dissabte, 12 de gener de 2013



                   


                         Cuando comprar barato sale caro






Público.es


Tres, dos, uno, cero. Las rebajas ya están aquí. Ofertas, descuentos, % de ahorro… ocupan escaparates de tiendas y centros comerciales. Es el momento de comprar y comprar barato. Pero, ¿es realmente tan barato aquello que compramos? ¿Qué se esconde detrás de prendas de vestir y aparatos electrónicos? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con nuestra compra? A menudo lo que parece barato puede resultar muy caro.

Mango, Zara, H&M, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Gap, Oysho… nos dicen ofrecer, y más en período de rebajas, precios bajos. Lo que no nos dicen, y se oculta tras una etiqueta made in China, Bangladesh, Marruecos…, es el cómo consiguen dichos precios. La deslocalización industrial es la respuesta: producir pagando el mínimo coste posible por la mano de obra y, consecuentemente, violando derechos humanos y laborales básicos. Así lo explican y documentan exhaustivamente varios informes de la campaña Ropa Limpia. Unas prácticas que, por cierto, no distan en nada de aquellas grandes marcas que venden productos un poco más caros o de gama alta. La lógica es la misma. Detrás del “glamour” o el “lujo” se esconde el sudor de los trabajadores mal pagados.

El informe La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección de la campaña Ropa Limpia de Setem es una de las muchas investigaciones que pone blanco sobre negro. El informe analiza cuál es la situación de las trabajadoras en los talleres textiles de Tánger que proveen a importantes firmas internacionales y descubre las condiciones laborales en dichos centros de confección marroquíes: jornadas de trabajo de hasta 12 horas diarias, seis días a la semana, y con un salario no superior a los 200 euros mensuales, y que en ocasiones puede ser, incluso, inferior a los 100 euros al mes, arbitrariedad en la contratación y el despido, trabas a la organización sindical, etc. Una situación extrapolable a muchos otros países. No en vano la mayor parte de nuestras prendas de vestir se elaboran en Asia, América Central, Europa del Este o África.

Pero no sólo los trabajadores de los centros de producción en origen son los que salen perdiendo, también aquí los empleados en los centros comerciales, en los puntos de venta, están sometidos a unas condiciones laborales precarias, flexibles, con dificultades para organizarse sindicalmente… Y la presión por un conseguir un coste lo más bajo posible recae, asimismo, sobre ellos. Los responsables del paro y la precariedad en el Norte no son los trabajadores de los países del Sur, sino unas elites económicas y empresariales que buscan hacer negocio con nuestras vidas, tanto aquí como en la otra punta del planeta.

De este modo, Amancio Ortega, propietario de Inditex, y que tiene en su haber marcas como Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, se convirtió el pasado 2012, según la revista Forbes, en el tercer hombre más rico del mundo, a pesar, o gracias, según como se mire, a la crisis económica.

Y las mismas pautas se repiten en la producción, distribución y venta de electrodomésticos, productos informáticos e incluso comida. Y no sólo unos pocos se aprovechan de unas condiciones laborales precarias o inexistentes sino también de unas legislaciones medioambientales extremadamente débiles. Así el actual sistema de producción de bienes de consumo se lucra de explotar recursos naturales finitos, enfermar a trabajadores o a comunidades y/o contaminar allí donde los ojos de la mayoría no ven. Todo, evidentemente, a coste cero.

Luego nos dicen que podemos comprar barato. Y las rebajas son el máximo exponente de esta práctica. Pero, ¿resulta tan barato aquello que compramos? El actual modelo de producción y consumo cuenta con una serie de costes ocultos que acabamos sufragando entre todos. La explotación laboral, la precariedad, los sueldos de miseria, los débiles o nulos derechos sindicales… ya sea en los países del Sur o en el Norte generan pobreza, desigualdades, hambre, desahucios… y es el Estado quien tiene que gestionar dichas situaciones y conflictos con todo lo que implica de coste social y económico.

