dilluns, 5 de maig de 2014

29-03-2014 Cuatro claves del reglamento CIE Christian Orgaz Diagonal La normativa que regulará los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) intenta implicar a las ONG para dulcificar la imagen de las llamadas cárceles de inmigrantes. La Ley de Extranjería aprobada en 1985 creó la posibilidad del internamiento administrativo. Esta ley fue la condición sine qua non para la incorporación al Espacio Schen­gen. Desde entonces, el Estado español se ha convertido en la fron­tera sur de la Europa Fortaleza. Ha militarizado sus fronteras, encerrado y expulsado a decenas de miles de personas. Ahora, 29 años después, se publica el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. ¿Por qué ahora? Sin duda por el contexto y la acción de denuncia jurídica y social de las diversas organizaciones sociales e instituciones ante las constantes vulneraciones que, en los casos más extremos, adopta la forma de malos tratos, violaciones y muertes. El fallecimiento de Samba Martine en 2011 e Idrissa Diallo en 2012 por la negación de la atención médica necesaria puso en jaque la gestión gubernamental de los CIE ante la opinión pública. El ministro de Interior respondió anunciando la "inminente" aprobación de un reglamento que evitaría estas situaciones. Nada más lejos de la realidad, en diciembre de 2013 muere Aramis Manukyan y se suceden diversas denuncias por agresiones en los CIE. En este contexto, que incluye la masacre de Ceuta, el Gobierno decide aprobar un reglamento como forma de cerrar el frente abierto en los CIE. Sin embargo, las críticas desde diversos sectores (colectivos de abogados, Servicio Jesuita para Migrantes, Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, Campaña para que el Derecho no se detenga en las puertas del CIE y numerosas ONG) no se han hecho esperar. El reglamento consolida la naturaleza de la institución y abre nuevas posibilidades realmente inquietantes: 1) El reglamento aprobado confirma el modelo policial, no reconoce importantes autos judiciales (como el relativo a ser avisado con 12 horas de antelación antes de la deportación), ni las recomendaciones de diversas organizaciones. Legali­za la entrada de armas en los centros y, en definitiva, no cambia su naturaleza: insuficiente desarrollo legal de una medida tan grave como la privación de libertad; gestión policial que concentra un gran poder en la figura del director. Éste decide sobre aspectos no reglamentados y claves desde el punto de vista de los derechos como, por ejemplo, el derecho a comunicación telefónica de los internos, instalaciones estructuralmente deficientes, recursos económicos insuficientes, mecanismos de queja que no garantizan el secreto de las comunicaciones… 2) El reglamento abre la vía a la privatización al establecer que las labores asistenciales (de sanidad, sociales, culturales…) podrán externalizarse mediante contratos y convenios con empresas y ONG. Un modelo privatizador que ya se ha ensayado con Cruz Roja y que no ha evitado muertes como la de Samba. En última instancia se supeditan las necesidades de las personas internas al presupuesto más ajustado y al silencio cómplice y culpable de las adjudicatarias. 3) El reglamento no sólo regula insuficientemente el régimen interior sino que no regula los criterios específicos de ingreso. Según la ley, el internamiento debería ser una medida excepcional y el último recurso tras valorar exhaustivamente la situación de la persona. Además, muertes como las de Samba podrían repetirse porque el reglamento sigue sin regular los protocolos sanitarios en los traslados desde los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (de Ceuta y Melilla) a los CIE. 4) El reglamento establece la posibilidad de internar a personas consideradas vulnerables como menores, discapacitados, ancianos, mujeres embarazadas, madres con hijos... (cuando muchas de estas personas no son “expulsables” y, por tanto, no cabría su encierro en el CIE). Por otro lado, no establece la forma de identificar a potenciales solicitantes de asilo o víctimas de trata, ni la forma en que estas figuras de protección internacional han de darse, quedando bajo custodia del mismo cuerpo policial que las detiene. Finalmente, no reconoce otras identidades no normativas ni las necesidades específicas que podrían presentar. El reglamento de los CIE pretende en última instancia legitimar el encierro y la expulsión administrativa de personas, así como frenar la deslegitimación que venía sufriendo la Policía Nacional y, por consiguiente, el propio Ministerio de Interior y el Gobierno. La estrategia del Gobierno pasaba por incorporar a diferentes organizaciones sociales en el proyecto, pero, a juzgar por las duras valoraciones emitidas por éstas, no ha funcionado. En definitiva, el reglamento es un fetiche jurídico y un instrumento político que sirve más a los intereses del Gobierno que, como declara, al reconocimiento de los derechos de las personas internas. Lejos de zanjar las críticas las ha avivado, la reglamentación legal continúa pareja al rechazo social. El mensaje de las organizaciones es claro, como sentencia la nota de prensa de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE: no se puede regular lo que no debería existir. Piden un cierre inmediato y sin condiciones. Christian Orgaz sociólogo e investigador sobre instituciones totales en la UCM. Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/22338-cuatro-claves-del-reglamento-cie.html  




