dissabte, 11 de maig de 2013

Injurias al rey

divendres, 10 de maig de 2013

La ley de los secretos para siempre





Los españoles no pueden ni echar un ojo a los documentos de las guerras bastante anteriores


Un centenar de investigadores pide la difusión de 10.000 documentos históricos clasificados

TEREIXA CONSTENLA Madrid 8 MAY 2013 - 22:09 CET112



Villa Bens,10-1-1958.- Guerra de Ifni. Un buque anfibio descarga material para las tropas españolas en las proximidades de Cabo Juby. / EFE

Los historiadores británicos pueden hurgar en los papeles más escondidos de la guerra de las Malvinas (1982) —acaban de salir a la luz los documentos privados que Margaret Thatcher conservó y que prueban las disensiones en el seno de los conservadores— pero los españoles no pueden ni echar un ojo a documentos de guerras bastantes anteriores, como la de Ifni (1957-58) o el conflicto civil de 1936-39, que se custodian en archivos militares y que en su día fueron clasificados por tratarse de información sensible.

La anterior ministra de Defensa, Carme Chacón, trató de remediar en parte esta opacidad al proponer la desclasificación de 10.000 documentos, relativos a episodios comprendidos entre 1936 y 1968, que ya no representaban riesgo alguno para la seguridad del Estado. Los papeles se referían a aspectos como los campos de concentración y batallones de trabajo creados por el régimen franquista al inicio de la posguerra, la política del Protectorado español en Marruecos, proyectos para la construcción de armamento anteriores a 1968, la organización de unidades militares durante la Guerra Civil, operaciones en Sidi Ifni, dotaciones de buques de guerra italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en puertos españoles o planes de fortificaciones en Baleares y Ceuta, entre otros.

Su iniciativa no llegó a buen puerto ya que las elecciones generales frustraron que el asunto llegase al Consejo de Ministros, si bien el procedimiento quedó listo, según fuentes del anterior equipo de Defensa. “El trabajo interno se dejó hecho”, indicaron, antes de achacar a una cuestión de “calendario” la paralización de la medida. 

El tímido afán de transparencia histórica se aguó en la actual legislatura. “El nuevo ministro entrante, Pedro Morenés, no necesitó mucho tiempo para decidir que, si el PSOE no había considerado oportuno desclasificarlos, no sería él quien decidiera hacerlo”, señala Francisco Espinosa, uno de los tres historiadores, junto a Mirta Núñez Díaz-Balart y Manuel Álvaro Núñez, que solicitaron a Defensa el acceso a toda la información en junio de 2012. No estaban solos, respaldaban su petición un centenar de historiadores y juristas, incluidos Paul Preston, Josep Fontana, Ángel Viñas, Carlos Jiménez Villarejo, Matilde Eiroa, Ricardo Robledo o Ana Martínez Rus. 

El intercambio burocrático entre Defensa y los historiadores, asesorados por Eva Moraga, abogada experta en acceso a la documentación pública, concluyó finalmente a comienzos de este año con un acuerdo de la Secretaría General Técnica de Defensa, que inadmitía el recurso de alzada de los historiadores Espinosa, Núñez y Álvaro al considerar que se dirigía contra un escrito que no era objeto de impugnación. Con él se cierra, al menos de momento, la posibilidad de que los historiadores puedan acceder a toda esa documentación para sus proyectos de investigación sobre el siglo XX español. Solo cabría un recurso contencioso-administrativo, que no está claro que vaya a ser interpuesto de momento.

 “Tendremos que reunirnos y ver qué se puede hacer a partir de ahora porque es increíble que existan reparos para que podamos investigar en determinadas áreas”, señala Mirta Núñez, directora de la cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense. La negativa del actual equipo de Defensa a liberar del apartado de material secreto a esos 10.000 documentos se trasluce del texto en el que rechazaron el recurso de alzada. Por un lado afirman que no existió tal informe a favor de la desclasificación de la etapa de Carme Chacón: “No existía ninguna exteriorización formalizada por parte de los sucesivos responsables del Ministerio de propuesta, informe o resolución encaminada a someter al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos relativos al periodo indicado”.

 En síntesis: no existió ningún escrito, aunque este periódico se hizo eco en diciembre de 2011 de la decisión de Defensa. Por otro lado, recuerdan que se trata de material clasificado “al que no afectaban los tiempos establecidos en la ley reguladora del Patrimonio Histórico Español” (50 años tras el acontecimiento).

