diumenge, 11 de maig de 2014

e la Memoria 2014 María Teresa Molares Mora Diagonal El pasado 1 de abril se cumplieros aciagos entre 12.000 y 15.000 persone huir de la brutal represión fascista. La mayor La Comisión de la Verdad de Alicante ha rendido homenaje a todos aquellos republicanos. Año de la memoria 2014, setenta y cinco después de los hechos terribles con que empezó el fin de la guerra civil, la resistencia armada contra los militares golpistas amparados por las élites nacionales e internacionales que necesitaban reforzar sus privilegios. Un comienzo que se simboliza en el puerto de Alicante, la última plaza tomada por los insurrectos. El fin de la guerra se prolongó como pronosticaron los hechos recordados en el muelle de levante del puerto alicantino. La primavera tramposa de 1939 introdujo a miles de personas en el más crudo y largo invierno. En el aniversario de la derrota final de un proyecto democrático interrumpido por la implantación del terror como sistema de aprendizaje, hay que recordar los hechos puntuales y la larga continuidad que tuvieron. Para conseguir el triunfo y la persistencia de los valores y la opresión generalizada que inundó España, se usaron desde el primer momento, en todas las plazas que se fueron conquistando, los campos de concentración, las cárceles, como lugares de encuentro segregado por sexos. Enseguida se utilizaron también las escuelas, las iglesias, los campamentos juveniles... Instrumentos y maneras que marcaron muchas vidas durante cuarenta años con los obligados efectos de largo alcance. Han pasado siete décadas y media desde los hechos acaecidos en 1939 en este escenario que hoy, de nuevo, nos congrega. Primero fue el silencio. O más bien los susurros con los que, entrecortadamente, se fueron conociendo nuestra propia historia. Quienes pudieron escapar a estas formas de represión, de ignominia, de acallamiento, fueron escribiendo los capítulos de nuestra historia oculta que sólo en las últimas dos décadas ha empezado a mostrarse. A mostrarse y a ocultarse, con vaivenes desiguales. Tiempo de primavera y de memoria, año de la Memoria con mayúscula, ocasión excelente para avanzar por el largo camino de la construcción de nuestra historia local, de las comarcas del sur, de la sociedad española. Los pueblos de España han vuelto a palpitar, año tras año, celebración tras celebración, con el corazón y las heridas de los que se fueron sin testimonio, a no ser el de su cautiverio, el de su muerte. Pocos años todavía en los que se ha comenzado a desvelar los horrores del largo y oscuro período de la dictadura Franquista. El pueblo no ha olvidado, y sigue despertando convocado a expresar sus testimonios, a construir memoria, a rechazar la reproducción de la barbarie que ya asoma de nuevo. Para evitar así que se cumpla “el objetivo de los poderosos de todas las épocas como pronosticaba Rodolfo Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas”. Año de la Memoria tejido con tantas memorias, desde dentro y desde fuera de esta España confusa, contra el silencio, contra la estupidez. Tiempo éste de los mayores y los jóvenes, tiempo de mantener y alimentar una antorcha que debe iluminar la vida tenebrosa hacia la que parece conducirnos la resurrección de la barbarie. No hay que dejar paso a la juventud, hay que caminar con ellos, codo con codo, verso con verso, pasión con pasión, razón y lucidez, coraje, trabajo, fuerza. Las distintas asociaciones que han ido mostrando su trabajo desde finales de los ochenta bajo el nombre de Comisión cívica para la recuperación de la Memoria, han recogido ese esfuerzo de muchos hombres y mujeres conocidos y reconocidos, y tantos otros, muchos más, anónimos si bien recordados en el homenaje repetido cada año a propósito de estos aniversarios. Todos los que la sostienen este esfuerzo desde ayer y con los que la sostendrán mañana, están escribiendo un capítulo más de todos los que, desde fuera, exiliados, y desde dentro, en el exilio interior de la España Franquista, más tarde de la España democrática, fueron iluminando los tiempos vacíos de nuestros recuerdos. Ese coraje que han acumulado llega desde la resistencia, la insistencia, la constancia fiel de muchos ya desaparecidos y de otras y otros todavía vivos y activos. El soporte imprescindible que ha facilitado el trabajo de los más renombrados y todos los que hoy, semana tras semana tejen los hilos que muestran en estos días la solidaridad materializada ya, por fin, en el monolito instalado en el puerto de Alicante. Es un modesto colofón conseguido tras los homenajes anuales en el humilde nicho 1009 del cementerio de Alicante (“Miguel Hernández. Poeta”), en la cárcel de Benalúa donde se plasmó el homenaje a los poetas del sacrificio, en el Instituto de bachillerato al que pusieron el nombre de Miguel Hernández que ha alcanzado ya una presencia en el nuevo edificio. Luego ha llegado el reconocimiento de los espacios ocultados: el campo de Albatera, la posición Yuste y Dakar, la fosa y las sepulturas del cementerio de Alicante... Como colofón e inicio del año de la Memoria, contra la falsa historia del año de la Victoria fascista, aquí hoy, en este puerto tuneado, maquillado, por fin su memoria queda recuperada de forma expresa en esta placa que hablará al pueblo de Alicante y a todos sus visitantes de los hechos ignominiosos que tanto ha costado recordar. La memoria continúa, la Comisión cívica para su recuperación también e invita a todos, en especial a los jóvenes, a unirse a sus trabajos, ampliarlos, difundirlos para frenar con ello la renovación de la barbarie. Por una España verdaderamente moderna, laica, culta, igualitaria, por su definitiva normalización democrática, y por el progreso armónico del bienestar de todos sus ciudadanos en la que veamos el fin de la “Gallina ciega”, en la que tan lúcidamente Max Aub describe las consecuencias de haber dejado en la cuneta los cuerpos, los pensamientos, las creaciones, la libertad... que han de volver en los brazos de nuestra esperanza, la misma que alimentó a quienes continuaron la resistencia en forma de guerrilla provocando nuevos partes de guerra durante años, después del aparentemente definitivo parte del 1 de abril de 1939. Éste es el poema de amor, muerte y esperanza por la justicia, encontrado en los últimos días de este mismo año entre los papeles polvorientos del archivo de la democracia de la Universidad de Alicante: A los dioses que se alejan Iré a morir al monte con el saco repleto de tus ausencias con el cáliz amable de mis tristezas. Tú no estarás, como nunca has estado. Los silencios lejanos nos aniquilan. Las palabras cercanas nos resucitan Aún tan escasas. Voy al monte querido, la mar y el firmamento, los pájaros y los insectos, las plantas semivivas. En el monte te espero, ya para nunca. Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/saberes/22819-ano-la-memoria-2014.html Envía esta noticia Compartir esta noticia:     10-05-2014 En defensa de la educación infantil No me bajo de Las Nubes Agustín Moreno Cuarto Poder Las Nubes es el nombre de una escuela de educación infantil de 0 a 3 años del barrio de Retiro-Pacífico de Madrid que lucha para mantener su proyecto educativo sostenible y con criterio científico y profesional. Las familias rechazan que se ponga en riesgo el buen funcionamiento de la escuela por una más que dudosa y ridícula rebaja presupuestaria. Las familias y algunos profesores de Las Nubes y de otras escuelas infantiles de Madrid se manifestaron hace unos días frente a la consejería de Educación. La razón era denunciar los recortes en educación infantil y la privatización de las escuelas. Desde hace tiempo la Comunidad de Madrid viene desmantelamiento una de las mejores redes de escuelas infantiles existentes haciendo que las escuelas públicas pasen a ser de gestión privada directa o indirecta en base a criterios de rentabilidad económica, como si educar bebés fuera un negocio. De hecho, están aterrizando en el sector empresas que nada tienen que ver con la educación, sino con servicios de otro tipo como la construcción, la seguridad, la limpieza o la jardinería. ¿Cómo funciona exactamente el mecanismo que hace que acudan a las escuelas infantiles grandes empresas multiservicios como las moscas a la miel de los beneficios? Los requisitos para la adjudicación de la gestión indirecta de las escuelas infantiles públicas de Madrid han sido cambiados por la administración y se da más peso al precio del servicio que al proyecto educativo. Así, hay cooperativas de larga trayectoria y calidad que son desplazadas por empresas privadas que solo miran por su beneficios. Y si hay negocio, desaparece la pedagogía. Cuando se desprecia la pedagogía y la psicología aparecen las ocurrencias. La última de la Consejería de Madrid, que no sabe que inventar ya para cargarse la educación pública, es querer que cualquier titulado pueda ejercer de maestro de infantil y primaria, despreciando otra vez la complejidad de esa etapa educativa. ¿Se imaginan un licenciado en veterinaria como educador con bebés de un año? El problema no es que las empresas privadas conciban las escuelas infantiles como una guardería y aparcamiento de bebés. Es que el gobierno piensa lo mismo. Ignoran ese tramo educativo fundamental en la LOMCE. No reconocen esta etapa como educativa, y de ahí se deriva todo lo demás. Para saber de lo que hablamos conviene detenerse en la importancia de la educación infantil. Dice el neurólogo Joaquim Jubert que el 75% de la masa cerebral se forma en los seis primeros años de vida, especialmente en el primer año del bebé que pasa de un volumen de 340 a 970 gramos. Y no es solo una cuestión de peso sino de arborizaciones dendríticas, conexiones y circuitos neuronales donde reside y circula todo el aprendizaje. La educación infantil es por tanto un periodo óptimo para el aprendizaje porque se da un máximo de conectividad. Un dato tremendo que sitúa la gravedad del problema existente es que se ha producido un abusivo aumento de las cuotas de las escuelas infantiles, llegando a cifras de 234 a 340 euros mensuales por niño. La subida de tarifas también tiene un efecto perverso de animar a las madres a quedarse en casa, renunciando a una actividad laboral y a unos ingresos que aseguren su independencia económica y personal. En paralelo, se destinan 34 millones de euros al cheque-bebé para las familias que lleven sus hijos a centros privados (de 100 a 160 euros al mes). Ello hace que la mitad de las familias renuncien a la plaza pública por no poder pagarla y vayan a una privada donde pueden acogerse a las subvenciones del cheque-guardería. Es una manera descarada de robar clientela a lo público y privatizar por esa vía el servicio. También se producen situaciones tan escandalosas como que la consejera de educación de Madrid, Lucía Figar, pueda beneficiarse del cheque-bebé para su hija a pesar de tener unos elevadísimos ingresos entre ella (8.379 euros brutos al mes) y su marido (diputado del PP). Solo caben dos conclusiones ante este hecho: si tiene derecho al cheque es que su norma está mal hecha, porque permite estas injustas situaciones cuando ha suprimido 300.000 becas de libros y 110.000 becas de comedor; y si no tiene derecho, peor aún. Es fundamental tener conciencia ciudadana de la importancia de este tramo educativo.Como dice la Campaña de la Plataforma Estatal por la Educación Infantil de 0 a 6 años, todos los niños y niñas tiene derecho a una educación pública universal desde su nacimiento y nadie debe quedar excluido. Porque la educación debe de ser respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna. No puede ser un negocio en ningún caso y la administración no debe utilizar criterios economicistas. Los niños no son objetos a guardar, sino personas a las que educar. Porque la educación infantil es nuestro futuro. Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/bajo-de-las-nuves/465 Envía esta noticia Compartir esta noticia:    


08-05-2014


El anteproyecto refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN
Nuevo apretón de tuercas: el Código Penal Militar




En fechas recientes, el Gobierno ha iniciado la tramitación de la Ley Orgánica de un nuevo Código Penal Militar (CPM). Esta reforma está justificada en los grandes cambios producidos en las Fuerzas Armadas (FAS), como consecuencia de la desaparición del servicio militar obligatorio, de las modificaciones en la carrera militar y de la implantación de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS.

