dilluns, 12 de maig de 2014

La falta de alternativas políticas en las próximas elecciones europeas




09-05-2014


La falta de alternativa política en las próximas elecciones europeas




El escenario político más inmediato que la ciudadanía española y su clase política contempla es el de las próximas elecciones europeas. Si ya de por sí este evento ha tenido tradicionalmente escasa repercusión a nivel de voto, existen otros factores propios de los tiempos que corren, que hacen prever la poca o nula incidencia que las políticas votadas puedan aportar a los grandes problemas por los que atraviesa nuestra sociedad, e incluso, se puede aventurar un recrudecimiento de las mismas políticas que hasta aquí nos han traído.

Tan es así que hoy, con la cantidad de signos políticos, ideológicos, sociales y económicos que desde Bruselas y sus instituciones se van lanzando, todavía ninguna fuerza política del panorama actual ha tenido el arrojo de oponerse, no ya a Europa y sus políticas, si no a esta forma de haber construido Europa, pues todo lo demás se desprende de este primer axioma.

El diseño actual de Europa, entorno a unas políticas económicas orientadas a fomentar la desigualdad periférica, entendida ésta no sólo en términos geográficos, si no también en términos económicos y sociales, y construida con instrumentos de control tan eficaces como el BCE o el Euro, obedece a las necesidades de una clase capitalista cuya aspiración última es y será la de salvaguardar sus privilegios y acrecentar sus cuotas de poder, pasando de camino por encima del cadáver de los derechos sociales, laborales y humanos.

Es compresible por lo anterior que las fuerzas conservadoras políticas se empecinen en vender el mensaje de más de esta Europa, dando otra vuelta de tuerca a lo que se refiere a políticas de “integración”; no obstante, esta forma de construir Europa permite que los gobiernos nacionales cada vez tengan menos margen de maniobra, supeditándose las políticas nacionales a políticas supranacionales dictaminadas por organismos técnicos (Comisión Europea, BCE o FMI) ajenos a cualquier forma de participación ciudadana y democrática, y que obedecen a unos dictados muy diferentes a los de las necesidades de la población.

La cuestión relativa a las fuerzas conservadoras es interesante y conviene abundar en ella, pues de nuevo, como históricamente ha sido puesto de manifiesto, bajo este rol se ha comprender a la socialdemocracia europea y, por ende, a la socialdemocracia española. No es de extrañar que un partido político como el PSOE, con una orientación y deriva política rayana en el conservadurismo más puro en materia económica y social, abogue por seguir sacándole punta al lápiz de la construcción europea bajo la luz creadora de Maastricht. Nuestros Rubalcaba o Valenciano, continuadores de la ortodoxia socialdemócrata tan bien representada otrora por González o Zapatero, son los Kautsky o Kerensky de nuestra época. Éstos, bajo el disfraz de cordero, se mueven bien entre líneas para garantizar al poder y a su servidumbre los privilegios de que goza.
Mas lo anterior y desde mi punto de vista, no aporta nada al terrible drama de la sequía política e ideológica a la que como pueblo trabajador nos enfrentamos. Con los anteriores ya contábamos. La cuestión grave y urgente es el porqué ninguna otra fuerza política aparece con ánimo de situarse en las antípodas de este diseño europeo y empieza a construir discurso, lenguaje y debate alternativo. Porqué, cuestiones tan elementales como los planes de estabilidad presupuestaria, la deuda del Estado, la necesaria salida del euro y el inquisitorial papel que ejerce el BCE o la comisión europea en nuestras condiciones económicas, así como la pérdida de soberanía económica (prácticamente extinta en lo creativo, y muy acrecentada en lo punitivo) no han sido punta de lanza del discurso político alternativo. 

Sea como fuere, aquellas políticas que quieren ser palanca de cambio del orden existente en un determinado momento histórico, deben ser rupturistas con el modelo vigente, plantear alternativa real opositora, y construir un nuevo camino que no suponga sólo un desvío transitorio en el actual. Por ello, la auditoría de la deuda ilegítima, el impago de la misma, la reversión del artículo 135 de la Constitución o la salida del euro se hacen argumentos impepinables para esa vanguardia.

Será que como Lenin decía, el pueblo y sus necesidades hoy está muy a la izquierda de aquellos que dicen, desde los aparatos políticos de supuesta vanguardia, representar la voz de ese mismo pueblo. Será que el mal endémico de la socialdemocracia también ha corroído a esas fuerzas políticas que presumen ser alternativa.


Jorge Alcázar. Colectivo Prometeo y Frente Cívico.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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Los partidos del régimen impiden un referendum sobre el futuro Tratado de Comercio e Inversiones




08-05-2014

PP, PSOE, CiU y UPyD se niegan a que la ciudadanía decida sobre el acuerdo comercial UE-EEUU
Los partidos del régimen impiden un referéndum sobre el futuro Tratado de Comercio e Inversiones


Agencias



El Congreso de los Diputados rechazó ayer pedir al Gobierno que someta a referéndum el futuro Tratado de Comercio e Inversiones que negocian en la actualidad la UE y EEUU, como pretendía Izquierda Unida. El Bloque del capital, PP-PSOE-CiU-UPyD, obedeciendo la voz del amo.