 La Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, tiene un efecto anómalo en comparación con otras democracias occidentales: el cerrojazo sobre un documento es para siempre salvo que se ordene desclasificar el documento por el Gobierno (o, según la ley, la Junta de Jefes de Estado Mayor, órgano que ya ni siquiera existe). Los historiadores contemporáneos tienen pues un limitado campo de actuación para desarrollar su trabajo, ya que sus búsquedas de información se detienen siempre ante el muro del secreto oficial. 

En la práctica, el acceso a la documentación reservada de los archivos militares depende a menudo de la arbitrariedad de sus responsables. La abogada Eva Moraga considera que la ley debería establecer el tiempo máximo de la clasificación de un documento. “No puede ser que sea perenne y si el Gobierno de turno no decide desclasificarlo, nunca podrá salir a la luz”, señala. La segunda puntualización legal que debería introducirse, en su opinión, afectaría a los documentos con su condición de reservados en vigor. “Aún siendo clasificados deberían ser de acceso en caso de que exista un interés público mayor para difundirlos”, añade. La posición de Defensa, con independencia del color del ministro de turno, suele ser “opaca”, según la abogada. “Consideran que las peticiones afectan al ministerio y, por lo tanto, a la seguridad nacional”, añade. O a las relaciones internacionales. Algo que en EE UU debe preocupar menos porque la desclasificación de documentos puede sacar a la luz información tan comprometida para su política internacional como fue la difusión del activo apoyo de Richard Nixon y Henry Kissinger para derrocar al chileno Salvador Allende en 1973. 

Material reservadoActividades clandestinas y emisiones de Radio España Independiente (1946-68).Repatriación y licenciamiento de las unidades expedicionarias en las provincias de Ifni y Sáhara (1939-1955). Planes de contingencia para hacer frente a posibles amenazas para la defensa nacional (1939-55) Dotaciones de los buques de guerra italianos y alemanes en puertos españoles (1940-46)Entregas de material aéreo por Estados Unidos (1955)Organización y despliegue de unidades durante la Guerra Civil.

dijous, 9 de maig de 2013

La serp i el riu









L'ERM DE LA GRAN BOLA TRANSLÚCIDA





Després passàrem per la confluència de la Mort, dita així perquè, on el nostre riu rebia per l'esquerra els cabals d'un afluent, hi havia dues torres bessones en forma de carrets de fil, que, mig clavillades, amenaçaven enfonsar-se i destruir una gran vall, amb els seus poblets. Nosaltres contribuírem apuntalar-les, amb risc de les nostres vides i a costa d'afrontar el malefici que gravitava sobre tots aquells qui gosassen acostar-s'hi: era tot el que podíem fer, i ho férem. Però aquest episodi filantròpic, no solament respecte als habitats d'aquella zona, sinó a nosaltres mateixos, que anàvem més avall, i a tota l'espècie humana, que venia a continuació, no fou res en comparança amb la prova que sofríem tot seguit, gairebé sense parar-hi esment, a l'Erm de la Gran Bola Translúcida. El nom d'aquest paratge, que comprimia una revolta còncava del riu, li venia d'una gran esfera de vidre, alta com la catedral més alta, i grossa com la bola més grossa, però ben certa que era, encaixada entre dos pujols. Al seu davant, seia una immensa multitud, molt més nombrosa i molt més atenta que les que en temps remotíssims assistien als sermons que els vells profetes feien en les muntanyes. L'anfiteatre que s'hi havia format, llis i polit com el marbre, a força de culades, no tenia ni una sola brosseta. Ens acostàrem a veure aquell espectacle, amb tot d'aprensions. No podíem passar-lo per alt, si un dia volíem fer l'inventari de les estupideses humanes. Davant l'embajocament general, un personatge minúscul, de multicolors ales de papallona, s'acostava per derrere de la Bola, i, desseguida, automàticamet, apareixia per l'altre costat, decara al auditori, la seua imatgre acrescuda i important. Però no sempre aquest truc sortia bé, sinó que de vegades ratlles transversals irisades li desfiguraven les faccions grotescament. Aleshores, els espectadors, sense la defensa del sentit de l'humor, s'enfadaven. Però, quan tot funcionava correctament 
i l'amplificació reixia, no gosaven respirar, compte d'aplaudir frenèticament, com se suposava que passava en les antigues multiplicacions dels pans i dels peixos. I era que, davant l'espectacle que continuament oferia la Bola, ni tan sols pensaven a menjar, tantes eren les qualitats alimentàries de la visió. Un petit i espavilat personatge, que al meu company li recordà l'infant que sabia fer versos sense paraules, i que prenia notes sobre el que creia llegir al llom de la Serp, ens assabentà que aquell qui hi restava molt de temps no trobava després el camí de retorn a casa seua i vagava sense memòria per a l'eternitat. 