En su justificación del proyecto, olvida el Gobierno, sin embargo, mencionar las obligaciones que ha contraído el Estado Español como firmante de varios instrumentos de derecho internacional, que clamaban por una reforma radical de la justicia militar desde hace mucho tiempo.

Aplicación a civiles

Entre los aspectos más preocupantes del proyecto, figura la aplicación a civiles de ciertos delitos por el simple truco de convertirlos en “delitos militares”, contraviniendo así el Principio 29 sobre “Restricciones a la competencia de los Tribunales Militares”de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidasi; en particular, resultan de aplicación a civiles los delitos de espionaje militar y revelación de secretos militares, atentado contra instalaciones o medios de defensa o seguridad, incumplimiento de bandos y otros contra el patrimonio o la autoridad militar, en algunos casos (aunque no en todos), en circunstancias de estado de sitio o de “conflicto armado”.

En la mayoría de los casos, esos delitos están ya tipificados en el Código Penal (CP), tal vez faltos de precisión en cuanto al rigor requerido para proteger bienes jurídicos específicamente militares. Resulta sorprendente que el Gobierno no haya aprovechado la radical reforma del Código Penal para corregir estas carencias; le resulta más práctico declararlos “delitos militares” para que pasen a ser juzgados directamente por tribunales militares. Este procedimiento resulta fraudulento y contraviene los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Delitos de derecho internacional

Paradójicamente, en el Código Penal si que existen los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Numerosos organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura o el Comité contra las Desapariciones Forzadas, han clamado contra la aplicación de la justicia militar en los casos de graves violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros crímenes de derecho internacional humanitario.

Sin embargo, el proyecto de CPM se reserva el derecho de investigar y castigar estas conductas por el truco, otra vez, de convertirlos en “delitos militares”, cuando sean cometidas por militares y se perpetren con abuso de facultades o infracción de los deberes de las leyes de Derechos y Deberes de las FAS y de la Guardia Civil (GC); es decir, siempre. El proyectado CPM hurtará así a la justicia ordinaria el conocimiento de los peores delitos que pueden perpetrar los militares en su ejercicio profesional. Recientemente se dio un caso, con ocasión de unas denuncias de malos tratos o torturas a detenidos durante la guerra de Irak, que fueron “investigadas” por la fiscalía militar, sin intervención de la justicia ordinaria y sin que haya habido mas noticias hasta hoyii.

Y este es el procedimiento que están utilizando las fuerzas armadas y de seguridad en Colombia para eludir la acción de la justicia en las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en la guerra sucia contra los grupos armados de oposición.

Obediencia debida

El proyecto suscita serias objeciones al principio de obediencia debida cuando no hace mención explícita de las violaciones graves de derechos humanos y, en concreto, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad como circunstancias limitadoras de la obediencia debida. Las simples alusiones a “actos que manifiestamente constituyan delito o una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general” resultan demasiado vagas para prevenir los peores crímenes, en especial cuando se establece que “se considerará circunstancia atenuante muy cualificada la de haber precedido por parte del superior inmediata provocación o cualquier otra actuación injusta que haya producido en el sujeto arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante”.

Por otra parte, en los delitos contra los deberes del mando tampoco se enfatizan las graves responsabilidades que se asumen al ordenar o tolerar este tipo de delitos de derecho internacional sobre otros actos ilegales o abusos. No ampara todo ello la exigencia de los instrumentos internacionales aceptados por España de combatir por todos los medios esos crímenes contra la humanidad, ni resulta aceptable para un militar honrado la posibilidad de eludir sus responsabilidades personales al desobedecer ciertas ordenes prohibidas.

Delitos contra los derechos de las personas

Preocupa especialmente la categorización como delitos militares de aquellos hechos cometidos por militares que afectan a los derechos fundamentales de otros (abuso de autoridad, insulto a superior, o violación de derechos entre iguales), sin mención explícita a la protección de las víctimas del delito. Cobra especial trascendencia en aquellos casos en que estos delitos se perpetran en conexión con actos contra la indemnidad sexual. En estos casos se violentan dos bienes jurídicos simultáneamente: la indemnidad sexual (u otros derechos fundamentales) por una parte, la disciplina por otra. El hecho de convertirlos en delitos militares los hace automáticamente ser juzgados por los tribunales militares, dando de esta forma prelación al bien jurídico disciplina sobre el derecho fundamental violado, que debe tener mayor protección que aquella.

Los bienes jurídicos protegidos

En el preámbulo del proyecto se justifica la introducción en el CPM como delitos militares de algunos que ya aparecen en el CP, cuando éste no recoja “las singularidades referidas al bien jurídico protegido como esencial o estrictamente militares”. De esta manera, se introducen los delitos de traición militar, espionaje militar y revelación de secretos que comprometen a la defensa, dando por hecho que el bien jurídico protegido (la defensa de la nación) es un asunto de los militares y no de todo el pueblo español. Se abusa de los conceptos jurídicos indeterminados (ofensas, ultrajes e injurias), el objeto de los cuales serían España y sus símbolos y las FAS y sus símbolos. Por otra parte, tampoco se entiende que, en el caso de las dos primeras (ofensas y ultrajes a España y sus símbolos), se hayan definido como delitos militares, dado que el bien jurídico protegido, en este caso, no es estricta o esencialmente militar.

La Guardia Civil, remilitarizada

El proyecto está plagado de alusiones a la condición de los guardias civiles como militares e incluso, a los bienes e instalaciones de la GC como bienes jurídicos a proteger por la justicia militar, convirtiendo así en delitos militares (y juzgados, por tanto, por tribunales militares) conductas que ya están recogidas en el CP. De hecho, se convierte a los guardias civiles en soldados a tiempo completo, con la sola excepción del tiempo en que se encuentren cumpliendo servicios policiales. Esto, obviamente, supone una tremenda limitación en sus derechos civiles cuando no se encuentran en acto de servicio, dándose la paradoja de que gozan de más libertades cuando están de servicio que cuando están fuera de servicio.

Los derechos civiles de los militares

En general, la misma crítica puede hacerse en relación con los militares todos, a los que se aplican mayores limitaciones que a los civiles en sus derechos fundamentales por el mero hecho de serlo, independientemente de que sus conductas se realicen en acto de servicio o no. Estas limitaciones no se darían si muchas de las conductas definidas como delito militar se circunscribieran a los actos del servicio, cuando se encuentren en funciones militares.

El estado de guerra, vs situación de conflicto armado

El texto está plagado de situaciones para las que se explicitan agravamientos de condena, aplicación a civiles e incluso la conversión de un delito del CP en militar: el Estado de Sitio y el “conflicto armado”. En el actual CPM se habla de “estado de guerra”, que es una situación perfecta y taxativamente determinada por la existencia de una declaración de guerra. Este concepto desaparece del texto propuesto, siguiendo la doctrina, internacionalmente admitida, de extender el derecho de la guerra a los conflictos armados (que viene a reconocer el hecho de que en la inmensa mayoría de los enfrentamientos entre países o grupos armados no ha mediado una declaración de guerra, en tanto que sus víctimas merecen igual protección que en una guerra).

Sin embargo, resulta preocupante la falta de concreción sobre qué debe entenderse por situación de conflicto armado, lo que anticipa un posible abuso en la aplicación de la justicia militar por parte de la propias autoridades militares en situaciones no suficientemente claras.

Los aliados

Los artículos referidos a los delitos de traición militar, espionaje militar, revelación de secretos de defensa, atentado contra medios de defensa e incumplimiento de bandos, son de aplicación también cuando se cometieren contra potencia aliada. El problema aquí reside en que debe entenderse por aliado “cualquier Estado u Organización Internacional con la que España esté ligada por un Tratado o alianza de defensa, o que tome parte en conflicto armado, operación armada u operación internacional de paz en que participe España contra un enemigo común”, sin que se cuestione para nada la legalidad internacional de tales operaciones. Cualesquiera de tales delitos cometidos por españoles contra estos “aliados” sería considerados como delitos militares, igual que si se cometieran contra el propio estado, con independencia de la legalidad o ilegalidad de tales operaciones.

Conclusiones

El Anteproyecto de nuevo Código Penal Militar refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN y de los Estados Unidos en especial, consistentes en garantizar su efectividad, sacrificando para ello la legalidad internacional y los derechos de las víctimas de la guerra. España se apunta así a la corriente instaurada por los Estados Unidos de intervenir donde y como quiere, sin que los organismos internacionales vayan a suponer la menor cortapisa.

Para ello, no se duda en introducir como delitos militares conductas que debieran ser contempladas por la justicia civil, hurtando a ésta de su conocimiento por la vía expeditiva de su definición como delitos militares. Ello permite, además, la extensión de su aplicación a civiles en muchas circunstancias, no taxativamente regladas.

En consecuencia, aumenta la inseguridad jurídica de los militares y de los propios civiles en determinadas circunstancias, ampliando su potencial como vía para reprimir la disidencia, tanto interna como externa a la institución militar.

Además, hace un flaco favor a la protección de los derechos fundamentales, tanto de las víctimas de los conflictos armados, como de los propios militares, permitiendo que en la protección de bienes jurídicos yuxtapuestos, primen los de la disciplina y cohesión de los ejércitos sobre los derechos fundamentales de las víctimas.

Por último, refuerza la militarización de la Guardia Civil como instrumento de control social disciplinado y obediente al poder establecido.

Todo ello, a propuesta del Gobierno del Partido Popular y con la aquiescencia del resto de los partidos del arco parlamentario, que han manifestado bien poco interés en modificar el sentido y la utilidad de las fuerzas armadas para evitar que queden al servicio de las aventuras imperialistas.

En suma, nos encontramos con otro elemento más del golpe de estado encubierto para vaciar de contenido el conjunto de derechos y libertades que recoge la Constitución, denunciado por el Colectivo Anemoi en un reciente comunicadoiii y que se suma al paquete legislativo represivo, con incalculables consecuencias.

