dissabte, 29 de desembre de 2012



29-12-2012


Burjassot, primera “Ciudad contra los desahucios” de Valencia a propuesta de la PAH y EU


laRepublica.es



La Policía Local no intervendrá en los desahucios y el Ayuntamiento retirará la liquidez posible de las cuentas de los bancos que dejen a los vecinos sin hogar

El Pleno de Burjassot sacó adelante por unanimidad una moción de la PAH, presentada por Esquerra Unida, que convierte al municipio en “Ciudad contra los desahucios”. El pueblo de l’Horta Nord se convierte así en el primero de Valencia en declararse oficialmente contrario a esta lacra.

Entre las medidas aprobadas está la prohibición de que la policía local intervenga en los desahucios- salvo orden expresa de un juez para no cometer prevaricación- y la posibilidad de que el Ayuntamiento retire la liquidez de las cuentas de los bancos que maltraten a sus vecinos, como instrumento de presión.

“El pueblo trabajador ya ha demostrado su implicación en la calle con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Esquerra Unida de Burjassot también ha expresado su compromiso con el problema de la vivienda proponiendo soluciones como la dación en pago, la expropiación de los pisos de los bancos o la nacionalización de la banca y sus títulos de deuda. Ahora el Ayuntamiento, del que formamos parte, no puede mirar a otro lado. Tiene que actuar o será cómplice de este crimen contra los ciudadanos”, explicó Blanco, portavoz de los comunistas.


Fuente:http://www.larepublica.es/2012/12/burjassot-primera-ciudad-contra-los-desahucios-de-valencia-a-propuesta-de-la-pah-y-eu/


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter 

divendres, 28 de desembre de 2012



24-12-2012

Saint-Just y el ocaso de la monarquía española

eldiario.e

No se puede reinar inocentemente, Saint-Just

"No puedes ser gángster a medias, Nucky", Boardwalk Empire





No se puede reinar inocentemente, Saint-Just
Vivimos en un reino sin memoria. Sin memoria, sentido democrático, ni razón. Un reino autonómico, caprichosas taifas cafeteras, cuya Historia reciente se oculta -ignoro la intención- a las nuevas generaciones. Resulta sorprendente, al menos para cualquier observador neutral, que el “motor del cambio”, uno de los artífices de la denominada Transición y garante de las libertades públicas, el rey, Juan Carlos I, primus inter pares, siga siendo una figura de consenso. Que la actual monarquía española tenga su origen jurídico, fundamento moral y legalidad institucional en La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, una de las ocho Leyes Fundamentales del franquismo parece, hoy en día, un hecho menor, anécdota, cuando debería ser esencial para su cuestionamiento democrático por parte de una moderna sociedad civil. Redactada por Carrero Blanco (asesinado luego por ETA, con complicidad -no probada- nacional e internacional, cuando era presidente del Gobierno, el 20 de diciembre de 1973), esta norma declaraba, en su artículo 1, y no sin cierta malicia semántica, que "de acuerdo con su tradición España, un estado católico, social y representativo ( sic), se constituía en Reino". El artículo 6 diseñaba la arquitectura del futuro, la estrategia global del general africanista, afirmando que el "Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde" podía proponer a las Cortes la persona que debía sucederle, a título de Rey o Regente.

Años después y tras idas y venidas entre los adláteres del régimen y don Juan, padre del actual monarca, residente en la alegre villa portuguesa de Estoril, el 22 de julio de 1969, las Cortes franquistas nombraron a Juan Carlos de Borbón sucesor de Franco, saltándose la línea dinástica, jurando el príncipe heredero -entiendo que por imperativo legal- los principios generales del Movimiento Nacional. No es cierto, como sugieren las malas lenguas, habladurías, que la madrugada del 23 de febrero de 1981, el día de su consagración mediática, el rey, bajo el uniforme, llevara puesto el pijama. No es cierto.

"Lamento mucho que Don Juan de Borbón se haya hecho incompatible con el régimen; tú sabes bien que siempre pensé en él para que en su día fuese coronado y por esto no le permití arriesgar su vida cuando quiso venir a luchar con nosotros para salvar a España. Tengo esperanzas de que, dado su patriotismo, en el momento oportuno aceptará renunciar a favor de su hijo, y que éste prestará juramento comprometiéndose a respetar y a hacer cumplir las leyes fundamentales y los postulados del Movimiento". Así -cinco años antes de la designación oficial de Juan Carlos- y con la tosca claridad del cuartel, se justificaba Franco, un lejano 20 de abril de 1964.Palabras recogidas en Mis conversaciones privadas con Franco de Francisco Franco Salgado-Araujo (Planeta, 1976, pág. 420), parece evidente que el caudillo había diseñado el esquema sucesorio.