dimecres, 8 de maig de 2013

El Rey, la infanta, el chambelán y el fiscal






La Lamentable




EL REY. Al duque de Palma pueden quitarle la calle de Palma, pero no el título. El título de nobleza lo da el rey, con carácter graciable, personal y vitalicio, a los componentes de la familia real, en la que se incluyen las infantas y sus consortes mientras lo sean o permanezcan viudos (Real Decreto 1368/87). Y no está previsto en ninguna norma que las Infantas dejen de ser Infantas. El rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad para el mantenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma (artículo 65 de la Constitución). Dirige, manda, nombra y cesa libremente todo, y a todos los funcionarios de la Casa. (Real Decreto 434/88). Al rey, por lo tanto, corresponde el mantenimiento de la parte de la familia real que es la familia Urdangarín. Consecuentemente le corresponde conocer sus necesidades, y su situación económica, sus gastos y sus ingresos, sus ocupaciones y su alojamiento. Y dispone de medios para conocer todo eso. Por eso conocía las andanzas de su yerno.

Cuando las andanzas de Iñaki resultaron enojosas para su majestad, le envió un recado, le tildó de poco ejemplar y le mando a Washington. Las andanzas han resultado ser indiciariamente delictivas. El rey, en el famoso mensaje de navidad, le abandonó a su suerte “igual para todos”. Nadie, ni la Casa real, o sea el rey, ni la fiscalía, ha discutido la corrección de la imputación de Urdangarín, ni, por lo tanto, los hechos en que se basa.

LA INFANTA Y EL CHAMBELÁN. García Revenga era, y es, secretario de las Infantas, pero prefería titularse, en las andanzas de Urdangarín, como “Vocal Asesor de la Casa de S.M. el Rey”. Así pues, no es excesivo ni desajustado llamarle chambelán, que es tanto como gentilhombre de cámara. Alto funcionario palaciego, ni más ni menos. En los negocios indiciariamente delictivos del duque la Infanta y el chambelán compartían una condición peculiar: la de cooperadores. Ninguno de los dos apareció personalmente jamás en las empresas del duque, ni participó ni intervino en ninguna actividad, reunión o decisión. Simplemente, ambos conocían y consentían, según el juez, que en las cartas de presentación de sus empresas, el duque y su socio exhibieran el rango y títulos de ambos cooperadores, “con la pretensión de aparentar ante empresas privadas e instituciones públicas que todas sus operaciones eran conocidas y gozaban del respaldo de la Casa de S.M. el Rey”.
Los que cooperan a la ejecución de un delito con un acto sin el cual no se habría efectuado, son los cooperadores necesarios, que son tan responsables como los autores materiales o directos. Cuando la participación no es imprescindible, son cómplices, y tienen una pena menor. La cooperación de la Infanta y del chambelán puede ser más o menos imprescindible, ya se verá. El juez deja abiertas las dos posibilidades. Pero, por ahora, lo relevante es si sabían que eran delictivos (indiciariamente) los negocios del duque que ellos posibilitaban con su presencia nominal.

El juez, en un ejercicio encomiable de sensatez deductiva, y de transparencia expositiva, va señalando los argumentos de los que deduce que la Infanta y el chambelán tenían que saberlo todo. No son datos objetivos sino inteligentes deducciones. Y, por si con ello no bastara, añade el cañonazo final de los mensajes informáticos generadores de nuevas deducciones, aportados por el amigo traidor. Ya se sabe en la experiencia criminológica que las bandas criminales, como todas las tramas delictivas, suelen hundirse por la mano de un traidor interno. Al desdichado chambelán le ha pasado, procesalmente, lo mismo que al duque. Le han abandonado a su suerte “igual para todos”. (Aunque no consta que le hayan cesado en el cargo, que es facultad libérrima del rey). Nadie, ni la Casa real, que es el rey, ni la fiscalía, ha discutido la corrección de la imputación de García Revenga, ni por lo tanto, los hechos en que se basa.

