fuerzas Armadas
(FAS), como consecuencia de la desaparición del servicio militar
obligatorio, de las modificaciones en la carrera militar y de la
implantación de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las
FAS.
En
su justificación del proyecto, olvida el Gobierno, sin embargo,
mencionar las obligaciones que ha contraído el Estado Español como
firmante de varios instrumentos de derecho internacional, que
clamaban por una reforma radical de la justicia militar desde hace
mucho tiempo.
Aplicación
a civiles
Entre
los aspectos más preocupantes del proyecto, figura la aplicación a
civiles de ciertos delitos por el simple truco de convertirlos en
“delitos militares”, contraviniendo así el Principio 29 sobre
“Restricciones a la competencia de los Tribunales Militares”de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidasi; en particular,
resultan de aplicación a civiles los delitos de espionaje militar y
revelación de secretos militares, atentado contra instalaciones o
medios de defensa o seguridad, incumplimiento de bandos y otros
contra el patrimonio o la autoridad militar, en algunos casos (aunque
no en todos), en circunstancias de estado de sitio o de “conflicto
armado”.
En
la mayoría de los casos, esos delitos están ya tipificados en el
Código Penal (CP), tal vez faltos de precisión en cuanto al rigor
requerido para proteger bienes jurídicos específicamente militares.
Resulta sorprendente que el Gobierno no haya aprovechado la radical
reforma del Código Penal para corregir estas carencias; le resulta
más práctico declararlos “delitos militares” para que pasen a
ser juzgados directamente por tribunales militares. Este
procedimiento resulta fraudulento y contraviene los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Delitos
de derecho internacional
Paradójicamente,
en el Código Penal si que existen los delitos contra las personas y
bienes protegidos en caso de conflicto armado. Numerosos organismos
internacionales, como el Comité contra la Tortura o el Comité
contra las Desapariciones Forzadas, han clamado contra la aplicación
de la justicia militar en los casos de graves violaciones de derechos
humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones
forzadas, la tortura y otros crímenes de derecho internacional
humanitario.
Sin
embargo, el proyecto de CPM se reserva el derecho de investigar y
castigar estas conductas por el truco, otra vez, de convertirlos en
“delitos militares”, cuando sean cometidas por militares y se
perpetren con abuso de facultades o infracción de los deberes de las
leyes de Derechos y Deberes de las FAS y de la Guardia Civil (GC); es
decir, siempre. El proyectado CPM hurtará así a la justicia
ordinaria el conocimiento de los peores delitos que pueden perpetrar
los militares en su ejercicio profesional. Recientemente se dio un
caso, con ocasión de unas denuncias de malos tratos o torturas a
detenidos durante la guerra de Irak, que fueron “investigadas”
por la fiscalía militar, sin intervención de la justicia ordinaria
y sin que haya habido mas noticias hasta hoyii.
Y
este es el procedimiento que están utilizando las fuerzas armadas y
de seguridad en Colombia para eludir la acción de la justicia en las
graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en la guerra
sucia contra los grupos armados de oposición.
Obediencia
debida
El
proyecto suscita serias objeciones al principio de obediencia debida
cuando no hace mención explícita de las violaciones graves de
derechos humanos y, en concreto, de ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas y torturas, crímenes de guerra o crímenes
de lesa humanidad como circunstancias limitadoras de la obediencia
debida. Las simples alusiones a “actos que manifiestamente
constituyan delito o una infracción manifiesta, clara y terminante
de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general”
resultan demasiado vagas para prevenir los peores crímenes, en
especial cuando se establece que “se considerará circunstancia
atenuante muy cualificada la de haber precedido por parte del
superior inmediata provocación o cualquier otra actuación injusta
que haya producido en el sujeto arrebato, obcecación u otro estado
pasional de entidad semejante”.
Por
otra parte, en los delitos contra los deberes del mando tampoco se
enfatizan las graves responsabilidades que se asumen al ordenar o
tolerar este tipo de delitos de derecho internacional sobre otros
actos ilegales o abusos. No ampara todo ello la exigencia de los
instrumentos internacionales aceptados por España de combatir por
todos los medios esos crímenes contra la humanidad, ni resulta
aceptable para un militar honrado la posibilidad de eludir sus
responsabilidades personales al desobedecer ciertas ordenes
prohibidas.
Delitos
contra los derechos de las personas
Preocupa
especialmente la categorización como delitos militares de aquellos
hechos cometidos por militares que afectan a los derechos
fundamentales de otros (abuso de autoridad, insulto a superior, o
violación de derechos entre iguales), sin mención explícita a la
protección de las víctimas del delito. Cobra especial trascendencia
en aquellos casos en que estos delitos se perpetran en conexión con
actos contra la indemnidad sexual. En estos casos se violentan dos
bienes jurídicos simultáneamente: la indemnidad sexual (u otros
derechos fundamentales) por una parte, la disciplina por otra. El
hecho de convertirlos en delitos militares los hace automáticamente
ser juzgados por los tribunales militares, dando de esta forma
prelación al bien jurídico disciplina sobre el derecho fundamental
violado, que debe tener mayor protección que aquella.
Los
bienes jurídicos protegidos
En
el preámbulo del proyecto se justifica la introducción en el CPM
como delitos militares de algunos que ya aparecen en el CP, cuando
éste no recoja “las singularidades referidas al bien jurídico
protegido como esencial o estrictamente militares”. De esta manera,
se introducen los delitos de traición militar, espionaje militar y
revelación de secretos que comprometen a la defensa, dando por hecho
que el bien jurídico protegido (la defensa de la nación) es un
asunto de los militares y no de todo el pueblo español. Se abusa de
los conceptos jurídicos indeterminados (ofensas, ultrajes e
injurias), el objeto de los cuales serían España y sus símbolos y
las FAS y sus símbolos. Por otra parte, tampoco se entiende que, en
el caso de las dos primeras (ofensas y ultrajes a España y sus
símbolos), se hayan definido como delitos militares, dado que el
bien jurídico protegido, en este caso, no es estricta o
esencialmente militar.
La
Guardia Civil, remilitarizada
El
proyecto está plagado de alusiones a la condición de los guardias
civiles como militares e incluso, a los bienes e instalaciones de la
GC como bienes jurídicos a proteger por la justicia militar,
convirtiendo así en delitos militares (y juzgados, por tanto, por
tribunales militares) conductas que ya están recogidas en el CP. De
hecho, se convierte a los guardias civiles en soldados a tiempo
completo, con la sola excepción del tiempo en que se encuentren
cumpliendo servicios policiales. Esto, obviamente, supone una
tremenda limitación en sus derechos civiles cuando no se encuentran
en acto de servicio, dándose la paradoja de que gozan de más
libertades cuando están de servicio que cuando están fuera de
servicio.
Los
derechos civiles de los militares
En
general, la misma crítica puede hacerse en relación con los
militares todos, a los que se aplican mayores limitaciones que a los
civiles en sus derechos fundamentales por el mero hecho de serlo,
independientemente de que sus conductas se realicen en acto de
servicio o no. Estas limitaciones no se darían si muchas de las
conductas definidas como delito militar se circunscribieran a los
actos del servicio, cuando se encuentren en funciones militares.