El Pleno de la Cámara Baja debatía ayer martes una moción de IU que buscaba que el Congreso instara al Gobierno a "mostrar el rechazo al proyecto de acuerdo" de libre comercio con EEUU y considerase "que, en todo caso, cualquier propuesta de acuerdo comercial entre la UE y EEUU debe ser sometido en todos los Estados miembros de a UE a referéndum antes de su ratificación".

La iniciativa ha contado con el rechazo de la mayoría de los grupos que operan a las órdenes del capital en la Cámara, como, obviamente, no podía ser de otra manera. Aunque no sea ni novedad ni sorpresa alguna, merece la pena resaltar, una vez más, el posicionamiento del PSOE junto a los intereses de la banca, las multinacionales y el gran capital internacional.
Los socialistas se han mostrado en principio a favor del futuro tratado, aunque han marcado una serie de "líneas rojas" en línea con la posición que el Partido Socialista Europeo defenderá en la Eurocámara, que tendrá que pronunciarse sobre el tratado. Entre esas líneas rojas, el diputado Félix Lavilla se ha referido a la necesidad de que el tratado evite el conocido como "dumping social".

Por parte de UPyD, Alvaro Anchuelo ha coincidido con IU en que la negociación sobre este importante acuerdo tendría que ser "más transparente". Sin embargo, UPyD está radicalmente en contra de la creencia de IU de que el acuerdo no beneficiará a España.

IU, como ha explicado el diputado José Luis Centella, autor de la iniciativa, está en contra del tratado tal y como se está negociando en la actualidad. Teme que se traduzca en una invasión de empresas norteamericanas en España, "devorando" a pymes, y en un deterioro de las condiciones laborales en Europa, entre otras cuestiones.

El Gobierno, en cambio, cree que el tratado, de concluirse, impulsará la economía europea, que vería incrementadas sus exportaciones a EEUU por encima del 25 por ciento.

Tampoco IU ha encontrado el apoyo de CiU, que considera el Tratado una de las mejores propuestas planteadas por el presidente norteamericano, Barack Obama.


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No hubo una sola COPEL, sino tantas como cárceles donde hubiera presos identificados con estas siglas




08-05-2014

Entrevista a César Lorenzo Rubio sobre Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la transición (II)



No hubo una sola COPEL, sino tantas como cárceles donde hubiera presos identificados con estas siglas”