Lo mismo sucede con las empresas que contaminan, que explotan sin control ni límite los recursos naturales, que generan con sus prácticas cambio climático y destrucción medioambiental… ¿quién paga por una producción fragmentada, deslocalizada y kilométrica adicta al petroleo y generadora de gases de efecto invernadero? ¿Quién paga por comunidades desplazadas, trabajadores enfermos y territorios inhabitables? ¿Quién asume las consecuencias de un modelo agrícola y alimentario que acaba con la agrodiversidad, el campesinado y nos hace adictos a la comida basura? Nosotros. A la empresa, le sale gratis. Se trata de los costes invisibles de unas prácticas abusivas, que se supone nadie asume. La tozuda realidad nos demuestra, todo lo contrario, que es la sociedad quien paga, y mucho.

Y lo más escandaloso de la cuestión es que para llevar a cabo estas prácticas, las multinacionales cuentan con el apoyo activo de quienes están en las instituciones y diseñan las políticas económicas, sociales, medioambientales, laborales… al servicio de los intereses de las primeras. Como se ha repetido, reiteradamente, en la calles, vivimos en una democracia secuestrada. Y aunque nos digan, una y otra vez, que “comprando barato ganamos todos”, la realidad es otra: lo barato sale caro. Y, al final, nosotros, la mayoría, pagamos la factura.

*Artículo publicado en Público, 09/01/2013.

 
+info: www.esthervivas.com
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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dimecres, 9 de gener de 2013


11-01-2013

Ningún cargo político ha asumido responsabilidades por el accidente de metro que ocasionó 43 muertos en julio de 2006




La Generalitat Valenciana despide a 310 trabajadores del metro y el tranvía en Valencia y Alicante



Cuando el buitre neoliberal acecha, es porque huele a cadáver en el sector público. Y en el País Valenciano, el buitre no hace más que engordar. El Gobierno Valenciano presentó siete Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en otras tantas empresas públicas durante 2012. Pero el objetivo final no queda ahí. El Consell pretende un recorte de plantillas que afectará, según las fuentes oficiales, a entre el 40 y el 50% del sector, es decir, a unos cinco mil empleados de empresas públicas.
En Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (empresa pública que gestiona el metro y el tranvía en Valencia, Alicante y sus respectivas áreas metropolitanas), el Gobierno Valenciano ha aprobado un ERE, de acuerdo con los sindicatos con mayor representación en la empresa (UGT, CCOO, SEMAF y SCF), que implica el despido de 310 trabajadores, de los que 236 corresponden a jubilaciones y prejubilaciones. Además, la empresa y las citadas organizaciones sindicales acordaron una reducción salarial del 10% para todo el personal desde el 1 de enero de 2013.

El Expediente de Regulación de Empleo, que cuenta con el voto en contra de SIF y SF-Intersindical Valenciana, ha sido respaldado en referéndum por el 70% de los trabajadores de FGV. Inicialmente, el ERE proponía el despido de 450 empleados, lo que dio lugar a paros parciales y jornadas de huelga convocadas por las organizaciones sindicales.

Además de afectar al personal en plantilla, los planes de la Conselleria de Infraestructuras apuntan a la línea de flotación de un servicio público esencial. Según informaciones de Levante-EMV, el Plan de Saneamiento de FGV, elaborado por la consultora privada Improven, aconseja el cierre de líneas (Benidorm-Denia Norte y otra en Alicante), la reducción de frecuencias y la venta de estaciones (Calpe, Denia y algunas en Valencia), con lo que la empresa podría ahorrarse unos 30 millones de euros, según informa el rotativo valenciano.

No son políticas inocentes. Se envuelven siempre en el celofán propagandístico de la “eficiencia”, el “adelgazamiento del pesado sector público” y la idea de “devolver la iniciativa a la sociedad civil”. Pero a juicio de la diputada autonómica de EUPV-IU, Marina Albiol, “lo que el PP tiene en mente en todo momento es la privatización del transporte público que, además, en el País Valenciano es cada vez más caro y de peor calidad”.