Pero cuando la imputación se dirige contra la Infanta saltan las alarmas. La Casa real, que es el rey, se permite opinar negativamente sobre el pretendido cambio de criterio del juez, y alabar a la fiscalía por su imparcialidad, que es una forma poco sutil de referirse al juez como parcial. Nunca debió hacerlo. No sólo porque una institución no tiene derecho a pronunciarse sobre un Poder del Estado, sino porque es lo que le faltaba al titular de esa institución para poner de manifiesto sus resabios de ancien régime. Además, es casi razonable su pérdida de la ecuanimidad, si se considera que no es difícil suponer, al ciudadano medio, que si se afirma que la Infanta sabía la dimensión indiciariamente delictiva de los negocios que el duque arropaba con el manto real, también lo sabría el dueño del manto. Y una cosa es que este sea constitucionalmente inviolable, y otra es que también hay una libertad de expresión que debería ser inviolable…


EL FISCAL. La fiscalía anticorrupción de Palma siempre ha sido considerada como ejemplar, eficaz, valiente, íntegra. No es posible pasar, de un día para otro, de la exaltación a la satanización. En este momento no se sabe si ha habido una orden superior, mandando recurrir la inculpación de la Infanta, pese a que no se había recurrido la del chambelán. Y, en este momento, tampoco se sabe si, en el caso de que hubiera existido la tal orden, el fiscal de Palma ha hecho uso del derecho que le da la ley a plantear su objeción de conciencia, exigiendo al Fiscal General la orden por escrito, en salvaguardia de su prestigio y honorabilidad.


Si la posición del fiscal es propia de su libre y personal criterio profesional, tan sólo cabe mostrar una respetuosa discrepancia. En efecto, el juez sólo dispone deducciones inteligentes más que da datos objetivos, y no será él, sino el fiscal, quien tendrá que pelear en el juicio oral frente a defensores que saben la debilidad de las pruebas objetivas. Si el fiscal no se considera bien armado de pruebas acusatorias, es razonable que sea cauto en la preparación del juicio. Pero en este momento todavía no se está juzgando a nadie, sino analizando si hay elementos indiciarios para afirmar que ella sabía que el duque hacía negocios ilícitos que no podría hacer si no fuera sirviéndose de ella, de su nombre y de su padre. Y parece que es razonable deducir que los hay. Sorprende el exceso de cautela del fiscal, y se lamenta. En otro caso, si estamos ante una orden superior, que si la hubo se sabrá, habrá que hablar alto y claro sobre el Ministerio Fiscal, sobre la insoportable pervivencia del ancien régime, sobre los tiempos del general Primo de Rivera, sobre Franco y sus acólitos y herederos, y sobre la desdichada función del nuevo chambelán en los tribunales.


José María Mena ex Fiscal Jefe de Catalunya
Fuente: http://lamentable.org/?p=9467


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dimarts, 7 de maig de 2013

Las bases sociales para una propuesta programática democrática-republicana (y II)








En el artículo anterior expuse, muy sucintamente, los resultados de un estudio realizada por la Fundación del BBVA “Values and Worldviews” en base a una encuesta hecha en diez países de la Unión Europea. Ahora intentaré sacar algunas conclusiones que considero pertinentes para, por así decirlo, el debate de las izquierdas sobre nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro.

La primera cosa a subrayar es que una parte claramente mayoritaria de la opinión pública europea rechaza las políticas neoliberales y defiende con mucha fuerza el Estado social. Para decirlo con más precisión: para las mujeres y los hombres que viven en la Unión, los derechos sociales y laborales son un componente central de la ciudadanía democrática y de su dignidad como personas.

Una segunda cuestión a señalar es que se produce una hondísima crisis de representación, una enorme sima, entre dicha ciudadanía y las elites políticas, económicas y mediáticas que ejercen realmente el poder. Las personas no tienen dudas: los poderes existentes trabajan por y para el poder económico-financiero y los políticos están a su servicio. Así de claro, y por eso una parte significativa de la ciudadanía, sobre todo en el sur, está profundamente insatisfecha del funcionamiento de nuestras democracias. Aquí tampoco cabría equivocarse demasiado: las gentes critican, al menos por ahora, la democracias existentes porque la soberanía popular manda poco o nada y porque las instituciones democráticas son cada vez más subalternas e impotentes ante los poderes fácticos.

Hay un tercer dato, de valoración más compleja y sutil, con de consecuencias políticas de mucho calado; me refiero, a la valoración de eso que se ha dado en llamar economía de mercado. El asunto se podría exponer del siguiente modo: la ciudadanía acepta la economía de mercado sabiendo que es la causante principal de las desigualdades sociales, por lo reclama un Estado responsable y garante de los derechos sociales e implicado fuertemente en su control y funcionamiento. Se diría que la opinión pública, más allá de los límites tradicionales de la izquierda y derecha, está por un programa de orientación fuertemente socialdemócrata, sobre todo en España.