29-03-2014


Cuatro claves del reglamento CIE




La normativa que regulará los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) intenta implicar a las ONG para dulcificar la imagen de las llamadas cárceles de inmigrantes.
La Ley de Extranjería aprobada en 1985 creó la posibilidad del internamiento administrativo. Esta ley fue la condición sine qua non para la incorporación al Espacio Schen­gen. Desde entonces, el Estado español se ha convertido en la fron­tera sur de la Europa Fortaleza. Ha militarizado sus fronteras, encerrado y expulsado a decenas de miles de personas. Ahora, 29 años después, se publica el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. ¿Por qué ahora?
Sin duda por el contexto y la acción de denuncia jurídica y social de las diversas organizaciones sociales e instituciones ante las constantes vulneraciones que, en los casos más extremos, adopta la forma de malos tratos, violaciones y muertes. El fallecimiento de Samba Martine en 2011 e Idrissa Diallo en 2012 por la negación de la atención médica necesaria puso en jaque la gestión gubernamental de los CIE ante la opinión pública. El ministro de Interior respondió anunciando la "inminente" aprobación de un reglamento que evitaría estas situaciones. Nada más lejos de la realidad, en diciembre de 2013 muere Aramis Manukyan y se suceden diversas denuncias por agresiones en los CIE.
En este contexto, que incluye la masacre de Ceuta, el Gobierno decide aprobar un reglamento como forma de cerrar el frente abierto en los CIE. Sin embargo, las críticas desde diversos sectores (colectivos de abogados, Servicio Jesuita para Migrantes, Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, Campaña para que el Derecho no se detenga en las puertas del CIE y numerosas ONG) no se han hecho esperar. El reglamento consolida la naturaleza de la institución y abre nuevas posibilidades realmente inquietantes:
1) El reglamento aprobado confirma el modelo policial, no reconoce importantes autos judiciales (como el relativo a ser avisado con 12 horas de antelación antes de la deportación), ni las recomendaciones de diversas organizaciones. Legali­za la entrada de armas en los centros y, en definitiva, no cambia su naturaleza: insuficiente desarrollo legal de una medida tan grave como la privación de libertad; gestión policial que concentra un gran poder en la figura del director. Éste decide sobre aspectos no reglamentados y claves desde el punto de vista de los derechos como, por ejemplo, el derecho a comunicación telefónica de los internos, instalaciones estructuralmente deficientes, recursos económicos insuficientes, mecanismos de queja que no garantizan el secreto de las comunicaciones…
2) El reglamento abre la vía a la privatización al establecer que las labores asistenciales (de sanidad, sociales, culturales…) podrán externalizarse mediante contratos y convenios con empresas y ONG. Un modelo privatizador que ya se ha ensayado con Cruz Roja y que no ha evitado muertes como la de Samba. En última instancia se supeditan las necesidades de las personas internas al presupuesto más ajustado y al silencio cómplice y culpable de las adjudicatarias.
3) El reglamento no sólo regula insuficientemente el régimen interior sino que no regula los criterios específicos de ingreso. Según la ley, el internamiento debería ser una medida excepcional y el último recurso tras valorar exhaustivamente la situación de la persona. Además, muertes como las de Samba podrían repetirse porque el reglamento sigue sin regular los protocolos sanitarios en los traslados desde los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (de Ceuta y Melilla) a los CIE.
4) El reglamento establece la posibilidad de internar a personas consideradas vulnerables como menores, discapacitados, ancianos, mujeres embarazadas, madres con hijos... (cuando muchas de estas personas no son “expulsables” y, por tanto, no cabría su encierro en el CIE). Por otro lado, no establece la forma de identificar a potenciales solicitantes de asilo o víctimas de trata, ni la forma en que estas figuras de protección internacional han de darse, quedando bajo custodia del mismo cuerpo policial que las detiene. Finalmente, no reconoce otras identidades no normativas ni las necesidades específicas que podrían presentar.
El reglamento de los CIE pretende en última instancia legitimar el encierro y la expulsión administrativa de personas, así como frenar la deslegitimación que venía sufriendo la Policía Nacional y, por consiguiente, el propio Ministerio de Interior y el Gobierno. La estrategia del Gobierno pasaba por incorporar a diferentes organizaciones sociales en el proyecto, pero, a juzgar por las duras valoraciones emitidas por éstas, no ha funcionado. En definitiva, el reglamento es un fetiche jurídico y un instrumento político que sirve más a los intereses del Gobierno que, como declara, al reconocimiento de los derechos de las personas internas. Lejos de zanjar las críticas las ha avivado, la reglamentación legal continúa pareja al rechazo social. El mensaje de las organizaciones es claro, como sentencia la nota de prensa de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE: no se puede regular lo que no debería existir. Piden un cierre inmediato y sin condiciones.
Christian Orgaz sociólogo e investigador sobre instituciones totales en la UCM.



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22 de Marzo: Un hito en la historia de la lucha





29-03-2014


22 de Marzo: Un hito en la historia de la lucha




Como ya se ha escrito bastante sobre las Marchas de la Dignidad del 22M, voy a exponer de manera lo más sintética posible mis reflexiones sobre esta grandiosa movilización, que, a mi entender, representa un cambio cualitativo de la lucha social de este país.
* Entre sus principales y más positivos aspectos, además de su éxito de convocatoria (en número de colectivos implicados y personas participantes), destacaría los siguientes:
Unidad (común denominador) en torno a unos contenidos políticos y de clase de gran calado (como el NO pago de la deuda), superando lemas genéricos de corto alcance
Pluralidad como no se había conocido en muchos años, confluyendo territorios, sectores, mareas, movimientos, organizaciones, sindicatos, partidos y personas de muy diversos colores, banderas, ideologías, edades, condiciones, etc. que caminaban mezclados o en bloques dentro de la movilización unitaria.
Organizada con tiempo, y en un proceso en el que se han podido incorporar todos los colectivos y personas interesadas.
Gran envergadura temporal (varios días de marchas por la península) y espacial, ocupando carreteras, pueblos y las vías principales de Madrid, atravesando los barrios y pueblos de trabajadores, y desbordando los límites en los que a menudo nosotros mismos encerramos las protestas con recorridos pequeños y poco visibles a la ciudadanía.
Activismo entusiasta, que visibilizó en la calle y en las redes una convocatoria silenciada mediáticamente, y proporcionó los medios e infraestructura para el alojamiento y manutención de los miles de personas caminantes y llegadas de fuera de Madrid.
* Características que marcan unos cambios cualitativos, entre las que cabría señalar:
Rechazo del bipartidismo y ausencia del bisindicalismo institucional. Los primeros (PP-PSOE) ya son señalado en muchas manifestaciones como los brazos ejecutores de las políticas diseñadas por el gran capital europeo y nacional, y por tanto, enemigos a combatir. Los sindicatos CCOO y UGT se auto-excluyeron de la movilización, y con la reunión de sus dirigentes en la Moncloa el martes 18 (mientras ya caminaban centenares de trabajadores por las carreteras), escenificaron su renuncia a la lucha y su papel de colaboradores necesarios en la estrategia de aumento de la explotación de los trabajadores. Han certificado su lento, pero imparable, declive, ya que miles de sus afiliados sí participaron en las marchas; y ya no hace falta esperarlos para lograr que las movilizaciones sean multitudinarias, como pasaba antes.
Combinación de procesos desde abajo y liderazgos reconocidos. Las asambleas abiertas en los diferentes niveles han constituido el eje organizativo de la movilización. Las organizaciones sindicales, políticas o sociales han aportado sus estructuras y activistas, pero han tenido que consensuar acuerdos (no exentos de fricciones) en estas asambleas. Pero un análisis riguroso de la génesis de estas marchas de la dignidad no puede olvidar que en su arranque y confluencia ha influido muy positivamente el prestigio y la repercusión de algunas acciones llevadas a cabo con anterioridad en Andalucía (ocupaciones de tierras, ferrocarriles, supermercados) o Extremadura (campamentos Dignidad) que gozaron de una gran repercusión y reconocimiento, lo que facilitó la confianza necesaria en la fase inicial y de extensión de la iniciativa. La combinación de estos dos ámbitos (trabajo de base y referencias conocidas y prestigiadas) ha demostrado su utilidad a la hora de superar las limitaciones de cada uno de ellos.
Represión del sistema. En los momentos previos las marchas fueron ignoradas en los medios de comunicación comerciales y fueron calificadas al mismo tiempo de extremismo de derecha y de izquierda. Comprobado el éxito de las marchas, el sistema optó por aguar la fiesta y aterrar a los pacíficos manifestantes con unas cargas totalmente injustificadas. La responsabilidad de los episodios de enfrentamiento ocurridos recae directamente en quienes dieron la orden de cargar, antes incluso de finalizar la manifestación legal, y quienes introducen policías con capucha y pañuelo para iniciar los altercados. Los espacios dedicados por los medios a estos episodios han multiplicado con creces los empleados a informar de las marchas, mostrando a las claras su papel al servicio de los poderes económicos. Pero fuimos millones las personas que vimos lo que ocurrió, y cada vez son menos las personas que se dejan influir por estas campañas criminalizadoras.
* Limitaciones no han faltado; señalo dos entre otras posibles
Participación territorial desigual. Es lo que cabía esperar (no desear), debido al carácter plurinacional de nuestro estado. Mucha imaginación y generosidad habrá que aportar para ser capaces de superar las repercusiones que este asunto tiene en una lucha que pretende la unidad frente a un estado que impone recortes e injusticias de manera general en el conjunto del territorio.
Inconcreción para el día después. Los mensajes de “venimos a quedarnos” para los días posteriores al 22M quedaron en meras declaraciones, por un diseño poco ambicioso en unos casos (manifestaciones poco novedosas) o intentos casi imposibles (Cifuentes morirá o dimitirá antes de tolerar una tienda de campaña en Madrid). Quizás faltó rematar esta llamada a la desobediencia, aprovechando los cientos de miles de personas en la calle para haber realizado una sentada o asamblea permanente al finalizar las marchas. Todo se andará.
* El nuevo futuro que las marchas alumbran contiene en su seno fuerzas poderosas.
Vamos aprendiendo a compartir. El éxito nadie lo puede patrimonializar, puesto que ha sido de multitud de colectivos y personas. Va siendo hora de consolidar esta práctica, que tan buenos resultados da, y dejar los episodios sectarios (que sin duda volverán a aparecer, a veces en su peor momento), para ocasiones cada vez más irrelevantes.
Construcción de un sujeto colectivo y popular, un nosotros cada vez más amplio. Todavía no hemos llegado a ese 99% que reclamaba el 15-M, pero va creciendo el número de personas que se sienten de una clase (la trabajadora) que sufre la agresión de la otra (la burguesía en sus diferentes versiones, nacional, internacional, financiera o terrateniente) que ha mostrado su verdadera naturaleza depredadora de la humanidad, poniendo al gobierno y resto de instituciones a su servicio. Su poder es muy grande, pero es menor cada vez la legitimidad con la que lo imponen, porque ese sujeto popular va creciendo en número, lazos, organización y conciencia.
Que se ha ido forjando en años de lucha. Lo que aconteció en torno al 22 de marzo no surge de la nada, sino que se alimenta de un amplio período de luchas que han ido creando una nueva conciencia de sujeto activo, rompiendo amarras con un pasado ya caduco y superando estructuras organizativas oxidadas. Las luchas y acampadas de los trabajadores de Sintel; las luchas vecinales contra los parquímetros o Gamonal; la lucha contra los desahucios de la PAH; los campamentos dignidad y otras luchas por la renta básica; la explosión del 15-M, con sus nuevas formas de organización y lucha; las ocupaciones de edificios y fincas; las expropiaciones de alimentos de los supermercados, las marchas mineras; las huelgas sin respetar servicios mínimos del transporte o limpieza; las incipientes asambleas de parados y de trabajadores a nivel local, etc. Estas y otras muchas luchas, avivadas por la agresión salvaje que el capitalismo infringe a la clase obrera y sectores populares, se han ido fraguando con unos métodos de organización y lucha, que, más que inventarse, han recuperado la frescura combativa, asamblearia y rebelde que unas estructuras oxidadas y burocratizadas habían relegado al olvido.
Este nuevo sujeto popular camina hacia la ruptura, una ruptura que se va vislumbrando paso a paso, en cada movilización, en cada organización, en los centros de estudio y de trabajo, en los barrios y pueblos, y cuyos contenidos anti-sistema (sí contra este sistema corrupto y caduco), destituyentes y constituyentes van abriéndose paso de manera cada vez más masiva.
Porque la transición ha sido enterrada: Como muy acertadamente señalaba Isaac Rosa recientemente, con Suárez el régimen ha enterrado definitivamente la tan alabada transición, cuya amnesia y deterioro han ido a la par. La historia ha querido certificar la muerte de la transición el día siguiente de las grandes marchas de la dignidad. Porque las instituciones surgidas de aquella transición están en proceso de descomposición imparable, y una parte cada vez más amplia de la sociedad ya no se identifica con ellas, y sí con las propuestas que encarna este nuevo sujeto social y político de amplios registros.
Pedro Casas. Activista social.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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La crisis continúa y se agravará




La crisis continúa y se agravará

Crónica Popular



Este comentario tiene un objetivo sólo transitorio. Va dirigido a la izquierda como una contribución analítica para la comprensión de la situación económica actual y sus perspectivas, de modo que se diseñe una estrategia a partir de un diagnóstico certero.
Se trata de denunciar y poner de manifiesto que los intentos del gobierno por dar por concluida la crisis económica y afirmar que estamos instalados en la recuperación son falsos. La crisis continúa y mucho peor que eso, en cualquier momento puede recrudecerse y agravarse la situación desoladora que vive el país. No pasará mucho tiempo antes de que esto ocurra y, con el gobierno desahuciado por sus mentiras y errores, ya tendrá poco sentido imputarle su manipulación, sino que la tarea fundamental será como combatir los nuevos zarpazos de la crisis.
Por parte del PP, entonces, toda su preocupación será justificar por causas extrañas y espurias el fracaso de su política y los traspiés de sus pronósticos, cuando hay señales inequívocas del panorama peligroso que presenta la economía del país. El gobierno de Zapatero reconoció tardíamente la crisis, los de ahora, siempre con gran desprecio a los ciudadanos, pretende engañarnos anticipando su fin, en una nueva versión de los brotes verdes del PSOE. Por decirlo clara y brevemente, lo peor de la crisis no ha pasado, lo cual, dicho en medio del desastre actual, no deja de ser el anuncio de una catástrofe.
La propaganda no se compadece con la realidad
La cadencia de la evolución de la economía no se ajusta a las necesidades y tiempos del gobierno. Y es así como éste, tratando de comunicar la superación de la crisis, ha pasado en muy poco tiempo de hablarnos de incipientes indicios, de estar a punto de doblarse la esquina, de asaltar las trincheras de la recuperación, de doblar el cabo de Hornos, a asegurarnos que ya la economía tiene unas perspectivas totalmente favorables. Todo ello cuando los indicadores económicos, lentamente elaborados según transcurre el tiempo real, si sustentan una leve mejora de la situación, arrojan también datos contradictoria cuando no negativos.
Pero las elecciones están muy cerca y, ante tantas agresiones cometidas, surge la necesidad de propalar que se ha seguido una política correcta. De ahí, insistir en la recuperación y reforzar unas predicciones bastante fantasmales. Como prueba, el pronóstico de una economía avanzando en firme, cuyo PIB crecerá en 2014 en un 1,2% y en un 1,8% en 2015 (último objetivo proporcionado, frente al 1,5% anunciado anteriormente, justo el día después de conocerse los resultados sombríos de la EPA en el primer trimestre del año).
En una realidad tan compleja como la economía se pueden encontrar datos sobre aspectos parciales que pueden inducir, por la desesperación, a interpretarlos como señales indiscutibles de un cambio de situación. Como a un enfermo grave, puede caerle la temperatura algunos ratos (disminuir la prima de riesgo), o puede dejar de vomitar (atenuar la destrucción de empleo), o puede visualizarse algún aspecto favorable, como la evolución de los beneficios o una buena temporada turística, pero no por ello cabe afirmar que la salud se ha recobrado y la enfermedad desaparecido.
Precisamente, varios días antes de conocerse la EPA del primer trimestre, el gobierno, en su delirio propagandístico, anunciaba que entre este año y el siguiente se iban a crear 650.000 nuevos puestos de trabajo, o 600.000 en una corrección a la baja. No obstante, la destrucción de 185.000 en los tres primeros meses del año, abate sus previsiones y lo compromete a crear ya sólo en siete trimestres 785,000 nuevos empleos. Como puede interpretarse, todo un disparate. Aunque las cifras del empleo y paro dan mucho juego para analizar la evolución de la crisis y el efecto de la última reforma laboral: son, básicamente, las que utiliza el gobierno para insistir en un cambio de tendencia según una lectura sorprendente: cada vez estamos peor, pero empeoramos más lentamente.
Endeblez estadística
Leyendo el informe del Banco de España sobre la evolución económica en el primer trimestre de este año, con la intención de indagar en la información de base en la que se sustentan los pronósticos oficiales, se puede leer un primer párrafo que, paradójicamente, a pesar de afirmar que la economía mejora, da lugar a muchas dudas. Vale la pena reproducirlo:
Durante el primer trimestre de 2014 la economía española prolongó la trayectoria de paulatina recuperación de la actividad en un contexto en el que se produjeron un avance adicional en la normalización de los mercados financieros y la consolidación gradual de la mejoría del mercado laboral. Según la información disponible —todavía incompleta—, se estima que el PIB aumentó un 0,4 % en tasa intertrimestral (frente al 0,2 % del período octubre-diciembre), lo que situaría por primera vez la tasa interanual también en terreno positivo (0,5 %), tras nueve trimestres consecutivos de tasas interanuales negativas”.
Esas tasas es lo mínimo que se despacha en crecimiento. Menos, entra en el orden de magnitud de los errores de estimación. ¿Quién compraría un coche de segunda mano o una recuperación ofrecida en tales términos?
La endeblez estadística de la campaña de la recuperación del gobierno es manifiesta. Rastreando y exprimiendo la información se encuentran algunos datos que han mejorado con respecto al pasado, pero otros revelan problemas agudizados, de manera que la valoración global de la situación, en el mejor de los casos, podría retrotraernos a varios meses anteriores cuando el PP, necesitado de algo positivo que ofrecer después de tanto desastre y sufrimientos causados, empezó a anunciarnos que había ya indicios de haber tocado, pero no para afirmar que la economía ha emprendido ya el camino definitivo de la salida de la crisis. El gobierno, empleando el gobelino método de insistir, se creyó su propia propaganda, cuando lo más favorable que se puede mencionar sobre la recuperación son las propias previsiones del gobierno, cuya credibilidad es simplemente nula
Los problemas de fondo: la deuda exterior y pública
El asunto principal no es si realmente la economía ha mejorado levemente, lo que significaría entrar en el debate artificial que se ha suscitado sobre la evolución “macro” (lo que ve el gobierno de positivo para su campaña) y la evolución micro (lo que sufren los ciudadanos en términos de paro, salarios, precariedad, los desahucios, etc., etc…), que sique profundamente hundida. La incógnita fundamental pendiente es si hay riesgos de agravamiento serio de la crisis en el próximo futuro, es decir, antes de que se confirme esta más que discutible recuperación de la que se habla. Y se puede afirmar con bastante contundencia que existen serios peligros de que la crisis origine momentos muy dramáticos, que conmocionen aún más al país económica y socialmente (dejemos ahora la política).
La España va bien de Aznar y la euforia ridícula de Zapatero con aquello de la liga de campeones, la solvencia del sistema financiero español y el ritmo vertiginoso al que nos aproximamos a Francia e incluso a Alemania, todo se fue a pique repentinamente al declararse la crisis del sistema financiero internacional en septiembre de 2008, con la quiebra del banco norteamericano de inversión Lehman Brothers. La causa no fue otra que la economía española estaba enormemente endeudada con el exterior y que, desatada la crisis y activada la vigilancia, nuestro país pasó a ser un deudor muy sospechoso y bastante insolvente, en un clima general de incertidumbre, desconfianza y agujeros financieros insondable. El desarrollo de nuestra crisis económica ya lo conocemos, con el cierre del crédito, la prima de riesgo disparada, el rescate del sistema bancario y el aumento del déficit y el endeudamiento del sector público.
En efecto, al final del año 2007 los pasivos exteriores brutos de la economía española ascendían a 2,25 billones de euros, tras haberse multiplicado por más de 4 desde la implantación del euro en 1999, como consecuencia del endeudamiento derivado de los déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente y la participación de la empresas y la banca española en la euforia financiera de aquellos años, endeudándose a chorros y expandir sus activos Principalmente en Latinoamérica. De esos 2,25 billones, solo correspondían 0,19 billones a las Administraciones Públicas, en deuda pública colocada en el exterior, que mantenían entonces una posición bastante saneada.
Al final del 2013, después del hundimiento económico de los últimos años, se ha corregido el déficit exterior y se ha logrado un ligero superávit de la balanza corriente en 2013 por la postración de la actividad, pero todavía los pasivos exteriores superan los 2,3 billones de euros con la particularidad de que la parte correspondiente a las administraciones públicas es ahora de 0.35 billones de euros. Un profundo desequilibrio tanto del sector privado como público que constituye una rémora muy agobiante para la economía española en los próximos tiempos, susceptible de ocasionar incidentes financieros graves y descontrolados.
¿Qué pasa con la deuda pública?
En la evolución del sector público reside uno de los aspectos más negativos y peligrosos de la situación económica comparada con la del principio de la crisis. Las Administraciones Públicas llegaron a tener en el trienio 2005-07 un ligero superávit, pero, sobrevenida la crisis, con la particular explosión de la burbuja inmobiliaria, los ingresos públicos cayeron drásticamente y, a pesar de las políticas de ajuste y austeridad, los déficit del sector público han cobrado en los últimos tiempos cotas insólitas. La consecuencia inevitable ha sido un rápido e intenso crecimiento de la deuda pública, cuyos intereses constituyen una pesada carga para las propias cuentas del sector y exige una renovación continua de dicha deuda en unas condiciones todavía dominadas por la inestable situación financiera internacional y la insolvencia potencial de nuestro país.
Algunos datos: de 2009 a 2012 el déficit de la Administraciones Públicas ha oscilado en torno al 10% del PIB y todavía en el año 2013, después del perseguirse drásticamente su reducción desde mayo de 2010, con Zapatero plegándose a las exigencias de la Troika, ha sido del 7 % del PIB siete, incluida la deuda asumida por el Estado para ayudar a la banca. La deuda de las administraciones públicas, que al final de 2007 no llegaba a los 400.000 millones de euros, supera ya el billón, en cifras redondas el 100% del PIB, sin incluir otros casi 150. 000 millones de avales del Estado y lo oculto en las alfombras de la Administración.
Estos datos referidos al vuelco de las cuentas públicas son decisivos para entender la tesis de este artículo sobre la continuidad de la crisis y su posible agravación. Todos los mensajes de recuperación chocan con la que será sin duda alguna la política económica que aplique el gobierno muy próximamente. Más recortes, más ajustes, mayor austeridad, en esa lucha bastante difícil y contradictoria por acabar con el déficit público, tal y como lo exigen los poderes económicos.
Tanto el FMI como la Comisión Europea no dejan de emitir señales sobre la necesidad de dichos ajustes y recortes, aparte claro, de no olvidar nunca flexibilizar más el mercado de trabajo. Se apuesta por una recuperación que no sólo no cuenta con motores que la empujen sino que existe el freno poderoso del déficit público. (Así estaba escrito este párrafo antes de conocerse que con nocturnidad el gobierno ha enviado a Bruselas un documento sobre la actualización del plan para el cumplimiento del Pacto de Estabilidad en el que se apuntan nuevos recortes salvajes para pensionistas, funcionarios, parados, dependencia…)
La continuación del déficit de las cuentas públicas induce un crecimiento de la deuda pública, que ya roza el nivel de lo impagable. No se quiere mencionar este dato para comparar situaciones antes de la crisis y ahora, un pequeño olvido de la manipulación, pero es definitivo para poner de manifiesto que la economía española está más socavada e inestable que al comienzo de la crisis. La evolución de la prima de riesgo con una caída en los últimos tiempos sensible se aporta en sentido contrario como dato concluyente, pero bastaran pequeños acontecimientos traumáticos para que se dispare nuevamente como corresponde a la deuda soberana de un país altamente endeudado. No se han inventado todavía remedios sin graves consecuencias para enfermedades de este tipo (quitas, reestructuración, rescates….). El país está instalado sobre una bomba financiera, con lo que implica de inestabilidad latente en lo inmediato y de peligros futuros.
¡Que no se distraiga la izquierda y medite sobre cómo afrontar el futuro si estos comentarios tienen verosimilitud!
Pedro Montes es economista e integrante de Socialismo 21



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Nodo50 y Eguzki Bideoak van a poner en marcha un servicio de alojamiento y visionado de vídeo en la red dirigido a colectivos, productoras independientes, vídeo activistas, medios de comunicación y en general a cualquier organización o persona que necesite publicar sus vídeos de forma segura en la red.

Eguzki Bideoak tiene 20 años de experiencia en la producción y distribución de documentales y el mediactivismo. Nodo50 lleva 20 años construyendo infraestructuras autónomas para ofrecer servicios de Internet a colectivos y activistas.

Hemos decidido unir nuestras experiencias y conocimientos para crear un servicios de alojamiento y visionado de vídeo libre de publicidad, de censuras gubernamentales o empresariales y que respete la privacidad de quienes publican y quienes ven los vídeos.

Lo hemos llamado Makusi.tv

PRIMEROS PASOS

El proyecto está en la primera fase de su desarrollo. Estamos programando la herramienta y diseñando la infraestructura técnica sobre la que funcionará.

En este momento buscamos el apoyo de las futuras usuarias y usuarios, es decir de quienes van a publicar vídeos y de quienes van a verlos. Son dos las fórmulas de apoyo: una colecta de fondos y una encuesta.

LA COLECTA

Hemos decidido lanzar una campaña de colecta colectiva (crowdfunding) para juntar los 19.950 € necesarios para iniciar Makusi.tv

En la web del proyecto en http://goteo.org/project/makusitv/needs podéis ver los gastos desglosados y las recompensas que se darán a quienes contribuyan. Y desde ahí podéis hacer vuestro aporte.

Queremos desarrollar Makusi.tv sobre una infraestructura propia, con nuestros propio servidor alojado en un centro de datos de confianza. El mismo sitio donde Nodo50 tiene sus servidores. Es la única forma de garantizar dos de los pilares mas importantes del proyecto: la defensa de la privacidad de los usuarios y usuarias y la independencia total de las grandes empresas y gobiernos para poder resistir cualquier intento de censura, bien sea por presiones gubernamentales, empresariales o campañas de criminalización de los medios corporativos. Por supuesto eso encarece los costes, como ya explicó hace casi 3 años Nodo50 cuando trasladó sus servidores a Suecia.

LA ENCUESTA

Mientras preparamos la herramienta para ponerla en la red, estamos recabando opiniones que nos ayuden a que la herramienta cubra las necesidades de las futuras usuarias y usuarios de Makusi.tv.

Por favor tómate un tiempo para responder a estas preguntas que nos ayudarán, y mucho, en nuestro trabajo.

La encuesta está en la web de Makusi.tv http://www.makusi.tv/encuesta/ (disponible en castellano, euskara, galego, català y português).

MAS INFORMACIÓN

Una descripción mas detallada de lo que va a ser Makusi.tv la podéis encontrar la página de la colecta en http://goteo.org/project/makusitv/home

Una explicación sobre la necesidad de tener infraestructuras propias en Internet para depender lo menos posible de las grandes empresas multinacionales, y de como la libertad que se consigue mediante esa autonomía técnica tiene un coste, se puede ver en el comunicado y el documental que Nodo50 publicó cuando movió sus servidores a Suecia en julio de 2011:

- - Comunicado: ¿Por qué Nodo50 se ha mudado a Suecia? http://info.nodo50.org/Por-que-Nodo50-se-ha-mudado-a.html

- - Documental: Nodo50. Error en el sistema http://info.nodo50.org/Documental-Nodo50-Error-en-el.html





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La privatización de la sanidad mata "Me dijeron que le quedaban dos años de vida y falleció a los seis meses"







05-05-2014

La privatización de la sanidad mata
"Me dijeron que le quedaban dos años de vida y falleció a los seis meses"

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La Instrucción 10/2012 del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya se emitió para dar cobertura sanitaria a las personas excluidas tras el Real Decreto 16/2012 del Ministerio de Sanidad. En la práctica, los requisitos fomentan el rechazo y no garantizan el acceso universal a la atención médica.
La Instrucció 10/2012 (pdf) del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya se emitió para dar cobertura sanitaria a las personas excluidas tras la aplicación del inhumano Real Decreto 16/2012 del Ministerio de Sanidad. En la práctica, requisitos de la misma Instrucció fomentan la exclusión y no garantizan el acceso universal a la salud que la Instrucció anunciaba preservar.
Aurelia enseña la montaña de informes médicos y derivaciones a varios hospitales de su amigo Jolly Bolisay, diagnosticado con un cáncer de pulmón y que falleció. Jolly ingresó en noviembre de 2013 en el Hospital de Terrassa, donde recibió una parte del tratamiento. Dada su buena evolución, se le dio el alta para que prosiguiera con un control ambulatorio.
"Le dijeron que en una semana debía ver a su oncólogo para la quimioterapia", cuenta Aurelia. Allí empezó el calvario de Jolly; al no tener la tarjeta sanitaria, no podía solicitar visita con un oncólogo y proseguir con su tratamiento. "Necesitaba la tarjeta sanitaria y el empadronamiento", recuerda Aurelia. Jolly se fue a casa y, a finales del mes de noviembre, cuando se encontró mal, volvió a urgencias, en Pere Camps, donde se le recomendó de nuevo visitar a su oncólogo para el tratamiento. Regresó otra vez a casa sin poder ir al especialista y a finales de diciembre acudieron a urgencias de nuevo, esta vez al Hospital del Mar. "Como tenía mucho dolor llamé a una ambulancia y ellos no nos preguntaron por la tarjeta sanitaria. Vieron que estaba muy mal y lo ingresaron. Luego sí que le dieron visita en consultas externas". El último ingreso se realizó a finales del mes de enero. "En noviembre me dijeron que le quedaban dos años de vida y falleció en seis meses. ¿Qué puedo hacer?". Explica que en el hospital todavía no han establecido la causa exacta de su fallecimiento.
La burocracia que mata
Aurelia cuenta que su amigo llevaba más de veinte años en España, había trabajado en la construcción y había tenido la tarjeta sanitaria. Al no renovar el permiso de residencia, automáticamente se le canceló la antigua tarjeta sanitaria. Según la Instrucció 10/2012, para tramitar una nueva tarjeta sanitaria debía actualizar su empadronamiento y demostrar una antigüedad en el padrón de un mínimo de tres meses. A Jolly la burocracia le había declarado la guerra. Su pasaporte, requisito imprescindible para el empadronamiento, había caducado y tardaba dos meses en tramitarlo. Formalizar todos los trámites hubiera supuesto unos seis meses de espera. En todo este periodo no podía acudir a un oncólogo, solo al servicio de urgencias.
El endocrinólogo Jesús Blanco, de la Plataforma per una atenció sanitària universal a Catalunya (PASU_CAT), considera que en el caso de exclusión sanitaria de los pacientes crónicos se incumplen incluso las previsiones del Real Decreto 16/2012. "Se afirma que el paciente tiene derecho a ser atendido a través de urgencias hasta el alta médica, que no es el alta hospitalaria. El alta médica de un proceso, por ejemplo, si te diagnostican un cáncer, es el alta médica del cáncer, no de las urgencias", explica Blanco.
El médico señala que la ley, en un principio, cubre y garantiza la atención en urgencias y las necesidades derivadas de esta atención. "Cosa que no se está cumpliendo", apunta. "Cuando acaba la atención en urgencias te mandan a tu médico de cabecera o a tu especialista, pero sin tarjeta sanitaria no te dan visita con este médico". Así, los pacientes crónicos sin tarjeta sanitaria van de una puerta a otra y lo único que pueden hacer es volver a urgencias . "No hay ningún tipo de excepción para ellos y en urgencias no se atienden dolencias crónicas. Si en urgencias llega un señor con hipertensión mal controlada, pues, aparte de tratarlo en ese momento, no le aplicas tratamiento a largo plazo", explica a Público Jesús Blanco.
El médico considera que las actuales propuestas de responsables de departamentos de salud de varias comunidades autónomas (que solicitan el acceso a la sanidad para pacientes crónicos con patología psiquiátrica, "al que le añaden el calificativo de peligrosa para la sociedad", o en el caso de enfermedades transmisibles) son una estrategia de criminalizar a los pacientes. Y la exclusión sigue en pie: "Criminalizas a la población y solo sirve para poner etiquetas, porque si son personas sin acceso al sistema de salud, ¿dónde las diagnosticas, en la calle? ¿Haces redadas? Tenemos algún borrador y el hecho de que grupos de dirigentes de la sanidad lleguen a escribir eso en un papel es preocupante."
Urgencias de pago y desatención menores
Genara González, desprovista también de tarjeta sanitaria, acudió a varios centros de urgencias hasta que finalmente la atendieron en el Hospital Clínic: "Hemos ido a Manso de urgencias y nos dijeron teníamos que pagar. De allí, al Hospital del Mar, de donde nos mandaron al Hospital Clínic. Allí me pidieron el documento de identidad y me dijeron que me iban a mandar la factura a casa, que ya ha llegado". Las facturas emitidas en los centros de urgencias de los distintos hospitales públicos no son algo circunstancial, según los casos que recoge la plataforma PASU_CAT. "Recibir una factura en urgencias no es la excepción, es la norma. Los casos sin tarjeta sanitaria se facturan", explica Jesús Blanco.
Según el Real Decreto 16/2012 del Ministerio de Sanidad, la atención sanitaria en urgencias es de aplicación universal. Estefanía , doctora en el Espacio del inmigrante de Barcelona, comenta que un vacío de interpretación en el mismo decreto deja la puerta abierta a las facturas en urgencias. "Afirma que la asistencia en urgencias está cubierta, pero no dice si es gratuita. Ahí nos la han clavado. El discurso a nivel mediático se ha manejado muy bien: nadie quedará en la calle sin estar atendido. Pero lo que nos consta es que están cobrando las urgencias. Te atienden, sí, pero antes te piden el documento de identidad y luego te hacen firmar un documento conforme al que vas a recibir una factura. Es una medida disuasoria. Ante la posibilidad de que le llegue una factura de 200 o 300 euros, la persona se va a casa".
A todo esto se suman los casos de arbitrariedad en las admisiones en urgencias. Tudor Vrabiescu , menor de edad, tuvo que acudir dos veces con vómitos a urgencias para ser atendido: la segunda vez, con un acompañante que conocía los derechos del paciente y reclamó que se le atendiera, dado que se trataba de un menor. Estefanía, que acompaña a pacientes a urgencias para asegurarse de que son atendidos, se pregunta quién decide la urgencia del caso en la ventanilla de admisiones. "Urgente bajo la percepción del recepcionista, no del médico. ¿El sentido común del ama de casa se aplica a un sistema nacional de salud, fiebre o sangre?".
La exclusión es el principio de la privatización del sistema
La Instrucció 10/2012 emitida por el Departamento de Salud de la Generalitat afirma asegurar la cobertura sanitaria universal para todas las personas que residen en Catalunya. Pero esta misma normativa presenta aristas que hacen que en la práctica la exclusión sea una realidad. Uno de los requisitos es el padrón que debe tener una antigüedad de tres meses. Los pacientes que tienen dificultades para empadronarse, por carecer de domicilio fijo o por compartir pisos donde ya figuran empadronadas otras personas, no pueden acceder al médico. A estos casos se añade la "irregularidad sobrevenida". El educador social del Espacio del inmigrante que acompaña a los pacientes a los servicios médicos cuenta que "durante este año y medio ha habido una fábrica de creación de personas irregulares que han perdido el trabajo y, con él, la tarjeta sanitaria, aunque hayan cotizado en su día".
Desde la plataforma PASU_CAT, Jesús Blanco denuncia que los requisitos de la normativa favorecen la exclusión sanitaria: "En Catalunya, de las aproximadamente 300.000 personas excluidas tras la emisión del Real Decreto 16/2012, creo que a unas 100.000 se les ha asignado tarjeta sanitaria por la Instrucció 10/2012, con lo cual las circunstancias de exclusión son más frecuentes que las de acceso a la tarjeta sanitaria. Por eso decimos que esta normativa no arregla la gran mayoría de los casos de exclusión y a veces acaba creando un doble rasero, como pedir el padrón para niños y embarazadas cuando estos casos no son excluidos por el RD; entonces no se tiene que pedir el padrón."
Para el médico, el argumento económico que justifica la exclusión sanitaria es solo una vía para allanar el camino hacia un nuevo modelo de Sanidad donde el paciente pasa a ser cliente , indiferente de su origen. Insiste en que la sanidad no se paga a través de la Seguridad Social, para vincular el acceso a la condición de asegurado, sino a través de distintos impuestos.
"Con el IVA de lo que compras financias la asistencia sanitaria, con el IRPF de tu nómina también. Se empieza recortando por abajo y arriba, el mismo RD 16/2012 que excluye a la los pacientes sin papeles, también excluye a las personas que ganan más de 100.000 euros al año. Una vez que hayas establecido el nivel bajo y el alto, es tan fácil como subir el bajo y bajar el alto para seguir recortando el derecho a la salud. A eso o te opones ahora o será imparable".
Las clínicas privadas, favorecidas
El recorte al acceso a la salud va subiendo al incluir diferentes colectivos, como los españoles que residen más de tres meses en el extranjero, los pacientes crónicos que deben pagar su medicación o las personas que esperan años una intervención quirúrgica. A cada colectivo se le excluye por una vía distinta, "burocrática, temporal o económica. Hay un montón de formas de exclusión sanitaria que se silencian", explica Estefanía.
Las mismas listas de espera son una forma de exclusión y de favorecer a la sanidad privada: "Para aligerar las listas de espera del centro público se derivan pacientes a un centro privado, concertado con la pública; o la persona misma que está en las listas de espera se busca los recursos para ir a la privada, con lo cual no deja de ser una manera de derivar flujo de pacientes a empresas privadas que se lucran de la sanidad".
Las exclusiones del sistema concretan los primeros pasos de la conversión del derecho universal a la salud en un derecho proporcional al del bolsillo de los pacientes. "Hablando de los condicionantes de la salud, muchas veces decimos que influye más tu código postal que tu código genético. En una ciudad pequeña como Barcelona, la población del Raval tiene una esperanza de vida de siete u ocho años menos que la población del barrio alto de Sant Gervasi. Es un 10% menos y solo hay tres kilómetros entre estos barrios. La primera misión de un sistema sanitario debería ser intentar disminuir esta brecha, paliar los efectos de las peores condiciones de vida", reclama Jésus Blanco.
La movilización ciudadana contra la privatización del sistema es la única vía de parar el desmantelamiento de la Sanidad pública, advierte la doctora del Espacio del inmigrante: "Todo el mundo tiene algo que hacer: el paciente debería luchar por sus derechos; el médico, apelar a la ética profesional y ver pacientes no asegurados; y los ciudadanos, hacer grupos de acompañamiento y conseguir que los afectados vuelvan a recuperar la tarjeta sanitaria".


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