En la historia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana cabe puntear otros hitos tan relevantes como el ERE. El 3 de julio de 2006, FGV saltó a las primeras planas de la prensa internacional por un accidente en la línea 1 del metro de Valencia, el de mayor gravedad en la historia de España, que se saldó con 43 muertos y 47 heridos. Los familiares de las víctimas han salido hasta en 73 ocasiones a la céntrica plaza de la Virgen de Valencia para que se les dé alguna explicación por lo ocurrido. Pero nadie responde ni ha dimitido por los hechos, sucedidos durante el mandato de Francisco Camps. A pesar de todas las lagunas y puntos oscuros que rodean a la tragedia, hace tiempo que se impuso una sola versión política y judicial: toda la culpa fue del conductor, que falleció en el mismo accidente, por circular a mayor velocidad de la debida. “Es lo que hay” , se les viene a decir a las familias.

Con una década a sus espaldas como directora gerente (hasta que dimitió el 30 de octubre de 2012), casi nada de lo sucedido en FGV escapa a la responsabilidad de Marisa Gracia. De entrada, no vio necesidad de presentar su dimisión tras el fatídico accidente de metro, pese a que sindicatos con representación en la empresa y familiares de las víctimas denunciaran la falta de inversiones y de medidas de seguridad. Tampoco dimitió por los hechos el entonces conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón (ya fallecido).

Recientemente, el grupo parlamentario de Compromís anunció que presentaría una denuncia contra Gracia por el “saqueo” de la empresa FGV y, en concreto, por pagar más de 620.000 euros en 8 años (entre octubre de 2004 y enero de 2012) a la consultora H&M Sanchis, en concepto de campañas de comunicación, asesoramiento y elaboración de contenidos. ¿Qué pagos se esconden bajo estos epígrafes? Por ejemplo, 20.900 para elaborar un plan de comunicación en el año 2004, 8.500 euros para el asesoramiento de publicaciones internas de FGV, 7.500 euros en varias ocasiones para preparar ruedas de prensa y 7.080 euros para preparar la comunicación de la empresa coincidiendo con el quinto aniversario del accidente de metro. Incluso llegaron a elaborarse “argumentarios” para defender la “verdad” de la empresa y del Gobierno Valenciano sobre el accidente del 3 de julio.

También la fiscalía ha abierto una investigación a la ex gerente de FGV, según informó en su día El Mundo, después que un empleado denunciara que Marisa Gracia había dado la orden de cambiar informes técnicos con el fin de adjudicar contratos de seguridad en Valencia y Alicante a las empresas Med Seguridad SA y Prosegur SA, pese a que no presentaron las ofertas más económicas.
¿Y respecto la gestión del día a día? También ha recibido muchas críticas. De hecho, el Comité de Empresa de FGV ha criticado el coste de 32 trenes y tranvías (más de 200 millones de euros) que permanecen varados; o el inicio y paralización de determinadas obras, por ejemplo, la línea T2 del tranvía de Valencia o la ampliación de Ribarroja; así como la decisión de preferir el cierre de la L2 de Alicante a su explotación directa por parte de la plantilla de la empresa.

Por esto y por otras razones, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana acumula una deuda de más de 1.000 millones de euros. Que se les hace pagar a trabajadores de la empresa y usuarios del transporte público, porque en los últimos años se ha incrementado el número de directivos en FGV en un 400% (de 17 a 102). Algunos de estos altos cargos cobraban un sueldo equivalente al de un ministro y superior al del presidente de la Generalitat. Entretanto, la plantilla aumentaba en un 25% (de 1.300 a 1.700 trabajadores). Para rematar, en octubre de 2011 la Conselleria de Infraestructuras redujo la presencia de los sindicatos en el Consejo de Administración de FGV a un miembro, mientras que el resto de la representación se asignó a miembros del Consell y altos cargos de la Generalitat Valenciana, según informaciones de Levante-EMV.

Opacidad, irregularidades, ejercicios de irresponsabilidad al más alto nivel y deficiencias muy notorias en la gestión que se liquidan, finalmente, con un ERE y la precarización del transporte público. Todo ello, para abrir el camino a un sector privado que supuestamente garantizará una manejo “eficiente” y “rentable” del negociado. Pero si se echa mano de la hemeroteca, hace mucho que estas falacias no se sostienen. Ya en el año 2001, según publicó El Boletín, la Intervención General del Estado señaló que la Generalitat Valenciana destinó a otros fines los 23,7 millones de euros que el Gobierno Central aportó para reducir el déficit de FGV. Aunque sin éxito, Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro (vicepresidente económico y ministro de Hacienda en la época de Aznar) le reclamaron este dinero a Eduardo Zaplana, entonces presidente del Gobierno Valenciano.

Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Vaersa (empresa teóricamente destinada al aprovechamiento energético de residuos), Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV), Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), CIEGSA (dirigida a la construcción de centros educativos) y otras empresas públicas desmanteladas o en vías de desguace. Por discutible que resulte la gestión, no lo es menos que el tajo afecta singularmente a las plantillas. Los directivos y responsables políticos del desaguisado salen indemnes. Con la coartada de la crisis.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Los registradores interferirán en nuestras vidas y en su propio beneficio



Los registradores interferirán en nuestras vidas y en su propio beneficio


La privatización del Registro Civil contenida en el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros es solo la punta del iceberg de un propósito de mayor calado. La génesis y el contenido del anteproyecto revelan una ambición inaudita de controlar la vida de los ciudadanos.


Pretenden controlar desde nuestro nacimiento, hasta nuestra muerte, pasando por incapacitaciones, emancipaciones, matrimonios, separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales, parejas, testamentos, domicilio a efecto de notificaciones, seguros de vida y quién sea beneficiario del mismo, si somos socios de una asociación o somos fundadores o patronos de una fundación… En fin, todos los datos de nuestra vida, los más íntimos, vinculados al ejercicio de derechos fundamentales y de derechos constitucionales, quedarán en manos de un cuerpo de funcionarios que, además, se cuida de evitar cualquier control público. ¿Su responsabilidad? Solo ante la Historia

Para conocer la génesis del anteproyecto basta hacer una consulta a la web de la poderosa asociación de registradores, Arbol(http://www.arbo.org.es/), que desvela cómo los beneficiarios del espléndido regalo se han encargado de prepararlo, ejerciendo funciones de promoción legislativa propias del Ministerio de Justicia. Coincidiendo con las primeras noticias acerca del anteproyecto, el director del Centro de Estudios del Colegio de Registradores se ha dirigido a todos los registradores para que envíen al colegio las enmiendas, con texto alternativo y breve justificación. Los registradores, convertidos en legislativo. Si esto sucediese en un país cuyo Gobierno estuviese presidido por un registrador de la propiedad, y cuyo ministro de Justicia estuviese emparentado con registradores, ¿estaríamos ante un escándalo tercermundista?

El anteproyecto atribuye a los registradores la llevanza de todos los registros jurídicos. En concreto, sumarían a la llevanza del Registro de la Propiedad y del Mercantil, el Registro Civil, el de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, el de Actos de Última Voluntad, el de Asociaciones y el de Fundaciones de ámbito estatal, entre otros. Se crea un monstruo, un gran registro, al estar todos interrelacionados.

El anteproyecto parte de una falacia y privatiza registros ya pagados con nuestros impuestos

¿A qué obedece este afán acaparador? En primer lugar obedece a motivos económicos. Así se ha reconocido en las respuestas del Ministerio de Justicia a las primeras críticas; aludiendo a las maltrechas economías de los registradores, golpeados por el estallido de una burbuja inmobiliaria que contribuyeron a crear, con demoledoras consecuencias para las economías de los ciudadanos. Recuérdese que el debate sobre los desahucios tiene uno de sus focos en la reforma de la Ley Hipotecaria.

La exposición de motivos del anteproyecto afirma expresamente que esta profunda reforma aspira a lograr un incremento aún mayor de las economías organizativas, de gestión y de escala, así como una mayor eficacia, homogeneidad y celeridad en el funcionamiento de los sistemas registrales.

Para ello se atribuyen al Colegio de Registradores funciones esenciales de coordinación, cooperación, vigilancia e inspección. Corporación a la que se califica como un órgano permanente y soberano en el que participan democráticamente los registradores. Reflejo nítido de la máxima aspiración de un cuerpo de funcionarios de estatuto especial: ser independientes y hacerse con una importantísima parcela de poder real sobre los ciudadanos. Un Estado dentro del Estado. Ya quisieran los independentistas tamaño reconocimiento de soberanía.