El
estado de guerra, vs situación de conflicto armado
El
texto está plagado de situaciones para las que se explicitan
agravamientos de condena, aplicación a civiles e incluso la
conversión de un delito del CP en militar: el Estado de Sitio y el
“conflicto armado”. En el actual CPM se habla de “estado de
guerra”, que es una situación perfecta y taxativamente determinada
por la existencia de una declaración de guerra. Este concepto
desaparece del texto propuesto, siguiendo la doctrina,
internacionalmente admitida, de extender el derecho de la guerra a
los conflictos armados (que viene a reconocer el hecho de que en la
inmensa mayoría de los enfrentamientos entre países o grupos
armados no ha mediado una declaración de guerra, en tanto que sus
víctimas merecen igual protección que en una guerra).
Sin
embargo, resulta preocupante la falta de concreción sobre qué debe
entenderse por situación de conflicto armado, lo que anticipa un
posible abuso en la aplicación de la justicia militar por parte de
la propias autoridades militares en situaciones no suficientemente
claras.
Los
aliados
Los
artículos referidos a los delitos de traición militar, espionaje
militar, revelación de secretos de defensa, atentado contra medios
de defensa e incumplimiento de bandos, son de aplicación también
cuando se cometieren contra potencia aliada. El problema aquí reside
en que debe entenderse por aliado “cualquier Estado u Organización
Internacional con la que España esté ligada por un Tratado o
alianza de defensa, o que tome parte en conflicto armado, operación
armada u operación internacional de paz en que participe España
contra un enemigo común”, sin que se cuestione para nada la
legalidad internacional de tales operaciones. Cualesquiera de tales
delitos cometidos por españoles contra estos “aliados” sería
considerados como delitos militares, igual que si se cometieran
contra el propio estado, con independencia de la legalidad o
ilegalidad de tales operaciones.
Conclusiones
El
Anteproyecto de nuevo Código Penal Militar refuerza sin disimulo las
doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN y de los Estados
Unidos en especial, consistentes en garantizar su efectividad,
sacrificando para ello la legalidad internacional y los derechos de
las víctimas de la guerra. España se apunta así a la corriente
instaurada por los Estados Unidos de intervenir donde y como quiere,
sin que los organismos internacionales vayan a suponer la menor
cortapisa.
Para
ello, no se duda en introducir como delitos militares conductas que
debieran ser contempladas por la justicia civil, hurtando a ésta de
su conocimiento por la vía expeditiva de su definición como delitos
militares. Ello permite, además, la extensión de su aplicación a
civiles en muchas circunstancias, no taxativamente regladas.
En
consecuencia, aumenta la inseguridad jurídica de los militares y de
los propios civiles en determinadas circunstancias, ampliando su
potencial como vía para reprimir la disidencia, tanto interna como
externa a la institución militar.
Además,
hace un flaco favor a la protección de los derechos fundamentales,
tanto de las víctimas de los conflictos armados, como de los propios
militares, permitiendo que en la protección de bienes jurídicos
yuxtapuestos, primen los de la disciplina y cohesión de los
ejércitos sobre los derechos fundamentales de las víctimas.
Por
último, refuerza la militarización de la Guardia Civil como
instrumento de control social disciplinado y obediente al poder
establecido.
Todo
ello, a propuesta del Gobierno del Partido Popular y con la
aquiescencia del resto de los partidos del arco parlamentario, que
han manifestado bien poco interés en modificar el sentido y la
utilidad de las fuerzas armadas para evitar que queden al servicio de
las aventuras imperialistas.
En
suma, nos encontramos con otro elemento más del golpe de estado
encubierto para vaciar de contenido el conjunto de derechos y
libertades que recoge la Constitución, denunciado por el Colectivo
Anemoi en un reciente comunicadoiii y que se suma al paquete
legislativo represivo, con incalculables consecuencias.
Manuel
Pardo de Donlebún Montesino, Capitán de Navío de la Armada en la
Reserva.
Rebelión
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El
anteproyecto refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los
ejércitos de la OTAN
Nuevo
apretón de tuercas: el Código Penal Militar
En
fechas recientes, el Gobierno ha iniciado la tramitación de la Ley
Orgánica de un nuevo Código Penal Militar (CPM). Esta reforma está
justificada en los grandes cambios producidos en las Fuerzas Armadas
(FAS), como consecuencia de la desaparición del servicio militar
obligatorio, de las modificaciones en la carrera militar y de la
implantación de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las
FAS.
En
su justificación del proyecto, olvida el Gobierno, sin embargo,
mencionar las obligaciones que ha contraído el Estado Español como
firmante de varios instrumentos de derecho internacional, que
clamaban por una reforma radical de la justicia militar desde hace
mucho tiempo.
Aplicación
a civiles
Entre
los aspectos más preocupantes del proyecto, figura la aplicación a
civiles de ciertos delitos por el simple truco de convertirlos en
“delitos militares”, contraviniendo así el Principio 29 sobre
“Restricciones a la competencia de los Tribunales Militares”de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidasi; en particular,
resultan de aplicación a civiles los delitos de espionaje militar y
revelación de secretos militares, atentado contra instalaciones o
medios de defensa o seguridad, incumplimiento de bandos y otros
contra el patrimonio o la autoridad militar, en algunos casos (aunque
no en todos), en circunstancias de estado de sitio o de “conflicto
armado”.
En
la mayoría de los casos, esos delitos están ya tipificados en el
Código Penal (CP), tal vez faltos de precisión en cuanto al rigor
requerido para proteger bienes jurídicos específicamente militares.
Resulta sorprendente que el Gobierno no haya aprovechado la radical
reforma del Código Penal para corregir estas carencias; le resulta
más práctico declararlos “delitos militares” para que pasen a
ser juzgados directamente por tribunales militares. Este
procedimiento resulta fraudulento y contraviene los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Delitos
de derecho internacional
Paradójicamente,
en el Código Penal si que existen los delitos contra las personas y
bienes protegidos en caso de conflicto armado. Numerosos organismos
internacionales, como el Comité contra la Tortura o el Comité
contra las Desapariciones Forzadas, han clamado contra la aplicación
de la justicia militar en los casos de graves violaciones de derechos
humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones
forzadas, la tortura y otros crímenes de derecho internacional
humanitario.
Sin
embargo, el proyecto de CPM se reserva el derecho de investigar y
castigar estas conductas por el truco, otra vez, de convertirlos en
“delitos militares”, cuando sean cometidas por militares y se
perpetren con abuso de facultades o infracción de los deberes de las
leyes de Derechos y Deberes de las FAS y de la Guardia Civil (GC); es
decir, siempre. El proyectado CPM hurtará así a la justicia
ordinaria el conocimiento de los peores delitos que pueden perpetrar
los militares en su ejercicio profesional. Recientemente se dio un
caso, con ocasión de unas denuncias de malos tratos o torturas a
detenidos durante la guerra de Irak, que fueron “investigadas”
por la fiscalía militar, sin intervención de la justicia ordinaria
y sin que haya habido mas noticias hasta hoyii.
Y
este es el procedimiento que están utilizando las fuerzas armadas y
de seguridad en Colombia para eludir la acción de la justicia en las
graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en la guerra
sucia contra los grupos armados de oposición.