Manuel Pardo de Donlebún Montesino, Capitán de Navío de la Armada en la Reserva.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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08-05-2014

El anteproyecto refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN
Nuevo apretón de tuercas: el Código Penal Militar




En fechas recientes, el Gobierno ha iniciado la tramitación de la Ley Orgánica de un nuevo Código Penal Militar (CPM). Esta reforma está justificada en los grandes cambios producidos en las Fuerzas Armadas (FAS), como consecuencia de la desaparición del servicio militar obligatorio, de las modificaciones en la carrera militar y de la implantación de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS.

En su justificación del proyecto, olvida el Gobierno, sin embargo, mencionar las obligaciones que ha contraído el Estado Español como firmante de varios instrumentos de derecho internacional, que clamaban por una reforma radical de la justicia militar desde hace mucho tiempo.

Aplicación a civiles

Entre los aspectos más preocupantes del proyecto, figura la aplicación a civiles de ciertos delitos por el simple truco de convertirlos en “delitos militares”, contraviniendo así el Principio 29 sobre “Restricciones a la competencia de los Tribunales Militares”de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidasi; en particular, resultan de aplicación a civiles los delitos de espionaje militar y revelación de secretos militares, atentado contra instalaciones o medios de defensa o seguridad, incumplimiento de bandos y otros contra el patrimonio o la autoridad militar, en algunos casos (aunque no en todos), en circunstancias de estado de sitio o de “conflicto armado”.

En la mayoría de los casos, esos delitos están ya tipificados en el Código Penal (CP), tal vez faltos de precisión en cuanto al rigor requerido para proteger bienes jurídicos específicamente militares. Resulta sorprendente que el Gobierno no haya aprovechado la radical reforma del Código Penal para corregir estas carencias; le resulta más práctico declararlos “delitos militares” para que pasen a ser juzgados directamente por tribunales militares. Este procedimiento resulta fraudulento y contraviene los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Delitos de derecho internacional

Paradójicamente, en el Código Penal si que existen los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Numerosos organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura o el Comité contra las Desapariciones Forzadas, han clamado contra la aplicación de la justicia militar en los casos de graves violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros crímenes de derecho internacional humanitario.

Sin embargo, el proyecto de CPM se reserva el derecho de investigar y castigar estas conductas por el truco, otra vez, de convertirlos en “delitos militares”, cuando sean cometidas por militares y se perpetren con abuso de facultades o infracción de los deberes de las leyes de Derechos y Deberes de las FAS y de la Guardia Civil (GC); es decir, siempre. El proyectado CPM hurtará así a la justicia ordinaria el conocimiento de los peores delitos que pueden perpetrar los militares en su ejercicio profesional. Recientemente se dio un caso, con ocasión de unas denuncias de malos tratos o torturas a detenidos durante la guerra de Irak, que fueron “investigadas” por la fiscalía militar, sin intervención de la justicia ordinaria y sin que haya habido mas noticias hasta hoyii.

Y este es el procedimiento que están utilizando las fuerzas armadas y de seguridad en Colombia para eludir la acción de la justicia en las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en la guerra sucia contra los grupos armados de oposición.

Obediencia debida

El proyecto suscita serias objeciones al principio de obediencia debida cuando no hace mención explícita de las violaciones graves de derechos humanos y, en concreto, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad como circunstancias limitadoras de la obediencia debida. Las simples alusiones a “actos que manifiestamente constituyan delito o una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general” resultan demasiado vagas para prevenir los peores crímenes, en especial cuando se establece que “se considerará circunstancia atenuante muy cualificada la de haber precedido por parte del superior inmediata provocación o cualquier otra actuación injusta que haya producido en el sujeto arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante”.

Por otra parte, en los delitos contra los deberes del mando tampoco se enfatizan las graves responsabilidades que se asumen al ordenar o tolerar este tipo de delitos de derecho internacional sobre otros actos ilegales o abusos. No ampara todo ello la exigencia de los instrumentos internacionales aceptados por España de combatir por todos los medios esos crímenes contra la humanidad, ni resulta aceptable para un militar honrado la posibilidad de eludir sus responsabilidades personales al desobedecer ciertas ordenes prohibidas.

Delitos contra los derechos de las personas

Preocupa especialmente la categorización como delitos militares de aquellos hechos cometidos por militares que afectan a los derechos fundamentales de otros (abuso de autoridad, insulto a superior, o violación de derechos entre iguales), sin mención explícita a la protección de las víctimas del delito. Cobra especial trascendencia en aquellos casos en que estos delitos se perpetran en conexión con actos contra la indemnidad sexual. En estos casos se violentan dos bienes jurídicos simultáneamente: la indemnidad sexual (u otros derechos fundamentales) por una parte, la disciplina por otra. El hecho de convertirlos en delitos militares los hace automáticamente ser juzgados por los tribunales militares, dando de esta forma prelación al bien jurídico disciplina sobre el derecho fundamental violado, que debe tener mayor protección que aquella.

Los bienes jurídicos protegidos

En el preámbulo del proyecto se justifica la introducción en el CPM como delitos militares de algunos que ya aparecen en el CP, cuando éste no recoja “las singularidades referidas al bien jurídico protegido como esencial o estrictamente militares”. De esta manera, se introducen los delitos de traición militar, espionaje militar y revelación de secretos que comprometen a la defensa, dando por hecho que el bien jurídico protegido (la defensa de la nación) es un asunto de los militares y no de todo el pueblo español. Se abusa de los conceptos jurídicos indeterminados (ofensas, ultrajes e injurias), el objeto de los cuales serían España y sus símbolos y las FAS y sus símbolos. Por otra parte, tampoco se entiende que, en el caso de las dos primeras (ofensas y ultrajes a España y sus símbolos), se hayan definido como delitos militares, dado que el bien jurídico protegido, en este caso, no es estricta o esencialmente militar.

La Guardia Civil, remilitarizada

El proyecto está plagado de alusiones a la condición de los guardias civiles como militares e incluso, a los bienes e instalaciones de la GC como bienes jurídicos a proteger por la justicia militar, convirtiendo así en delitos militares (y juzgados, por tanto, por tribunales militares) conductas que ya están recogidas en el CP. De hecho, se convierte a los guardias civiles en soldados a tiempo completo, con la sola excepción del tiempo en que se encuentren cumpliendo servicios policiales. Esto, obviamente, supone una tremenda limitación en sus derechos civiles cuando no se encuentran en acto de servicio, dándose la paradoja de que gozan de más libertades cuando están de servicio que cuando están fuera de servicio.

Los derechos civiles de los militares

En general, la misma crítica puede hacerse en relación con los militares todos, a los que se aplican mayores limitaciones que a los civiles en sus derechos fundamentales por el mero hecho de serlo, independientemente de que sus conductas se realicen en acto de servicio o no. Estas limitaciones no se darían si muchas de las conductas definidas como delito militar se circunscribieran a los actos del servicio, cuando se encuentren en funciones militares.

El estado de guerra, vs situación de conflicto armado

El texto está plagado de situaciones para las que se explicitan agravamientos de condena, aplicación a civiles e incluso la conversión de un delito del CP en militar: el Estado de Sitio y el “conflicto armado”. En el actual CPM se habla de “estado de guerra”, que es una situación perfecta y taxativamente determinada por la existencia de una declaración de guerra. Este concepto desaparece del texto propuesto, siguiendo la doctrina, internacionalmente admitida, de extender el derecho de la guerra a los conflictos armados (que viene a reconocer el hecho de que en la inmensa mayoría de los enfrentamientos entre países o grupos armados no ha mediado una declaración de guerra, en tanto que sus víctimas merecen igual protección que en una guerra).

Sin embargo, resulta preocupante la falta de concreción sobre qué debe entenderse por situación de conflicto armado, lo que anticipa un posible abuso en la aplicación de la justicia militar por parte de la propias autoridades militares en situaciones no suficientemente claras.

Los aliados

Los artículos referidos a los delitos de traición militar, espionaje militar, revelación de secretos de defensa, atentado contra medios de defensa e incumplimiento de bandos, son de aplicación también cuando se cometieren contra potencia aliada. El problema aquí reside en que debe entenderse por aliado “cualquier Estado u Organización Internacional con la que España esté ligada por un Tratado o alianza de defensa, o que tome parte en conflicto armado, operación armada u operación internacional de paz en que participe España contra un enemigo común”, sin que se cuestione para nada la legalidad internacional de tales operaciones. Cualesquiera de tales delitos cometidos por españoles contra estos “aliados” sería considerados como delitos militares, igual que si se cometieran contra el propio estado, con independencia de la legalidad o ilegalidad de tales operaciones.

Conclusiones

El Anteproyecto de nuevo Código Penal Militar refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN y de los Estados Unidos en especial, consistentes en garantizar su efectividad, sacrificando para ello la legalidad internacional y los derechos de las víctimas de la guerra. España se apunta así a la corriente instaurada por los Estados Unidos de intervenir donde y como quiere, sin que los organismos internacionales vayan a suponer la menor cortapisa.

Para ello, no se duda en introducir como delitos militares conductas que debieran ser contempladas por la justicia civil, hurtando a ésta de su conocimiento por la vía expeditiva de su definición como delitos militares. Ello permite, además, la extensión de su aplicación a civiles en muchas circunstancias, no taxativamente regladas.

En consecuencia, aumenta la inseguridad jurídica de los militares y de los propios civiles en determinadas circunstancias, ampliando su potencial como vía para reprimir la disidencia, tanto interna como externa a la institución militar.

Además, hace un flaco favor a la protección de los derechos fundamentales, tanto de las víctimas de los conflictos armados, como de los propios militares, permitiendo que en la protección de bienes jurídicos yuxtapuestos, primen los de la disciplina y cohesión de los ejércitos sobre los derechos fundamentales de las víctimas.

Por último, refuerza la militarización de la Guardia Civil como instrumento de control social disciplinado y obediente al poder establecido.

Todo ello, a propuesta del Gobierno del Partido Popular y con la aquiescencia del resto de los partidos del arco parlamentario, que han manifestado bien poco interés en modificar el sentido y la utilidad de las fuerzas armadas para evitar que queden al servicio de las aventuras imperialistas.

En suma, nos encontramos con otro elemento más del golpe de estado encubierto para vaciar de contenido el conjunto de derechos y libertades que recoge la Constitución, denunciado por el Colectivo Anemoi en un reciente comunicadoiii y que se suma al paquete legislativo represivo, con incalculables consecuencias.

Manuel Pardo de Donlebún Montesino, Capitán de Navío de la Armada en la Reserva.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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08-05-2014

El anteproyecto refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN
Nuevo apretón de tuercas: el Código Penal Militar




En fechas recientes, el Gobierno ha iniciado la tramitación de la Ley Orgánica de un nuevo Código Penal Militar (CPM). Esta reforma está justificada en los grandes cambios producidos en las Fuerzas Armadas (FAS), como consecuencia de la desaparición del servicio militar obligatorio, de las modificaciones en la carrera militar y de la implantación de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS.