El anteproyecto parte de una falacia: “… las faltas a las confianzas subjetivas, inevitables en un tráfico despersonalizado y escasamente moral…”. Descansa todo el entramado en la calificación registral, decisión final de un procedimiento donde la voluntad de las personas no es sino un elemento más. Dicho procedimiento despliega sus efectos con cierta autonomía, y se manifiesta con cierto poder de redención: “factor esencial de cooperación al completo desarrollo jurídico de la persona individual o colectiva”. Los efectos de la inscripción son contundentes: “los hechos inscritos existen y los actos son válidos y exactos mientras el asiento correspondiente no sea rectificado o cancelado en la forma prevista por la ley”; “la inscripción constituye prueba plena”; “los hechos inscribibles no perjudican a tercero de buena fe, sino a partir de su inscripción”. Todo ello implica una importante alteración del sistema de garantías judiciales.

En España existen registros de muy diferente cuño. Así, sin ánimo de exhaustividad, mencionaríamos los siguientes: el Registro Civil, el de la Propiedad, el Mercantil, el de la Propiedad Intelectual, el de la Oficina española de Patentes y Marcas, el de entidades del Banco de España, el de entidades aseguradoras, el de mediadores de seguro, el de resoluciones concursales, el de seguros de vida, el de empresas que llevan a cabo actividades de contratación de préstamos o créditos hipotecarios, los registros de la CNMV, o los diferentes registros autonómicos —e incluso municipales— de parejas.

Este conjunto se traduce en un modelo complejo. Pese a sus diferencias, un registro es la oficina pública a la que el ciudadano necesariamente debe acudir para lograr los efectos, las garantías y la tutela que el derecho condiciona a la formalidad de la inscripción. Pese a sus diferencias, todos los registros obedecen a un interés público en el tráfico jurídico, inmobiliario, mercantil, financiero, industrial o intelectual. Nadie objetaría el carácter público de la función registral. Pero esa función se desempeña por los Registradores de la Propiedad de manera singular, pues en ningún otro país son al tiempo funcionarios y profesionales, que el anteproyecto convierte en una especie de jueces, sin dependencia jerárquica. Unos funcionarios que cobran por inscribir y por consultar lo inscrito, que mercantilizan la información del registro mediante el artificio de la publicidad formal, autodenominados controladores —gatekeeper— de los mercados y árbitros de la legalidad en una sociedad que se atreven a calificar de despersonalizada y escasamente moral.

Grave es agredir a los ciudadanos con descalificaciones como estas y sumar privilegios a su ya privilegiada posición. Privatizan registros pagados con nuestros impuestos (como el Civil o el de Asociaciones), para explotarlos en beneficio propio. Pero lo más grave es que están en juego derechos fundamentales y libertades civiles. Atado y bien atado, España se convertirá en un Estado registral, que entrega a los registradores el derecho a la privacidad, el derecho a contraer matrimonio, el derecho de asociación, el derecho de fundación. Un Estado en que los registradores carecerán de límites para interferir en la vida de las personas y controlarán el ejercicio de derechos civiles y de derechos políticos, como el de asociación y el de fundación. Un Estado en el que el marco de las libertades civiles deja de referirse al Estado constitucional, para referirse al Estado registral. Una invención cuasi mística de poder frente al ciudadano. ¿Qué tienen que decir a esto el legislativo y el judicial?

Pilar Blanco-Morales Limones es catedrática de Derecho Internacional
Directora General de los Registros y del Notariado entre 2004 y 2009.














El anteproyecto parte de una falacia y privatiza registros ya pagados con nuestros impuestos