Se podría continuar pero nos llevaría, seguramente, demasiado lejos, sobre todo, si se compara con otras encuestas, como la reciente de la cadena SER. Insistir en lo siguiente: lo que nos dice el estudio que comentamos es que en las consciencias de las personas hay un rechazo fuerte a las políticas dominantes y una aspiración a otras más justas e igualitarias. Es decir, nos señalan disponibilidades, horizontes y perspectivas para otros proyectos, en momentos de mucho sufrimiento y depresión social. De ahí, al voto o al compromiso político sostenido va un trecho difícil, muy difícil, de recorrer.

Pasar de la disponibilidad a la acción y al compromiso exige un proyecto claro, creíble socialmente y políticamente solvente. No basta solo propuestas o consignas, hace falta fuerza organizada, capacidad, conectar y crear imaginarios sociales que impulsen a la acción, que combatan la resignación y el pesimismo. En definitiva, las personas no solo deben pensar que tenemos razón, más aún, deben creer y luchar por nuestro proyecto: la única forma de hacerlo viable políticamente.

En nuestras específicas condiciones eso exige, al menos, tres condiciones: (a) una propuesta programática que conecte con las aspiraciones, necesidades y preocupaciones de las mayorías sociales, es decir, un discurso alternativo ; (b) construir una proyecto político y una alternativa electoral que por su carácter, amplitud y coherencia unitaria movilice el imaginario ciudadano para mostrar no solo que se quiere sino que se puede, que hay fuerza real cambiar las cosas desde las necesidades de las personas; (c)situarse claramente en el conflicto social, impulsar las demandas, acompañar las luchas y convertirse en instrumento de los movimientos sociales.

La clave, al final y al principio, reside en la capacidad colectiva para situarse bien en el momento histórico donde se vive. La transición política, en muchos sentidos, ya ha comenzado. En el centro la lucha entre reforma y ruptura. En el fondo: la cuestión del poder en sentido fuerte, es decir, cambiar para que todo siga igual o democratizar realmente el poder económico, político y mediático-cultural.

Por eso, aquí y ahora, de lo que se trata es de construir la Alternativa Democrática como fuerza política y electoral de las mayorías sociales, con el objetivo explicito de disputarle la hegemonía al” partido único” del Régimen. Hablar en serio de la 3ª republica significa eso: una nueva clase dirigente capaz de impulsar un proyecto de país al servicio de hombres y mujeres libres e guales, comprometido con la justicia y haciendo de la emancipación social el norte de la vida pública.

Tampoco en esto debemos engañarnos: la tarea será dura y los obstáculos muchos. Hablar de Revolución Democrática es señalar con precisión la radicalidad y la hondura de los cambios a realizar y la necesidad de construir una pasión colectiva que de sentido a la vida y se oponga a la noche neoliberal. El asunto es tan viejo como el mundo: cuando las clases subalternas se organizan en torno a un proyecto de vida, se convierten en una fuerza material y crean poder.


Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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dilluns, 6 de maig de 2013



El activista de Alternativa Antimilitarista-MOC, Carlos Pérez Barranco, afirma que en poco tiempo la desobediencia civil será la única opción

“La desobediencia civil no violenta es un arma al alcance de la gente común”






Quienes llevan años de experiencia en la desobediencia civil no violenta, como Carlos Pérez Barranco, la consideran como algo “fortalecedor y al alcance de cualquiera”. No es una práctica limitada a especialistas, expertos y mártires. A partir de unos conocimientos básicos, “es un arma que puede utilizar la gente común”.

Carlos Pérez Barranco participó desde mediados de los 90 en el movimiento de insumisión en los cuarteles en el estado español. Su coherencia le llevó a la prisión. Permaneció un año y cuatro meses en la cárcel, primero preventiva y en la segunda ocasión cumpliendo una condena por deserción. El activista ha compartido su experiencia en materia de desobediencia civil no violenta en la Asociación de Vecinos de Vilanova del Grao (Valencia).

Pueden aportarse numerosos ejemplos históricos de resistencia civil no violenta. Algunos, como Gandhi, Mandela o Martin Luther King, casi se han convertido en tópicos. “Pero no son los únicos ni siquiera los más destacados”, matiza Carlos Pérez. “Prefiero destacar las campañas de colectivos sin necesidad de que cuenten con un líder”, añade.

Otros ejemplos más cercanos, como la insumisión al servicio militar obligatorio en España, también supusieron un enfrentamiento abierto con la legalidad vigente. Los activistas arrostraban la amenaza de cárcel, pero también utilizaban las condenas de prisión como herramientas a favor de sus reivindicaciones. La ocupación de las plazas el 15 de mayo de 2011 y el movimiento de resistencia a los desahucios ponen de manifiesto el desarrollo de estas prácticas en los últimos tiempos.