En su justificación del proyecto, olvida el Gobierno, sin embargo, mencionar las obligaciones que ha contraído el Estado Español como firmante de varios instrumentos de derecho internacional, que clamaban por una reforma radical de la justicia militar desde hace mucho tiempo.

Aplicación a civiles

Entre los aspectos más preocupantes del proyecto, figura la aplicación a civiles de ciertos delitos por el simple truco de convertirlos en “delitos militares”, contraviniendo así el Principio 29 sobre “Restricciones a la competencia de los Tribunales Militares”de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidasi; en particular, resultan de aplicación a civiles los delitos de espionaje militar y revelación de secretos militares, atentado contra instalaciones o medios de defensa o seguridad, incumplimiento de bandos y otros contra el patrimonio o la autoridad militar, en algunos casos (aunque no en todos), en circunstancias de estado de sitio o de “conflicto armado”.

En la mayoría de los casos, esos delitos están ya tipificados en el Código Penal (CP), tal vez faltos de precisión en cuanto al rigor requerido para proteger bienes jurídicos específicamente militares. Resulta sorprendente que el Gobierno no haya aprovechado la radical reforma del Código Penal para corregir estas carencias; le resulta más práctico declararlos “delitos militares” para que pasen a ser juzgados directamente por tribunales militares. Este procedimiento resulta fraudulento y contraviene los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Delitos de derecho internacional

Paradójicamente, en el Código Penal si que existen los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Numerosos organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura o el Comité contra las Desapariciones Forzadas, han clamado contra la aplicación de la justicia militar en los casos de graves violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros crímenes de derecho internacional humanitario.

Sin embargo, el proyecto de CPM se reserva el derecho de investigar y castigar estas conductas por el truco, otra vez, de convertirlos en “delitos militares”, cuando sean cometidas por militares y se perpetren con abuso de facultades o infracción de los deberes de las leyes de Derechos y Deberes de las FAS y de la Guardia Civil (GC); es decir, siempre. El proyectado CPM hurtará así a la justicia ordinaria el conocimiento de los peores delitos que pueden perpetrar los militares en su ejercicio profesional. Recientemente se dio un caso, con ocasión de unas denuncias de malos tratos o torturas a detenidos durante la guerra de Irak, que fueron “investigadas” por la fiscalía militar, sin intervención de la justicia ordinaria y sin que haya habido mas noticias hasta hoyii.

Y este es el procedimiento que están utilizando las fuerzas armadas y de seguridad en Colombia para eludir la acción de la justicia en las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en la guerra sucia contra los grupos armados de oposición.

Obediencia debida

El proyecto suscita serias objeciones al principio de obediencia debida cuando no hace mención explícita de las violaciones graves de derechos humanos y, en concreto, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad como circunstancias limitadoras de la obediencia debida. Las simples alusiones a “actos que manifiestamente constituyan delito o una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general” resultan demasiado vagas para prevenir los peores crímenes, en especial cuando se establece que “se considerará circunstancia atenuante muy cualificada la de haber precedido por parte del superior inmediata provocación o cualquier otra actuación injusta que haya producido en el sujeto arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante”.

Por otra parte, en los delitos contra los deberes del mando tampoco se enfatizan las graves responsabilidades que se asumen al ordenar o tolerar este tipo de delitos de derecho internacional sobre otros actos ilegales o abusos. No ampara todo ello la exigencia de los instrumentos internacionales aceptados por España de combatir por todos los medios esos crímenes contra la humanidad, ni resulta aceptable para un militar honrado la posibilidad de eludir sus responsabilidades personales al desobedecer ciertas ordenes prohibidas.

Delitos contra los derechos de las personas

Preocupa especialmente la categorización como delitos militares de aquellos hechos cometidos por militares que afectan a los derechos fundamentales de otros (abuso de autoridad, insulto a superior, o violación de derechos entre iguales), sin mención explícita a la protección de las víctimas del delito. Cobra especial trascendencia en aquellos casos en que estos delitos se perpetran en conexión con actos contra la indemnidad sexual. En estos casos se violentan dos bienes jurídicos simultáneamente: la indemnidad sexual (u otros derechos fundamentales) por una parte, la disciplina por otra. El hecho de convertirlos en delitos militares los hace automáticamente ser juzgados por los tribunales militares, dando de esta forma prelación al bien jurídico disciplina sobre el derecho fundamental violado, que debe tener mayor protección que aquella.

Los bienes jurídicos protegidos

En el preámbulo del proyecto se justifica la introducción en el CPM como delitos militares de algunos que ya aparecen en el CP, cuando éste no recoja “las singularidades referidas al bien jurídico protegido como esencial o estrictamente militares”. De esta manera, se introducen los delitos de traición militar, espionaje militar y revelación de secretos que comprometen a la defensa, dando por hecho que el bien jurídico protegido (la defensa de la nación) es un asunto de los militares y no de todo el pueblo español. Se abusa de los conceptos jurídicos indeterminados (ofensas, ultrajes e injurias), el objeto de los cuales serían España y sus símbolos y las FAS y sus símbolos. Por otra parte, tampoco se entiende que, en el caso de las dos primeras (ofensas y ultrajes a España y sus símbolos), se hayan definido como delitos militares, dado que el bien jurídico protegido, en este caso, no es estricta o esencialmente militar.

La Guardia Civil, remilitarizada

El proyecto está plagado de alusiones a la condición de los guardias civiles como militares e incluso, a los bienes e instalaciones de la GC como bienes jurídicos a proteger por la justicia militar, convirtiendo así en delitos militares (y juzgados, por tanto, por tribunales militares) conductas que ya están recogidas en el CP. De hecho, se convierte a los guardias civiles en soldados a tiempo completo, con la sola excepción del tiempo en que se encuentren cumpliendo servicios policiales. Esto, obviamente, supone una tremenda limitación en sus derechos civiles cuando no se encuentran en acto de servicio, dándose la paradoja de que gozan de más libertades cuando están de servicio que cuando están fuera de servicio.

Los derechos civiles de los militares

En general, la misma crítica puede hacerse en relación con los militares todos, a los que se aplican mayores limitaciones que a los civiles en sus derechos fundamentales por el mero hecho de serlo, independientemente de que sus conductas se realicen en acto de servicio o no. Estas limitaciones no se darían si muchas de las conductas definidas como delito militar se circunscribieran a los actos del servicio, cuando se encuentren en funciones militares.

El estado de guerra, vs situación de conflicto armado

El texto está plagado de situaciones para las que se explicitan agravamientos de condena, aplicación a civiles e incluso la conversión de un delito del CP en militar: el Estado de Sitio y el “conflicto armado”. En el actual CPM se habla de “estado de guerra”, que es una situación perfecta y taxativamente determinada por la existencia de una declaración de guerra. Este concepto desaparece del texto propuesto, siguiendo la doctrina, internacionalmente admitida, de extender el derecho de la guerra a los conflictos armados (que viene a reconocer el hecho de que en la inmensa mayoría de los enfrentamientos entre países o grupos armados no ha mediado una declaración de guerra, en tanto que sus víctimas merecen igual protección que en una guerra).

Sin embargo, resulta preocupante la falta de concreción sobre qué debe entenderse por situación de conflicto armado, lo que anticipa un posible abuso en la aplicación de la justicia militar por parte de la propias autoridades militares en situaciones no suficientemente claras.

Los aliados

Los artículos referidos a los delitos de traición militar, espionaje militar, revelación de secretos de defensa, atentado contra medios de defensa e incumplimiento de bandos, son de aplicación también cuando se cometieren contra potencia aliada. El problema aquí reside en que debe entenderse por aliado “cualquier Estado u Organización Internacional con la que España esté ligada por un Tratado o alianza de defensa, o que tome parte en conflicto armado, operación armada u operación internacional de paz en que participe España contra un enemigo común”, sin que se cuestione para nada la legalidad internacional de tales operaciones. Cualesquiera de tales delitos cometidos por españoles contra estos “aliados” sería considerados como delitos militares, igual que si se cometieran contra el propio estado, con independencia de la legalidad o ilegalidad de tales operaciones.

Conclusiones

El Anteproyecto de nuevo Código Penal Militar refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN y de los Estados Unidos en especial, consistentes en garantizar su efectividad, sacrificando para ello la legalidad internacional y los derechos de las víctimas de la guerra. España se apunta así a la corriente instaurada por los Estados Unidos de intervenir donde y como quiere, sin que los organismos internacionales vayan a suponer la menor cortapisa.

Para ello, no se duda en introducir como delitos militares conductas que debieran ser contempladas por la justicia civil, hurtando a ésta de su conocimiento por la vía expeditiva de su definición como delitos militares. Ello permite, además, la extensión de su aplicación a civiles en muchas circunstancias, no taxativamente regladas.

En consecuencia, aumenta la inseguridad jurídica de los militares y de los propios civiles en determinadas circunstancias, ampliando su potencial como vía para reprimir la disidencia, tanto interna como externa a la institución militar.

Además, hace un flaco favor a la protección de los derechos fundamentales, tanto de las víctimas de los conflictos armados, como de los propios militares, permitiendo que en la protección de bienes jurídicos yuxtapuestos, primen los de la disciplina y cohesión de los ejércitos sobre los derechos fundamentales de las víctimas.

Por último, refuerza la militarización de la Guardia Civil como instrumento de control social disciplinado y obediente al poder establecido.

Todo ello, a propuesta del Gobierno del Partido Popular y con la aquiescencia del resto de los partidos del arco parlamentario, que han manifestado bien poco interés en modificar el sentido y la utilidad de las fuerzas armadas para evitar que queden al servicio de las aventuras imperialistas.

En suma, nos encontramos con otro elemento más del golpe de estado encubierto para vaciar de contenido el conjunto de derechos y libertades que recoge la Constitución, denunciado por el Colectivo Anemoi en un reciente comunicadoiii y que se suma al paquete legislativo represivo, con incalculables consecuencias.

Manuel Pardo de Donlebún Montesino, Capitán de Navío de la Armada en la Reserva.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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08-05-2014

El anteproyecto refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN
Nuevo apretón de tuercas: el Código Penal Militar




En fechas recientes, el Gobierno ha iniciado la tramitación de la Ley Orgánica de un nuevo Código Penal Militar (CPM). Esta reforma está justificada en los grandes cambios producidos en las Fuerzas Armadas (FAS), como consecuencia de la desaparición del servicio militar obligatorio, de las modificaciones en la carrera militar y de la implantación de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS.

En su justificación del proyecto, olvida el Gobierno, sin embargo, mencionar las obligaciones que ha contraído el Estado Español como firmante de varios instrumentos de derecho internacional, que clamaban por una reforma radical de la justicia militar desde hace mucho tiempo.