Obediencia
debida
El
proyecto suscita serias objeciones al principio de obediencia debida
cuando no hace mención explícita de las violaciones graves de
derechos humanos y, en concreto, de ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas y torturas, crímenes de guerra o crímenes
de lesa humanidad como circunstancias limitadoras de la obediencia
debida. Las simples alusiones a “actos que manifiestamente
constituyan delito o una infracción manifiesta, clara y terminante
de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general”
resultan demasiado vagas para prevenir los peores crímenes, en
especial cuando se establece que “se considerará circunstancia
atenuante muy cualificada la de haber precedido por parte del
superior inmediata provocación o cualquier otra actuación injusta
que haya producido en el sujeto arrebato, obcecación u otro estado
pasional de entidad semejante”.
Por
otra parte, en los delitos contra los deberes del mando tampoco se
enfatizan las graves responsabilidades que se asumen al ordenar o
tolerar este tipo de delitos de derecho internacional sobre otros
actos ilegales o abusos. No ampara todo ello la exigencia de los
instrumentos internacionales aceptados por España de combatir por
todos los medios esos crímenes contra la humanidad, ni resulta
aceptable para un militar honrado la posibilidad de eludir sus
responsabilidades personales al desobedecer ciertas ordenes
prohibidas.
Delitos
contra los derechos de las personas
Preocupa
especialmente la categorización como delitos militares de aquellos
hechos cometidos por militares que afectan a los derechos
fundamentales de otros (abuso de autoridad, insulto a superior, o
violación de derechos entre iguales), sin mención explícita a la
protección de las víctimas del delito. Cobra especial trascendencia
en aquellos casos en que estos delitos se perpetran en conexión con
actos contra la indemnidad sexual. En estos casos se violentan dos
bienes jurídicos simultáneamente: la indemnidad sexual (u otros
derechos fundamentales) por una parte, la disciplina por otra. El
hecho de convertirlos en delitos militares los hace automáticamente
ser juzgados por los tribunales militares, dando de esta forma
prelación al bien jurídico disciplina sobre el derecho fundamental
violado, que debe tener mayor protección que aquella.
Los
bienes jurídicos protegidos
En
el preámbulo del proyecto se justifica la introducción en el CPM
como delitos militares de algunos que ya aparecen en el CP, cuando
éste no recoja “las singularidades referidas al bien jurídico
protegido como esencial o estrictamente militares”. De esta manera,
se introducen los delitos de traición militar, espionaje militar y
revelación de secretos que comprometen a la defensa, dando por hecho
que el bien jurídico protegido (la defensa de la nación) es un
asunto de los militares y no de todo el pueblo español. Se abusa de
los conceptos jurídicos indeterminados (ofensas, ultrajes e
injurias), el objeto de los cuales serían España y sus símbolos y
las FAS y sus símbolos. Por otra parte, tampoco se entiende que, en
el caso de las dos primeras (ofensas y ultrajes a España y sus
símbolos), se hayan definido como delitos militares, dado que el
bien jurídico protegido, en este caso, no es estricta o
esencialmente militar.
La
Guardia Civil, remilitarizada
El
proyecto está plagado de alusiones a la condición de los guardias
civiles como militares e incluso, a los bienes e instalaciones de la
GC como bienes jurídicos a proteger por la justicia militar,
convirtiendo así en delitos militares (y juzgados, por tanto, por
tribunales militares) conductas que ya están recogidas en el CP. De
hecho, se convierte a los guardias civiles en soldados a tiempo
completo, con la sola excepción del tiempo en que se encuentren
cumpliendo servicios policiales. Esto, obviamente, supone una
tremenda limitación en sus derechos civiles cuando no se encuentran
en acto de servicio, dándose la paradoja de que gozan de más
libertades cuando están de servicio que cuando están fuera de
servicio.
Los
derechos civiles de los militares
En
general, la misma crítica puede hacerse en relación con los
militares todos, a los que se aplican mayores limitaciones que a los
civiles en sus derechos fundamentales por el mero hecho de serlo,
independientemente de que sus conductas se realicen en acto de
servicio o no. Estas limitaciones no se darían si muchas de las
conductas definidas como delito militar se circunscribieran a los
actos del servicio, cuando se encuentren en funciones militares.
El
estado de guerra, vs situación de conflicto armado
El
texto está plagado de situaciones para las que se explicitan
agravamientos de condena, aplicación a civiles e incluso la
conversión de un delito del CP en militar: el Estado de Sitio y el
“conflicto armado”. En el actual CPM se habla de “estado de
guerra”, que es una situación perfecta y taxativamente determinada
por la existencia de una declaración de guerra. Este concepto
desaparece del texto propuesto, siguiendo la doctrina,
internacionalmente admitida, de extender el derecho de la guerra a
los conflictos armados (que viene a reconocer el hecho de que en la
inmensa mayoría de los enfrentamientos entre países o grupos
armados no ha mediado una declaración de guerra, en tanto que sus
víctimas merecen igual protección que en una guerra).
Sin
embargo, resulta preocupante la falta de concreción sobre qué debe
entenderse por situación de conflicto armado, lo que anticipa un
posible abuso en la aplicación de la justicia militar por parte de
la propias autoridades militares en situaciones no suficientemente
claras.
Los
aliados
Los
artículos referidos a los delitos de traición militar, espionaje
militar, revelación de secretos de defensa, atentado contra medios
de defensa e incumplimiento de bandos, son de aplicación también
cuando se cometieren contra potencia aliada. El problema aquí reside
en que debe entenderse por aliado “cualquier Estado u Organización
Internacional con la que España esté ligada por un Tratado o
alianza de defensa, o que tome parte en conflicto armado, operación
armada u operación internacional de paz en que participe España
contra un enemigo común”, sin que se cuestione para nada la
legalidad internacional de tales operaciones. Cualesquiera de tales
delitos cometidos por españoles contra estos “aliados” sería
considerados como delitos militares, igual que si se cometieran
contra el propio estado, con independencia de la legalidad o
ilegalidad de tales operaciones.
Conclusiones
El
Anteproyecto de nuevo Código Penal Militar refuerza sin disimulo las
doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN y de los Estados
Unidos en especial, consistentes en garantizar su efectividad,
sacrificando para ello la legalidad internacional y los derechos de
las víctimas de la guerra. España se apunta así a la corriente
instaurada por los Estados Unidos de intervenir donde y como quiere,
sin que los organismos internacionales vayan a suponer la menor
cortapisa.
Para
ello, no se duda en introducir como delitos militares conductas que
debieran ser contempladas por la justicia civil, hurtando a ésta de
su conocimiento por la vía expeditiva de su definición como delitos
militares. Ello permite, además, la extensión de su aplicación a
civiles en muchas circunstancias, no taxativamente regladas.
En
consecuencia, aumenta la inseguridad jurídica de los militares y de
los propios civiles en determinadas circunstancias, ampliando su
potencial como vía para reprimir la disidencia, tanto interna como
externa a la institución militar.
Además,
hace un flaco favor a la protección de los derechos fundamentales,
tanto de las víctimas de los conflictos armados, como de los propios
militares, permitiendo que en la protección de bienes jurídicos
yuxtapuestos, primen los de la disciplina y cohesión de los
ejércitos sobre los derechos fundamentales de las víctimas.
Por
último, refuerza la militarización de la Guardia Civil como
instrumento de control social disciplinado y obediente al poder
establecido.
Todo
ello, a propuesta del Gobierno del Partido Popular y con la
aquiescencia del resto de los partidos del arco parlamentario, que
han manifestado bien poco interés en modificar el sentido y la
utilidad de las fuerzas armadas para evitar que queden al servicio de
las aventuras imperialistas.