Por principio, la desobediencia civil es “ilegal”, explica Carlos Pérez Barranco. Pone el ejemplo de las acciones de la PAH. Ante una orden judicial, los manifestantes oponen resistencia en la puerta de la casa donde va a producirse el desahucio. Pretenden así evitar que una acción “legal” se lleve a término. Pese a ser “ilegal”, subraya Carlos Pérez, “las acciones de desobediencia civil no se esconden; se trata de atraer la atención y denunciar algo que normalmente se oculta”.

La primera reacción ante los actos de desobediencia es tacharlos de “ilegales”. ¿Cómo responder? Según el activista, haciendo explícita “nuestra legitimidad”. En el caso de la campaña por la insumisión en los cuarteles, “nos justificábamos con nuestra oposición al servicio militar, la guerra y los ejércitos”. Las acciones de la PAH se legitiman con argumentos como la “estafa bancaria” o el derecho a la vivienda. Se presenta siempre, así pues, un conflicto entre “legalidad” y “legitimidad”.

En las acciones de desobediencia civil no sirve cualquier motivación. Ésta no ha de ser personal, sino colectiva. “Las acciones deben apelar a valores que compartimos muchos, como la paz, la justicia o el medio ambiente, lo que nos legitima para actuar en contra de la ley”. “Por eso se trata de acciones de carácter político y transformador”, añade Carlos Pérez.

En resumen, los actos de desobediencia han de ser públicos, conscientes y planificados, y responder a una motivación colectiva. Se trata, en definitiva, de abrir un debate social en torno a un problema que interesadamente se invisibiliza. Estas acciones reivindicativas se sitúan en un terreno intermedio entre las marchas y manifestaciones tradicionales (que para algunos se antojan ya insuficientes) y el recurso a la violencia.

Pero tampoco existe una definición cerrada de desobediencia civil que la agote en un marco teórico. Según Pérez Barranco, “se trata de una ideología muy ligada a la práctica, no un concepto que haya inventado un catedrático de Filosofía del Derecho; la desobediencia civil no violenta se define y construye sobre la práctica”. Es, además, “radicalmente democrática; apela a valores sociales y de base”. “Tampoco se busca manipular a nadie ni hacer de las personas un instrumento para alcanzar determinados fines”.

¿Qué sentido tienen estos actos de resistencia cívica hoy, en plena coyuntura de crisis? El activista de Alternativa Antimilitarista-MOC responde que se trata de acciones “eficaces” y “que permiten cambiar las cosas, aunque no son la panacea”. Desde su experiencia en las campañas contra el servicio militar obligatorio (que en la década de los 80 era casi sagrado, pero que en 2001 se derogó), “cuando la desobediencia civil se ha usado de manera inteligente y sostenida, y ha conectado con la sociedad, ciertamente ha logrado transformaciones”. Prueba de la eficacia de esta herramienta son las acciones de la PAH, que han generado un debate social al denunciar un problema (los desahucios) que padece en carne viva la población.

Corren buenos tiempos para la desobediencia civil. Actualmente el colectivo antimilitarista transmite su experiencia de años en este ámbito, “tras una larga travesía en el desierto en la que nadie nos hacía ni caso”, apunta Pérez Barranco. Imparten talleres en los que se enseñan nociones teóricas, cómo organizar una campaña de desobediencia y las circunstancias que pueden surgir en la misma. “Hoy vivimos un momento de efervescencia”, apunta Carlos Pérez, entre otras razones, por las limitaciones que presentan herramientas tradicionales como manifestaciones, concentraciones o recogida de firmas.

Además, según el activista contra los ejércitos, “hubo un momento en que esta forma de resistencia era una opción; pero sucede que nos están arrinconando tanto, que dentro de poco será la única. Por eso es tan importante que se extienda cierta cultura de la desobediencia cívica”. Para este convencido antimilitarista, resulta “muy gratificante” ver cómo gente que, sin responder a un perfil militante, opta por formas de desobediencia sin partir de teorías y sin dar publicidad a sus actos. Así ocurre con las familias que, en Sevilla, Valencia o Cataluña, ocupan los pisos en los que vivían u otras viviendas después de ser desahuciados.