Aplicación a civiles

Entre los aspectos más preocupantes del proyecto, figura la aplicación a civiles de ciertos delitos por el simple truco de convertirlos en “delitos militares”, contraviniendo así el Principio 29 sobre “Restricciones a la competencia de los Tribunales Militares”de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidasi; en particular, resultan de aplicación a civiles los delitos de espionaje militar y revelación de secretos militares, atentado contra instalaciones o medios de defensa o seguridad, incumplimiento de bandos y otros contra el patrimonio o la autoridad militar, en algunos casos (aunque no en todos), en circunstancias de estado de sitio o de “conflicto armado”.

En la mayoría de los casos, esos delitos están ya tipificados en el Código Penal (CP), tal vez faltos de precisión en cuanto al rigor requerido para proteger bienes jurídicos específicamente militares. Resulta sorprendente que el Gobierno no haya aprovechado la radical reforma del Código Penal para corregir estas carencias; le resulta más práctico declararlos “delitos militares” para que pasen a ser juzgados directamente por tribunales militares. Este procedimiento resulta fraudulento y contraviene los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Delitos de derecho internacional

Paradójicamente, en el Código Penal si que existen los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Numerosos organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura o el Comité contra las Desapariciones Forzadas, han clamado contra la aplicación de la justicia militar en los casos de graves violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros crímenes de derecho internacional humanitario.

Sin embargo, el proyecto de CPM se reserva el derecho de investigar y castigar estas conductas por el truco, otra vez, de convertirlos en “delitos militares”, cuando sean cometidas por militares y se perpetren con abuso de facultades o infracción de los deberes de las leyes de Derechos y Deberes de las FAS y de la Guardia Civil (GC); es decir, siempre. El proyectado CPM hurtará así a la justicia ordinaria el conocimiento de los peores delitos que pueden perpetrar los militares en su ejercicio profesional. Recientemente se dio un caso, con ocasión de unas denuncias de malos tratos o torturas a detenidos durante la guerra de Irak, que fueron “investigadas” por la fiscalía militar, sin intervención de la justicia ordinaria y sin que haya habido mas noticias hasta hoyii.

Y este es el procedimiento que están utilizando las fuerzas armadas y de seguridad en Colombia para eludir la acción de la justicia en las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en la guerra sucia contra los grupos armados de oposición.

Obediencia debida

El proyecto suscita serias objeciones al principio de obediencia debida cuando no hace mención explícita de las violaciones graves de derechos humanos y, en concreto, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad como circunstancias limitadoras de la obediencia debida. Las simples alusiones a “actos que manifiestamente constituyan delito o una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general” resultan demasiado vagas para prevenir los peores crímenes, en especial cuando se establece que “se considerará circunstancia atenuante muy cualificada la de haber precedido por parte del superior inmediata provocación o cualquier otra actuación injusta que haya producido en el sujeto arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante”.

Por otra parte, en los delitos contra los deberes del mando tampoco se enfatizan las graves responsabilidades que se asumen al ordenar o tolerar este tipo de delitos de derecho internacional sobre otros actos ilegales o abusos. No ampara todo ello la exigencia de los instrumentos internacionales aceptados por España de combatir por todos los medios esos crímenes contra la humanidad, ni resulta aceptable para un militar honrado la posibilidad de eludir sus responsabilidades personales al desobedecer ciertas ordenes prohibidas.

Delitos contra los derechos de las personas

Preocupa especialmente la categorización como delitos militares de aquellos hechos cometidos por militares que afectan a los derechos fundamentales de otros (abuso de autoridad, insulto a superior, o violación de derechos entre iguales), sin mención explícita a la protección de las víctimas del delito. Cobra especial trascendencia en aquellos casos en que estos delitos se perpetran en conexión con actos contra la indemnidad sexual. En estos casos se violentan dos bienes jurídicos simultáneamente: la indemnidad sexual (u otros derechos fundamentales) por una parte, la disciplina por otra. El hecho de convertirlos en delitos militares los hace automáticamente ser juzgados por los tribunales militares, dando de esta forma prelación al bien jurídico disciplina sobre el derecho fundamental violado, que debe tener mayor protección que aquella.

Los bienes jurídicos protegidos

En el preámbulo del proyecto se justifica la introducción en el CPM como delitos militares de algunos que ya aparecen en el CP, cuando éste no recoja “las singularidades referidas al bien jurídico protegido como esencial o estrictamente militares”. De esta manera, se introducen los delitos de traición militar, espionaje militar y revelación de secretos que comprometen a la defensa, dando por hecho que el bien jurídico protegido (la defensa de la nación) es un asunto de los militares y no de todo el pueblo español. Se abusa de los conceptos jurídicos indeterminados (ofensas, ultrajes e injurias), el objeto de los cuales serían España y sus símbolos y las FAS y sus símbolos. Por otra parte, tampoco se entiende que, en el caso de las dos primeras (ofensas y ultrajes a España y sus símbolos), se hayan definido como delitos militares, dado que el bien jurídico protegido, en este caso, no es estricta o esencialmente militar.

La Guardia Civil, remilitarizada

El proyecto está plagado de alusiones a la condición de los guardias civiles como militares e incluso, a los bienes e instalaciones de la GC como bienes jurídicos a proteger por la justicia militar, convirtiendo así en delitos militares (y juzgados, por tanto, por tribunales militares) conductas que ya están recogidas en el CP. De hecho, se convierte a los guardias civiles en soldados a tiempo completo, con la sola excepción del tiempo en que se encuentren cumpliendo servicios policiales. Esto, obviamente, supone una tremenda limitación en sus derechos civiles cuando no se encuentran en acto de servicio, dándose la paradoja de que gozan de más libertades cuando están de servicio que cuando están fuera de servicio.

Los derechos civiles de los militares

En general, la misma crítica puede hacerse en relación con los militares todos, a los que se aplican mayores limitaciones que a los civiles en sus derechos fundamentales por el mero hecho de serlo, independientemente de que sus conductas se realicen en acto de servicio o no. Estas limitaciones no se darían si muchas de las conductas definidas como delito militar se circunscribieran a los actos del servicio, cuando se encuentren en funciones militares.

El estado de guerra, vs situación de conflicto armado

El texto está plagado de situaciones para las que se explicitan agravamientos de condena, aplicación a civiles e incluso la conversión de un delito del CP en militar: el Estado de Sitio y el “conflicto armado”. En el actual CPM se habla de “estado de guerra”, que es una situación perfecta y taxativamente determinada por la existencia de una declaración de guerra. Este concepto desaparece del texto propuesto, siguiendo la doctrina, internacionalmente admitida, de extender el derecho de la guerra a los conflictos armados (que viene a reconocer el hecho de que en la inmensa mayoría de los enfrentamientos entre países o grupos armados no ha mediado una declaración de guerra, en tanto que sus víctimas merecen igual protección que en una guerra).

Sin embargo, resulta preocupante la falta de concreción sobre qué debe entenderse por situación de conflicto armado, lo que anticipa un posible abuso en la aplicación de la justicia militar por parte de la propias autoridades militares en situaciones no suficientemente claras.

Los aliados

Los artículos referidos a los delitos de traición militar, espionaje militar, revelación de secretos de defensa, atentado contra medios de defensa e incumplimiento de bandos, son de aplicación también cuando se cometieren contra potencia aliada. El problema aquí reside en que debe entenderse por aliado “cualquier Estado u Organización Internacional con la que España esté ligada por un Tratado o alianza de defensa, o que tome parte en conflicto armado, operación armada u operación internacional de paz en que participe España contra un enemigo común”, sin que se cuestione para nada la legalidad internacional de tales operaciones. Cualesquiera de tales delitos cometidos por españoles contra estos “aliados” sería considerados como delitos militares, igual que si se cometieran contra el propio estado, con independencia de la legalidad o ilegalidad de tales operaciones.

Conclusiones

El Anteproyecto de nuevo Código Penal Militar refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN y de los Estados Unidos en especial, consistentes en garantizar su efectividad, sacrificando para ello la legalidad internacional y los derechos de las víctimas de la guerra. España se apunta así a la corriente instaurada por los Estados Unidos de intervenir donde y como quiere, sin que los organismos internacionales vayan a suponer la menor cortapisa.

Para ello, no se duda en introducir como delitos militares conductas que debieran ser contempladas por la justicia civil, hurtando a ésta de su conocimiento por la vía expeditiva de su definición como delitos militares. Ello permite, además, la extensión de su aplicación a civiles en muchas circunstancias, no taxativamente regladas.

En consecuencia, aumenta la inseguridad jurídica de los militares y de los propios civiles en determinadas circunstancias, ampliando su potencial como vía para reprimir la disidencia, tanto interna como externa a la institución militar.

Además, hace un flaco favor a la protección de los derechos fundamentales, tanto de las víctimas de los conflictos armados, como de los propios militares, permitiendo que en la protección de bienes jurídicos yuxtapuestos, primen los de la disciplina y cohesión de los ejércitos sobre los derechos fundamentales de las víctimas.

Por último, refuerza la militarización de la Guardia Civil como instrumento de control social disciplinado y obediente al poder establecido.

Todo ello, a propuesta del Gobierno del Partido Popular y con la aquiescencia del resto de los partidos del arco parlamentario, que han manifestado bien poco interés en modificar el sentido y la utilidad de las fuerzas armadas para evitar que queden al servicio de las aventuras imperialistas.

En suma, nos encontramos con otro elemento más del golpe de estado encubierto para vaciar de contenido el conjunto de derechos y libertades que recoge la Constitución, denunciado por el Colectivo Anemoi en un reciente comunicadoiii y que se suma al paquete legislativo represivo, con incalculables consecuencias.