Papeles de relaciones ecosociales y cambio global



Doctor en Historia por la UB, autor de diversos artículos y ensayos dedicados a explorar la relación entre prisión y movimientos sociales, César Lorenzo Rubio ha participado, junto al resto de miembros del Grupo de Estudio sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas, en la obra colectiva El siglo de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX.
Nuestra conversación [*] se ha centrado en su última obra: Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la transición (Barcelona, Virus, 2013), con prólogo de Daniel Pont Martín.
***
Estábamos en los presos de ETA. ¿Han mantenido relaciones con el movimiento de los presos sociales?
En general, no demasiadas. Como el resto de organizaciones fuertemente jerarquizadas, los presos de ETA manifestaron hacia los comunes un cierto desdén y rechazo por su falta de educación y sus modales. Los presos políticos, no importa de la organización o la ideología que sean, desarrollan estrategias de resistencia al proceso de prisionización (adopción de roles propios de la prisión) que no son capaces de desarrollar los comunes, debido a su falta de preparación intelectual y política. Pero sobre este fondo mayoritario, es cierto que hubo casos de buenas relaciones a nivel individual. Es muy difícil generalizar porque dependió mucho de las condiciones de reclusión (régimen interno más o menos duro), la época, la filiación política de los presos, su edad, predisposición, etc.
Habla usted de movimiento de presos sociales pero, a veces, leyéndole, uno piensa más bien en movimientos, en plural. ¿Es así o es una lectura deficiente por mi parte?
No es una mala interpretación: ambas situaciones son coetáneas y paralelas. Me refiero a movimiento, en singular, porque los elementos en común priman, creo, sobre las diferentes tendencias internas. Y también, por supuesto, para dignificarlo a nivel histórico y sociológico, y situarlo en la categoría analítica que considero que merece. Pero una vez dicho esto, hay que subrayar que hubo diferentes estrategias para lograr un mismo fin: unos eran más favorables al diálogo y al pacto, y otros presos eran partidarios de no dar ninguna tregua al Estado. Las dificultades para establecer comunicaciones fluidas y fidedignas entre las prisiones determinaron que en algunos momentos los presos de cada una hicieran la guerra por su cuenta. Yo mismo he escrito que a partir de mediados de 1978 no hubo una sola COPEL, sino tantas, como cárceles donde hubiera presos identificados con estas siglas. Y otro tanto puede decirse de los grupos de apoyo en la calle, heterogéneos por definición, y no siempre concordantes en sus posiciones con lo que los presos defendían. Para acabar de complicarlo todo, a principios de los años ochenta, con la irrupción de la heroína, la unidad se va al traste definitivamente, pero aún se logran articular algunas acciones, como huelgas de hambre, que aglutinan a miles de presos en diferentes prisiones del Estado. Nada es blanco o negro.
Le pregunto más tarde sobre la heroína. Le cito un autor, un filósofo francés más que conocido y reconocido por muchos, Michel Foucault. Usted, por supuesto, lo cita en varias ocasiones. ¿Tuvieron sus ideas influencia en el movimiento? ¿Qué ideas? ¿Cómo penetraron en el movimiento de los presos?
La influencia de Foucault en la España de la Transición fue muy destacada; daría para todo un libro (de hecho, ya está magníficamente escrito por Valentín Galván: De vagos y maleantes. Michel Foucault en España). Toda la crítica a las instituciones de control social dentro de la que se encuadró la lucha contra las prisiones (junto a manicomios, cuarteles, hospitales, etc.) le debe mucho al filósofo francés, y en particular a su obra Vigilar y castigar, que acababa de publicarse. Aunque su influencia no fue tanto sobre los presos, que no tenían acceso material ni eran capaces de entender sus claves, como sobre los intelectuales que les dieron públicamente su respaldo desde las páginas de los medios de comunicación, y algunos miembros de colectivos de apoyo en la calle. Y no sólo este libro: la recopilación de testimonios y la denuncia enérgica de las condiciones de vida entre rejas que Foucault llevó a cabo al fundar el GIP (Group d’Information sur les Prisons), sirvió de modelo para que otros grupos de intelectuales españoles (Fernando Savater, José Luís López-Aranguren, Agustín García Calvo, Rafael Sánchez Ferlosio...) se decidieran a crear la Asociación para el Estudio de los problemas de los Presos, (AEPPE). Sin embargo, pese al entusiasmo inicial, su trayectoria fue breve.
Un nombre, Carlos García Valdés. ¿Puede hacer usted un balance de su trayectoria y actuación?
En 1978 Carlos García Valdés era un joven abogado de intachable currículo antifranquista y demócrata, profesor universitario en ciernes y buen conocedor del sistema penitenciario de la dictadura. Tras el asesinato del que entonces era director general de Instituciones Penitenciarias, García Valdés fue nombrado su sustituto, con el encargo específico de pacificar las prisiones y emprender la reforma urgente del sistema. Lo que sucedió entonces, a mi parecer, es que se vio desbordado por la situación: no sólo por la determinación de los presos de no cejar en sus demandas, también, muy especialmente, por las resistencias de una parte muy importante de los funcionarios de prisiones, que no estaban dispuestos a cambiar su forma de gobernar las cárceles. Ante la persistencia de protestas y fugas, menos de tres meses después de jurar el cargo, empezó a emplear métodos cada vez más excepcionales y drásticos para imponer el orden, dejando a un lado el talante dialogante de que había hecho gala en un primer momento, mientras acababa el redactado de la que se convertiría en la futura Ley General Penitenciaria. Para el penitenciarismo oficial, García Valdés es el padre del modelo de prisión vigente en España desde 1979; mi opinión, sin negarle ese carácter, difiere en cuanto a los métodos y los logros. 
¿Es mucho más crítico? ¿Sus logros no son tan estimables?
Obviamente soy crítico, como historiador, con la actuación de García Valdés al frente de la Dirección General. Si se comparan sus declaraciones referentes al movimiento de presos, antes y después de acceder al cargo, no parecen haber sido pronunciadas por la misma persona. Y no soy el primero: desde sectores progresistas, entre los que García Valdés disfrutaba de buena prensa -aunque nunca fuese un abolicionista radical- se esperaba mucho de él y la decepción fue muy considerable en lo que respecta a la pacificación manu militari de las prisiones. Sobre la calidad o la novedad de la Ley Penitenciaria, no puedo opinar con tanta rotundidad. Se trata de una norma en sintonía con otras europeas anteriores o coetáneas, junto con las que forma parte del movimiento de reforma penitenciaria posterior a la II Guerra Mundial, y como aquellas, presenta importantes avances respecto a la situación anterior en lo que a derechos de los reclusos se refiere y orientación hacia la reinserción a través del tratamiento; pero también introduce mecanismos de control excepcionales, como el conocido art. 10, que establece la existencia de departamentos especiales de régimen cerrado, caracterizados por una enorme restricción de movimientos y derechos. En todo caso, la ley presenta aspectos positivos y negativos, pero los posteriores Reglamentos de 1981 y 1996, así como una larga de lista de disposiciones menores –y la dura realidad, marcada por la falta de presupuestos, la masificación, etc.- la han desvirtuado bastante. Tanto es así, que un especialista en el tema como César Manzanos ha llegado a afirmar, y creo que no va errado, que “hacer hoy que se cumplan escrupulosamente los artículos contenidos en dicha ley posiblemente supondría la inmediata abolición de la gran mayoría de las estructuras carcelarias existentes”.