Conviene, sin embargo, delimitar bien la cuestión. La desobediencia civil no es la vía más cómoda y sin riesgos para transformar las cosas. El miembro del movimiento antimilitarista advierte ante posibles confusiones: “las acciones pueden tener un coste personal; es un error pensar lo contrario; si alguien quiere evitar un juicio o pasar por la cárcel, es preferible que haga otra cosa. Sobre todo, por una razón. Porque estamos cometiendo una acción ilegal”. Además, “si se produce un juicio o condena, ha de utilizarse como altavoz, como una parte de la misma acción de desobediencia”. “Pero tampoco -matiza Carlos Pérez- nos gusta ser unos mártires que pretendamos ingresar en la prisión”. Por eso, “hace falta una preparación previa y calcular las consecuencias de las acciones, también organizar grupos de apoyo”.

Se trata, además, de que la represión afecte a los poderes que la ponen en práctica. Y es posible conseguirlo. Por ejemplo, los discursos que criminalizan a los activistas de la PAH por los escraches se vuelven contra el PP. “La gente conoce casos cercanos de desahucios y no se cree las acusaciones de nazismo”, apunta Carlos Pérez Barranco. Finalmente, el objetivo es lograr una especie de efecto bumerán o, como sucede en las artes marciales (singularmente el Jiu-Jitsu), utilizar la fuerza del adversario para derribarlo y vencerlo. “Si los desobedientes están bien organizados y conectan con la gente, ésta ve los castigos como algo desproporcionado, y el coste político y en imagen lo termina pagando el enemigo”.

Redes sociales y medios de comunicación alternativos desempeñan un rol esencial para conseguir el efecto bumerán. Entre otros muchos ejemplos, esto pudo apreciarse durante la represión de la “primavera valenciana” o las cargas policiales en el barrio valenciano del Cabanyal, en 2010. Las imágenes de los golpes brutales a personas que se manifestaban en actitud pacífica recorrieron el mundo. Al día siguiente, y dada la difusión de vídeos y fotografías, la policía recibió órdenes de no actuar. “Ésa es la fuerza y la protección fundamental de quienes practican la desobediencia civil no violenta”, subraya el activista.

Dentro de las variopintas formas de enfrentarse al poder, la de violencia es, junto a la de participar o no en las instituciones, una de las que suscita mayores debates en las organizaciones sociales. Carlos Pérez Barranco entra en la polémica: “Primero hemos de vacunarnos contra lo que el poder nos dice que es violencia; consideran que lo es poner una pegatina en la puerta de la casa de un diputado, pero no echar a una familia de su hogar; eso sí, con la ley de su parte”. Ahora bien, introduce matices. Dice que en las acciones y campañas de desobediencia “hemos de ser cuidadosos”. Sin entrar en el ámbito moral de las condenas, “lo políticamente adecuado, si se quiere conectar con la gente, es evitar imágenes de fuego en contenedores; es un error político que le pone las cosas muy fáciles al poder”.

A esto se añade otro argumento de mucho calado. La relación entre los medios y los fines. Según Carlos Pérez, “cuando se quiere practicar la desobediencia civil, el método sí importa; aunque el fin sea legítimo, no sirve cualquier medio”. Es más, “los medios prefiguran el fin por el que uno está luchando”. Así pues, “el sufrimiento y el dolor hemos de canalizarlo de manera ilegal, pero no violenta”. Sin caer en caricaturas simplonas, como la de “poner la otra mejilla”, concluye.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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diumenge, 5 de maig de 2013

Las bases sociales para una propuesta programática democrático-republicana (I)











Unas de las cuestiones esenciales del momento es conocer con precisión cómo y de qué forma están afectando los enormes cambios económicos y sociales que estamos viviendo a la consciencia, actitudes y comportamientos de la ciudadanía. Para la izquierda transformadora no es un problema menor: conocer lo que piensan realmente las gentes en momentos donde, parecería, que todas las crisis se acumulan y se anudan en torno al régimen salido de la transición, es ahora un problema político decisivo. Buenas encuestas, en síntesis, para dar un fundamento realista a las propuestas que se formulan en la esfera pública.

Esto viene a cuento del debate abierto, sobre todo, en los mentideros políticos de la derecha extrema ante la encuesta realizada por la Fundación del BBVA sobre valores y actitudes sociales de las ciudadanas y de los ciudadanos de diez países de la Unión Europea (Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Republica Checa y Suecia).