Manuel Pardo de Donlebún Montesino, Capitán de Navío de la Armada en la Reserva.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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Homenaje a los republicanos en el puerto de Alicante 75 años después del fin de la guerra civil
Año de la Memoria 2014




El pasado 1 de abril se cumplieron 75 años del fin de la guerra civil. En esos días aciagos entre 12.000 y 15.000 personas se concentraron en el Puerto de Alicante tratando de huir de la brutal represión fascista. La mayoría no pudo escapar. La Comisión de la Verdad de Alicante ha rendido homenaje a todos aquellos republicanos.
Año de la memoria 2014, setenta y cinco después de los hechos terribles con que empezó el fin de la guerra civil, la resistencia armada contra los militares golpistas amparados por las élites nacionales e internacionales que necesitaban reforzar sus privilegios. Un comienzo que se simboliza en el puerto de Alicante, la última plaza tomada por los insurrectos. El fin de la guerra se prolongó como pronosticaron los hechos recordados en el muelle de levante del puerto alicantino. La primavera tramposa de 1939 introdujo a miles de personas en el más crudo y largo invierno.
En el aniversario de la derrota final de un proyecto democrático interrumpido por la implantación del terror como sistema de aprendizaje, hay que recordar los hechos puntuales y la larga continuidad que tuvieron. Para conseguir el triunfo y la persistencia de los valores y la opresión generalizada que inundó España, se usaron desde el primer momento, en todas las plazas que se fueron conquistando, los campos de concentración, las cárceles, como lugares de encuentro segregado por sexos. Enseguida se utilizaron también las escuelas, las iglesias, los campamentos juveniles... Instrumentos y maneras que marcaron muchas vidas durante cuarenta años con los obligados efectos de largo alcance.
Han pasado siete décadas y media desde los hechos acaecidos en 1939 en este escenario que hoy, de nuevo, nos congrega. Primero fue el silencio. O más bien los susurros con los que, entrecortadamente, se fueron conociendo nuestra propia historia. Quienes pudieron escapar a estas formas de represión, de ignominia, de acallamiento, fueron escribiendo los capítulos de nuestra historia oculta que sólo en las últimas dos décadas ha empezado a mostrarse. A mostrarse y a ocultarse, con vaivenes desiguales.
Tiempo de primavera y de memoria, año de la Memoria con mayúscula, ocasión excelente para avanzar por el largo camino de la construcción de nuestra historia local, de las comarcas del sur, de la sociedad española. Los pueblos de España han vuelto a palpitar, año tras año, celebración tras celebración, con el corazón y las heridas de los que se fueron sin testimonio, a no ser el de su cautiverio, el de su muerte. Pocos años todavía en los que se ha comenzado a desvelar los horrores del largo y oscuro período de la dictadura Franquista.
El pueblo no ha olvidado, y sigue despertando convocado a expresar sus testimonios, a construir memoria, a rechazar la reproducción de la barbarie que ya asoma de nuevo. Para evitar así que se cumpla “el objetivo de los poderosos de todas las épocas como pronosticaba Rodolfo Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas”.
Año de la Memoria tejido con tantas memorias, desde dentro y desde fuera de esta España confusa, contra el silencio, contra la estupidez. Tiempo éste de los mayores y los jóvenes, tiempo de mantener y alimentar una antorcha que debe iluminar la vida tenebrosa hacia la que parece conducirnos la resurrección de la barbarie. No hay que dejar paso a la juventud, hay que caminar con ellos, codo con codo, verso con verso, pasión con pasión, razón y lucidez, coraje, trabajo, fuerza. Las distintas asociaciones que han ido mostrando su trabajo desde finales de los ochenta bajo el nombre de Comisión cívica para la recuperación de la Memoria, han recogido ese esfuerzo de muchos hombres y mujeres conocidos y reconocidos, y tantos otros, muchos más, anónimos si bien recordados en el homenaje repetido cada año a propósito de estos aniversarios.
Todos los que la sostienen este esfuerzo desde ayer y con los que la sostendrán mañana, están escribiendo un capítulo más de todos los que, desde fuera, exiliados, y desde dentro, en el exilio interior de la España Franquista, más tarde de la España democrática, fueron iluminando los tiempos vacíos de nuestros recuerdos. Ese coraje que han acumulado llega desde la resistencia, la insistencia, la constancia fiel de muchos ya desaparecidos y de otras y otros todavía vivos y activos.
El soporte imprescindible que ha facilitado el trabajo de los más renombrados y todos los que hoy, semana tras semana tejen los hilos que muestran en estos días la solidaridad materializada ya, por fin, en el monolito instalado en el puerto de Alicante. Es un modesto colofón conseguido tras los homenajes anuales en el humilde nicho 1009 del cementerio de Alicante (“Miguel Hernández. Poeta”), en la cárcel de Benalúa donde se plasmó el homenaje a los poetas del sacrificio, en el Instituto de bachillerato al que pusieron el nombre de Miguel Hernández que ha alcanzado ya una presencia en el nuevo edificio. Luego ha llegado el reconocimiento de los espacios ocultados: el campo de Albatera, la posición Yuste y Dakar, la fosa y las sepulturas del cementerio de Alicante...
Como colofón e inicio del año de la Memoria, contra la falsa historia del año de la Victoria fascista, aquí hoy, en este puerto tuneado, maquillado, por fin su memoria queda recuperada de forma expresa en esta placa que hablará al pueblo de Alicante y a todos sus visitantes de los hechos ignominiosos que tanto ha costado recordar. La memoria continúa, la Comisión cívica para su recuperación también e invita a todos, en especial a los jóvenes, a unirse a sus trabajos, ampliarlos, difundirlos para frenar con ello la renovación de la barbarie.
Por una España verdaderamente moderna, laica, culta, igualitaria, por su definitiva normalización democrática, y por el progreso armónico del bienestar de todos sus ciudadanos en la que veamos el fin de la “Gallina ciega”, en la que tan lúcidamente Max Aub describe las consecuencias de haber dejado en la cuneta los cuerpos, los pensamientos, las creaciones, la libertad... que han de volver en los brazos de nuestra esperanza, la misma que alimentó a quienes continuaron la resistencia en forma de guerrilla provocando nuevos partes de guerra durante años, después del aparentemente definitivo parte del 1 de abril de 1939.
Éste es el poema de amor, muerte y esperanza por la justicia, encontrado en los últimos días de este mismo año entre los papeles polvorientos del archivo de la democracia de la Universidad de Alicante:
A los dioses que se alejan
Iré a morir al monte
con el saco repleto de tus ausencias
con el cáliz amable de mis tristezas.
Tú no estarás, como nunca has estado.
Los silencios lejanos nos aniquilan.
Las palabras cercanas nos resucitan
Aún tan escasas.
Voy al monte querido,
la mar y el firmamento,
los pájaros y los insectos,
las plantas semivivas.
En el monte te espero,
ya para nunca.


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10-05-2014

En defensa de la educación infantil
No me bajo de Las Nubes

Cuarto Poder



Las Nubes es el nombre de una escuela de educación infantil de 0 a 3 años del barrio de Retiro-Pacífico de Madrid que lucha para mantener su proyecto educativo sostenible y con criterio científico y profesional. Las familias rechazan que se ponga en riesgo el buen funcionamiento de la escuela por una más que dudosa y ridícula rebaja presupuestaria.
Las familias y algunos profesores de Las Nubes y de otras escuelas infantiles de Madrid se manifestaron hace unos días frente a la consejería de Educación. La razón era denunciar los recortes en educación infantil y la privatización de las escuelas. Desde hace tiempo la Comunidad de Madrid viene desmantelamiento una de las mejores redes de escuelas infantiles existentes haciendo que las escuelas públicas pasen a ser de gestión privada directa o indirecta en base a criterios de rentabilidad económica, como si educar bebés fuera un negocio.
De hecho, están aterrizando en el sector empresas que nada tienen que ver con la educación, sino con servicios de otro tipo como la construcción, la seguridad, la limpieza o la jardinería. ¿Cómo funciona exactamente el mecanismo que hace que acudan a las escuelas infantiles grandes empresas multiservicios como las moscas a la miel de los beneficios? Los requisitos para la adjudicación de la gestión indirecta de las escuelas infantiles públicas de Madrid han sido cambiados por la administración y se da más peso al precio del servicio que al proyecto educativo. Así, hay cooperativas de larga trayectoria y calidad que son desplazadas por empresas privadas que solo miran por su beneficios. Y si hay negocio, desaparece la pedagogía.
Cuando se desprecia la pedagogía y la psicología aparecen las ocurrencias. La última de la Consejería de Madrid, que no sabe que inventar ya para cargarse la educación pública, es querer que cualquier titulado pueda ejercer de maestro de infantil y primaria, despreciando otra vez la complejidad de esa etapa educativa. ¿Se imaginan un licenciado en veterinaria como educador con bebés de un año?
El problema no es que las empresas privadas conciban las escuelas infantiles como una guardería y aparcamiento de bebés. Es que el gobierno piensa lo mismo. Ignoran ese tramo educativo fundamental en la LOMCE. No reconocen esta etapa como educativa, y de ahí se deriva todo lo demás.
Para saber de lo que hablamos conviene detenerse en la importancia de la educación infantil. Dice el neurólogo Joaquim Jubert que el 75% de la masa cerebral se forma en los seis primeros años de vida, especialmente en el primer año del bebé que pasa de un volumen de 340 a 970 gramos. Y no es solo una cuestión de peso sino de arborizaciones dendríticas, conexiones y circuitos neuronales donde reside y circula todo el aprendizaje. La educación infantil es por tanto un periodo óptimo para el aprendizaje porque se da un máximo de conectividad.
Un dato tremendo que sitúa la gravedad del problema existente es que se ha producido un abusivo aumento de las cuotas de las escuelas infantiles, llegando a cifras de 234 a 340 euros mensuales por niño. La subida de tarifas también tiene un efecto perverso de animar a las madres a quedarse en casa, renunciando a una actividad laboral y a unos ingresos que aseguren su independencia económica y personal.
En paralelo, se destinan 34 millones de euros al cheque-bebé para las familias que lleven sus hijos a centros privados (de 100 a 160 euros al mes). Ello hace que la mitad de las familias renuncien a la plaza pública por no poder pagarla y vayan a una privada donde pueden acogerse a las subvenciones del cheque-guardería. Es una manera descarada de robar clientela a lo público y privatizar por esa vía el servicio.
También se producen situaciones tan escandalosas como que la consejera de educación de Madrid, Lucía Figar, pueda beneficiarse del cheque-bebé para su hija a pesar de tener unos elevadísimos ingresos entre ella (8.379 euros brutos al mes) y su marido (diputado del PP). Solo caben dos conclusiones ante este hecho: si tiene derecho al cheque es que su norma está mal hecha, porque permite estas injustas situaciones cuando ha suprimido 300.000 becas de libros y 110.000 becas de comedor; y si no tiene derecho, peor aún.
Es fundamental tener conciencia ciudadana de la importancia de este tramo educativo.Como dice la Campaña de la Plataforma Estatal por la Educación Infantil de 0 a 6 años, todos los niños y niñas tiene derecho a una educación pública universal desde su nacimiento y nadie debe quedar excluido. Porque la educación debe de ser respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna. No puede ser un negocio en ningún caso y la administración no debe utilizar criterios economicistas. Los niños no son objetos a guardar, sino personas a las que educar. Porque la educación infantil es nuestro futuro.