¿A qué obedece este afán acaparador? En primer lugar obedece a motivos económicos. Así se ha reconocido en las respuestas del Ministerio de Justicia a las primeras críticas; aludiendo a las maltrechas economías de los registradores, golpeados por el estallido de una burbuja inmobiliaria que contribuyeron a crear, con demoledoras consecuencias para las economías de los ciudadanos. Recuérdese que el debate sobre los desahucios tiene uno de sus focos en la reforma de la Ley Hipotecaria.
La exposición de motivos del anteproyecto afirma expresamente que esta profunda reforma aspira a lograr un incremento aún mayor de las economías organizativas, de gestión y de escala, así como una mayor eficacia, homogeneidad y celeridad en el funcionamiento de los sistemas registrales.
Para ello se atribuyen al Colegio de Registradores funciones esenciales de coordinación, cooperación, vigilancia e inspección. Corporación a la que se califica como un órgano permanente y soberano en el que participan democráticamente los registradores. Reflejo nítido de la máxima aspiración de un cuerpo de funcionarios de estatuto especial: ser independientes y hacerse con una importantísima parcela de poder real sobre los ciudadanos. Un Estado dentro del Estado. Ya quisieran los independentistas tamaño reconocimiento de soberanía.
El anteproyecto parte de una falacia: “… las faltas a las confianzas subjetivas, inevitables en un tráfico despersonalizado y escasamente moral…”. Descansa todo el entramado en la calificación registral, decisión final de un procedimiento donde la voluntad de las personas no es sino un elemento más. Dicho procedimiento despliega sus efectos con cierta autonomía, y se manifiesta con cierto poder de redención: “factor esencial de cooperación al completo desarrollo jurídico de la persona individual o colectiva”. Los efectos de la inscripción son contundentes: “los hechos inscritos existen y los actos son válidos y exactos mientras el asiento correspondiente no sea rectificado o cancelado en la forma prevista por la ley”; “la inscripción constituye prueba plena”; “los hechos inscribibles no perjudican a tercero de buena fe, sino a partir de su inscripción”. Todo ello implica una importante alteración del sistema de garantías judiciales.
En España existen registros de muy diferente cuño. Así, sin ánimo de exhaustividad, mencionaríamos los siguientes: el Registro Civil, el de la Propiedad, el Mercantil, el de la Propiedad Intelectual, el de la Oficina española de Patentes y Marcas, el de entidades del Banco de España, el de entidades aseguradoras, el de mediadores de seguro, el de resoluciones concursales, el de seguros de vida, el de empresas que llevan a cabo actividades de contratación de préstamos o créditos hipotecarios, los registros de la CNMV, o los diferentes registros autonómicos —e incluso municipales— de parejas.
Este conjunto se traduce en un modelo complejo. Pese a sus diferencias, un registro es la oficina pública a la que el ciudadano necesariamente debe acudir para lograr los efectos, las garantías y la tutela que el derecho condiciona a la formalidad de la inscripción. Pese a sus diferencias, todos los registros obedecen a un interés público en el tráfico jurídico, inmobiliario, mercantil, financiero, industrial o intelectual. Nadie objetaría el carácter público de la función registral. Pero esa función se desempeña por los Registradores de la Propiedad de manera singular, pues en ningún otro país son al tiempo funcionarios y profesionales, que el anteproyecto convierte en una especie de jueces, sin dependencia jerárquica. Unos funcionarios que cobran por inscribir y por consultar lo inscrito, que mercantilizan la información del registro mediante el artificio de la publicidad formal, autodenominados controladores —gatekeeper— de los mercados y árbitros de la legalidad en una sociedad que se atreven a calificar de despersonalizada y escasamente moral.
Grave es agredir a los ciudadanos con descalificaciones como estas y sumar privilegios a su ya privilegiada posición. Privatizan registros pagados con nuestros impuestos (como el Civil o el de Asociaciones), para explotarlos en beneficio propio. Pero lo más grave es que están en juego derechos fundamentales y libertades civiles. Atado y bien atado, España se convertirá en un Estado registral, que entrega a los registradores el derecho a la privacidad, el derecho a contraer matrimonio, el derecho de asociación, el derecho de fundación. Un Estado en que los registradores carecerán de límites para interferir en la vida de las personas y controlarán el ejercicio de derechos civiles y de derechos políticos, como el de asociación y el de fundación. Un Estado en el que el marco de las libertades civiles deja de referirse al Estado constitucional, para referirse al Estado registral. Una invención cuasi mística de poder frente al ciudadano. ¿Qué tienen que decir a esto el legislativo y el judicial?
Pilar Blanco-Morales Limones es catedrática de Derecho Internacional privado. Directora General de los Registros y del Notariado entre 2004 y 2009.

