Las enormes limitaciones de la democracia en España (incluyendo Catalunya)
Las
enormes limitaciones de la democracia en España (incluyendo
Catalunya)
Público.es
La
forma más extendida de democracia en la Unión Europea es la
democracia representativa, en la que la ciudadanía vota a sus
representantes en los parlamentos como parte de partidos políticos
que, en teoría, deberían desarrollar los programas políticos que
ofrecieron durante la campaña electoral que precedía al acto de
votación. Esto es lo que en teoría debería ocurrir, pero raramente
ocurre. Un caso claro lo estamos viendo ahora, cuando en la mayoría
de países de la Unión Europea se están llevando a cabo políticas
públicas (tales como recortes del gasto público social) impuestas
por los partidos gobernantes a la ciudadanía, sin que estos tengan
un mandato popular para hacerlas, pues no estaban en su oferta
electoral, es decir, en su programa. Casos extremos son España,
Portugal, Grecia e Irlanda, los países de la periferia de la
eurozona.
No es extraño, por lo tanto, que, aunque el concepto de
democracia continúa siendo popular (un 74% de la población
española, por ejemplo, continúa creyendo que la democracia es el
mejor sistema de gobernanza del país), la realización de dicho
concepto en estos países es altamente impopular (un 82% de la
población española cree que el Estado no los representa.
Muchas
son las causas de que la democracia representativa no funcione como
debería funcionar y cómo se presenta en su retórica oficial. Una
de ellas es la flagrante violación del principio democrático de que
cada ciudadano debería tener la misma probabilidad de incidir en la
elección de sus representantes. Es decir, que el voto de un
ciudadano debería tener el mismo peso electoral que el de cualquier
otro, independientemente de su ubicación territorial. Pues bien,
casi ningún sistema electoral se basa en este principio. Las leyes
electorales están diseñadas para favorecer a unos ciudadanos versus
a otros. La proporcionalidad en el sistema representativo está muy
limitada, tal como es el caso de España. En algunos territorios (de
sensibilidad conservadora) bastan 30.000 votos para conseguir elegir
a un representante, lo cual requiere 125.000 votos en un territorio
más progresista.
Otra
violación del principio democrático fundamental de que cada
ciudadano tiene que tener la misma influencia sobre el Estado y el
gobierno, es el enorme poder político que tienen los grupos de
presión financieros, económicos y mediáticos. El Sr. Botín,
presidente del mayor banco privado en España, tiene muchísimo más
poder que el ciudadano normal y corriente del país. Todo el mundo
conoce y es consciente de esta realidad. Esta influencia se está
viendo claramente en estos años de recesión, en los que las
políticas públicas que los gobiernos están imponiendo a la
población son resultado de la enorme influencia de esos grupos
financieros (incluyendo el Banco Santander), económicos y mediáticos
(la ausencia de prensa de izquierdas en España es un ejemplo de
ello).
Esta es una de las razones del enorme desprestigio que las
instituciones representativas tienen hoy, y que se refleja, como he
dicho antes, en el porcentaje tan elevado de españoles (el 82%) que
está de acuerdo con el eslogan del 15M “No nos representan”.
Hoy, el Estado español está perdiendo legitimidad muy rápidamente
(junto con la falta de credibilidad de los medios de información y
persuasión) como consecuencia de ello.
Las
limitaciones de los partidos políticos
Un
factor que contribuye a esta captura del Estado y de los parlamentos
por tales fuerzas es la dinámica propia del sistema representativo,
en la que la participación ciudadana se realiza votando –como
promedio- cada cuatro años, una interpretación sumamente limitada
de lo que es la democracia. El ciudadano descontento con el partido
del gobierno que ha elegido no tiene ninguna otra posibilidad que
esperar cuatro años más hasta que se convoquen nuevas elecciones.