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Homenaje a los republicanos en el puerto de Alicante 75 años después del fin de la guerra civil
Año de la Memoria 2014




El pasado 1 de abril se cumplieron 75 años del fin de la guerra civil. En esos días aciagos entre 12.000 y 15.000 personas se concentraron en el Puerto de Alicante tratando de huir de la brutal represión fascista. La mayoría no pudo escapar. La Comisión de la Verdad de Alicante ha rendido homenaje a todos aquellos republicanos.
Año de la memoria 2014, setenta y cinco después de los hechos terribles con que empezó el fin de la guerra civil, la resistencia armada contra los militares golpistas amparados por las élites nacionales e internacionales que necesitaban reforzar sus privilegios. Un comienzo que se simboliza en el puerto de Alicante, la última plaza tomada por los insurrectos. El fin de la guerra se prolongó como pronosticaron los hechos recordados en el muelle de levante del puerto alicantino. La primavera tramposa de 1939 introdujo a miles de personas en el más crudo y largo invierno.
En el aniversario de la derrota final de un proyecto democrático interrumpido por la implantación del terror como sistema de aprendizaje, hay que recordar los hechos puntuales y la larga continuidad que tuvieron. Para conseguir el triunfo y la persistencia de los valores y la opresión generalizada que inundó España, se usaron desde el primer momento, en todas las plazas que se fueron conquistando, los campos de concentración, las cárceles, como lugares de encuentro segregado por sexos. Enseguida se utilizaron también las escuelas, las iglesias, los campamentos juveniles... Instrumentos y maneras que marcaron muchas vidas durante cuarenta años con los obligados efectos de largo alcance.
Han pasado siete décadas y media desde los hechos acaecidos en 1939 en este escenario que hoy, de nuevo, nos congrega. Primero fue el silencio. O más bien los susurros con los que, entrecortadamente, se fueron conociendo nuestra propia historia. Quienes pudieron escapar a estas formas de represión, de ignominia, de acallamiento, fueron escribiendo los capítulos de nuestra historia oculta que sólo en las últimas dos décadas ha empezado a mostrarse. A mostrarse y a ocultarse, con vaivenes desiguales.
Tiempo de primavera y de memoria, año de la Memoria con mayúscula, ocasión excelente para avanzar por el largo camino de la construcción de nuestra historia local, de las comarcas del sur, de la sociedad española. Los pueblos de España han vuelto a palpitar, año tras año, celebración tras celebración, con el corazón y las heridas de los que se fueron sin testimonio, a no ser el de su cautiverio, el de su muerte. Pocos años todavía en los que se ha comenzado a desvelar los horrores del largo y oscuro período de la dictadura Franquista.
El pueblo no ha olvidado, y sigue despertando convocado a expresar sus testimonios, a construir memoria, a rechazar la reproducción de la barbarie que ya asoma de nuevo. Para evitar así que se cumpla “el objetivo de los poderosos de todas las épocas como pronosticaba Rodolfo Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas”.
Año de la Memoria tejido con tantas memorias, desde dentro y desde fuera de esta España confusa, contra el silencio, contra la estupidez. Tiempo éste de los mayores y los jóvenes, tiempo de mantener y alimentar una antorcha que debe iluminar la vida tenebrosa hacia la que parece conducirnos la resurrección de la barbarie. No hay que dejar paso a la juventud, hay que caminar con ellos, codo con codo, verso con verso, pasión con pasión, razón y lucidez, coraje, trabajo, fuerza. Las distintas asociaciones que han ido mostrando su trabajo desde finales de los ochenta bajo el nombre de Comisión cívica para la recuperación de la Memoria, han recogido ese esfuerzo de muchos hombres y mujeres conocidos y reconocidos, y tantos otros, muchos más, anónimos si bien recordados en el homenaje repetido cada año a propósito de estos aniversarios.
Todos los que la sostienen este esfuerzo desde ayer y con los que la sostendrán mañana, están escribiendo un capítulo más de todos los que, desde fuera, exiliados, y desde dentro, en el exilio interior de la España Franquista, más tarde de la España democrática, fueron iluminando los tiempos vacíos de nuestros recuerdos. Ese coraje que han acumulado llega desde la resistencia, la insistencia, la constancia fiel de muchos ya desaparecidos y de otras y otros todavía vivos y activos.
El soporte imprescindible que ha facilitado el trabajo de los más renombrados y todos los que hoy, semana tras semana tejen los hilos que muestran en estos días la solidaridad materializada ya, por fin, en el monolito instalado en el puerto de Alicante. Es un modesto colofón conseguido tras los homenajes anuales en el humilde nicho 1009 del cementerio de Alicante (“Miguel Hernández. Poeta”), en la cárcel de Benalúa donde se plasmó el homenaje a los poetas del sacrificio, en el Instituto de bachillerato al que pusieron el nombre de Miguel Hernández que ha alcanzado ya una presencia en el nuevo edificio. Luego ha llegado el reconocimiento de los espacios ocultados: el campo de Albatera, la posición Yuste y Dakar, la fosa y las sepulturas del cementerio de Alicante...
Como colofón e inicio del año de la Memoria, contra la falsa historia del año de la Victoria fascista, aquí hoy, en este puerto tuneado, maquillado, por fin su memoria queda recuperada de forma expresa en esta placa que hablará al pueblo de Alicante y a todos sus visitantes de los hechos ignominiosos que tanto ha costado recordar. La memoria continúa, la Comisión cívica para su recuperación también e invita a todos, en especial a los jóvenes, a unirse a sus trabajos, ampliarlos, difundirlos para frenar con ello la renovación de la barbarie.
Por una España verdaderamente moderna, laica, culta, igualitaria, por su definitiva normalización democrática, y por el progreso armónico del bienestar de todos sus ciudadanos en la que veamos el fin de la “Gallina ciega”, en la que tan lúcidamente Max Aub describe las consecuencias de haber dejado en la cuneta los cuerpos, los pensamientos, las creaciones, la libertad... que han de volver en los brazos de nuestra esperanza, la misma que alimentó a quienes continuaron la resistencia en forma de guerrilla provocando nuevos partes de guerra durante años, después del aparentemente definitivo parte del 1 de abril de 1939.
Éste es el poema de amor, muerte y esperanza por la justicia, encontrado en los últimos días de este mismo año entre los papeles polvorientos del archivo de la democracia de la Universidad de Alicante:
A los dioses que se alejan
Iré a morir al monte
con el saco repleto de tus ausencias
con el cáliz amable de mis tristezas.
Tú no estarás, como nunca has estado.
Los silencios lejanos nos aniquilan.
Las palabras cercanas nos resucitan
Aún tan escasas.
Voy al monte querido,
la mar y el firmamento,
los pájaros y los insectos,
las plantas semivivas.
En el monte te espero,
ya para nunca.


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10-05-2014

En defensa de la educación infantil
No me bajo de Las Nubes

Cuarto Poder



Las Nubes es el nombre de una escuela de educación infantil de 0 a 3 años del barrio de Retiro-Pacífico de Madrid que lucha para mantener su proyecto educativo sostenible y con criterio científico y profesional. Las familias rechazan que se ponga en riesgo el buen funcionamiento de la escuela por una más que dudosa y ridícula rebaja presupuestaria.
Las familias y algunos profesores de Las Nubes y de otras escuelas infantiles de Madrid se manifestaron hace unos días frente a la consejería de Educación. La razón era denunciar los recortes en educación infantil y la privatización de las escuelas. Desde hace tiempo la Comunidad de Madrid viene desmantelamiento una de las mejores redes de escuelas infantiles existentes haciendo que las escuelas públicas pasen a ser de gestión privada directa o indirecta en base a criterios de rentabilidad económica, como si educar bebés fuera un negocio.
De hecho, están aterrizando en el sector empresas que nada tienen que ver con la educación, sino con servicios de otro tipo como la construcción, la seguridad, la limpieza o la jardinería. ¿Cómo funciona exactamente el mecanismo que hace que acudan a las escuelas infantiles grandes empresas multiservicios como las moscas a la miel de los beneficios? Los requisitos para la adjudicación de la gestión indirecta de las escuelas infantiles públicas de Madrid han sido cambiados por la administración y se da más peso al precio del servicio que al proyecto educativo. Así, hay cooperativas de larga trayectoria y calidad que son desplazadas por empresas privadas que solo miran por su beneficios. Y si hay negocio, desaparece la pedagogía.
Cuando se desprecia la pedagogía y la psicología aparecen las ocurrencias. La última de la Consejería de Madrid, que no sabe que inventar ya para cargarse la educación pública, es querer que cualquier titulado pueda ejercer de maestro de infantil y primaria, despreciando otra vez la complejidad de esa etapa educativa. ¿Se imaginan un licenciado en veterinaria como educador con bebés de un año?
El problema no es que las empresas privadas conciban las escuelas infantiles como una guardería y aparcamiento de bebés. Es que el gobierno piensa lo mismo. Ignoran ese tramo educativo fundamental en la LOMCE. No reconocen esta etapa como educativa, y de ahí se deriva todo lo demás.
Para saber de lo que hablamos conviene detenerse en la importancia de la educación infantil. Dice el neurólogo Joaquim Jubert que el 75% de la masa cerebral se forma en los seis primeros años de vida, especialmente en el primer año del bebé que pasa de un volumen de 340 a 970 gramos. Y no es solo una cuestión de peso sino de arborizaciones dendríticas, conexiones y circuitos neuronales donde reside y circula todo el aprendizaje. La educación infantil es por tanto un periodo óptimo para el aprendizaje porque se da un máximo de conectividad.
Un dato tremendo que sitúa la gravedad del problema existente es que se ha producido un abusivo aumento de las cuotas de las escuelas infantiles, llegando a cifras de 234 a 340 euros mensuales por niño. La subida de tarifas también tiene un efecto perverso de animar a las madres a quedarse en casa, renunciando a una actividad laboral y a unos ingresos que aseguren su independencia económica y personal.
En paralelo, se destinan 34 millones de euros al cheque-bebé para las familias que lleven sus hijos a centros privados (de 100 a 160 euros al mes). Ello hace que la mitad de las familias renuncien a la plaza pública por no poder pagarla y vayan a una privada donde pueden acogerse a las subvenciones del cheque-guardería. Es una manera descarada de robar clientela a lo público y privatizar por esa vía el servicio.
También se producen situaciones tan escandalosas como que la consejera de educación de Madrid, Lucía Figar, pueda beneficiarse del cheque-bebé para su hija a pesar de tener unos elevadísimos ingresos entre ella (8.379 euros brutos al mes) y su marido (diputado del PP). Solo caben dos conclusiones ante este hecho: si tiene derecho al cheque es que su norma está mal hecha, porque permite estas injustas situaciones cuando ha suprimido 300.000 becas de libros y 110.000 becas de comedor; y si no tiene derecho, peor aún.
Es fundamental tener conciencia ciudadana de la importancia de este tramo educativo.Como dice la Campaña de la Plataforma Estatal por la Educación Infantil de 0 a 6 años, todos los niños y niñas tiene derecho a una educación pública universal desde su nacimiento y nadie debe quedar excluido. Porque la educación debe de ser respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna. No puede ser un negocio en ningún caso y la administración no debe utilizar criterios economicistas. Los niños no son objetos a guardar, sino personas a las que educar. Porque la educación infantil es nuestro futuro.