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diumenge, 6 de gener de 2013








04-01-2013

Privatizad, privatizad, malditos





“Un nuevo mandamiento os doy: que privaticéis lo uno y lo otro, como antes nunca se había hecho. En esto conocerán todos que sois mis aventajados discípulos: si privatizáis hasta elsursum corda”. Y así se hizo, en menos de un año, y a base de decretazos, los pilares del estado (educación, sanidad, justicia y bienestar social) fueron privatizados y por ende enterrados sin apenas resistencia y ya veremos si, alguna vez, se podrá decir aquello de “y al tercer día resucitó de entre tanta podredumbre liberal”, según reza el apóstol Rubalcaba.
Y quien primero y mejor lo haga estará sentado/a a la derecha de la diosa Margaret Thacher, por encima de la todopoderosa Esperanza, que a buen seguro no será otra que aquella que sometió a todas las cosas bajo sus pies, constituyéndose en Cabeza suprema de Castilla-La Mancha al depurar a los diputados -sustrayéndoles el sueldo- para llegar a la Plenitud del que lo llena todo en todo (San Pablo en Ef. 1, así lo profetizó). Una vez concluida la obra de purificación liberal, nuestra señora de Cospedal se sentará en las alturas a la derecha del trono, cosa que no hizo nunca, por más que lo intentaran, Presidente alguno; y de esta manera, pues, está sentada en el trono de su Gloria con un sueldo mensual de catorce mil euros, ocupando con su marido incluso el mismo trono de Dios, luciendo mantilla en viernes santo y cuando haga falta.

Así lo expresa también la visión del Apocalipsis a través de los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos, o sea el pueblo, que se han quedado como el cordero degollado, encerrado en la cárcel de los siete sellos porque no son dignos de entrar en el cigarral de la Cospedal que es la única que tiene el poder, sabiduría, fuerza, grandeza, honor, gloria y la alabanza de todos su súbditos y consejeros que a las órdenes de ¡Ven!, responden inmaculados: Sí, vengo pronto. Ellos han visto los cielos abiertos y tanto Leandro Esteban, Marcial, J. Ignacio y Arturo como Marta, María y Carmen rezan para que también se abra el cielo a sus amigos de Capio, Ribera y Religiosos Asociados y se cierre a los que confiesan de otra manera.

Una victoria definitiva en el cielo y en la tierra del León de la Tribu Liberal sobre el infierno de lo Público que encarna el pecado donde reina la parresia, el poblacho y las clases medias, expulsadas, como nuestros Primeros Padres, del paraíso del Estado de Bienestar. Sin redentores, porque los que están siguen en las nubes, nos espera otra travesía del desierto que no sabemos si será de cuatro, cuarenta o cuatrocientos años y también porque “el que ha de llegar” gusta del preciado maná que cae del cielo sin trabajar.

Aprovechando estas andanzas bíblicas, del antiguo y del nuevo Testamento, lo que eran derechos y estaba escrito en el libro de la única certeza -La Constitución- se ha convertido en beneficencia o caridad y así las señoras del lugar de nuevo pueden apostolar. Tanto es así que han tenido tiempo para diseñar los nuevos Mandamientos de la Ley de la FAES -como todos sabemos es quien nos gobierna- y que han sido resumidos en este sencillo decálogo:

1.Que el obrero enferma, no importa, hay cola.
2. Que el niño no aprende, total para qué, si los necesarios están en colegios de pago.
3. Que tienes una discapacidad, pues que te ha castigado Dios, así que jódete.
4. Que eres viejo, bastante tienes.
5. Que te has quedado preñada, pues pare y bastante digo callando.
6. Que eres gay, reza.
7. Que tienes un juicio, prepara la cartera.
8. Que te pega el marido, pon la otra mejilla.
9. Que eres joven, vete de Erasmus y no vuelvas.
10. Que tu hijo es interino y lo han echado, pues no haber votado al PP.
Estos diez mandamientos quedan resumidos en dos (lo único que nos queda): El Intermedio y Salvados. Aunque en rigor debería de haber dicho: Amarás a Rajoy sobre todas las cosas y al prójimo, si son pobres, que se jodan.


Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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