Aunque escasos, la frágil modernidad patria les ha pasado por encima, es justo reconocer que aquellos que consideraban (y siguen considerando) a Juan Carlos I y, por extensión, al neoausente Adolfo Suárez, traidores al Régimen del 18 de julio, tienen sus razones.
Elegido diputado a los 21 años y ejecutado a los 26, estratega militar, político, redactor de un proyecto de Constitución, brillante orador, Saint-Just es uno de los dirigentes de la Revolución francesa más vilipendiados y desconocidos. La violenta ignorancia -le llamaban el "arcángel del terror"- sobre su pensamiento y acción (el desprecio del neoliberalismo) solo puede ser comparada con la potencia destructora de las críticas que sobre él -y sobre la minoría de la Montaña (minoritarios, a su vez, entre los jacobinos)- se han vertido.
Convencido republicano, poco partidario del Estado (una de las primeras fuentes de opresión), Saint-Just creía que una decidida sociedad libre -incluidos los magistrados- debía autorregularse, es decir, constituirse en organismo vivo, determinante, de participación directa.

En aquel fugaz espejismo alternativo que fueron los Foros Mundiales -el Pueblo de Porto Alegre- latía el genial grito de los montagnars, partidarios de la libertad en marcha. Su actualidad, visto el descrédito de las instituciones y de la política de gestos y espejos, se hace evidente. Sirva, pues, al menos como introducción, la selección de sus escritos hecha por Carlos Valmaseda, “La libertad paso como una tormenta” (El viejo topo, 2006). Que no se pueda encontrar en castellano traducción de la mayoría de sus obras y discursos (sigo la edición francesa completa, Folio, Gallimard, 2004, 1.248 páginas), da muestra del desinterés de nuestra cultura política por el proceso revolucionario francés que acabó, entre otras cosas, y para siempre, con la monarquía. El 13 de noviembre de 1792, ante la Convención, un resuelto Saint-Just exclamará: Ttodo rey es un rebelde y un usurpador”. Aux armes, citoyens / formez vos bataillons, dice la vigorosa letra de La Marseillaise.

"Yo tengo la esperanza, y en ella confío, que el príncipe Don Juan Carlos en el momento oportuno dará su conformidad oficial a la ley de sucesión y prestará juramento de cumplir y hacer cumplir, como rey de España, los principios, postulados, leyes, etcétera, del Movimiento Nacional de 18 de julio. Sin esto, su nombramiento no sería propuesto, ni aprobado por el Consejo del Reino. El comportamiento de este príncipe y de su esposa, la princesa Sofía, mantiene mi esperanza de que, llegado el momento de la decisión, se mantenga de lleno al lado del espíritu nacional de la memorable fecha citada. Ellos viven en contacto con el pueblo y están enterados de sus aspiraciones y esperanzas, lo cual les servirá de enseñanza para el futuro". ( Mis conversaciones privadas con Franco. Francisco Franco Salgado-Araujo; Planeta, 1976, pág. 420). El dictador insiste, el mismo 20 de abril de 1964, y continúa ante su interlocutor, un ejercicio de prospectiva. Juan Carlos será leal, creía Franco, al Régimen al que había jurado fidelidad.

¿En qué se basaba Franco? ¿Qué pensaba, en realidad, de Juan Carlos? Estas y otras cuestiones quedarán sin respuesta. Sin embargo, que Franco depositó una parte de su régimen en manos de Juan Carlos es obvio; que las Cortes franquistas lo sancionaron, también; que el monarca giró hacia posiciones diferentes es indudable; que este proceso se hizo con el acuerdo de EE UU, evidente. Está visto que la estratagema del monarca -su padre, don Juan, renunció a los derechos dinásticos el 14 de mayo de 1977- ha dado excelente resultado ya que sigue ocupando el trono regio décadas después sin que su figura, por errores que cometa, haya sido cuestionada. Basta observar el vídeo de la renuncia de Don Juan, heredero de Alfonso XIII, para entender las complejas relaciones entre ambos.

Procesado y condenado, Luis XVI de Francia fue guillotinado el 21 de enero de 1793. Cuando lo crea conveniente o debido triste hecho biológico, la corona (re)instaurada por Franco pasará de forma natural a Felipe de Borbón y Grecia, su hijo. Permítaseme recordar, sin ironía, que en la línea sucesoria, Juan Valentín Urdangarín y Borbón, grande de España, primogénito de la infanta Cristina, ocupa el octavo puesto.