El estudio titulado “Values and Worldviews” se realizó por IPSOS entre noviembre del 2012 y enero del 2013, con una muestra de 15 mil personas. ¿Por qué mereció una encuesta como esta tal atención y tan duras críticas de los tertulianos ultras? Porque se ponía de manifiesto, una vez más, que para una parte sustancial, claramente mayoritaria, de la opinión pública europea la defensa del Estado del Bienestar seguía siendo fundamental y que cinco años de crisis habían propiciado el convencimiento de que las políticas de ajustes que se han venido practicando son injustas e ineficaces . Para decirlo con más claridad: la ciudadanía demanda derechos sociales y laborales garantizados por el Estado y una mayor implicación de este en el funcionamiento, regulación y control de eso que eufemísticamente se llama mercado. Lo peor, de ahí el escándalo superlativo, era que la opinión pública española era la más radical en estas posiciones “intervencionistas y antiliberales”: ¡tanto dinero invertido en propaganda, tertulianos y en sesudos estudios para esto!
No es posible resumir en tan poco espacio la riqueza del estudio y sus consecuencias para el análisis de la realidad social tal como las perciben las personas concretas. Solo aquellos datos más gruesos y definitorios. Lo primero, es constatar que los españoles tienen una percepción clara de la hondura y gravedad de la crisis económica internacional y nacional. Segundo, los europeos identifican con mucha precisión (entre el 89 al 75,6 por ciento) quiénes son los culpables de la crisis: los banqueros, los políticos, los gobiernos nacionales, los dirigentes de la UE, las compañías financieras, el Banco Central Europeo. Esta percepción, cuando llega la ciudadanía española, son aún más mayoritarias, superando el 80 y 90 por ciento. Tercero, la media de los encuestados están entre las políticas de ajuste (38,5) y de aumentar o mantener el gasto (40,3). Los españoles lo tienen mucho más claro: solo el 20 por ciento está por los ajustes, el 58,7 apuesta por el mantenimiento o el incremento del gasto público.

Como antes se dijo, la defensa y el desarrollo del Estado de Bienestar es un elemento fundamental de la identidad de los ciudadanos y ciudadanas europeas. La media europea de los encuestados (66,2 por ciento) consideran que el Estado tiene la responsabilidad principal de asegurar la vida digna de las personas. En España la cifra es del 74,1 por ciento, solo superada por Italia (76,3).Una clara mayoría (66,2) opina que es necesario un amplio sistema de Seguridad Social aunque esto implique impuestos más altos. En España, la opinión es más mayoritaria: el 80,5 por ciento, superada por Suecia, Dinamarca y los Países Bajos. No es de extrañar que para la mayoría de los europeos es fundamental incrementar el gasto en sanidad, educación, atención a las personas mayores, discapacitados y parados.

Es muy significativa la opinión sobre el papel del Estado en la economía. Sobre 10, el 6,8 por ciento considera que el Estado debe tener un papel muy activo en el control de la economía; en España el 7,1, solo superada por Francia (7,4). El 6,1 considera que la economía de mercado es el sistema más conveniente para el país, sin embargo(es un dato interesante) el 6,0 considera que esta economía es la causa de las desigualdades sociales; en España las cifras varían: el 5,2 aprueba la economía de mercado pero el 6,6 consideran a dicha economía la cusa de las desigualdades sociales.
Otra cuestión a tener en cuenta es la opinión sobre el euro y la Unión Europea. La ciudadanía de los cinco países encuestados que pertenecen a la zona euro, excepto los Países Bajos, consideran que el euro ha sido negativo para sus respectivos países; los otros(los que no pertenecen a la zona euro) opinan muy mayoritariamente que es que es positivo estar fuera de la moneda única. Sin embargo, esto hay que subrayarlo, la mayoría no está de acuerdo con la vuelta a las monedas nacionales. Es coherente con esto la opinión, también muy mayoritaria, de que el euro se va a mantener en el futuro. Algo hay en todo esto que no casa demasiado: la mayoría (el 60,2) consideran que cada país debe mantener la autoridad sobre su política económica.

¿Puede extrañar que los ciudadanos y ciudadanas consideren a los políticos los culpables de la crisis? No demasiado. Sobre 10, el 7,7 de los encuestados consideran que los políticos dedican más atención a sus intereses que a los intereses de la sociedad; en España esta opinión llega a 8,3, la más alta después de Italia (8,7) e igualada con la República Checa. Los políticos son los menos valorados de los grupos sociales y profesionales (3 sobre 10) junto con los periodistas (4,5), religiosos (4,7), empresarios (4,7).En España suspenden específicamente militares y jueces. La valoración de los políticos: 1,5 sobre 10.

Una parte mayoritaria considera que la democracia no funciona bien en sus países. Esto es mucho más grave para los italianos y los españoles. La mayoría considera que el voto es la forma principal que tiene las gentes para influir en las políticas que hacen los gobiernos pero, este pero tiene su importancia, consideran que tienen poco influencia en las decisiones políticas.



Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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