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Homenaje a los republicanos en el puerto de Alicante 75 años después del fin de la guerra civil
Año de la Memoria 2014




El pasado 1 de abril se cumplieron 75 años del fin de la guerra civil. En esos días aciagos entre 12.000 y 15.000 personas se concentraron en el Puerto de Alicante tratando de huir de la brutal represión fascista. La mayoría no pudo escapar. La Comisión de la Verdad de Alicante ha rendido homenaje a todos aquellos republicanos.
Año de la memoria 2014, setenta y cinco después de los hechos terribles con que empezó el fin de la guerra civil, la resistencia armada contra los militares golpistas amparados por las élites nacionales e internacionales que necesitaban reforzar sus privilegios. Un comienzo que se simboliza en el puerto de Alicante, la última plaza tomada por los insurrectos. El fin de la guerra se prolongó como pronosticaron los hechos recordados en el muelle de levante del puerto alicantino. La primavera tramposa de 1939 introdujo a miles de personas en el más crudo y largo invierno.
En el aniversario de la derrota final de un proyecto democrático interrumpido por la implantación del terror como sistema de aprendizaje, hay que recordar los hechos puntuales y la larga continuidad que tuvieron. Para conseguir el triunfo y la persistencia de los valores y la opresión generalizada que inundó España, se usaron desde el primer momento, en todas las plazas que se fueron conquistando, los campos de concentración, las cárceles, como lugares de encuentro segregado por sexos. Enseguida se utilizaron también las escuelas, las iglesias, los campamentos juveniles... Instrumentos y maneras que marcaron muchas vidas durante cuarenta años con los obligados efectos de largo alcance.
Han pasado siete décadas y media desde los hechos acaecidos en 1939 en este escenario que hoy, de nuevo, nos congrega. Primero fue el silencio. O más bien los susurros con los que, entrecortadamente, se fueron conociendo nuestra propia historia. Quienes pudieron escapar a estas formas de represión, de ignominia, de acallamiento, fueron escribiendo los capítulos de nuestra historia oculta que sólo en las últimas dos décadas ha empezado a mostrarse. A mostrarse y a ocultarse, con vaivenes desiguales.
Tiempo de primavera y de memoria, año de la Memoria con mayúscula, ocasión excelente para avanzar por el largo camino de la construcción de nuestra historia local, de las comarcas del sur, de la sociedad española. Los pueblos de España han vuelto a palpitar, año tras año, celebración tras celebración, con el corazón y las heridas de los que se fueron sin testimonio, a no ser el de su cautiverio, el de su muerte. Pocos años todavía en los que se ha comenzado a desvelar los horrores del largo y oscuro período de la dictadura Franquista.
El pueblo no ha olvidado, y sigue despertando convocado a expresar sus testimonios, a construir memoria, a rechazar la reproducción de la barbarie que ya asoma de nuevo. Para evitar así que se cumpla “el objetivo de los poderosos de todas las épocas como pronosticaba Rodolfo Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas”.
Año de la Memoria tejido con tantas memorias, desde dentro y desde fuera de esta España confusa, contra el silencio, contra la estupidez. Tiempo éste de los mayores y los jóvenes, tiempo de mantener y alimentar una antorcha que debe iluminar la vida tenebrosa hacia la que parece conducirnos la resurrección de la barbarie. No hay que dejar paso a la juventud, hay que caminar con ellos, codo con codo, verso con verso, pasión con pasión, razón y lucidez, coraje, trabajo, fuerza. Las distintas asociaciones que han ido mostrando su trabajo desde finales de los ochenta bajo el nombre de Comisión cívica para la recuperación de la Memoria, han recogido ese esfuerzo de muchos hombres y mujeres conocidos y reconocidos, y tantos otros, muchos más, anónimos si bien recordados en el homenaje repetido cada año a propósito de estos aniversarios.
Todos los que la sostienen este esfuerzo desde ayer y con los que la sostendrán mañana, están escribiendo un capítulo más de todos los que, desde fuera, exiliados, y desde dentro, en el exilio interior de la España Franquista, más tarde de la España democrática, fueron iluminando los tiempos vacíos de nuestros recuerdos. Ese coraje que han acumulado llega desde la resistencia, la insistencia, la constancia fiel de muchos ya desaparecidos y de otras y otros todavía vivos y activos.
El soporte imprescindible que ha facilitado el trabajo de los más renombrados y todos los que hoy, semana tras semana tejen los hilos que muestran en estos días la solidaridad materializada ya, por fin, en el monolito instalado en el puerto de Alicante. Es un modesto colofón conseguido tras los homenajes anuales en el humilde nicho 1009 del cementerio de Alicante (“Miguel Hernández. Poeta”), en la cárcel de Benalúa donde se plasmó el homenaje a los poetas del sacrificio, en el Instituto de bachillerato al que pusieron el nombre de Miguel Hernández que ha alcanzado ya una presencia en el nuevo edificio. Luego ha llegado el reconocimiento de los espacios ocultados: el campo de Albatera, la posición Yuste y Dakar, la fosa y las sepulturas del cementerio de Alicante...
Como colofón e inicio del año de la Memoria, contra la falsa historia del año de la Victoria fascista, aquí hoy, en este puerto tuneado, maquillado, por fin su memoria queda recuperada de forma expresa en esta placa que hablará al pueblo de Alicante y a todos sus visitantes de los hechos ignominiosos que tanto ha costado recordar. La memoria continúa, la Comisión cívica para su recuperación también e invita a todos, en especial a los jóvenes, a unirse a sus trabajos, ampliarlos, difundirlos para frenar con ello la renovación de la barbarie.
Por una España verdaderamente moderna, laica, culta, igualitaria, por su definitiva normalización democrática, y por el progreso armónico del bienestar de todos sus ciudadanos en la que veamos el fin de la “Gallina ciega”, en la que tan lúcidamente Max Aub describe las consecuencias de haber dejado en la cuneta los cuerpos, los pensamientos, las creaciones, la libertad... que han de volver en los brazos de nuestra esperanza, la misma que alimentó a quienes continuaron la resistencia en forma de guerrilla provocando nuevos partes de guerra durante años, después del aparentemente definitivo parte del 1 de abril de 1939.
Éste es el poema de amor, muerte y esperanza por la justicia, encontrado en los últimos días de este mismo año entre los papeles polvorientos del archivo de la democracia de la Universidad de Alicante:
A los dioses que se alejan
Iré a morir al monte
con el saco repleto de tus ausencias
con el cáliz amable de mis tristezas.
Tú no estarás, como nunca has estado.
Los silencios lejanos nos aniquilan.
Las palabras cercanas nos resucitan
Aún tan escasas.
Voy al monte querido,
la mar y el firmamento,
los pájaros y los insectos,
las plantas semivivas.
En el monte te espero,
ya para nunca.


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En defensa de la educación infantil
No me bajo de Las Nubes

Cuarto Poder



Las Nubes es el nombre de una escuela de educación infantil de 0 a 3 años del barrio de Retiro-Pacífico de Madrid que lucha para mantener su proyecto educativo sostenible y con criterio científico y profesional. Las familias rechazan que se ponga en riesgo el buen funcionamiento de la escuela por una más que dudosa y ridícula rebaja presupuestaria.
Las familias y algunos profesores de Las Nubes y de otras escuelas infantiles de Madrid se manifestaron hace unos días frente a la consejería de Educación. La razón era denunciar los recortes en educación infantil y la privatización de las escuelas. Desde hace tiempo la Comunidad de Madrid viene desmantelamiento una de las mejores redes de escuelas infantiles existentes haciendo que las escuelas públicas pasen a ser de gestión privada directa o indirecta en base a criterios de rentabilidad económica, como si educar bebés fuera un negocio.
De hecho, están aterrizando en el sector empresas que nada tienen que ver con la educación, sino con servicios de otro tipo como la construcción, la seguridad, la limpieza o la jardinería. ¿Cómo funciona exactamente el mecanismo que hace que acudan a las escuelas infantiles grandes empresas multiservicios como las moscas a la miel de los beneficios? Los requisitos para la adjudicación de la gestión indirecta de las escuelas infantiles públicas de Madrid han sido cambiados por la administración y se da más peso al precio del servicio que al proyecto educativo. Así, hay cooperativas de larga trayectoria y calidad que son desplazadas por empresas privadas que solo miran por su beneficios. Y si hay negocio, desaparece la pedagogía.
Cuando se desprecia la pedagogía y la psicología aparecen las ocurrencias. La última de la Consejería de Madrid, que no sabe que inventar ya para cargarse la educación pública, es querer que cualquier titulado pueda ejercer de maestro de infantil y primaria, despreciando otra vez la complejidad de esa etapa educativa. ¿Se imaginan un licenciado en veterinaria como educador con bebés de un año?
El problema no es que las empresas privadas conciban las escuelas infantiles como una guardería y aparcamiento de bebés. Es que el gobierno piensa lo mismo. Ignoran ese tramo educativo fundamental en la LOMCE. No reconocen esta etapa como educativa, y de ahí se deriva todo lo demás.
Para saber de lo que hablamos conviene detenerse en la importancia de la educación infantil. Dice el neurólogo Joaquim Jubert que el 75% de la masa cerebral se forma en los seis primeros años de vida, especialmente en el primer año del bebé que pasa de un volumen de 340 a 970 gramos. Y no es solo una cuestión de peso sino de arborizaciones dendríticas, conexiones y circuitos neuronales donde reside y circula todo el aprendizaje. La educación infantil es por tanto un periodo óptimo para el aprendizaje porque se da un máximo de conectividad.
Un dato tremendo que sitúa la gravedad del problema existente es que se ha producido un abusivo aumento de las cuotas de las escuelas infantiles, llegando a cifras de 234 a 340 euros mensuales por niño. La subida de tarifas también tiene un efecto perverso de animar a las madres a quedarse en casa, renunciando a una actividad laboral y a unos ingresos que aseguren su independencia económica y personal.
En paralelo, se destinan 34 millones de euros al cheque-bebé para las familias que lleven sus hijos a centros privados (de 100 a 160 euros al mes). Ello hace que la mitad de las familias renuncien a la plaza pública por no poder pagarla y vayan a una privada donde pueden acogerse a las subvenciones del cheque-guardería. Es una manera descarada de robar clientela a lo público y privatizar por esa vía el servicio.
También se producen situaciones tan escandalosas como que la consejera de educación de Madrid, Lucía Figar, pueda beneficiarse del cheque-bebé para su hija a pesar de tener unos elevadísimos ingresos entre ella (8.379 euros brutos al mes) y su marido (diputado del PP). Solo caben dos conclusiones ante este hecho: si tiene derecho al cheque es que su norma está mal hecha, porque permite estas injustas situaciones cuando ha suprimido 300.000 becas de libros y 110.000 becas de comedor; y si no tiene derecho, peor aún.
Es fundamental tener conciencia ciudadana de la importancia de este tramo educativo.Como dice la Campaña de la Plataforma Estatal por la Educación Infantil de 0 a 6 años, todos los niños y niñas tiene derecho a una educación pública universal desde su nacimiento y nadie debe quedar excluido. Porque la educación debe de ser respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna. No puede ser un negocio en ningún caso y la administración no debe utilizar criterios economicistas. Los niños no son objetos a guardar, sino personas a las que educar. Porque la educación infantil es nuestro futuro.




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