¿Es posible, pese al Título II de la Constitución de 1978, considerar legítima, moral, histórica y jurídicamente, una monarquía (re)instaurada por una dictadura nacional-católica? ¿Es el rey Juan Carlos, pese al Titulo II de la Constitución de 1978, como diría Saint-Just, un "usurpador" (de los legítimos derechos dinásticos de su padre, Juan de Borbón), al haber sido designado directamente por el dictador y haber negado éste, en uso de su criterio y de la Ley de Sucesión de 1947, la línea dinástica que debería haber concedido el trono a su padre, heredero de Alfonso XIII? ¿Estaba Franco, con la designación del príncipe como futuro rey, vulnerando la tradición de la corona española? Pese a los escollos que plantean de estas cuestiones doctrinales, urge destacar la comunión simbólica existente entre una parte mayoritaria de la ciudadanía y "su" monarca. ¿Cómo explicar esta relación? ¿Es cierto que, como se repite, la mayoría natural es juancarlista y no monárquica? Tratemos de acercarnos a este punto.

Uno de los principales problemas que tuvo que afrontar el "segundo" franquismo, el que arranca con el Plan de Estabilización de 1959, era la creación de una clase media que soportara el peso económico del país. Esa emergente clase social, que ya no es hija directa de la guerra, va a encontrar en la figura de príncipe, y su discreta esposa, un referente de usos y costumbres. Rey sin corte ni boato, Juan Carlos entendió, Franco lo había adivinado, su proximidad con la ciudadanía, debido tanto a su aparente bonhomía (la mítica "campechanía" de los borbones), como a una especie de asimilación de las aspiraciones pequeñoburguesas de las clases medias que empezaban a disfrutar, pasadas las penurias de la posguerra, de un incipiente bienestar económico: cierto poder adquisitivo, moderado pero constante consumo doméstico, primeros automóviles, segunda residencia mediterránea, etc. La aniquilación del tejido socio-asociativo, que tanto favoreció la implantación transversal del franquismo como sistema autoritario, con el corporativismo nacional-católico como base ideológica, produjo, desde el mencionado giro económico de 1959, una anómala situación ya que el proyecto interclasista de la tecnocracia emergente -Franco cedió pronto el mando económico quedándose con la representación política y el orden policial- carecía de referente social.

El poder institucional, único, se apoyaba en el terror ejercido por una amplia red policial -desde los serenos con chuzo a la Brigada Político-Social- y en la omnipresencia de cancerberos militares y religiosos. Las funciones estratégicas de estas fuerzas de choque eran claras. Mientras los militares, vencedores en el campo de batalla, aseguraban la verdad histórica revelada y la cohesión nacional, la vanguardia religiosa garantizaba la rectitud moral y la educación. Con la cartografía en la mano, a la tecnocracia -necesitada de articular una estrategia contable capaz de vencer el aislacionismo- le faltaba una pieza: una claseprotoconsumista que impulsase la demanda interna y fuera capaz de pasar de la caduca estructura productiva, casi autárquica, al novedoso sistema económico.

Impulsada por el INI, un pluriempleo, en muchos casos, de la casta militar, y las grandes corporaciones bancarias; ayudada por las inversiones extranjeras, el crecimiento del turismo, el dinero procedente de la emigración europea y el control sobre la masa salarial, la tecnocracia dirigió la renovación con mano de hierro, única manera de asegurar la pervivencia jerárquica de su casta. El príncipe y sus asesores entendieron pronto el cambio social que se estaba produciendo y, lejos de arrogarse un estatuto de superioridad, hubiera sido un error, supo ser un "español más", dispuesto, según se repetía, a arrimar el hombro en beneficio de todos. Esta identificación con la clase consumista, su consagración el 23-F y el papel, asignado por el PSOE de 1982, como primer embajador de la democracia española, han hecho de su figura algo indisociable de la democracia española: el rey de las clases medias.

"Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir", declaró el monarca, el pasado 18 de abril de 2012, a la salida del hospital después de su accidente de caza en Botsuana. Juntos desde 1969, cuando fue designado sucesor a título de rey, Juan Carlos y su clase media –ya jubilada, igual que debería estar el rey- a la que con tanto aplomo ha representado y con la que, además, ha coincidido generacionalmente, han caminado muchos años -la mayoría gobernados por el PSOE, el más monárquico de los partidos nacionales- en perfecta simbiosis: la cercanía produce el cariño y, por extensión, todos los perdones.