Esta falta de rendición pública de cuentas por parte de los
partidos favorece el establecimiento de una clase política que se
enquista en las instituciones, transformándose en aparatos del
Estado (desarrollando conexiones con aquellos grupos financieros,
económicos y mediáticos) que son dificilísimos de cambiar. La
continuidad de estos aparatos partidistas se intenta legitimar con el
voto cada cuatro años.
Esta delegación del poder de decisión a
otra persona, que en teoría le representa (pero que pertenece a un
aparato enquistado en unas estructuras muy poco democráticas), por
un largo periodo de tiempo, es uno de los puntos más débiles del
sistema democrático representativo. Ello resulta en un hecho
sumamente preocupante. Si uno pone en una lista lo que la mayoría de
la ciudadanía en España (o en Catalunya) desearía que las cámaras
representativas aprobaran y lo compara con lo que aprueban en
realidad, puede ver con toda claridad que estas cámaras no están
representando los intereses y deseos populares.
Ejemplos los hay a
miles. Las encuestas muestran que la ciudadanía desearía muy
mayoritariamente que se eliminara el fraude fiscal cometido, en gran
parte, por las grandes fortunas, por la banca y por parte de las
empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (el 0,12%
de todas las empresas) que representan el 70% de todo el fraude en
España. También desearían que los fondos derivados de la propiedad
del capital se gravaran como lo están las rentas derivadas del
trabajo.
También desearían que los recortes del gasto público no
se realizaran y que los fondos del Estado se incrementaran a costa de
aumentar la presión fiscal sobre el 10% de renta superior del país
(que apenas ha sido afectado por la crisis). También aprobarían que
no se redujeran los fondos a los servicios públicos domiciliarios y,
en cambio, sí favorecieran reducir, e incluso eliminar, el subsidio
público a la Iglesia Católica para dar clases de religión en las
escuelas públicas, y así un largo listado de deseos populares que
no se están realizando.
El
necesario y urgente derecho a decidir
De
ahí la urgencia de una reforma profunda en el sistema democrático
que incluyera medidas tales como: 1) establecer un sistema electoral
auténticamente proporcional; 2) prohibir cualquier financiación
privada de los partidos políticos y de las campañas electorales; 3)
exigir una pluralidad ideológica en los medios de información; 4)
prohibir la concentración de su propiedad; 5) aprobar leyes
democratizadoras de los partidos, con limitaciones de cargos y
mandatos; 6) transparencia en su financiación y en su
comportamiento; 7) prohibir las puertas giratorias entre políticos y
grupos económicos, financieros y mediáticos, estableciendo periodos
mucho más largos que ahora (5 años como mínimo) en la prohibición
para intercambiar puestos de trabajo.
Estos
cambios son necesarios y urgentes. Pero otro, que no está siendo
considerado, es el establecimiento de una democracia directa, es
decir, que la ciudadanía participe continua y constantemente a
través de referéndums, y a todos los niveles (central, autonómico
y local), en las principales decisiones del país. Es un indicador
más de las enormes limitaciones de la democracia en España el que
solo se hayan realizado tres referéndums en 34 años. Debería haber
referéndums constantemente, y no sólo a nivel central, sino también
autonómico y municipal, para que muchas decisiones que ahora se
toman en las cámaras representativas se realizaran por vía directa.
Es profundamente antidemocrático que se prohíban o dificulten los
referéndums.
Y
es también urgente que la democracia se extienda también a todas
las áreas de desarrollo colectivo de decisión, incluyendo el puesto
de trabajo (con sistemas de cogestión) y el territorio (con comités
de participación territorial), con áreas de democratización que
nunca son consideradas en las raras ocasiones en que se hacen
propuestas para democratizar el país. De lo máximo que se habla es
de listas abiertas y de primarias que, aunque necesarias, son medidas
claramente insuficientes para desarrollar la democracia tan limitada
que existe hoy en España, incluyendo Catalunya.
Vicenç
Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas.
Universidad Pompeu Fabra
Rebelión
ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una
licencia
de Creative Commons,
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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