En
suma, nos encontramos con otro elemento más del golpe de estado
encubierto para vaciar de contenido el conjunto de derechos y
libertades que recoge la Constitución, denunciado por el Colectivo
Anemoi en un reciente comunicadoiii y que se suma al paquete
legislativo represivo, con incalculables consecuencias.
Manuel
Pardo de Donlebún Montesino, Capitán de Navío de la Armada en la
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Homenaje
a los republicanos en el puerto de Alicante 75 años después del fin
de la guerra civil
Año
de la Memoria 2014
El
pasado 1 de abril se cumplieron 75 años del fin de la guerra civil.
En esos días aciagos entre 12.000 y 15.000 personas se concentraron
en el Puerto de Alicante tratando de huir de la brutal represión
fascista. La mayoría no pudo escapar. La Comisión de la Verdad de
Alicante ha rendido homenaje a todos aquellos republicanos.
Año
de la memoria 2014, setenta y cinco después de los hechos terribles
con que empezó el fin de la guerra civil, la resistencia armada
contra los militares golpistas amparados por las élites nacionales e
internacionales que necesitaban reforzar sus privilegios. Un comienzo
que se simboliza en el puerto de Alicante, la última plaza tomada
por los insurrectos. El fin de la guerra se prolongó como
pronosticaron los hechos recordados en el muelle de levante del
puerto alicantino. La primavera tramposa de 1939 introdujo
a miles de personas en el más crudo y largo invierno.
En
el aniversario de la derrota final de un
proyecto democrático interrumpido por la implantación del terror
como sistema de aprendizaje, hay que recordar los hechos puntuales y
la larga continuidad que tuvieron. Para conseguir el triunfo y la
persistencia de los valores y la opresión generalizada que inundó
España, se usaron desde el primer momento, en todas las plazas que
se fueron conquistando, los campos de concentración, las cárceles,
como lugares de encuentro segregado por sexos. Enseguida se
utilizaron también las escuelas, las iglesias, los campamentos
juveniles... Instrumentos y maneras que marcaron muchas vidas durante
cuarenta años con los obligados efectos de largo alcance.
Han
pasado siete
décadas y media desde los hechos acaecidos en 1939
en este escenario que hoy, de nuevo, nos congrega. Primero fue el
silencio. O más bien los susurros con los que, entrecortadamente, se
fueron conociendo nuestra propia historia.
Quienes pudieron escapar a estas formas de represión, de ignominia,
de acallamiento, fueron escribiendo los capítulos de nuestra
historia oculta
que sólo en las últimas dos décadas ha empezado a mostrarse. A
mostrarse y a ocultarse, con vaivenes desiguales.
Tiempo
de primavera y de memoria, año de la Memoria con mayúscula, ocasión
excelente para avanzar por el largo camino de la construcción de
nuestra historia local, de las comarcas del sur, de la sociedad
española. Los pueblos de España han vuelto a palpitar, año tras
año, celebración tras celebración, con el corazón y las heridas
de los que se fueron sin testimonio, a no ser el de su cautiverio, el
de su muerte. Pocos años todavía en los que se ha comenzado a
desvelar los horrores del largo y oscuro período de la dictadura
Franquista.
El
pueblo no ha olvidado, y sigue
despertando convocado a expresar sus testimonios, a construir
memoria, a rechazar la reproducción de la barbarie
que ya asoma de nuevo. Para evitar así que se cumpla “el objetivo
de los poderosos de todas las épocas como pronosticaba Rodolfo
Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los
trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes
y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas
anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se
olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños
son los dueños de todas las otras cosas”.
Año
de la Memoria tejido con tantas memorias, desde dentro y desde fuera
de esta España confusa, contra el silencio, contra la estupidez.
Tiempo éste de los mayores y los jóvenes, tiempo de mantener y
alimentar una antorcha que debe iluminar la vida tenebrosa hacia la
que parece conducirnos la resurrección de la barbarie. No hay que
dejar paso a la juventud,
hay que caminar con ellos, codo con codo, verso con verso, pasión
con pasión, razón y lucidez, coraje, trabajo, fuerza.
Las distintas asociaciones que han ido mostrando su trabajo desde
finales de los ochenta bajo el nombre de Comisión cívica para la
recuperación de la Memoria, han recogido ese esfuerzo de muchos
hombres y mujeres conocidos y reconocidos, y tantos otros, muchos
más, anónimos si bien recordados en el homenaje repetido cada año
a propósito de estos aniversarios.
Todos
los que la sostienen este esfuerzo desde ayer y con los que la
sostendrán mañana, están escribiendo un capítulo más de todos
los que, desde fuera, exiliados, y desde dentro, en el exilio
interior de la España Franquista, más tarde de la España
democrática, fueron iluminando los tiempos vacíos de nuestros
recuerdos. Ese coraje que han acumulado llega desde la resistencia,
la insistencia, la constancia fiel de muchos ya desaparecidos y de
otras y otros todavía vivos y activos.
El
soporte imprescindible que ha facilitado el trabajo de los más
renombrados y todos los que hoy, semana
tras semana tejen los hilos que muestran en estos días la
solidaridad materializada ya, por fin, en el monolito instalado en el
puerto de Alicante.
Es un modesto colofón conseguido tras los homenajes anuales en el
humilde nicho 1009 del cementerio de Alicante (“Miguel Hernández.
Poeta”), en la cárcel de Benalúa donde se plasmó el homenaje a
los poetas del sacrificio, en el Instituto de bachillerato al que
pusieron el nombre de Miguel Hernández que ha alcanzado ya una
presencia en el nuevo edificio. Luego ha llegado el reconocimiento de
los espacios ocultados: el campo de Albatera, la posición Yuste y
Dakar, la fosa y las sepulturas del cementerio de Alicante...
Como
colofón e inicio del año de la Memoria, contra la falsa historia
del año de la Victoria fascista, aquí hoy, en este puerto tuneado,
maquillado, por
fin su memoria queda recuperada de forma expresa en esta placa que
hablará al pueblo de Alicante y a todos sus visitantes de los hechos
ignominiosos que tanto ha costado recordar.
La memoria continúa, la Comisión cívica para su recuperación
también e invita a todos, en especial a los jóvenes, a unirse a sus
trabajos, ampliarlos, difundirlos para frenar con ello la renovación
de la barbarie.
Por
una España verdaderamente moderna, laica, culta, igualitaria, por su
definitiva normalización democrática, y por el progreso armónico
del bienestar de todos sus ciudadanos en la que veamos el fin de la
“Gallina ciega”, en la que tan
lúcidamente Max Aub describe las consecuencias de haber dejado en la
cuneta los cuerpos, los pensamientos, las creaciones, la libertad...
que
han de volver en los brazos de nuestra esperanza, la misma que
alimentó a quienes continuaron la resistencia en forma de guerrilla
provocando nuevos partes de guerra durante años, después del
aparentemente definitivo parte del 1 de abril de 1939.
Éste
es el poema de amor, muerte y esperanza por la justicia, encontrado
en los últimos días de este mismo año entre los papeles
polvorientos del archivo de la democracia de la Universidad de
Alicante:
A
los dioses que se alejan
Iré
a morir al monte
con
el saco repleto de tus ausencias
con
el cáliz amable de mis tristezas.
Tú
no estarás, como nunca has estado.
Los
silencios lejanos nos aniquilan.
Las
palabras cercanas nos resucitan
Aún
tan escasas.
Voy
al monte querido,
la
mar y el firmamento,
los
pájaros y los insectos,
las
plantas semivivas.
En
el monte te espero,
ya
para nunca.
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esta noticia:
10-05-2014
|
En
defensa de la educación infantil
No
me bajo de Las Nubes
Cuarto
Poder
Las
Nubes
es el nombre de una escuela de educación infantil de 0 a 3 años del
barrio de Retiro-Pacífico de Madrid que lucha para mantener su
proyecto
educativo sostenible y con criterio científico y profesional. Las
familias rechazan que se ponga
en riesgo el buen funcionamiento de la escuela por una más que
dudosa y ridícula rebaja presupuestaria.
Las
familias y algunos profesores de Las Nubes y de otras escuelas
infantiles de Madrid se manifestaron hace unos días frente a la
consejería de Educación. La razón era denunciar los recortes en
educación infantil y la privatización de las escuelas. Desde hace
tiempo la Comunidad de Madrid viene desmantelamiento una de las
mejores redes de escuelas infantiles existentes haciendo que las
escuelas públicas pasen a ser de gestión privada directa o
indirecta en base a criterios de rentabilidad económica, como si
educar bebés fuera un negocio.
De
hecho, están aterrizando en el sector empresas que nada tienen que
ver con la educación, sino con servicios de otro tipo como la
construcción, la seguridad, la limpieza o la jardinería. ¿Cómo
funciona exactamente el mecanismo que hace que acudan a las escuelas
infantiles grandes empresas multiservicios como las moscas a la miel
de los beneficios? Los requisitos para la adjudicación de la gestión
indirecta de las escuelas infantiles públicas de Madrid han sido
cambiados por la administración y se da más peso al precio del
servicio que al proyecto educativo. Así, hay cooperativas de larga
trayectoria y calidad que son desplazadas por empresas privadas que
solo miran por su beneficios. Y si hay negocio, desaparece la
pedagogía.
Cuando
se desprecia la pedagogía y la psicología aparecen las ocurrencias.
La última de la Consejería de Madrid, que no sabe que inventar ya
para cargarse la educación pública, es querer que cualquier
titulado pueda ejercer de maestro de infantil y primaria,
despreciando otra vez la complejidad de esa etapa educativa. ¿Se
imaginan un licenciado en veterinaria como educador con bebés de un
año?
El
problema no es que las empresas privadas conciban las escuelas
infantiles como una guardería y aparcamiento de bebés. Es que el
gobierno piensa lo mismo. Ignoran ese tramo educativo fundamental en
la LOMCE. No reconocen esta etapa como educativa, y de ahí se deriva
todo lo demás.
Para
saber de lo que hablamos conviene detenerse en la importancia de la
educación infantil. Dice
el neurólogo Joaquim Jubert
que el 75% de la masa cerebral se forma en los seis primeros años de
vida, especialmente en el primer año del bebé que pasa de un
volumen de 340 a 970 gramos. Y no es solo una cuestión de peso sino
de arborizaciones dendríticas, conexiones y circuitos neuronales
donde reside y circula todo el aprendizaje. La educación infantil es
por tanto un periodo óptimo para el aprendizaje porque se da un
máximo de conectividad.
Un
dato tremendo que sitúa la gravedad del problema existente es que se
ha producido un abusivo aumento de las cuotas de las escuelas
infantiles, llegando a cifras de 234 a 340 euros mensuales por niño.
La subida de tarifas también tiene un efecto perverso de animar a
las madres a quedarse en casa, renunciando a una actividad laboral y
a unos ingresos que aseguren su independencia económica y personal.
En
paralelo, se destinan 34 millones de euros al cheque-bebé
para las familias que lleven sus hijos a centros privados (de 100 a
160 euros al mes). Ello hace que la mitad de las familias renuncien a
la plaza pública por no poder pagarla y vayan a una privada donde
pueden acogerse a las subvenciones del cheque-guardería.
Es una manera descarada de robar clientela a lo público y privatizar
por esa vía el servicio.
También
se producen situaciones tan escandalosas como que la consejera de
educación de Madrid, Lucía
Figar,
pueda beneficiarse del cheque-bebé
para su hija a pesar de tener
unos elevadísimos ingresos
entre ella (8.379 euros brutos al mes) y su marido (diputado del PP).
Solo caben dos conclusiones ante este hecho: si tiene derecho al
cheque es que su norma está mal hecha, porque permite estas injustas
situaciones cuando ha suprimido 300.000 becas de libros y 110.000
becas de comedor; y si no tiene derecho, peor aún.
Es
fundamental tener conciencia ciudadana de la importancia de este
tramo educativo.Como dice la Campaña de la Plataforma Estatal por la
Educación Infantil de 0 a 6 años, todos los niños y niñas tiene
derecho a una educación pública universal desde su nacimiento y
nadie debe quedar excluido. Porque la educación debe de ser
respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna. No puede
ser un negocio en ningún caso y la administración no debe utilizar
criterios economicistas. Los niños no son objetos a guardar, sino
personas a las que educar. Porque la educación infantil es nuestro
futuro.
Compartir
esta noticia:
Homenaje
a los republicanos en el puerto de Alicante 75 años después del fin
de la guerra civil
Año
de la Memoria 2014
El
pasado 1 de abril se cumplieron 75 años del fin de la guerra civil.
En esos días aciagos entre 12.000 y 15.000 personas se concentraron
en el Puerto de Alicante tratando de huir de la brutal represión
fascista. La mayoría no pudo escapar. La Comisión de la Verdad de
Alicante ha rendido homenaje a todos aquellos republicanos.
Año
de la memoria 2014, setenta y cinco después de los hechos terribles
con que empezó el fin de la guerra civil, la resistencia armada
contra los militares golpistas amparados por las élites nacionales e
internacionales que necesitaban reforzar sus privilegios. Un comienzo
que se simboliza en el puerto de Alicante, la última plaza tomada
por los insurrectos. El fin de la guerra se prolongó como
pronosticaron los hechos recordados en el muelle de levante del
puerto alicantino. La primavera tramposa de 1939 introdujo
a miles de personas en el más crudo y largo invierno.
En
el aniversario de la derrota final de un
proyecto democrático interrumpido por la implantación del terror
como sistema de aprendizaje, hay que recordar los hechos puntuales y
la larga continuidad que tuvieron. Para conseguir el triunfo y la
persistencia de los valores y la opresión generalizada que inundó
España, se usaron desde el primer momento, en todas las plazas que
se fueron conquistando, los campos de concentración, las cárceles,
como lugares de encuentro segregado por sexos. Enseguida se
utilizaron también las escuelas, las iglesias, los campamentos
juveniles... Instrumentos y maneras que marcaron muchas vidas durante
cuarenta años con los obligados efectos de largo alcance.
Han
pasado siete
décadas y media desde los hechos acaecidos en 1939
en este escenario que hoy, de nuevo, nos congrega. Primero fue el
silencio. O más bien los susurros con los que, entrecortadamente, se
fueron conociendo nuestra propia historia.
Quienes pudieron escapar a estas formas de represión, de ignominia,
de acallamiento, fueron escribiendo los capítulos de nuestra
historia oculta
que sólo en las últimas dos décadas ha empezado a mostrarse. A
mostrarse y a ocultarse, con vaivenes desiguales.
Tiempo
de primavera y de memoria, año de la Memoria con mayúscula, ocasión
excelente para avanzar por el largo camino de la construcción de
nuestra historia local, de las comarcas del sur, de la sociedad
española. Los pueblos de España han vuelto a palpitar, año tras
año, celebración tras celebración, con el corazón y las heridas
de los que se fueron sin testimonio, a no ser el de su cautiverio, el
de su muerte. Pocos años todavía en los que se ha comenzado a
desvelar los horrores del largo y oscuro período de la dictadura
Franquista.
El
pueblo no ha olvidado, y sigue
despertando convocado a expresar sus testimonios, a construir
memoria, a rechazar la reproducción de la barbarie
que ya asoma de nuevo. Para evitar así que se cumpla “el objetivo
de los poderosos de todas las épocas como pronosticaba Rodolfo
Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los
trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes
y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas
anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se
olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños
son los dueños de todas las otras cosas”.
Año
de la Memoria tejido con tantas memorias, desde dentro y desde fuera
de esta España confusa, contra el silencio, contra la estupidez.
Tiempo éste de los mayores y los jóvenes, tiempo de mantener y
alimentar una antorcha que debe iluminar la vida tenebrosa hacia la
que parece conducirnos la resurrección de la barbarie. No hay que
dejar paso a la juventud,
hay que caminar con ellos, codo con codo, verso con verso, pasión
con pasión, razón y lucidez, coraje, trabajo, fuerza.
Las distintas asociaciones que han ido mostrando su trabajo desde
finales de los ochenta bajo el nombre de Comisión cívica para la
recuperación de la Memoria, han recogido ese esfuerzo de muchos
hombres y mujeres conocidos y reconocidos, y tantos otros, muchos
más, anónimos si bien recordados en el homenaje repetido cada año
a propósito de estos aniversarios.
Todos
los que la sostienen este esfuerzo desde ayer y con los que la
sostendrán mañana, están escribiendo un capítulo más de todos
los que, desde fuera, exiliados, y desde dentro, en el exilio
interior de la España Franquista, más tarde de la España
democrática, fueron iluminando los tiempos vacíos de nuestros
recuerdos. Ese coraje que han acumulado llega desde la resistencia,
la insistencia, la constancia fiel de muchos ya desaparecidos y de
otras y otros todavía vivos y activos.
El
soporte imprescindible que ha facilitado el trabajo de los más
renombrados y todos los que hoy, semana
tras semana tejen los hilos que muestran en estos días la
solidaridad materializada ya, por fin, en el monolito instalado en el
puerto de Alicante.
Es un modesto colofón conseguido tras los homenajes anuales en el
humilde nicho 1009 del cementerio de Alicante (“Miguel Hernández.
Poeta”), en la cárcel de Benalúa donde se plasmó el homenaje a
los poetas del sacrificio, en el Instituto de bachillerato al que
pusieron el nombre de Miguel Hernández que ha alcanzado ya una
presencia en el nuevo edificio. Luego ha llegado el reconocimiento de
los espacios ocultados: el campo de Albatera, la posición Yuste y
Dakar, la fosa y las sepulturas del cementerio de Alicante...
Como
colofón e inicio del año de la Memoria, contra la falsa historia
del año de la Victoria fascista, aquí hoy, en este puerto tuneado,
maquillado, por
fin su memoria queda recuperada de forma expresa en esta placa que
hablará al pueblo de Alicante y a todos sus visitantes de los hechos
ignominiosos que tanto ha costado recordar.
La memoria continúa, la Comisión cívica para su recuperación
también e invita a todos, en especial a los jóvenes, a unirse a sus
trabajos, ampliarlos, difundirlos para frenar con ello la renovación
de la barbarie.
Por
una España verdaderamente moderna, laica, culta, igualitaria, por su
definitiva normalización democrática, y por el progreso armónico
del bienestar de todos sus ciudadanos en la que veamos el fin de la
“Gallina ciega”, en la que tan
lúcidamente Max Aub describe las consecuencias de haber dejado en la
cuneta los cuerpos, los pensamientos, las creaciones, la libertad...
que
han de volver en los brazos de nuestra esperanza, la misma que
alimentó a quienes continuaron la resistencia en forma de guerrilla
provocando nuevos partes de guerra durante años, después del
aparentemente definitivo parte del 1 de abril de 1939.
Éste
es el poema de amor, muerte y esperanza por la justicia, encontrado
en los últimos días de este mismo año entre los papeles
polvorientos del archivo de la democracia de la Universidad de
Alicante:
A
los dioses que se alejan
Iré
a morir al monte
con
el saco repleto de tus ausencias
con
el cáliz amable de mis tristezas.
Tú
no estarás, como nunca has estado.
Los
silencios lejanos nos aniquilan.
Las
palabras cercanas nos resucitan
Aún
tan escasas.
Voy
al monte querido,
la
mar y el firmamento,
los
pájaros y los insectos,
las
plantas semivivas.
En
el monte te espero,
ya
para nunca.
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10-05-2014
|
En
defensa de la educación infantil
No
me bajo de Las Nubes
Cuarto
Poder
Las
Nubes
es el nombre de una escuela de educación infantil de 0 a 3 años del
barrio de Retiro-Pacífico de Madrid que lucha para mantener su
proyecto
educativo sostenible y con criterio científico y profesional. Las
familias rechazan que se ponga
en riesgo el buen funcionamiento de la escuela por una más que
dudosa y ridícula rebaja presupuestaria.
Las
familias y algunos profesores de Las Nubes y de otras escuelas
infantiles de Madrid se manifestaron hace unos días frente a la
consejería de Educación. La razón era denunciar los recortes en
educación infantil y la privatización de las escuelas. Desde hace
tiempo la Comunidad de Madrid viene desmantelamiento una de las
mejores redes de escuelas infantiles existentes haciendo que las
escuelas públicas pasen a ser de gestión privada directa o
indirecta en base a criterios de rentabilidad económica, como si
educar bebés fuera un negocio.
De
hecho, están aterrizando en el sector empresas que nada tienen que
ver con la educación, sino con servicios de otro tipo como la
construcción, la seguridad, la limpieza o la jardinería. ¿Cómo
funciona exactamente el mecanismo que hace que acudan a las escuelas
infantiles grandes empresas multiservicios como las moscas a la miel
de los beneficios? Los requisitos para la adjudicación de la gestión
indirecta de las escuelas infantiles públicas de Madrid han sido
cambiados por la administración y se da más peso al precio del
servicio que al proyecto educativo. Así, hay cooperativas de larga
trayectoria y calidad que son desplazadas por empresas privadas que
solo miran por su beneficios. Y si hay negocio, desaparece la
pedagogía.
Cuando
se desprecia la pedagogía y la psicología aparecen las ocurrencias.
La última de la Consejería de Madrid, que no sabe que inventar ya
para cargarse la educación pública, es querer que cualquier
titulado pueda ejercer de maestro de infantil y primaria,
despreciando otra vez la complejidad de esa etapa educativa. ¿Se
imaginan un licenciado en veterinaria como educador con bebés de un
año?
El
problema no es que las empresas privadas conciban las escuelas
infantiles como una guardería y aparcamiento de bebés. Es que el
gobierno piensa lo mismo. Ignoran ese tramo educativo fundamental en
la LOMCE. No reconocen esta etapa como educativa, y de ahí se deriva
todo lo demás.
Para
saber de lo que hablamos conviene detenerse en la importancia de la
educación infantil. Dice
el neurólogo Joaquim Jubert
que el 75% de la masa cerebral se forma en los seis primeros años de
vida, especialmente en el primer año del bebé que pasa de un
volumen de 340 a 970 gramos. Y no es solo una cuestión de peso sino
de arborizaciones dendríticas, conexiones y circuitos neuronales
donde reside y circula todo el aprendizaje. La educación infantil es
por tanto un periodo óptimo para el aprendizaje porque se da un
máximo de conectividad.
Un
dato tremendo que sitúa la gravedad del problema existente es que se
ha producido un abusivo aumento de las cuotas de las escuelas
infantiles, llegando a cifras de 234 a 340 euros mensuales por niño.
La subida de tarifas también tiene un efecto perverso de animar a
las madres a quedarse en casa, renunciando a una actividad laboral y
a unos ingresos que aseguren su independencia económica y personal.
En
paralelo, se destinan 34 millones de euros al cheque-bebé
para las familias que lleven sus hijos a centros privados (de 100 a
160 euros al mes). Ello hace que la mitad de las familias renuncien a
la plaza pública por no poder pagarla y vayan a una privada donde
pueden acogerse a las subvenciones del cheque-guardería.
Es una manera descarada de robar clientela a lo público y privatizar
por esa vía el servicio.
También
se producen situaciones tan escandalosas como que la consejera de
educación de Madrid, Lucía
Figar,
pueda beneficiarse del cheque-bebé
para su hija a pesar de tener
unos elevadísimos ingresos
entre ella (8.379 euros brutos al mes) y su marido (diputado del PP).
Solo caben dos conclusiones ante este hecho: si tiene derecho al
cheque es que su norma está mal hecha, porque permite estas injustas
situaciones cuando ha suprimido 300.000 becas de libros y 110.000
becas de comedor; y si no tiene derecho, peor aún.
Es
fundamental tener conciencia ciudadana de la importancia de este
tramo educativo.Como dice la Campaña de la Plataforma Estatal por la
Educación Infantil de 0 a 6 años, todos los niños y niñas tiene
derecho a una educación pública universal desde su nacimiento y
nadie debe quedar excluido. Porque la educación debe de ser
respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna. No puede
ser un negocio en ningún caso y la administración no debe utilizar
criterios economicistas. Los niños no son objetos a guardar, sino
personas a las que educar. Porque la educación infantil es nuestro
futuro.
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Homenaje
a los republicanos en el puerto de Alicante 75 años después del fin
de la guerra civil
Año
de la Memoria 2014
El
pasado 1 de abril se cumplieron 75 años del fin de la guerra civil.
En esos días aciagos entre 12.000 y 15.000 personas se concentraron
en el Puerto de Alicante tratando de huir de la brutal represión
fascista. La mayoría no pudo escapar. La Comisión de la Verdad de
Alicante ha rendido homenaje a todos aquellos republicanos.
Año
de la memoria 2014, setenta y cinco después de los hechos terribles
con que empezó el fin de la guerra civil, la resistencia armada
contra los militares golpistas amparados por las élites nacionales e
internacionales que necesitaban reforzar sus privilegios. Un comienzo
que se simboliza en el puerto de Alicante, la última plaza tomada
por los insurrectos. El fin de la guerra se prolongó como
pronosticaron los hechos recordados en el muelle de levante del
puerto alicantino. La primavera tramposa de 1939 introdujo
a miles de personas en el más crudo y largo invierno.
En
el aniversario de la derrota final de un
proyecto democrático interrumpido por la implantación del terror
como sistema de aprendizaje, hay que recordar los hechos puntuales y
la larga continuidad que tuvieron. Para conseguir el triunfo y la
persistencia de los valores y la opresión generalizada que inundó
España, se usaron desde el primer momento, en todas las plazas que
se fueron conquistando, los campos de concentración, las cárceles,
como lugares de encuentro segregado por sexos. Enseguida se
utilizaron también las escuelas, las iglesias, los campamentos
juveniles... Instrumentos y maneras que marcaron muchas vidas durante
cuarenta años con los obligados efectos de largo alcance.
Han
pasado siete
décadas y media desde los hechos acaecidos en 1939
en este escenario que hoy, de nuevo, nos congrega. Primero fue el
silencio. O más bien los susurros con los que, entrecortadamente, se
fueron conociendo nuestra propia historia.
Quienes pudieron escapar a estas formas de represión, de ignominia,
de acallamiento, fueron escribiendo los capítulos de nuestra
historia oculta
que sólo en las últimas dos décadas ha empezado a mostrarse. A
mostrarse y a ocultarse, con vaivenes desiguales.
Tiempo
de primavera y de memoria, año de la Memoria con mayúscula, ocasión
excelente para avanzar por el largo camino de la construcción de
nuestra historia local, de las comarcas del sur, de la sociedad
española. Los pueblos de España han vuelto a palpitar, año tras
año, celebración tras celebración, con el corazón y las heridas
de los que se fueron sin testimonio, a no ser el de su cautiverio, el
de su muerte. Pocos años todavía en los que se ha comenzado a
desvelar los horrores del largo y oscuro período de la dictadura
Franquista.
El
pueblo no ha olvidado, y sigue
despertando convocado a expresar sus testimonios, a construir
memoria, a rechazar la reproducción de la barbarie
que ya asoma de nuevo. Para evitar así que se cumpla “el objetivo
de los poderosos de todas las épocas como pronosticaba Rodolfo
Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los
trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes
y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas
anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se
olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños
son los dueños de todas las otras cosas”.
Año
de la Memoria tejido con tantas memorias, desde dentro y desde fuera
de esta España confusa, contra el silencio, contra la estupidez.
Tiempo éste de los mayores y los jóvenes, tiempo de mantener y
alimentar una antorcha que debe iluminar la vida tenebrosa hacia la
que parece conducirnos la resurrección de la barbarie. No hay que
dejar paso a la juventud,
hay que caminar con ellos, codo con codo, verso con verso, pasión
con pasión, razón y lucidez, coraje, trabajo, fuerza.
Las distintas asociaciones que han ido mostrando su trabajo desde
finales de los ochenta bajo el nombre de Comisión cívica para la
recuperación de la Memoria, han recogido ese esfuerzo de muchos
hombres y mujeres conocidos y reconocidos, y tantos otros, muchos
más, anónimos si bien recordados en el homenaje repetido cada año
a propósito de estos aniversarios.
Todos
los que la sostienen este esfuerzo desde ayer y con los que la
sostendrán mañana, están escribiendo un capítulo más de todos
los que, desde fuera, exiliados, y desde dentro, en el exilio
interior de la España Franquista, más tarde de la España
democrática, fueron iluminando los tiempos vacíos de nuestros
recuerdos. Ese coraje que han acumulado llega desde la resistencia,
la insistencia, la constancia fiel de muchos ya desaparecidos y de
otras y otros todavía vivos y activos.
El
soporte imprescindible que ha facilitado el trabajo de los más
renombrados y todos los que hoy, semana
tras semana tejen los hilos que muestran en estos días la
solidaridad materializada ya, por fin, en el monolito instalado en el
puerto de Alicante.
Es un modesto colofón conseguido tras los homenajes anuales en el
humilde nicho 1009 del cementerio de Alicante (“Miguel Hernández.
Poeta”), en la cárcel de Benalúa donde se plasmó el homenaje a
los poetas del sacrificio, en el Instituto de bachillerato al que
pusieron el nombre de Miguel Hernández que ha alcanzado ya una
presencia en el nuevo edificio. Luego ha llegado el reconocimiento de
los espacios ocultados: el campo de Albatera, la posición Yuste y
Dakar, la fosa y las sepulturas del cementerio de Alicante...
Como
colofón e inicio del año de la Memoria, contra la falsa historia
del año de la Victoria fascista, aquí hoy, en este puerto tuneado,
maquillado, por
fin su memoria queda recuperada de forma expresa en esta placa que
hablará al pueblo de Alicante y a todos sus visitantes de los hechos
ignominiosos que tanto ha costado recordar.
La memoria continúa, la Comisión cívica para su recuperación
también e invita a todos, en especial a los jóvenes, a unirse a sus
trabajos, ampliarlos, difundirlos para frenar con ello la renovación
de la barbarie.
Por
una España verdaderamente moderna, laica, culta, igualitaria, por su
definitiva normalización democrática, y por el progreso armónico
del bienestar de todos sus ciudadanos en la que veamos el fin de la
“Gallina ciega”, en la que tan
lúcidamente Max Aub describe las consecuencias de haber dejado en la
cuneta los cuerpos, los pensamientos, las creaciones, la libertad...
que
han de volver en los brazos de nuestra esperanza, la misma que
alimentó a quienes continuaron la resistencia en forma de guerrilla
provocando nuevos partes de guerra durante años, después del
aparentemente definitivo parte del 1 de abril de 1939.
Éste
es el poema de amor, muerte y esperanza por la justicia, encontrado
en los últimos días de este mismo año entre los papeles
polvorientos del archivo de la democracia de la Universidad de
Alicante:
A
los dioses que se alejan
Iré
a morir al monte
con
el saco repleto de tus ausencias
con
el cáliz amable de mis tristezas.
Tú
no estarás, como nunca has estado.
Los
silencios lejanos nos aniquilan.
Las
palabras cercanas nos resucitan
Aún
tan escasas.
Voy
al monte querido,
la
mar y el firmamento,
los
pájaros y los insectos,
las
plantas semivivas.
En
el monte te espero,
ya
para nunca.
Compartir
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10-05-2014
|
En
defensa de la educación infantil
No
me bajo de Las Nubes
Cuarto
Poder
Las
Nubes
es el nombre de una escuela de educación infantil de 0 a 3 años del
barrio de Retiro-Pacífico de Madrid que lucha para mantener su
proyecto
educativo sostenible y con criterio científico y profesional. Las
familias rechazan que se ponga
en riesgo el buen funcionamiento de la escuela por una más que
dudosa y ridícula rebaja presupuestaria.
Las
familias y algunos profesores de Las Nubes y de otras escuelas
infantiles de Madrid se manifestaron hace unos días frente a la
consejería de Educación. La razón era denunciar los recortes en
educación infantil y la privatización de las escuelas. Desde hace
tiempo la Comunidad de Madrid viene desmantelamiento una de las
mejores redes de escuelas infantiles existentes haciendo que las
escuelas públicas pasen a ser de gestión privada directa o
indirecta en base a criterios de rentabilidad económica, como si
educar bebés fuera un negocio.
De
hecho, están aterrizando en el sector empresas que nada tienen que
ver con la educación, sino con servicios de otro tipo como la
construcción, la seguridad, la limpieza o la jardinería. ¿Cómo
funciona exactamente el mecanismo que hace que acudan a las escuelas
infantiles grandes empresas multiservicios como las moscas a la miel
de los beneficios? Los requisitos para la adjudicación de la gestión
indirecta de las escuelas infantiles públicas de Madrid han sido
cambiados por la administración y se da más peso al precio del
servicio que al proyecto educativo. Así, hay cooperativas de larga
trayectoria y calidad que son desplazadas por empresas privadas que
solo miran por su beneficios. Y si hay negocio, desaparece la
pedagogía.
Cuando
se desprecia la pedagogía y la psicología aparecen las ocurrencias.
La última de la Consejería de Madrid, que no sabe que inventar ya
para cargarse la educación pública, es querer que cualquier
titulado pueda ejercer de maestro de infantil y primaria,
despreciando otra vez la complejidad de esa etapa educativa. ¿Se
imaginan un licenciado en veterinaria como educador con bebés de un
año?
El
problema no es que las empresas privadas conciban las escuelas
infantiles como una guardería y aparcamiento de bebés. Es que el
gobierno piensa lo mismo. Ignoran ese tramo educativo fundamental en
la LOMCE. No reconocen esta etapa como educativa, y de ahí se deriva
todo lo demás.
Para
saber de lo que hablamos conviene detenerse en la importancia de la
educación infantil. Dice
el neurólogo Joaquim Jubert
que el 75% de la masa cerebral se forma en los seis primeros años de
vida, especialmente en el primer año del bebé que pasa de un
volumen de 340 a 970 gramos. Y no es solo una cuestión de peso sino
de arborizaciones dendríticas, conexiones y circuitos neuronales
donde reside y circula todo el aprendizaje. La educación infantil es
por tanto un periodo óptimo para el aprendizaje porque se da un
máximo de conectividad.
Un
dato tremendo que sitúa la gravedad del problema existente es que se
ha producido un abusivo aumento de las cuotas de las escuelas
infantiles, llegando a cifras de 234 a 340 euros mensuales por niño.
La subida de tarifas también tiene un efecto perverso de animar a
las madres a quedarse en casa, renunciando a una actividad laboral y
a unos ingresos que aseguren su independencia económica y personal.
En
paralelo, se destinan 34 millones de euros al cheque-bebé
para las familias que lleven sus hijos a centros privados (de 100 a
160 euros al mes). Ello hace que la mitad de las familias renuncien a
la plaza pública por no poder pagarla y vayan a una privada donde
pueden acogerse a las subvenciones del cheque-guardería.
Es una manera descarada de robar clientela a lo público y privatizar
por esa vía el servicio.
También
se producen situaciones tan escandalosas como que la consejera de
educación de Madrid, Lucía
Figar,
pueda beneficiarse del cheque-bebé
para su hija a pesar de tener
unos elevadísimos ingresos
entre ella (8.379 euros brutos al mes) y su marido (diputado del PP).
Solo caben dos conclusiones ante este hecho: si tiene derecho al
cheque es que su norma está mal hecha, porque permite estas injustas
situaciones cuando ha suprimido 300.000 becas de libros y 110.000
becas de comedor; y si no tiene derecho, peor aún.
Es
fundamental tener conciencia ciudadana de la importancia de este
tramo educativo.Como dice la Campaña de la Plataforma Estatal por la
Educación Infantil de 0 a 6 años, todos los niños y niñas tiene
derecho a una educación pública universal desde su nacimiento y
nadie debe quedar excluido. Porque la educación debe de ser
respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna. No puede
ser un negocio en ningún caso y la administración no debe utilizar
criterios economicistas. Los niños no son objetos a guardar, sino
personas a las que educar. Porque la educación infantil es nuestro
futuro.
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