¿Cuántos presos sociales había en 1975? ¿Cuántos en la actualidad? ¿Qué ha pasado en estos cuarenta años?
En 1978, tras los indultos y amnistías, la población penitenciaria se redujo a unas 10.000 personas presas. Desde entonces no ha parado de aumentar. En 1980 ya eran 18.000, 33.000 en 1990. El incremento en esas década estuvo marcado por la alarma social (fomentada por determinados medios de comunicación con fines políticos) que generó el nuevo tipo de delincuencia ligada al consumo de drogas. En 1995, cuando se aprobó el nuevo Código Penal, eran 45.000, y salvo los primeros años de estancamiento, su impacto fue brutal. Del año 2000 al 2005 aumentaron en 15.000 presos, y los 5 años siguientes volvió a aumentar en la misma cantidad, hasta tocar techo en 2010 con 76.000 personas entre rejas. En la actualidad, la expulsión de extranjeros a sus países ha reducido levemente la cifra.
Su libro está prologado por Daniel Pont Martín. ¿Quién fue, quien es Daniel Pont Martín?
Daniel Pont fue uno de los miembros más activos de la COPEL. Estuvo presente en su fundación a finales de 1976, participó en muchas de las acciones de protesta que tuvieron lugar en las prisiones en que estuvo, y llegó a ejercer de portavoz de la misma en el transcurso de una visita del director general de Instituciones Penitenciarias al Penal de El Dueso, donde estaban recluidos la mayoría de sus miembros más activos. Contar con su testimonio y el del resto de ex miembros de COPEL que he podido localizar ha resultado fundamental para poder reconstruir la historia de los hechos. Por otra parte, treinta y cinco años después, siguen reivindicándose víctimas de la dictadura y marginados por las leyes de amnistía, ya que todos ellos pasaron varios años en prisión por la aplicación de la Ley de Peligrosidad Social.
¿Cómo ha reaccionado la izquierda, en un sentido amplio de la noción, ante el movimiento o movimientos de los presos a lo largo de los años? ¿Han aprendido, han ido matizando sus posiciones? En el prólogo, Daniel Pont no habla con mucho entusiasmo de estas fuerzas.
La relación de la izquierda con el sistema penitenciario ha variado a lo largo del tiempo, y no ha sido igual para todos los partidos. A los partidos a la izquierda del PCE ya me he referido anteriormente. El Partido Comunista, desde luego, no se implicó lo más mínimo durante los primeros meses del movimiento liderado por COPEL. Aunque en el Parlamento, durante la tramitación de la Ley Penitenciaria, sus senadores sí elevaron diversas propuestas a favor de la libertad de asociación de los reclusos y un mayor control judicial sobre la administración, que fueron rechazadas por la mayoría parlamentaria. El PSOE, desde la oposición, a principios de los años ochenta, se mostró comprensivo con la situación de dejadez y malas condiciones que soportaban una gran parte de reclusos, y fruto de esta postura emprendió lo que se conoció como “minirreforma” penal. Pero las tornas cambiaron antes de acabar la primera legislatura socialista, cuando una “contrarreforma” volvió a endurecer les leyes.
Una década más tarde, el llamado Código Penal de la democracia, que resultaba más duro que el anterior de época franquista, al eliminar la redención de penas por el trabajo, fue aprobado por todos los partidos políticos, salvo el PP, que lo consideraba demasiado laxo. Durante su tramitación se rebajaron algunas penas y se despenalizaron ciertas prácticas, es cierto, pero también se dieron muestras paradójicas del abuso del Derecho Penal para solucionar problemas de otra índole. Por ejemplo, López Garrido, entonces en IU, se jactó de reclamar más dureza contra delitos contra el medio ambiente. No pongo en duda la necesidad de su protección, pero, ¿es el Código Penal la herramienta más adecuada? En los últimos años, el PSOE ha hecho un seguidismo fiel del PP en materia penal y sólo algunos parlamentarios de grupos minoritarios a su izquierda han señalado lo peligroso de esta deriva punitiva que contempla la cárcel como la solución a todos los problemas, aumentando, reforma tras reforma, la duración de las penas y restringiendo los beneficios penitenciarios. 
Creo que en el libro no se acaba de pronunciar, le pregunto ahora. Las drogas, la heroína más en concreto, que arrasaron barrios obreros y populares en años ochenta y noventa, ¿pudieron ser introducidas, permitidas o agitadas por las fuerzas policiales y de orden del Estado?
Esa es una teoría que ha circulado ampliamente entre sectores de la izquierda, particularmente en Euskadi. Parece más que plausible que así fuera, ya que su irrupción masiva a finales de los años setenta acabó por rematar la desmovilización de una parte importante de la juventud, que hasta entonces había estado muy implicada políticamente. Sin embargo, un especialista del tema como Juan Carlos Usó, se muestra crítico con los intentos de reducir un fenómeno tan complejo a una explicación unicausal, de tintes conspirativos. En prisión la droga entró como prolongación natural del consumo en los barrios populares: ¿hubo complicidad de funcionarios y policías? Sin duda alguna en numerosos casos, como demuestran las denuncias; en otros, incapacidad de poner coto a su consumo debido a la precariedad de medios y escasez de efectivos humanos frente a la creciente masificación de las prisiones. No creo que se pueda despachar este proceso en una afirmación rotunda, sin matices, pero lo cierto es que la droga acabó con la efímera solidaridad lograda y marcó a fuego los barrios populares y las prisiones durante más de una década.
Describe usted con emotividad la muerte de Agustín Rueda. Nos puede recordar quién era Agustín Rueda. ¿Qué pasó?
Agustín Rueda fue un joven anarquista de Sallent (comarca del Berguedà, Barcelona) que fue detenido por su implicación en los grupos autónomos de signo libertario que operaban entre Cataluña y el sur de Francia. Desde el primer momento se posicionó a favor de las luchas de los presos sociales y participó junto a éstos en algunas acciones de protesta. En marzo de 1978 en Carabanchel, lo descubrieron cavando un túnel y por ello fue salvajemente torturado hasta que murió poco después en la propia prisión sin recibir la debida atención médica. Su muerte, que intentó ocultarse, se convirtió en todo un símbolo del estado de dejadez de las prisiones y la demostración incontestable del abuso de la mano dura entre rejas. Mientras que el proceso judicial a los funcionarios, que se demoró una década y acabó con penas mínimas para los numerosos implicados, fue una demostración de la ausencia de depuración alguna en la magistratura y la indulgencia hacia estas prácticas.
Abre su libro con una cita anónima de 1977: “En cada una de nuestras lágrimas sorbidas está presente el mar que inundará la historia”. Me gustaría preguntarle por ella.
Cuando quiera. 
[*] La primera parte de esta conversación puede verse en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=183743
Salvador López Arnal es nieto del obrero cenetista asesinado en el Camp de Bota de Barcelona en mayo de 1939 –delito: “rebelión”- José Arnal Cerezuela.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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Las enormes limitaciones de la democracia en España (incluyendo Catalunya)



Las enormes limitaciones de la democracia en España (incluyendo Catalunya)

Público.es



La forma más extendida de democracia en la Unión Europea es la democracia representativa, en la que la ciudadanía vota a sus representantes en los parlamentos como parte de partidos políticos que, en teoría, deberían desarrollar los programas políticos que ofrecieron durante la campaña electoral que precedía al acto de votación. Esto es lo que en teoría debería ocurrir, pero raramente ocurre. Un caso claro lo estamos viendo ahora, cuando en la mayoría de países de la Unión Europea se están llevando a cabo políticas públicas (tales como recortes del gasto público social) impuestas por los partidos gobernantes a la ciudadanía, sin que estos tengan un mandato popular para hacerlas, pues no estaban en su oferta electoral, es decir, en su programa. Casos extremos son España, Portugal, Grecia e Irlanda, los países de la periferia de la eurozona. 

No es extraño, por lo tanto, que, aunque el concepto de democracia continúa siendo popular (un 74% de la población española, por ejemplo, continúa creyendo que la democracia es el mejor sistema de gobernanza del país), la realización de dicho concepto en estos países es altamente impopular (un 82% de la población española cree que el Estado no los representa.

Muchas son las causas de que la democracia representativa no funcione como debería funcionar y cómo se presenta en su retórica oficial. Una de ellas es la flagrante violación del principio democrático de que cada ciudadano debería tener la misma probabilidad de incidir en la elección de sus representantes. Es decir, que el voto de un ciudadano debería tener el mismo peso electoral que el de cualquier otro, independientemente de su ubicación territorial. Pues bien, casi ningún sistema electoral se basa en este principio. Las leyes electorales están diseñadas para favorecer a unos ciudadanos versus a otros. La proporcionalidad en el sistema representativo está muy limitada, tal como es el caso de España. En algunos territorios (de sensibilidad conservadora) bastan 30.000 votos para conseguir elegir a un representante, lo cual requiere 125.000 votos en un territorio más progresista.

Otra violación del principio democrático fundamental de que cada ciudadano tiene que tener la misma influencia sobre el Estado y el gobierno, es el enorme poder político que tienen los grupos de presión financieros, económicos y mediáticos. El Sr. Botín, presidente del mayor banco privado en España, tiene muchísimo más poder que el ciudadano normal y corriente del país. Todo el mundo conoce y es consciente de esta realidad. Esta influencia se está viendo claramente en estos años de recesión, en los que las políticas públicas que los gobiernos están imponiendo a la población son resultado de la enorme influencia de esos grupos financieros (incluyendo el Banco Santander), económicos y mediáticos (la ausencia de prensa de izquierdas en España es un ejemplo de ello).

 Esta es una de las razones del enorme desprestigio que las instituciones representativas tienen hoy, y que se refleja, como he dicho antes, en el porcentaje tan elevado de españoles (el 82%) que está de acuerdo con el eslogan del 15M “No nos representan”. Hoy, el Estado español está perdiendo legitimidad muy rápidamente (junto con la falta de credibilidad de los medios de información y persuasión) como consecuencia de ello.

Las limitaciones de los partidos políticos
Un factor que contribuye a esta captura del Estado y de los parlamentos por tales fuerzas es la dinámica propia del sistema representativo, en la que la participación ciudadana se realiza votando –como promedio- cada cuatro años, una interpretación sumamente limitada de lo que es la democracia. El ciudadano descontento con el partido del gobierno que ha elegido no tiene ninguna otra posibilidad que esperar cuatro años más hasta que se convoquen nuevas elecciones. Esta falta de rendición pública de cuentas por parte de los partidos favorece el establecimiento de una clase política que se enquista en las instituciones, transformándose en aparatos del Estado (desarrollando conexiones con aquellos grupos financieros, económicos y mediáticos) que son dificilísimos de cambiar. La continuidad de estos aparatos partidistas se intenta legitimar con el voto cada cuatro años.
 Esta delegación del poder de decisión a otra persona, que en teoría le representa (pero que pertenece a un aparato enquistado en unas estructuras muy poco democráticas), por un largo periodo de tiempo, es uno de los puntos más débiles del sistema democrático representativo. Ello resulta en un hecho sumamente preocupante. Si uno pone en una lista lo que la mayoría de la ciudadanía en España (o en Catalunya) desearía que las cámaras representativas aprobaran y lo compara con lo que aprueban en realidad, puede ver con toda claridad que estas cámaras no están representando los intereses y deseos populares. 
Ejemplos los hay a miles. Las encuestas muestran que la ciudadanía desearía muy mayoritariamente que se eliminara el fraude fiscal cometido, en gran parte, por las grandes fortunas, por la banca y por parte de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (el 0,12% de todas las empresas) que representan el 70% de todo el fraude en España. También desearían que los fondos derivados de la propiedad del capital se gravaran como lo están las rentas derivadas del trabajo.
 También desearían que los recortes del gasto público no se realizaran y que los fondos del Estado se incrementaran a costa de aumentar la presión fiscal sobre el 10% de renta superior del país (que apenas ha sido afectado por la crisis). También aprobarían que no se redujeran los fondos a los servicios públicos domiciliarios y, en cambio, sí favorecieran reducir, e incluso eliminar, el subsidio público a la Iglesia Católica para dar clases de religión en las escuelas públicas, y así un largo listado de deseos populares que no se están realizando.
El necesario y urgente derecho a decidir
De ahí la urgencia de una reforma profunda en el sistema democrático que incluyera medidas tales como: 1) establecer un sistema electoral auténticamente proporcional; 2) prohibir cualquier financiación privada de los partidos políticos y de las campañas electorales; 3) exigir una pluralidad ideológica en los medios de información; 4) prohibir la concentración de su propiedad; 5) aprobar leyes democratizadoras de los partidos, con limitaciones de cargos y mandatos; 6) transparencia en su financiación y en su comportamiento; 7) prohibir las puertas giratorias entre políticos y grupos económicos, financieros y mediáticos, estableciendo periodos mucho más largos que ahora (5 años como mínimo) en la prohibición para intercambiar puestos de trabajo.
Estos cambios son necesarios y urgentes. Pero otro, que no está siendo considerado, es el establecimiento de una democracia directa, es decir, que la ciudadanía participe continua y constantemente a través de referéndums, y a todos los niveles (central, autonómico y local), en las principales decisiones del país. Es un indicador más de las enormes limitaciones de la democracia en España el que solo se hayan realizado tres referéndums en 34 años. Debería haber referéndums constantemente, y no sólo a nivel central, sino también autonómico y municipal, para que muchas decisiones que ahora se toman en las cámaras representativas se realizaran por vía directa. Es profundamente antidemocrático que se prohíban o dificulten los referéndums.
Y es también urgente que la democracia se extienda también a todas las áreas de desarrollo colectivo de decisión, incluyendo el puesto de trabajo (con sistemas de cogestión) y el territorio (con comités de participación territorial), con áreas de democratización que nunca son consideradas en las raras ocasiones en que se hacen propuestas para democratizar el país. De lo máximo que se habla es de listas abiertas y de primarias que, aunque necesarias, son medidas claramente insuficientes para desarrollar la democracia tan limitada que existe hoy en España, incluyendo Catalunya.
Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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Nuevo apretón de tuercas: el Código Penal Militar



DÍA 10 DE MAYO – C/ Montera, Cruce con Gran Vía – DE 11,30 A 14,30.
Gracias, en nombre de todas las víctima


08-05-2014

El anteproyecto refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN
Nuevo apretón de tuercas: el Código Penal Militar




En fechas recientes, el Gobierno ha iniciado la tramitación de la Ley Orgánica de un nuevo Código Penal Militar (CPM). Esta reforma está justificada en los grandes cambios producidos en las Fuerzas Armadas (FAS), como consecuencia de la desaparición del servicio militar obligatorio, de las modificaciones en la carrera militar y de la implantación de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS.

En su justificación del proyecto, olvida el Gobierno, sin embargo, mencionar las obligaciones que ha contraído el Estado Español como firmante de varios instrumentos de derecho internacional, que clamaban por una reforma radical de la justicia militar desde hace mucho tiempo.

Aplicación a civiles

Entre los aspectos más preocupantes del proyecto, figura la aplicación a civiles de ciertos delitos por el simple truco de convertirlos en “delitos militares”, contraviniendo así el Principio 29 sobre “Restricciones a la competencia de los Tribunales Militares”de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidasi; en particular, resultan de aplicación a civiles los delitos de espionaje militar y revelación de secretos militares, atentado contra instalaciones o medios de defensa o seguridad, incumplimiento de bandos y otros contra el patrimonio o la autoridad militar, en algunos casos (aunque no en todos), en circunstancias de estado de sitio o de “conflicto armado”.

En la mayoría de los casos, esos delitos están ya tipificados en el Código Penal (CP), tal vez faltos de precisión en cuanto al rigor requerido para proteger bienes jurídicos específicamente militares. Resulta sorprendente que el Gobierno no haya aprovechado la radical reforma del Código Penal para corregir estas carencias; le resulta más práctico declararlos “delitos militares” para que pasen a ser juzgados directamente por tribunales militares. Este procedimiento resulta fraudulento y contraviene los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Delitos de derecho internacional

Paradójicamente, en el Código Penal si que existen los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Numerosos organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura o el Comité contra las Desapariciones Forzadas, han clamado contra la aplicación de la justicia militar en los casos de graves violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros crímenes de derecho internacional humanitario.

Sin embargo, el proyecto de CPM se reserva el derecho de investigar y castigar estas conductas por el truco, otra vez, de convertirlos en “delitos militares”, cuando sean cometidas por militares y se perpetren con abuso de facultades o infracción de los deberes de las leyes de Derechos y Deberes de las FAS y de la Guardia Civil (GC); es decir, siempre. El proyectado CPM hurtará así a la justicia ordinaria el conocimiento de los peores delitos que pueden perpetrar los militares en su ejercicio profesional. Recientemente se dio un caso, con ocasión de unas denuncias de malos tratos o torturas a detenidos durante la guerra de Irak, que fueron “investigadas” por la fiscalía militar, sin intervención de la justicia ordinaria y sin que haya habido mas noticias hasta hoyii.

Y este es el procedimiento que están utilizando las fuerzas armadas y de seguridad en Colombia para eludir la acción de la justicia en las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en la guerra sucia contra los grupos armados de oposición.

Obediencia debida

El proyecto suscita serias objeciones al principio de obediencia debida cuando no hace mención explícita de las violaciones graves de derechos humanos y, en concreto, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad como circunstancias limitadoras de la obediencia debida. Las simples alusiones a “actos que manifiestamente constituyan delito o una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general” resultan demasiado vagas para prevenir los peores crímenes, en especial cuando se establece que “se considerará circunstancia atenuante muy cualificada la de haber precedido por parte del superior inmediata provocación o cualquier otra actuación injusta que haya producido en el sujeto arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante”.

Por otra parte, en los delitos contra los deberes del mando tampoco se enfatizan las graves responsabilidades que se asumen al ordenar o tolerar este tipo de delitos de derecho internacional sobre otros actos ilegales o abusos. No ampara todo ello la exigencia de los instrumentos internacionales aceptados por España de combatir por todos los medios esos crímenes contra la humanidad, ni resulta aceptable para un militar honrado la posibilidad de eludir sus responsabilidades personales al desobedecer ciertas ordenes prohibidas.

Delitos contra los derechos de las personas

Preocupa especialmente la categorización como delitos militares de aquellos hechos cometidos por militares que afectan a los derechos fundamentales de otros (abuso de autoridad, insulto a superior, o violación de derechos entre iguales), sin mención explícita a la protección de las víctimas del delito. Cobra especial trascendencia en aquellos casos en que estos delitos se perpetran en conexión con actos contra la indemnidad sexual. En estos casos se violentan dos bienes jurídicos simultáneamente: la indemnidad sexual (u otros derechos fundamentales) por una parte, la disciplina por otra. El hecho de convertirlos en delitos militares los hace automáticamente ser juzgados por los tribunales militares, dando de esta forma prelación al bien jurídico disciplina sobre el derecho fundamental violado, que debe tener mayor protección que aquella.

Los bienes jurídicos protegidos

En el preámbulo del proyecto se justifica la introducción en el CPM como delitos militares de algunos que ya aparecen en el CP, cuando éste no recoja “las singularidades referidas al bien jurídico protegido como esencial o estrictamente militares”. De esta manera, se introducen los delitos de traición militar, espionaje militar y revelación de secretos que comprometen a la defensa, dando por hecho que el bien jurídico protegido (la defensa de la nación) es un asunto de los militares y no de todo el pueblo español. Se abusa de los conceptos jurídicos indeterminados (ofensas, ultrajes e injurias), el objeto de los cuales serían España y sus símbolos y las FAS y sus símbolos. Por otra parte, tampoco se entiende que, en el caso de las dos primeras (ofensas y ultrajes a España y sus símbolos), se hayan definido como delitos militares, dado que el bien jurídico protegido, en este caso, no es estricta o esencialmente militar.

La Guardia Civil, remilitarizada

El proyecto está plagado de alusiones a la condición de los guardias civiles como militares e incluso, a los bienes e instalaciones de la GC como bienes jurídicos a proteger por la justicia militar, convirtiendo así en delitos militares (y juzgados, por tanto, por tribunales militares) conductas que ya están recogidas en el CP. De hecho, se convierte a los guardias civiles en soldados a tiempo completo, con la sola excepción del tiempo en que se encuentren cumpliendo servicios policiales. Esto, obviamente, supone una tremenda limitación en sus derechos civiles cuando no se encuentran en acto de servicio, dándose la paradoja de que gozan de más libertades cuando están de servicio que cuando están fuera de servicio.

Los derechos civiles de los militares

En general, la misma crítica puede hacerse en relación con los militares todos, a los que se aplican mayores limitaciones que a los civiles en sus derechos fundamentales por el mero hecho de serlo, independientemente de que sus conductas se realicen en acto de servicio o no. Estas limitaciones no se darían si muchas de las conductas definidas como delito militar se circunscribieran a los actos del servicio, cuando se encuentren en funciones militares.

El estado de guerra, vs situación de conflicto armado

El texto está plagado de situaciones para las que se explicitan agravamientos de condena, aplicación a civiles e incluso la conversión de un delito del CP en militar: el Estado de Sitio y el “conflicto armado”. En el actual CPM se habla de “estado de guerra”, que es una situación perfecta y taxativamente determinada por la existencia de una declaración de guerra. Este concepto desaparece del texto propuesto, siguiendo la doctrina, internacionalmente admitida, de extender el derecho de la guerra a los conflictos armados (que viene a reconocer el hecho de que en la inmensa mayoría de los enfrentamientos entre países o grupos armados no ha mediado una declaración de guerra, en tanto que sus víctimas merecen igual protección que en una guerra).

Sin embargo, resulta preocupante la falta de concreción sobre qué debe entenderse por situación de conflicto armado, lo que anticipa un posible abuso en la aplicación de la justicia militar por parte de la propias autoridades militares en situaciones no suficientemente claras.

Los aliados

Los artículos referidos a los delitos de traición militar, espionaje militar, revelación de secretos de defensa, atentado contra medios de defensa e incumplimiento de bandos, son de aplicación también cuando se cometieren contra potencia aliada. El problema aquí reside en que debe entenderse por aliado “cualquier Estado u Organización Internacional con la que España esté ligada por un Tratado o alianza de defensa, o que tome parte en conflicto armado, operación armada u operación internacional de paz en que participe España contra un enemigo común”, sin que se cuestione para nada la legalidad internacional de tales operaciones. Cualesquiera de tales delitos cometidos por españoles contra estos “aliados” sería considerados como delitos militares, igual que si se cometieran contra el propio estado, con independencia de la legalidad o ilegalidad de tales operaciones.

Conclusiones

El Anteproyecto de nuevo Código Penal Militar refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los ejércitos de la OTAN y de los Estados Unidos en especial, consistentes en garantizar su efectividad, sacrificando para ello la legalidad internacional y los derechos de las víctimas de la guerra. España se apunta así a la corriente instaurada por los Estados Unidos de intervenir donde y como quiere, sin que los organismos internacionales vayan a suponer la menor cortapisa.

Para ello, no se duda en introducir como delitos militares conductas que debieran ser contempladas por la justicia civil, hurtando a ésta de su conocimiento por la vía expeditiva de su definición como delitos militares. Ello permite, además, la extensión de su aplicación a civiles en muchas circunstancias, no taxativamente regladas.

En consecuencia, aumenta la inseguridad jurídica de los militares y de los propios civiles en determinadas circunstancias, ampliando su potencial como vía para reprimir la disidencia, tanto interna como externa a la institución militar.

Además, hace un flaco favor a la protección de los derechos fundamentales, tanto de las víctimas de los conflictos armados, como de los propios militares, permitiendo que en la protección de bienes jurídicos yuxtapuestos, primen los de la disciplina y cohesión de los ejércitos sobre los derechos fundamentales de las víctimas.

Por último, refuerza la militarización de la Guardia Civil como instrumento de control social disciplinado y obediente al poder establecido.

Todo ello, a propuesta del Gobierno del Partido Popular y con la aquiescencia del resto de los partidos del arco parlamentario, que han manifestado bien poco interés en modificar el sentido y la utilidad de las fuerzas armadas para evitar que queden al servicio de las aventuras imperialistas.

En suma, nos encontramos con otro elemento más del golpe de estado encubierto para vaciar de contenido el conjunto de derechos y libertades que recoge la Constitución, denunciado por el Colectivo Anemoi en un reciente comunicadoiii y que se suma al paquete legislativo represivo, con incalculables consecuencias.

Manuel Pardo de Donlebún Montesino, Capitán de Navío de la Armada en la Reserva.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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