Aceptemos, aunque sea como hipótesis, que Juan Carlos I ha cumplido su rol moderador y ha contribuido al tránsito de la dictadura a la democracia. ¿Es necesaria, una vez consolidadas las instituciones de la democracia de mercado que esta forma de Estado, hija de la arbitrariedad legislativa de Franco, se perpetúe en la figura de Felipe de Borbón? ¿Esta dispuesta esta nueva sociedad neoliberal, precarizada, individualista, dueña de valores mutantes, ajena a las penurias de la guerra 1936-1939, a un nuevo pacto que facilite, sin sobresaltos, la sucesión dinástica? ¿Tiene Felipe de Borbón una clase emergente, cercana, complaciente, dispuesta a ser su sustento social?
"Si se aplica bien la ley de sucesión el pasado no volverá, y la futura monarquía contribuirá a la grandeza de España y será una garantía de que no se podrá retroceder a las situaciones que superamos y rechazamos en nuestra guerra. La nueva constitución monárquica, basada en la ley de sucesión y en los principios fundamentales del Movimiento, tendrá fuerza suficiente para que sea respetada, y la flexibilidad necesaria para irse amoldando a las necesidades futuras de la nación". Desde luego, no cabe duda, Francisco Franco acertó una vez más, con los matices que se quiera, el 4 de febrero de 1965 hablando, con uno de sus hombres de confianza, Pacón (Francisco Franco Salgado-Araujo), en el libro citado. Como recoge Joan E. Garcés en su definitivo estudio, Soberanos e intervenidos (Siglo XXI, 1996), el presidente Nixon quería asegurarse una transición pacífica en España. "El dictador dio garantías a Nixon de que seguiría el curso previsto: la sucesión se llevará a cabo en orden. No hay alternativa al Príncipe". Atado y bien atado, se comentaba, pero no por el caudillo, precisamente. Un recordatorio de hemeroteca: en el primer viaje de Juan Carlos a EE UU, junio de 1976 -siendo Arias Navarro Jefe de Gobierno, llamado el carnicero de Málaga por su actuación como fiscal en los consejos de guerra franquistas-, declaró en el Capitolio de Washington: "La Corona asegurará el acceso al poder de las distintas alternativas de Gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados". EE UU aplaudió. Nixon y Vernon A. Walters, entre otros, habían puesto letra de oro al himno de la España moderna. Atado y bien atado. Ahora sí. Tengo sobre la mesa una moneda de cien pesetas, acuñada en 1975. En el anverso se ve a Juan Carlos I y se lee, Rey de España. En el reverso, el escudo del Águila. Siempre fue la numismática disciplina peligrosa.

Enfrentado a hebertistas y dantonistas, Saint-Just, una de las cabezas políticas más importantes de la modernidad, fue detenido por mandato de la Convención durante los días de la reacción termidoriana. Demócrata radical, leal hasta el final a Robespierre, crítico de la monarquía y sus privilegios, debería ser considerado un símbolo de la democracia, cuando esta se constituye en poder soberano.

Lejos de la intención de este repaso histórico establecer impropios paralelismos entre España, 2012, y Francia, 1793-1794. Saint-Just fue ajusticiado. "Los que hacen las revoluciones en el mundo, los que quieren hacer el bien, solo deben dormir en la tumba", decía, joven y arrogante, en octubre de 1793. Su destino estaba escrito, no en las estrellas, sino en los cuadernos de sus enemigos.

Juan Carlos I ha cumplido con creces, incluso con actuaciones sobresalientes, las misiones institucionales que tanto Francisco Franco como la democracia parlamentaria le han ido asignando. Juró, seguro que pensando en el futuro interés general, los Principios del Movimiento y, después, por la misma razón, la Constitución de 1978. Aclamado por todos, incluidos los historiadores más críticos, su figura es reconocida por los servicios prestados a la causa de la armonía común. Juan Carlos I ha entrado en la historia de España, es Historia de España, por méritos propios y ocupará un lugar destacado. Hora es de que rinda al Reino de España, país al que tanto ama, un último y definitivo servicio, igual que hizo su padre, don Juan, cuando renunció, por el bien común, al legítimo derecho dinástico que le correspondía: impedir que la afrenta de su sucesión se perpetúe. Aunque solo sea por anacrónica e innecesaria. Aunque sea solo por evitar a su hijo y sucesor el mal trago de no encontrar el respaldo popular, la base social, que él halló y supo mimar.

Desaparecido, el fantasma de Saint-Just recorre a caballo el norte de Francia, escribe María Toledano. La ley y la sangre le acompañan.

Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/Saint-Just-ocaso-monarquia-espanola_6_78102206.html

Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter 

dimarts, 25 de desembre de 2012



24-12-2012

Todas las asociaciones de jueces y de fiscales firman esta carta conjunta contra las reformas del ministro Alberto Ruiz Gallardón




Carta abierta al Presidente del Gobierno: Compromiso con la Justicia

eldiario.es


En la presente Legislatura se está produciendo una indeseable avalancha de reformas legislativas, impuestas por el Ministerio de Justicia en el ámbito de la Justicia. Dicha imposición se está realizando sin consenso con el resto de fuerzas políticas presentes en el Parlamento y despreciando los criterios técnicos de todas las organizaciones representativas directamente implicadas en el posterior desarrollo práctico de la reformas (jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y funcionarios). Por supuesto, despreciando los intereses más legítimos de los ciudadanos, que desconocen alcance social de las reformas puestas en marcha por el Ministerio de Justicia.

De esta forma, se disgusta a la ciudadanía, que cada vez se siente menos representada en las instancias que organizan la vida y la convivencia en el país y más alejada del Ministerio de Justicia, al que día a día viene valorando más negativamente. Pero al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia, centrando su actuación en un mero ejercicio del poder por la vía de la imposición sin consenso y sin diálogo, olvida no ya la mejora efectiva del sistema que administra, sino también las condiciones de vida en general de los administrados y de todos los españoles.

La situación se ha agravado sensiblemente en los últimos meses, en los que el discurso oficial ha ido por cauces y derroteros divergentes con los problemas y sensibilidades sociales. En ningún momento se ha atisbado en el ministro responsable la más mínima intención de acercamiento al mundo real de la gente y al papel vital que la Administración de Justicia juega en la democracia y en la defensa de la libertad.

De hecho, el Ministerio de Justicia no ha conseguido organizar un programa de reformas capaz de sintonizar con la realidad social ni con la situación de la Justicia. Y, mucho menos, capaz de entusiasmar a la sociedad con propuestas veraces, transparentes y bien comunicadas para restablecer la estabilidad perdida, la confianza y el empuje necesario con el que superar la gravísima crisis económica, social y política en que está embarcada España. Una crisis que no es necesario describir de manera más prolija, pues está en la mente de todos y en todas las conversaciones.

El cuadro sintomático en materia de Justicia se resume, hasta el momento, en este conjunto de despropósitos:

- Intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial, promovido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con la finalidad de cercenar la división de poderes y de quebrantar la independencia judicial.

- Ley de tasas, con fijación de cuantías desproporcionadas, que atentan al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

- Privatización de la justicia, reduciendo las competencias del marco judicial y traspasándolas a otros colectivos.

- Inexistencia de inversiones en materia de justicia, donde se mantienen ratios de población con jueces y fiscales en rangos ínfimos, equiparándolos a niveles de países de segundo orden.

- Ausencia de agilidad en las normas procesales.

- Endurecimiento innecesario del Código Penal, donde se introducen nuevos tipos penales, devenidos de asuntos puntuales con impacto en la opinión pública. Esta reforma sobresaturará las Fiscalías y los juzgados con competencias penales, con una reducción de los medios personales para poder afrontar dichos asuntos.

- Carencia de propuestas que solucionen las problemáticas mas acuciantes de los ciudadanos como serían los desahucios hipotecarios.

- Falta de modernización en la Administración de Justicia.

En relación con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cumplirá su tramitación legislativa el próximo martes 18 de diciembre en el Parlamento, denunciamos la falta de audiencia real que han tenido al respecto las asociaciones profesionales correspondientes, su inadecuación a las normativas europeas, su innecesaria tramitación por vía de urgencia y, en definitiva, su imposición mediante un ejercicio de fuerza sin escuchar a quienes, conocedores de primera mano de la situación, van a proceder a su aplicación. Se trata de una interpretación de la política que consideramos carente de sentido de Estado.

Ante la falta de respuesta a nuestros requerimientos por parte del Ministerio de Justicia, solicitamos el voto negativo o la abstención de los grupos parlamentarios en la votación correspondiente. Y anunciamos la promoción de todos los recursos y procedimientos disponibles en derecho para que sea derogada lo antes posible y sustituida por otra ley más razonable, más razonada y debidamente consensuada, en coherencia con nuestro compromiso con la Justicia y en defensa del interés general de la sociedad española.

Instamos tanto al Presidente del Gobierno como al Ejecutivo en pleno que asuman un compromiso real en defensa de la Administración de Justicia, para que esta pueda cumplir las elevadas funciones constitucionales que tiene asignadas. Los representantes de las asociaciones de jueces y de fiscales continuaremos reclamando soluciones para que nuestro sistema judicial pueda seguir garantizando los derechos fundamentales en el marco de nuestro Estado Constitucional.

Madrid, 17 de diciembre de 2012

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
ASOCIACIÓN DE FISCALES
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter