dijous, 20 de març de 2014

"En España se está normalizando la barbarie"



Entrevista a Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
"En España se está normalizando la barbarie"

Público.es


La portavoz de la PAH denuncia que en España se ejecutan al año entre 40.000 y 50.000 desahucios, unas cifras "escandalosas" para "un Estado que pretende llamarse democrático".

La activista Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha advertido de que en España "se está normalizando la barbarie" de los desahucios, un problema cuyas cifras son tan "astronómicas" que se ha perdido la medida pero que en otros países europeos serían consideradas un "escándalo".

Según ha dicho, a la vista de los datos del Poder Judicial y de las entidades financieras, España ejecuta al año entre 40.000 y 50.000 desahucios, mientras que en su informe de 2013 el Colegio de Registradores de la Propiedad reveló que el 70% de éstos correspondían a primeras residencias, un porcentaje que ascendía a 90% en ciudades populosas como Madrid. El Gobierno, sin embargo, no ofrece datos fiables sobre este problema, ha lamentado Colau, quien ha considerado "gravísima" esta actitud en "un Estado que pretende llamarse democrático".

Esta activista, involucrada desde hace 13 años en decenas de luchas, las más reciente la referida al derecho a la vivienda, ha participado este domingo en Segovia en un diálogo con la periodista Alicia Gómez Montano en el marco del IV Encuentro Mujeres que transforman el Mundo, organizado por el Ayuntamiento. Durante su intervención ha recordado los orígenes de la PAH, que nació en 2009 en Barcelona del movimiento V de Vivienda y cuenta hoy con 200 grupos repartidos por todo el país. Entonces, ha relatado, la ciudadanía se organizó al darse cuenta de la existencia de una "estafa" por parte de los bancos, de la vulneración del derecho a la vivienda y del "aún más grave engaño" del Estado, que aseguraba que la inversión más segura y prudente era comprar una casa.

Al acudir a la Plataforma, ha proseguido, los afectados llegaban "devastados", "avergonzados" y creyéndose culpables por una versión gubernamental de la crisis que criminalizaba a las personas por vivir por encima de sus posibilidades y tener cultura de la propiedad. El mismo Gobierno, ha recriminado, promovió sin embargo agresivas políticas que incentivaban la adquisición de vivienda. "Hubo que hacer ver a los afectados que el problema no era individual, que se vulneraron su derechos", ha explicado esta activista, convencida de que "el problema afecta a todos" y de que hay que organizarse por unas leyes "injustas" que vulneran normas superiores, sobreprotegen a las entidades financieras y dejan sin protección a una ciudadanía cuyos servicios además se ven recortados por el rescate a la banca.

En declaraciones a Europa Press, Colau ha criticado que el Gobierno se haya convertido en "cómplice y rehén" de la banca y su "estafa", así como que dirigentes con fracasos a sus espaldas den lecciones a los ciudadanos. Se ha referido en este sentido al ministro de Economía, Luis de Guindos, y su vinculación como asesor de Lehman Brothers y consejero del Banco Mare Nostrum. "Y él no es una excepción. Tenemos una democracia secuestrada", se ha quejado.

La portavoz de la PAH ha repasado el momento en que tachó de "criminal" a la banca en su polémica intervención en el Congreso de los Diputados, donde presentó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 1,5 millones de firmas para reclamar una nueva legislación en materia hipotecaria. Aquel calificativo, ha asegurado, no fue fruto de un "calentón", sino algo "natural". "Jamás me he arrepentido, creo que fui prudente y rigurosa, le podía haber llamado mafioso, la banca es una organización criminal y muchos de sus responsables deberían ir a la cárcel", ha reiterado.

Se ha referido asimismo al fenómeno del escrache, una manifestación "pacífica" que nació ante la ausencia de impunidad de los políticos y después de cuatro años de que las administraciones dieran la espalda a las peticiones ciudadanas. "Lo mínimo que podíamos hacer era molestar un poco a sus señorías, que ni siquiera aceptaban venir a escuchar los problemas de la gente", ha resaltado.

"Debilidad del Gobierno"Ada Colau ha llamado a los ciudadanos a ver siempre la parte positiva para evitar ser vencidos y derivar al abismo. Según ha dicho, en esta "represión" que atraviesa el país hay que ver la debilidad de un Gobierno que "ha perdido sus argumentos" y recurre por ello al lenguaje de la amenaza y el miedo. "No podemos permitirnos el lujo de deprimirnos", ha incidido esta activista, quien opina que sólo unidos se podrá hacer frente al Ejecutivo y dar la vuelta a la situación.

Colau ha indicado por otra parte que sigue adelante su demanda contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que la acusó de haber apoyado a Bildu, Sortu y otros grupos "proetarras" y de emprender una "estrategia política radical" a partir del movimiento antidesahucios y el uso del escrache. Al respecto, ha informado que Cifuentes tendrá que responder ante el juez el próximo mes de abril.

Fuente: http://www.publico.es/politica/508387/ada-colau-en-espana-se-esta-normalizando-la-barbarie


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"El reglamento de los CIE es un intento de legalizar vulneraciones de derechos"



19-03-2014

"La presencia de Cruz Roja en el CIE de Aluche no evitó la muerte de Samba Martine"
"El reglamento de los CIE es un intento de legalizar vulneraciones de derechos"



Organizaciones contra los Centro de Internamiento de Extranjeros cuestionan que el reglamento aprobado por el Gobierno cambie la situación.

"El reglamento de los CIE es un intento de legalizar vulneraciones de derechos sistemáticas que vienen dándose desde la creación de estos centros". Esa es la valoración que la campaña estatal contra estos centros de internamiento de extranjeros ha hecho esta mañana del reglamento que pasa a regular los CIE, que se publicó en el BOE del pasado 15 de marzo.
A juicio de los activistas, que han dado una rueda de prensa este martes en Madrid, su aprobación, tras dos años de promesas y trámites, se trata de "una maniobra de distracción" y "no es casualidad" que se produzca un mes después de la masacre en la frontera de Ceuta, de la que aún no se han aclarado causas ni responsables.

Los responsables de la campaña estatal, que agrupa a diversas organizaciones de inmigrantes y por los derechos humanos, han asegurado que las muertes de los internos Samba Martine en 2011, Idrisa Diallo en 2012 y Aramis Manukyan en 2013, además de las muchas agresiones que se han documentado, no se habrían evitado con este reglamento. Interior no ha modificado la calificación de los CIE, que sigue definiendo como "establecimientos no penitenciarios" en los que la Policía figura como garante de derechos que se aplican, aseguran, de forma "arbitraria".Aspectos de la vida cotidiana de los internos, como los horarios o las prácticas religiosas, quedan en manos de la dirección de cada centro y supeditados a "criterios de seguridad". Además, consagra las celdas de aislamiento y contempla el ingreso de mujeres embarazadas en periodo de lactancia (que no son explulsables).

El reglamento incluye la intervención de ONG, que podrán desarrollar asistencia sanitaria, legal o cultural en el marco de convenios de colaboración subvencionada. Los activistas han recordado que en el CIE de Aluche (Madrid), la presencia de la Cruz Roja mediante un convenio de 400.000 euros no evitó la muerte de Samba Martine en diciembre de 2011. Estos servicios se contratan "a cambio de su silencio" y "ninguna organización que de verdad valore los derechos humanos" se prestaría a ello, han asegurado.

En las próximas semanas, la Campaña contra los CIE presentará ante las delegaciones del Gobierno de Madrid y Barcelona un manifiesto al que espera que se adhieran más organizaciones. Además, convocan una movilización para el próximo día 18, a las 19h. frentre al ministerio del Interior; en Barcelona, se unirán a la movilización del día 29 contra las reformas represivas en general. "Nuestro único objetivo es el cierre de los CIE. No queremos justificar el reglamento ni valorar si es mejor o peor, simplemente no creemos que deba existir un reglamento para regular algo que no debería existir", concluyen.


Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/22258-reglamento-cie-es-intento-legalizar-vulneraciones-derechos.html


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"Con la ley de Gallardón las mujeres continuarán abortando, pero aumentarán las muertes"



19-03-2014

Entrevista a Paco Valero, ginecólogo con 30 años de experiencia en la práctica de abortos
"Con la ley de Gallardón las mujeres continuarán abortando, pero aumentarán las muertes"



Cuando en 1981 se inició en la práctica de abortos, eran muchas las dificultades a las que los médicos se enfrentaban en la sanidad pública, recuerda el ginecólogo Paco Valero en el despacho de su clínica. En el Hospital General de Valencia se planteaba en muchos casos la objeción de conciencia, por la mentalidad conservadora de los doctores o por miedo ante la presión que ejercían los superiores. Ante estas barreras, Valero decidió en 1989 montar una clínica con otros socios, que hoy continúa activa y desarrolla un trabajo especializado en ginecología, obstetricia, planificación familiar, control de embarazos y práctica de abortos. Su trabajo profesional también tiene que ver con la conciencia crítica y la militancia. Por temporadas, en el jardín anexo a la clínica, un cura seguido por grupos ultraconservadores se establece con un altar, procede a encender las velas y rezan un rosario. "Una vez permanecieron durante mes y medio", recuerda.

-Antes de la legislación actual que propone Ruiz Gallardón, una ley de supuestos (1985) y otra de plazos (2010) han regulado el aborto en el estado español (esta última, aún en vigor). ¿Qué diferencia existe entre legislar en función de "supuestos" y hacerlo sobre "plazos"?

Con la ley de 1985, una mujer que quiera abortar ha de justificarlo de acuerdo con una serie de supuestos, que son el peligro para la salud física o psíquica de la madre, la existencia de una violación o la malformación fetal, en este último caso, con el dictamen de dos especialistas. Al supuesto específico del riesgo para la salud psíquica, que tenía que firmar un psiquiatra, se acogían el 90% de las mujeres que interrumpían voluntariamente el embarazo. La legislación de 2010 mezcla supuestos y plazos. Hasta las 14 semanas, el aborto es libre por decisión de la mujer. A partir de entonces, la interrupción del embarazo ha de encajar en dos supuestos: la malformación fetal, o el peligro para la salud física o psíquica de la embarazada.

-¿Cuál de las dos legislaciones consideras más "progresista"?


Sin duda, la de plazos, porque es la mujer quien toma la decisión. En la ley de supuestos, la mujer propone pero es el psiquiatra quien finalmente dispone. Pienso que si la ley de plazos de 2010 se "toca", ha de ser para mejorar, por ejemplo, para ampliar las 14 semanas de tiempo que tiene la mujer para decidir; o pienso que también debería desaparecer el plazo de tres días de reflexión que se le da a la mujer una vez se le ha informado sobre las ayudas; en este caso, se debería tomar el tiempo que ella quisiera. En cuanto a las menores, con 16 y 17 años, que pretendan abortar, los padres han de ser informados, según establece la legislación vigente. A mi juicio, esto no es necesario.

-¿Qué tipo de leyes reguladoras son las que actualmente predominan en Europa?


Es abrumadoramente mayoritaria la ley de plazos. En países como Inglaterra, donde no se regula el aborto en función de plazos, sino de supuestos, se establece un cuarto supuesto socioeconómico al que se acogen muchas mujeres. En países de fuerte tradición católica como Polonia, hay una ley similar a la española de 1985, pero con una aplicación más restrictiva. En Irlanda es muy complicado abortar, por eso las mujeres que desean hacerlo se van a Inglaterra. Y en Malta, por ejemplo, el aborto está totalmente prohibido.

-Estudios como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntan que legislaciones restrictivas, como la que en el estado español promueve el PP, provocan un incremento de la mortalidad de las mujeres. ¿Es esto lo que va a ocurrir?


Hay muchos estudios que lo afirman, no sólo los de la OMS. De los 112.000 abortos practicados en el año 2012, con la ley-Gallardón (que realmente es una ley del gobierno del PP) serían "ilegales" más de 100.000, ya que en torno al 95% de los abortos se practican antes de que concluya el plazo de las 14 semanas. Pero eso no quiere decir que las mujeres no vayan a abortar. Tienen dos opciones: si disponen de recursos, se marcharán a Londres o a Amsterdam, y abortarán en condiciones sanitarias seguras. O en España, de manera "alegal", un ginecólogo les podrá practicar el aborto, que "justificará" como aborto "espontáneo", pero cobrándole a la mujer un precio elevado por la intervención. La otra opción, para las mujeres sin recursos, consiste en dirigirse a matronas o curanderas, que les practicarán el aborto de manera clandestina por los métodos tradicionales del "perejil" o el "ganchillo". Por supuesto, con el consiguiente riesgo de infecciones y muertes. La Memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo franquista estimó, en 1974, en 300.000 el número de abortos clandestinos practicados en España y a los que se sometieron españolas en el extranjero. Ilegalizar el aborto no implica que las mujeres renuncien a la interrupción libre del embarazo.

-¿Qué puede aprenderse del ejemplo de América Latina?


El aborto es legal, regulado mediante leyes de plazos, en Cuba y Uruguay, pero en términos generales se es muy restrictivo en América Latina respecto al derecho a abortar. Actualmente el debate está planteado en países como Argentina, Ecuador, Brasil y Chile, entre otros. Pero sí creo que en América Latina puede observarse un precedente de lo que puede ocurrir en España. Por ejemplo, miremos el caso de Nicaragua. Cuando el aborto era legal, y se practicaba en la sanidad pública, la mortalidad de las mujeres era nula. Al primer año de declararse "ilegal" (a mediados de los 2000), hubo 80 mujeres muertas. En Rumanía, durante los últimos años de Ceaucescu, el aborto era "ilegal" y se disparó la mortalidad. Al caer Ceaucescu, se volvió a legalizar (a finales de los 90) y la mortalidad de las mujeres fue otra vez casi nula. Además, entre 40.000 y 50.000 mujeres mueren al año por abortos ilegales. Si esta cifra ha disminuido es por el uso de un fármaco, el Misoprostol, en países donde el aborto está declarado ilegal.

-¿Qué aspectos introduce la nueva legislación que pretende aprobar el gobierno del PP?


Con la ley actual, de 2010, es la mujer quien decide. Ahora bien, con la que ultima el ejecutivo, se elimina esta capacidad de decisión. Los abortos se tendrán que justificar. Tendrán lugar menos del 10% de las interrupciones de embarazo que actualmente se practican. Y no es cierto que, como dice el gobierno, la nueva legislación implique una vuelta a la ley de supuestos de 1985. Habrá más restricciones. Por ejemplo, se requerirá la firma de dos psiquiatras, en lugar de uno. Además, las mujeres recibirán información de varios centros, que podrán gestionar entidades privadas y grupos "pro-vida", con el consiguiente riesgo de que intimiden o se planteen disuadir a las mujeres. Estos centros no están definidos y dependerán de las comunidades autónomas. También se requerirán varios certificados.

-¿En qué situación deja la Ley-Gallardón a la mujer y sus derechos?


Relega a la mujer a la condición de ser tutelado. En el supuesto de riesgo psíquico, tendrá que recibir la autorización por parte de dos psiquiatras que no pertenezcan al centro en el que vaya a practicarse el aborto. Además, en los supuestos de malformación genética, se requiere un médico y un psiquiatra, lo que añade un control a los establecidos en la legislación anterior. También es una ley que introduce inseguridad jurídica, pues la pareja puede en un momento dado cuestionarse los informes y denunciar a la mujer por aborto ilegal.

-¿Qué se pretende con todas estas "barreras" que señalas?


El objetivo es poner obstáculos con el fin de que las mujeres no puedan abortar; en primer lugar, se necesita la autorización de dos psiquiatras ajenos a la clínica; Además, los centros de información en los que es posible manipular e intimidar a las mujeres; en tercer lugar, las mujeres de 16-17 años que tengan la intención de abortar, requerirán el permiso de sus padres (en la ley de 2010 esto no era necesario) y, en caso de controversia, resolverá finalmente un juez. El sentido último de la nueva ley está ya enunciado en el título: Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada. Por el contrario, la anterior legislación llevaba por título "Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción voluntaria del embarazo". Porque, me pregunto, con la modificación que pretende este gobierno, una vez "concebida" la criatura, a la que se dice proteger, ¿qué ocurre? Una reforma laboral que facilita los despidos, recortes en la ley de dependencia, copagos... ¿Dónde está la protección? La legislación de 2010, por el contrario, incluía la salud sexual y reproductiva, con mecanismos preventivos, de planificación familiar y también el aborto.

-Otra cuestión espinosa es la objeción de conciencia de los facultativos


La ley de 2010 permitía la objeción de conciencia de los médicos y personal sanitario que intervenían directamente en el aborto. Pero es cierto que había un deber previo de información y, posterior, de atender posibles complicaciones. Si me preguntas mi opinión, creo que un médico (o personal sanitario) adscrito a la sanidad pública no tiene por qué objetar. Pero la ley-Gallardón amplía la posibilidad de objetar a cualquier médico (o personal sanitario) que intervenga durante todo el proceso.

-¿Se queda muy atrás la nueva ley respecto a la aprobada por la Generalitat de Cataluña en 1937?


La ley catalana de 1937 permitía el aborto en tres supuestos. El "eugenésico" (era el lenguaje de la época), por malformación del feto; en caso de peligro para la salud psíquica de la embarazada; o por voluntad de la mujer, hasta las 12 semanas. Esta ley se justificó por las tasas muy altas de abortos clandestinos, con consecuencias de mortalidad para las mujeres. Pero me parece digno de mención que se estableciera, por ley, que los abortos se debían practicar en hospitales públicos, y que los ginecólogos tenían la obligación de practicarlos. No se recogía la objeción de conciencia.

-¿Qué opinas cuando desde algunos sectores se insiste en el "derecho a la vida" y la protección del embrión?


Hablamos de una colisión de intereses entre la madre (persona) y el concebido y no nacido (proyecto), que no es persona. Lo es, legalmente, a las 24 horas de haber nacido. Además, una cosa es reconocer derechos al concebido y no nacido (lo hace el Código Penal) y otra cosa, como pretende la ley de Gallardón, es otorgarle más derechos que a la madre. Aquí hay un punto esencial. Los grupos "pro-vida" y la nueva ley del PP incluyen en la noción de "concebido" a las células informes, embriones, fetos precoces o fetos ya viables. Para ellos, todo entra dentro de la misma categoría.

-Por último, alega el gobierno de Rajoy que no hace sino cumplir una promesa electoral...


En el programa electoral del PP se hacía una referencia difusa al derecho a la vida. De ese modo, podía mantenerse la ley de 2010 o suprimir totalmente el derecho al aborto. Cabía todo. Finalmente, quieren aprobar una ley que defiende un modelo patriarcal y con la mujer como ser de segunda clase. Sin capacidad para decidir sobre sí misma, en casa y con la pata quebrada. Ahora bien, éste es el modelo conservador del PP y de la iglesia católica, que está también en contra del preservativo y de la píldora anticonceptiva. Me recuerda mucho los tiempos del franquismo, cuando se requería la "licencia marital" para abrir una cuenta en el banco, sacarse el pasaporte o firmar una escritura. Y una cosa más: con la nueva legislación, sólo el médico o el ginecólogo son los culpables, pues a la mujer se la "saca" del Código Penal. Gallardón dice que esto constituye un avance, pero creo que en el fondo lo hacen porque no consideran a la mujer responsable y consciente para tomar sus propias decisiones.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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Gravedad y conciencia sobre el crimen económico



Gravedad y conciencia sobre el crimen económico



"Los que manejan el miedo manejan el mundo"
(Pedro Ruiz)
"Los grandes acontecimientos someten infaliblemente a prueba las ideas, las organizaciones y los hombres "
(León Trotsky)
"El poder y la sumisión son la cara y la cruz de sociedades como la nuestra, empapadas en una locura colectiva que camina de forma convulsa y sin rumbo"
(Antonio José Gil Padilla)
"El capitalismo ha aburguesado a la mayor parte de la población, ha echado raíces en las conciencias de la mayoría de las personas"
(José López)


Decididamente, una sociedad donde un banquero cobra 5,2 millones de euros anuales (como Francisco González, Presidente del BBVA), mientras existen millones de personas en el umbral de la pobreza, en paro, sin prestaciones, o con trabajos precarios, es una sociedad enferma. Pero no obstante, aún no se contempla un estallido social de cierta importancia. Existen, como no puede ser de otra manera, ciertos colectivos implicados en la defensa de sus derechos, que llevan organizando mareas, movilizaciones, huelgas, protestas y concentraciones más o menos ruidosas, con el correspondiente eco mediático. Y cuando los grandes delincuentes económicos son detenidos, lo más que ocurre es la concentración de algunos cientos de personas a las puertas de los Juzgados, para proceder a increparlo/a.

Creo personalmente que la base del problema es que no tenemos conciencia, en nuestra sociedad actual, del crimen económico. No tenemos ese registro ni la gravedad del mismo en nuestro imaginario colectivo, no lo tenemos asociado a los grandes delitos que se pueden cometer contra la Humanidad. Por supuesto que en nuestro Código Penal están la estafa, la apropiación indebida, el fraude, la falsedad documental, y un montón más de delitos económicos, pero tenemos una asociación mental de ellos hacia los pequeños delitos, pero... ¿cómo valoramos socialmente la figura, por ejemplo, de un Miguel Blesa, que roba, estafa, engaña, manipula y vive a todo lujo como un auténtico parásito social a costa del ahorro y del sufrimiento de miles y miles de personas, a las que despoja de todos los ahorros de su vida?

Cuando el saqueo económico, la expropiación a la clase trabajadora y la corrupción del sistema se institucionalizan, tenemos un grave problema social. Mario Dragui, actual Presidente del BCE, en unas recientes declaraciones a The Wall Street Journal, reconoció que la Europa Social había finalizado, que no era sostenible. Esto se ha ido confirmando poco a poco, pues los Estados del Bienestar han ido disminuyendo de peso, y el empobrecimiento masivo se ha instalado como endémico en nuestra población. Por su parte, Intermon Oxfam, en su último Informe, ante la escalada de las desigualdades, advierte de que "a menos que se adopten soluciones políticas valientes que pongan freno a la influencia de la riqueza en la política, los gobiernos trabajarán en favor de los intereses de los ricos y las desigualdades seguirán aumentando". Y como consecuencia de esta política neoliberal europea, la Eurozona se ha consolidado como un espacio económico asimétrico de acumulación de capitales, donde las economías periféricas, como la de España, se verán condenadas a largos períodos sin crecimiento.

Las políticas de austeridad desarrolladas por las élites europeas demuestran la hegemonía respecto al mundo del trabajo, que ha permitido romper las condiciones bajo las que se había creado el Estado del Bienestar. Como podemos comprobar un día si y otro también, la Eurozona no avanza en un proyecto político federal ni de cohesión social, y se mantiene únicamente en el terreno monetario, que junto a la libertad de capitales, bienes y servicios, configuran un gran mercado que facilita la dominación de unas clases sobre otras, además todo ello taimado bajo la aparente neutralidad de los mercados. Y bajo este caldo de cultivo, surgen iniciativas como la comercialización por parte de los banqueros de productos engañosos y fraudulentos, que están destinados únicamente a desposeer de recursos a la clase trabajadora, y aumentar el capital circulante para las élites financieras. Y esto es porque, a pesar de que continuamente estamos informados por los medios de comunicación de actos y decisiones contra los intereses de los más débiles y desfavorecidos, no tenemos realmente conciencia de la gravedad de los mismos.

Se nos mueve la conciencia ante, por ejemplo, una pequeña expropiación de productos en un supermercado, en una gran superficie que gana diariamente miles de millones en beneficios, que explota a su personal, y cuyos dirigentes aparecen también en los papeles de Bárcenas (véase cómo la complicidad de la clase dominante es casi perfecta). Pues nos escandalizamos ante esto, ante un simple acto de expropiación simbólica de un carrito de comida, de productos de primera necesidad, o de material escolar, para donarlo a personas necesitadas, pero en cambio no se nos mueve la conciencia ante el avieso despilfarro que la clase dominante ejerce de forma continua. Nos rasgamos las vestiduras si nos informan de asesinatos, secuestros, extorsiones, etc., pero en cambio vemos como "tolerable socialmente" (incluso democrático) todo el plantel de decisiones, reglamentos y decretos que están minando la vida de millones de personas en nuestro país, pues recortan nuestros derechos sociales, laborales, económicos, civiles y políticos.

El perfecto ejemplo lo tenemos en la práctica del escrache, donde muchas personas se escandalizaban ante la "violencia" de abordar a personajes públicos en su domicilio o en algún establecimiento, pero en cambio asistíamos con cierta complacencia o "normalidad democrática" a las criminales y crueles decisiones que dichas personas tomaban desde su escaño. Hemos llegado a la perversión social de considerar más grave sacar un carro de comida sin pagarlo de un supermercado, que una familia sea desalojada de su casa. Pero los ejemplos no acaban aquí, ya que nuestra legislación y nuestros gobiernos títeres del gran capital, permiten por ejemplo que empresas con pingües beneficios, como actualmente sucede con Coca-Cola, estén planteando el ERE y la deslocalización de parte de sus fábricas. Hemos de recuperar la visión social de la justicia, de la igualdad, de la cohesión social, que la crisis (mejor dicho, el capitalismo) también nos ha hecho perder el norte sobre esto.

Necesitamos recortar la distancia ética que existe, que tenemos como sociedad, entre un crimen que consiste en quitar, sesgar, mutilar, secuestrar la vida de otra persona, con respecto a aquél otro crimen que consiste en impedir que dicha persona pueda vivir con un mínimo de dignidad humana, privándole y eliminando paulatinamente todos los recursos a su alcance. Ambos crímenes son igualmente execrables. ¿Cómo es posible que se juzgue y condene a una persona por "enaltecimiento del terrorismo" si declara abiertamente la necesidad de emprender acciones violentas contra la clase dominante, pero en cambio no se considere delito verter opiniones y expresiones como que, por ejemplo, los salarios de los trabajadores/as deben ser recortados un 10%? Máxime teniendo en cuenta que quienes lo proponen, cobran como mínimo del orden de 50, 100 o mil veces más que el promedio de la clase trabajadora.

Todo ello ocurre porque no tenemos conciencia del crimen económico. Un crimen tan brutal como cualquier otro. Un crimen que se perpetra contra la Humanidad, a través de su progresiva desposesión, amparada en crueles e inhumanas leyes que degradan la vida humana hasta sus últimas consecuencias. Hemos de elevar el listón de lo que se conoce socialmente como crimen económico, y comenzar a catalogar ciertas decisiones políticas, así como cierto tipo de declaraciones, como pertenecientes a la categoría de "crimen económico", para así comenzar a dotarnos de la conciencia sobre la gravedad del camino a donde nos conducen las políticas que actualmente se están desarrollando, que constituyen velados atropellos contra la dignidad de la existencia humana. Hemos, en definitiva, de perfilar y definir perfectamente los límites del crimen económico, sus supuestos y condenas, e incluir todo ello en el Código Penal.

De esta forma, los dirigentes de la OCDE, del FMI, de la Comisión Europea, y de todos sus gobiernos títeres, estarían en la cárcel por crímenes de este tipo. En sentido general, por crimen económico debe entenderse cualquier acción que resulte en menoscabo de los derechos fundamentales y de la protección social de las personas, incluyendo las posibles manifestaciones que declaren abiertamente su apología. Sabemos que están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Europeo de Derechos Económicos y Sociales, y en la Carta Social Europea, entre otros muchos solemnes documentos, pero a la hora de la verdad, son papel mojado. Por cierto, lo mismo que nuestra Constitución.

Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog.es/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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Medidas que aumentarán de las desigualdades sociales



20-03-2014

La reforma tributaria del comité de expertos del PP

Medidas que aumentarán de las desigualdades sociales

Viento Sur


La propuesta de reforma fiscal que el comité de expertos nombrado por el gobierno acaba de presentar va a dejar las cosas prácticamente igual en términos de la caja social que recauda el estado a través de los impuestos y las cotizaciones. Si se pusiera en marcha el paquete de medidas de los expertos del PP, la recaudación supondría unos 10.000 millones menos a la seguridad social por las rebajas de cotizaciones empresariales fundamentalmente. Pero al mismo tiempo se ingresarían 10.000 millones más por la subida del IVA. Por tanto, ¿no parecen demasiadas alforjas para tan corto viaje?

Cuidado con responder de una forma rápida que sí, que son muchas las alforjas y muy breve el viaje. Porque el viaje de corto nada, es de buen calibre. Lo que se está proponiendo es un nuevo reparto que no altere en lo fundamental el resultado final de la recaudación y contribuciones a la caja común que tenemos depositada en el estado a través de la fiscalidad. Un nuevo giro de tuerca que supone que las élites pasan a contribuir menos y la mayoría de ciudadanos ve incrementarse su aportación sin que por ello consigan detener la reducción y el deterioro de las prestaciones sociales generales, incluidas las más básicas.

Lo que los expertos estatales proponen, en conexión perfecta con la orientación de los expertos de los organismos internacionales, es la sempiterna receta de reducir las aportaciones de las élites sociales (impuestos directos) y aumentar la de los y las asalariadas con y sin trabajo (impuestos indirectos), al mismo tiempo que se renuncia a incrementar la mínima contribución que realizan, cuando lo hacen, las grandes empresas y las grandes fortunas. De hecho, lo que se pretende explícitamente es reducir la imposición sobre el capital, mientras se deja en la sombra y en la impunidad, la gran evasión de capitales y el fraude fiscal de esas mismas élites. Una parte no desdeñable del mismo solo hay que buscarla en un radio de unos centenares de kilómetros del mapa europeo, en algunos estados como Suiza y en algunas islas del Canal.

¿Quién dirige el grupo de expertos escogido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro? El grupo de expertos está formado por nueve catedráticos presididos por Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública e inspector de Hacienda, que ya formó parte de la comisión de expertos de la reforma de las pensiones. Se trata de alguien muy vinculado ideológicamente al Partido Popular que en 1999 ya presidió el comité de expertos de la reforma fiscal del Gobierno de José María Aznar. Lagares, en su papel de responsable del comité de sabios, explicó que las recomendaciones que incluye el documento siguen, a su vez, las que les han hecho a los expertos la Comisión Europea, el FMI y la OCDE, con cuyos funcionarios se han entrevistado en varias ocasiones. Ya sabemos perfectamente a qué intereses sirven estos expertos “internacionales”.

¿Qué propone concretamente el grupo de expertos organizado por el gobierno del PP? Este informe presenta, como alardean sus redactores, 444 páginas que contienen más de 270 propuestas de cambios impositivos. Pero ni todas ellas tienen el mismo calibre, ni el mismo sentido “técnico”, ni son en absoluto meramente neutrales, abundan las que dan una vuelta de tuerca más en la injusticia social. En síntesis, la principal orientación del conjunto de propuestas que lanza la comisión de sabios es proponer una rebaja importante del IRPF, fundamentalmente por la parte de los ingresos más altos, así como del impuesto sobre Sociedades, que ayude a recapitalizar las empresas españolas. Lo acompaña con una subida del IVA que, según afirman los “sabios”, contra toda evidencia, impulsaría el consumo, y a ello le añaden su proyecto de reducir las cotizaciones sociales.

Veamos algunas de las propuestas más significativas por la profundización de la desigualdad que supondría su aplicación, y que hemos resumido en el siguiente decálogo:


1. Bajar a los declarantes más ricos ocho puntos en su Impuesto sobre la Renta.

El tipo máximo del IRPF, bajarlo del actual 52% al 44% y el mínimo bajarlo también del 24,75% al 20%. Esto implicaría una bajada importante en la recaudación del IRPF, a la vez que un aumento de la falta de equidad, ya que la disminución de los tipos para quienes menos ganan sería de un 4,75% y para quienes más ganan del 8%.

2. Supresión definitiva del Impuesto sobre el Patrimonio.

Los expertos rechazan de plano este tributo, y quieren que se impida que ninguna nacionalidad del estado pueda volver a aplicarlo como impuesto propio.

3. Reducir las cotizaciones sociales 3 o 4 puntos.

“Una nueva distribución de la carga de la Seguridad Social entre empresarios y trabajadores”, proponen los expertos, lo que supondría una pérdida de más de 10.000 millones para la Seguridad Social. Supondría, por supuesto, una subida de las cotizaciones que paga el empleado, mientras que significaría una bajada para las del empresario.

4. Bajar el Impuesto de Sociedades del 30 al 20%.

Utilizan como justificación equiparar los tipos legales a los tipos que realmente pagan las empresas -gracias a todas las estrategias de sus legiones de asesores y amparados en las deducciones y desgravaciones permitidas legalmente-.

5. Más copago en los servicios.

Con la única finalidad de incrementar la recaudación fiscal, los sabios proponen ampliar el copago de los servicios públicos, extendiendo a todas las autonomías un tipo mínimo (ojo, no máximo) aplicable a la educación o a la sanidad, para igualarlas y evitar diferencias sustanciales. Es decir, copago para todas, con un suelo garantizado y sin techo.

6. Eliminación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y del Impuesto sobre Operaciones Societarias.

"Debería procederse a la eliminación gradual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). También hay que "suprimir el Impuesto sobre Operaciones Societarias", y la "cuota gradual del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados". Otra contribución fiscal del mundo empresarial que según ellos hay que dejar de aportar a la caja común del estado.

7. Eliminar los impuestos sobre los Depósitos Bancarios.

Los expertos proponen suprimir "de manera definitiva y general" los impuestos sobre los depósitos bancarios, tanto a nivel estatal como autonómico. En cualquier caso, si el Gobierno considerase que el sistema bancario soporta una presión fiscal "desproporcionadamente baja", los expertos animan al Ejecutivo a "trasladar esa opinión a la Comisión Europea".

8. Eliminar los impuestos sobre Grandes Superficies.

Son impuestos que han establecido algunas comunidades autónomas (Asturias, Aragón, Canarias, Cataluña, La Rioja, Navarra y Canarias). El grupo de expertos fiscales considera que este impuesto "no es razonable" porque "distorsiona la competencia en la distribución de bienes y servicios" y supone "una evidente ruptura de la unidad de mercado".

9. Incrementar el IVA al 21% de bienes y servicios que ahora pagan el 10%

Una reclasificación de productos que suponga pasar al tipo general del 21%, bienes y servicios que tributan al gravamen reducido del 10%
10. Tributar en IRPF por despido de contrato indefinido
Proponen que los trabajadores que tenían un contrato indefinido, paguen en su declaración de renta por la indemnización percibida en caso de ser despedidos.

Según explicó el presidente del comité de expertos Manuel Lagares durante la entrega del informe, "no ha quedado títere con cabeza dentro del sistema tributario…"; también Lagares aclaró que "estamos muy satisfechos". No podemos menos que darle la razón, ya que cualquiera que se sienta cercano al pensamiento ultraliberal debe estar extraordinariamente satisfecho de que este paquete de nuevas -y no tan nuevas- propuestas se incorpore a las que ya se han ido articulando hasta hoy. La finalidad principal es avanzar decisivamente contra las bases de las mediocres y mínimas prestaciones sociales que disponíamos, destrozándolas, para dejarnos en una situación mucho más precaria y difícil de vivir a la mayoría de “títeres” de esta sociedad. Sin embargo, todos los títeres no han perdido la cabeza, los de las élites parecen conservarla y aumentarla de tamaño al mismo tiempo que su cartera, gracias a todas las reducciones impositivas y exenciones de pagos a la caja común. Mientras que la mayoría de “títeres” de esta sociedad pasa a tener que realizar una mayor contribución, para tener menores prestaciones sociales generales y básicas (salud, educación, dependencia…), lo cual sin duda comportará “pérdidas de cabezas”, sobre todo en los niveles que ya son más precarios.

No dudamos que los expertos del Comité lo sean en determinados aspectos de su formación, pero han demostrado que además de expertos son mercenarios bien pagados, y es desde esta condición desde la que sin duda han realizado las propuestas que darían una vuelta de tuerca más en el crecimiento de las desigualdades sociales.

Andreu Tobarra es Profesor de Sociología de la Universidad de Valencia y mimbro de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda

Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article8862



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...intervenir desde la línea revolucionaria"



20-03-2014

Entrevista a Ángeles Maestro, miembro de Red Roja


"Es la primera vez, desde la campaña por el NO a la OTAN, en la que en una movilización de masas se puede intervenir desde la línea revolucionaria"



¿Por qué los militantes de Red Roja se han involucrado tan activamente en la organización del 22M?
Red Roja estuvo involucrada desde el primer momento y participó en la decisión de los objetivos políticos expresados en los lemas, específicamente el No al pago de la deuda del que dependen los otros tres.

Este asunto fue decisivo porque organizaciones como IU o el Frente Cívico pretendían que el lema principal fuese “Por la dimisión del Gobierno”, que era la forma indirecta de abrir el paso a la consabida coalición PSOE-IU.
El apoyo a la propuesta de “No al pago de la Deuda” fue afortunadamente muy mayoritario, incluyendo a organizaciones como el SAT.

Es la primera vez, desde la campaña por el NO a la OTAN, en la que en una movilización de masas se puede intervenir directamente desde la línea revolucionaria. El primer lema de las Marchas: No al pago de la deuda, señala directamente el punto clave de la estrategia del imperialismo de la UE contra el pueblo trabajador, cuya columna vertebral es el engranaje institucional de la UE y del Euro.

Ninguno de los partidos de la izquierda institucional, ni siquiera la versión aparentemente más rompedora de “Podemos” va más allá de la ambigüedad calculada de la “auditoría de la deuda”. En realidad es la expresión de una izquierda débil, incapaz de servir de instrumento político en la lucha de clases, que dice ser anticapitalista, pero que a la hora de la verdad, su práctica se instala nítidamente en el redil del sistema.
Las Marchas, como sucede siempre que el pueblo trabajador aparece protagonizando la escena, les han pasado por la izquierda.

Además, y eso también es muy importante, el 22M se inscribe en una progresión en la conciencia del pueblo que ha pasado de la indignación –valiosísima, pero sin propuesta real, del 15M- y de las movilizaciones sectoriales contra “los recortes” de las Mareas, a la unificación de las luchas. Y lo hace de la única forma posible: desde una propuesta política (sobre todo el de no pagar la Deuda) que la gente reivindica como necesaria, que es la línea de demarcación entre la supuesta izquierda cooptada por el sistema y la línea revolucionara.

La mejor confirmación del contenido rupturista de la propuesta es que estos sectores reformistas –que ya se ven en el Gobierno y que temen después ser interpelados cuando sus políticas sigan siendo las que dicta la Troika– dejan caer (o relegan a la letra pequeña) el lema del No al pago de la Deuda en su propaganda de las Marchas.

Esos lemas permiten lo más importante: una práctica de organización y de lucha en el seno de la clase obrera y del pueblo trabajador, antes y después del 22M, recreando y reconociendo, la memoria de nuestras luchas, de nuestras derrotas y de nuestras victorias, en el camino de la construcción del poder del pueblo.

Y para ello hay que situarse en el nivel de conciencia de la gente, en cada momento, que por cierto, avanza a pasos muy grandes. Y que hay que ir acompañando y contribuyendo a hacer avanzar. Hablamos desde aquí y ahora, desde lo concreto de la situación que vivimos y no sólo con un discurso abstracto que hable de la necesidad –por supuesto indiscutible– de la revolución social, pero que es el mismo para cualquier etapa del capitalismo.

Ese día van a confluir en Madrid una gran heterogeneidad de sensibilidades de la izquierda y el anarcosindicalismo, es decir, hay organizaciones que acuden con distintas estrategias...
El hecho de que las Marchas se convoquen desde propuestas políticas que implican una ruptura con el sistema en su línea de flotación, no quiere decir que el tema –complejo y decisivo de la unidad– se resuelva con una varita mágica. Los sectarismos, los enfrentamientos entre organizaciones y las animadversiones personales han resurgido.

El intento de IU y sus satélites de utilizar el 22M con objetivos electorales se ha intentado utilizar para justificar la creación de estructuras organizativas en algunos territorios, al margen de las Marchas, sin participar en el enorme trabajo organizativo que se está llevando a cabo.

Sin embargo esas divisiones no pasan por temas ideológicos –como el comunismo o el anarquismo– en la medida en que los objetivos se sitúan claramente en un plano estrictamente político. De hecho compañeros y compañeras anarcosindicalistas están realizando en barrios y pueblos un trabajo encomiable, codo a codo con todxs lxs demás.
La incorporación decidida de la mayoría sindical vasca, con LAB como protagonista, y otras organizaciones independentistas ha descalificado a quienes acusaban a las marchas de “españolistas”

Hace unos días has estado en una reunión preparatoria del 22M en Bilbao, cómo acude LAB y la mayoría sindical vasca al 22M.
La decisión de la mayoría sindical vasca de participar en las Marchas es histórica y van a venir, al menos, dieciséis autobuses. El hecho de que la última reunión de coordinación estatal se hiciera en la sede de LAB en Bilbao refleja bien su compromiso.
En su decisión ha tenido un peso fundamental el hecho de que los objetivos del 22M apuntaran directamente hacia la UE. Como decíamos “vamos a Madrid porque no podemos ir a Bruselas”. Por otra parte, es evidente que a medida que avanza el desarrollo de la crisis capitalista y sus devastadoras políticas contra los pueblos, el componente de clase de la lucha en las nacionalidades adquiere más peso y empuja a buscar estrategias coordinadas entre los pueblos que nos permitan enfrentar con más fuerza al enemigo común.

Si miles de personas no se disuelven tras la manifestación, cuál es el siguiente paso.
Las Marchas del 22M, por su contenido político, por su composición, y sobre todo, por la gravedad del momento histórico en que se producen, son inéditas y, en buena medida, de resultados difíciles de prever.

Como Red Roja ha señalado son momentos en los que el poder no puede seguir gobernando como antes. Las dramáticas consecuencias de sus políticas sobre millones de personas que no tienen nada, la corrupción político-empresarial masiva y –por primera vez– visible, la división interna de la burguesía, la descomposición de los aparatos del Estado de la Transición, empezando por la monarquía, arrancan ante el pueblo la máscara del poder que es percibido en su realidad: saqueo de las arcas públicas y robo al pueblo, protegido por los aparatos de la represión.

La clase obrera y los pueblos del Estado empiezan a poner de manifiesto que no van a seguir tolerando ese estado de cosas y el tema del poder político va abriéndose paso en la conciencia de la gente. Las huelgas duras, indefinidas, las formas de resistencia popular ante los desahucios, la privatización de la sanidad o los ejemplos de Gamonal, Alcázar de S. Juan y otros tantos señalan que los tiempos están cambiando.
Las Marchas del 22M no son una reunión de liberados y afiliados de los sindicatos de la Cumbre Social que reclaman “que se vaya el PP” para que vengan quienes tan suculentamente les han subvencionado.

Las caras de los hombres y mujeres que están caminando reflejan la desesperación y la rabia de quienes no tienen más que su dignidad de trabajadores y trabajadoras y que han aprendido que sólo la lucha les hace libres.

Lo que suceda en Madrid es una enorme incógnita y, sin duda, una gran fuente de aprendizaje político. Habrá un antes y un después de las Marchas. Lo que puedo decir es que Red Roja acompañará con firmeza y decisión todas las movilizaciones que se produzcan.
Lo que importa es saber que no hay vuelta atrás, ni en la crisis sistémica, ni en la lucha popular. La estrategia debe dirigirse al fortalecimiento de las posiciones de clase.

Los objetivos de las Marchas, indispensables para la vida de la gente, son inasumibles por las clases dominantes y el tema crucial de la toma del poder político va apareciendo cada vez con más nitidez en la conciencia del pueblo trabajador.

Fuente: http://www.insurgente.org/index.php/template/politica/item/10076-%C3%A1ngeles-maestro-red-roja-es-la-primera-vez-desde-la-campa%C3%B1a-por-el-no-a-la-otan-en-la-que-en-una-movilizaci%C3%B3n-de-masas-se-puede-intervenir-directamente-desde-la-l%C3%ADnea-revolucionaria


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La II República, precedente para una reforma democrática



La II República, precedente para una reforma democrática



Las nociones de "República" y "democracia" han funcionado como sinónimos casi perfectos en la Historia Contemporánea de España. Por eso, en el contexto actual, marcado por una palmaria "Crisis de Régimen", una no menos flagrante debacle institucional y otra demoledora crisis económica, las reformas democráticas promovidas por la II República, sencillas pero profundas, parecen buen precedente para movimientos que reclaman "procesos constituyentes", mayor participación ciudadana o, simplemente, un gobierno al servicio de las mayorías. La aspiración a la III República puede considerarse, incluso, como un punto de encuentro entre partidos/movimientos con orientaciones diferentes, pero que en el proyecto republicano (un programa con unos "mínimos" democráticos) han encontrado un punto de coincidencia.

En las "VI Jornadas de la Represión Franquista en Levante", organizadas en Valencia por la Associació Joan Pesset i Aleixandre, se ha dedicado la tercera sesión a la obra y legado de la II República, con la intervención del doctor en Geografía e Historia por la Universitat de València, Vicent Gabarda, y el profesor en la misma disciplina, Pablo Rodríguez Cortés.

Siguiendo a historiadores clásicos de la izquierda, como Tuñón de Lara, el gobierno provisional de la República se puso muy pronto a legislar en abril de 1931, una vez celebradas las elecciones municipales que acabaron destronando a la monarquía. El primer gobierno promulgó decretos fundamentales en materia de legislación social agraria (Largo Caballero), reformas militares (Azaña) o educación (Marcelino Domingo). También se reformó la ley electoral y se procedió al reconocimiento de la Generalitat de Cataluña. Estas medidas no suponían una revolución en sentido estricto, es decir, un cambio profundo de estructuras socioeconómicas, ni siquiera cambios radicales, pero apuntaban a la democratización de un país castigado históricamente por el peso de la oligarquía, la corrupción y el caciquismo.

Se empezó a legislar sobre la economía agraria. El Decreto de Términos Municipales obligaba a los patronos agrícolas a emplear preferentemente a los braceros vecinos del municipio; otro Decreto, con fecha 29 de abril, prohibía momentáneamente los desahucios de campesinos arrendatarios; también se constituyeron los jurados mixtos del trabajo rural. En julio, resalta Tuñón de Lara, se aprobaron los decretos sobre la jornada de ocho horas en todas las actividades laborales (empezando por la agricultura) y se establecieron salarios mínimos en el campo por las jornadas mixtas. Otro decreto, del 11 de julio, establecía que arrendatarios y aparceros podían solicitar una reducción de las rentas a pagar "si éstas excedían de la renta imponible de la finca o si la cosecha había sido mala", apunta el historiador, quien ubica las medidas "dentro del más modesto reformismo". Aunque para la España rural de entonces, según otro gran estudioso del periodo, Edward Malefakis, supusieron "una revolución sin precedentes". Por último, el Decreto de Laboreo Forzoso obligaba a los propietarios a cultivar sus tierras "según los usos y costumbres de la región". De lo contrario, su explotación podría ser cedida a entidades campesinas, apunta Tuñón de Lara.

No parece difícil encontrar medidas concretas, "democráticas" y "reformistas", que puedan llevarse a término hoy con la idea, elemental y urgente, de aliviar el "austericidio" y la creciente depauperación de las mayorías sociales. Como hicieron los primeros gobiernos de la II República y, a partir de febrero de 1936, el Frente Popular. Para ello urge acumular fuerza política y energía en la calle. Tal vez las "Marchas por la Dignidad" del 22 de marzo representen, a pesar del silenciamiento mediático, un elemento de ruptura y acumulación de poder popular. Renta básica, banca pública, quitas de la deuda, impuestos que graven las transacciones financieras, lucha contra las grandes bolsas de fraude fiscal o impedir que entidades financieras con ayudas públicas continúen desahuciando gente, resultan medidas de sentido común, de "mínimos", que en absoluto implican grandes transformaciones revolucionarias.

Algo parecido se planteó en abril de 1931. Al frente del Ministerio de la Guerra, Manuel Azaña aprobó un Decreto el día 22 por el que pedía a todos los generales, jefes y oficiales en activo fidelidad a la República. Para aligerar las cargas (el enorme peso proporcional de jefes y generales), y deshacerse de militares desafectos, ofreció el retiro voluntario con el sueldo íntegro. Además, anuló todos los ascensos por elección o por méritos de guerra durante la dictadura de Primo de Rivera (Franco fue uno de los afectados). Se suprimió la Ley de Jurisdicciones y la Academia General Militar. Se Unificó el escalafón de oficiales y se creó el de suboficiales.

"La República de los maestros" no era una expresión huera. La creación de 7.000 plazas de maestro que debían formarse mediante cursos intensivos, y la creación de 6.570 escuelas entre 1932 y 1933 dan fe de esta idea. Con Marcelino Domingo al frente del Ministerio de Instrucción Pública, un decreto con fecha 23 de junio aumentó los sueldos (el promedio alcanzó el 50%). Además, se reorganizó la enseñanza del Magisterio y se creó la Inspección profesional de primera enseñanza. Mediante Decreto del 6 de mayo se declaró voluntaria la enseñanza religiosa, aunque continuaría impartiéndose dentro de la escuela. Y se crearon las Misiones Pedagógicas, con el fin de llevar la cultura y la instrucción básica al mundo rural.

El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes, en las que obtuvo la mayoría el PSOE con 116 diputados, seguido por el Partido Radical con 90 y el resto de formaciones. La Constitución de la República declaraba en su artículo primero que España "es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y justicia", definición que se logró sacar adelante tras un duro debate. Y que marcó un hito de ruptura con los periodos anteriores, la dictadura de Primo de Rivera y la Restauración. Con el fin de hacer posibles los Estatutos de Autonomía, en el Artículo 1 se establecía que la República "constituye un Estado integral compatible con las autonomías de los estados y regiones".

Pero la cuestión batallona, la que encendió las grandes polémicas y desató los odios viscerales fue la querella religiosa. Plateada en una España oscura y católica, cerrada a la "modernidad", ultramontana y anclada en el "que inventen ellos". Si el Artículo 3 ya proclamaba que España "no tiene religión oficial", los artículos 26 y 27 del texto fueron vistos por el clero y la derecha como una descarada provocación. Afirmaba el texto constitucional que el estado, las regiones, las provincias y los municipios no favorecerán ni auxiliarán económicamente a iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Asimismo, se declara la disolución de la Compañía de Jesús (aunque y no se cite expresamente) y se nacionalizan sus bienes. El Artículo 27 dispone que todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente, ahora bien, las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el estado. Por último, "nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas".

El Artículo 40 establecía que todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y dignidad. El 46, que la República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna; la legislación regulará especialmente la protección a la maternidad, la jornada de trabajo, el salario mínimo y familiar, y las vacaciones anuales remuneradas. El Artículo 52 instituía el sufragio universal y el 48, la enseñanza primaria gratuita y obligatoria.

Tras el frustrado golpe de Sanjurjo (agosto de 1932), el parlamento (con Azaña en la presidencia del gobierno) aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El 1 de noviembre, el ejecutivo aprobó el Decreto de Intensificación de Cultivos, según el cual las tierras no cultivadas podrían ser cedidas a campesinos sin tierras por dos años (la medida tuvo singular importancia en Extremadura). Pese a todo, la reforma agraria caminaba a paso muy lento. Por otra parte, La Ley de Congregaciones Religiosas estableció en su artículo 30 que las órdenes religiosas no podrán dedicarse al ejercicio de la enseñanza; además, templos, monasterios, palacios episcopales y casas rectorales pasaban a la propiedad pública nacional.

En las "VI Jornadas de la Represión Franquista en Levante" ha participado asimismo el historiador y docente en la Universitat de València, Ricard Camil Torres, con una ponencia sobre el "Sinaia" y, en concreto, los pasajeros militantes de Izquierda Republicana (IR) que viajaban en esta embarcación. El contexto tiene como punto de inicio enero-febrero de 1939, cuando tras la derrota republicana en la Batalla del Ebro, un aluvión de personas traspasa los Pirineos (sobre todo, por los pasos de la parte oriental, los más accesibles). En un principio, las autoridades francesas únicamente permitieron la entrada de mujeres, niños y ancianos. "No los recibieron de buena gana, pues veían un riesgo en la llegada de comunistas, anarquistas, gente armada, etcétera, a un área que no superaba las 150.000 personas", explica el historiador.

En Francia se organizaron campos de internamiento, incluso especializados: Gurs (aviadores vascos y brigadas internacionales); Agde (Catalanes); o Vernet (para miembros de la Columna Durruti). Aunque realmente, señala Ricard Camil Torres, "esta especialización no se hace efectiva". Por ejemplo, en el campo de Sant Cyprien, teóricamente para españoles, había gente de múltiples nacionalidades. Constituye un hecho significativo la fuerte presión del gobierno francés para que los refugiados retornaran a España u otros países. "Se los querían quitar de encima". El 31 de diciembre de 1939 se hallaban unas 265.000 personas en estos campos de internamiento, mientras que a finales de 1944 la cifra se redujo a unas 160.000.

A muchos se les destinó al norte de África (entre 13.000 y 20.000 personas), donde los campos de refugiados, de internamiento y castigo todavía eran más duros que los franceses. Uno de los cometidos que se les asignaba a los internos era la penosa y severísima construcción del tren Transahariano. Puede concluirse, además, que la situación había empeorado con la invasión de Francia por parte de los nazis, y la instauración de un régimen "colaboracionista" en Vichy. El gobierno mexicano, con Lázaro Cárdenas al frente, ofreció acogimiento a pesar del rechazo de la derecha. Podía agarrarse a los precedentes de "los niños de Morelia" (1937) o el exilio de intelectuales españoles (1938) que llegaron a tierras mexicanas. El Servicio de Emigración de los Republicanos Españoles (SERE) sirvió como punto de apoyo.

Para subir en los barcos que partían rumbo al exilio americano se aplicaban criterios como el riesgo de persecución política (en territorio francés); se daba además una selección de refugiados por parte del gobierno español y también el consulado mexicano expedía visados según acuerdos con el ejecutivo de Vichy. Además, el gobierno de Cárdenas priorizaba criterios como que los recién llegados fueran personas en edad de producir. En definitiva, los refugiados de la República cruzaron el "charco" sobre todo a México, Chile o Argentina en barcos como el "Sinaia", que partió de Francia con destino al exilio mexicano en 1939. Memoria del exilio.


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Reflexiones en una columna de la Marcha de la Dignidad



El 22 de Marzo, primer día de la primavera




Reflexiones en una columna de la Marcha de la Dignidad



“Si he perdido la vida, el tiempo, todo / lo que tiré, como un anillo, al agua, / si he perdido la voz en la maleza, / me queda la palabra. / Si he sufrido la sed, el hambre, todo / lo que era mío y resulto ser nada, / si he segado las sombras en silencio, / me queda la palabra. / Si abrí los labios para ver el rostro / puro y terrible de mi patria, / si abrí los labios hasta desgarrármelos, / me queda la palabra.”
“¿Callaremos ahora para llorar después?”
“En el principio”, poema de “Con la inmensa mayoría”, de Blas de Otero.

Algunos comentarios recogidos entre la columna asturiana mientras camina hacia Madrid.
“La idea de venir a Madrid surgió con intención de confluir en un día del año con todos los movimientos como forma de reivindicar los derechos que habiéndolos conquistado el movimiento obrero tras tantos años de lucha, ahora nos los arrebatan los gobiernos del psoe y pp. Si hacemos un análisis histórico lo que vemos es que nos llevan a los años 50 del siglo XX.
Nos encontramos con que todas las estructuras del estado están reventadas, los grandes ladrones encuentran una situación de completa impunidad, en las diferentes áreas de gobierno y los poderes se han aposentado los intereses bastardos, la corrupción es general, las condiciones legales a la que llevan a la clase trabajadora es de abandono en manos de la rapiña empresarial.
“Asturias en Marcha”, que es como hemos llamado a la movilización, busca aglutinar a cientos de miles de personas. Hace falta movilizar a toda la clase trabajadora para frenar al pp-psoe. El psoe ha modificado la Constitución para pagar a los banqueros su deuda, y eso le niega como alternativa, como pretende aparecer ahora.
“Asturias en Marcha” empezó a consolidarse con la idea de llevar la voz a todas las localidades, nos llamaban de todas partes, hablábamos en las plazas de los pueblos, en asambleas, en reuniones en los sitios más diversos.
La columna asturiana tiene un recorrido muy complicado, hay que recorrer Asturias con una geografía difícil, y hay que cruzar dos cadenas montañosas.
La respuesta de la gente en Asturias fue muy satisfactoria, aunque encontrábamos a las autoridades que se sumaban pero no de manera decidida.
Se creó una Plataforma de Apoyo en toda la región, esta Plataforma preparó la logística con el conocimiento adquirido en las Marchas de los Metalúrgicos y Las Marchas de los Mineros. Prepararon los sitios por donde ir, los tramos a recorrer, la comida, los cuidados médicos, … y se creo una columna pensando en no ser muchos, unas 50 personas capaces de resistir teniendo en cuenta el esfuerzo a realizar, el coste de la infraestructura a crear y la gente que debía ir preparando cada paso.
Salimos de La Felguera el día 1 de Marzo, y entraremos en Madrid el día 22. Nos haa llovido de manera torrencial, ha nevado, ha hecho frío, y ahora estamos en la Castilla profunda con un tiempo que se puede soportar. Las primeras jornadas fueron muy duras, ahora aunque podríamos estar más adaptados, tenemos los pies deshechos, y tenemos momentos difíciles. Desde nuestra salida la alegría ha sido y es la solidaridad de la gente. Allí siempre había asturianos y asturianas que hacían partes de las etapas con nosotros, y ahora en los pueblos y ciudades que de la misma manera se suman a nosotros, encontramos gentes por todos los sitios por donde pasamos, en todas partes nos traen comida, nos ayudan, se incorporan a la Marcha. En el camino nos hemos juntado con columnas de Galicia, de León, de Valladolid, de Cantabria...
Ya vemos la cadena madrileña de montañas. En ocasiones hemos pensado que veníamos preparados para sufrir físicamente, pero no lo suficiente para algunos aspectos de la convivencia.
Hemos tenido que superarnos cuando la guardia civil nos ha metido por caminos paralelos de tierra y piedras, eso nos torturaba los pies, nos pone a prueba haciéndonos sufrir podemos imaginar con que intención, pero resistimos las pruebas físicas más duras, además con nosotros viene un compañero que es médico y siempre presta atención a lo que necesitamos. 
En muchos pueblos encontramos gente que nos hace descansar, nos dan masajes, cuidan los detalles para que nos repongamos y podamos continuar en las mejores condiciones, en un pueblo tenían preparado hasta un hospital a nuestro paso, es muy emocionante, sólo encontramos colaboración, solidaridad, hay bares que tienen preparadas comidas para darnos, uno en concreto había preparado 100 comidas para que nos repusiésemos, en otros sitios han dispuesto festivales de música, ha habido institutos que han salido a nuestro paso aplaudiéndonos, … todo es muy gratificante, nos permite coger aire. Nosotros repartimos propaganda, explicamos la situación, la gente se interesa, se compromete allí mismo, quiere que se consiga darle la vuelta a la situación, quieren saber y hacer. El pueblo asturiano y todos los pueblos conocen y se reconocen en la cultura del esfuerzo.
Ojalá y la Marcha de la Dignidad sea el corazón que mueve el mundo, entonces habrá valido la pena haber machacado los pies, haber sufrido el agua, el frío, el sol. Ojalá la clase trabajadora nos hagamos merecedores del triunfo. La entrada a Madrid, por Moncloa, la haremos con la orquesta asturiana Ventolín, que nos ha acompañado hasta salir de Asturias. Alguno de sus componentes se integraron y forman parte de la columna.”
La Dignidad del pueblo trabajador esta representada en cada marchista, en cada columna. Andando llega y llega cada Marcha a las aldeas, pueblos y ciudades para informar, apoyar y organizar a las mejores gentes.
Con su abnegación han atravesado el muro que la prensa oficial forma para proteger a los grandes corruptos y su gobierno.
Las columnas han llevado a cabo una labor semejante a la que realizaron aquella mítica organización republicana conocida con el nombre de las Misiones Pedagógicas. Las Misiones Pedagógicas llegaron hasta los pueblos más apartados e informaban de lo que sucedía en el país, de lo importantes que las gentes trabajadoras eran, de lo que les pertenecía y de su futuro como principales. Por primera vez se disipaba el silencio y el miedo para dar paso a la información y a la autoestima. El 22 de Marzo es el primer día de la primavera, será algo más que una coincidencia.
La Marcha de la Dignidad ha puesto en el mayor de los descubiertos a los cuarteles y cárteles de medios informativos oficiales que, obedeciendo órdenes han callado y callan. Así es como sirven los falsarios a la patronal, a los banqueros y su gobierno. Cuando la Marcha de la Dignidad entre en Madrid habrán alcanzado la cima del desprecio popular.
Un último dato que habla de la Marcha sobre la importancia fuera de España o del estado español: La Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE ODIHR) propone a la Marcha reunirse con sus representantes.
El 22 de Marzo la Inmensa Mayoría con la Marcha de la Dignidad a Madrid. Pan, techo, trabajo y derechos. No al pago de la deuda.

Ramón Pedregal Casanova es autor de “Dietario de crisis”, te lo puedes bajar en Libros libres, de rebelion.org, y es autor de “Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios”, edita Fundación Domingo Malagón.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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“Vamos a llegar a Madrid para golpear al Gobierno y a este sistema”



20-03-2014

Más de 30 marchas llegarán a Madrid este sábado para repudiar las políticas capitalistas
“Vamos a llegar a Madrid para golpear al Gobierno y a este sistema”

La Marea


“Estoy operado de corazón pero aun así he decidido venirme andando a Madrid”. Ésta es la historia de Manuel, un hombre que con 76 años encabeza la columna de Andalucía de las Marchas de la Dignidad. “Me duele todo pero creo que la causa lo merece”, dice convencido. Manuel es una de las más de 900 personas que el pasado domingo salieron de Santa Elena, en Jaén, camino a la capital.

El día anterior, una multitudinaria manifestación en Córdoba daba el pistoletazo de salida a la columna Andalucía. “Vamos a llegar a Madrid para golpear al Gobierno y a este sistema. Ya no representa al pueblo”, clamó el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, al finalizar la manifestación. Esa misma noche, los caminantes durmieron en el colegio Rey Heredia, ocupado y autogestionado desde hace algunos meses.
El domingo la columna se desplazaba en autobuses hasta Santa Elena, lugar elegido para comenzar la marcha a pie. Aunque en principio estaba planificado que la caminata fuera por autovía en todo momento, la Guardia Civil obligó a realizar un desvío por la A-4 para cruzar Despeñaperros, lo que aumentó considerablemente la duración de la marcha.

Los caminantes aceptaron de buen grado esta dificultad y cruzaron las montañas entre canciones de Carlos Cano, como Verde, Blanca y Verde, para muchos el verdadero himno andaluz, y algunas típicas de jornaleros.

La sorpresa llegó cuando a la llegada al restaurante Casa Pepe, conocido por su simpatía hacia el régimen franquista, estaba desplegado un cordón de la Guardia Civil para proteger al restaurante de un posible altercado. “Ni que le fuéramos a hacer algo. Esto es absurdo” comentó uno de los caminantes al ver el despliegue.

El destino de esa etapa era la localidad de Villacañas, lugar donde pasaron la noche. Los vecinos recibieron a la columna con gritos de ánimo como “sí, se puede” y aplausos. Esto se ha repetido en todos los pueblos por los que ha pasado la columna Andalucía para descansar, excepto en el municipio de Ocaña, donde nadie salió a recibirla.

También se volcaron con la comida, preparando desayunos, almuerzos y cenas para todos los caminantes. Entre algunos de los platos típicos que pudieron disfrutar estaban las migas de Almuradiel o el caldo de pollo de Villacañas. Además, en todas las ocasiones la columna se ha alojado en pabellones polideportivos cedidos por los gobiernos locales.

Las historias que componen la columna Andalucía son tantas como personas van en ella. Hombres y mujeres de todas las edades y con situaciones personales muy diferentes se han conocido durante la marcha y han compartido sus experiencias. Charlas sobre sus familias y el futuro que les espera, bromas e incluso debates políticos han amenizado las largas horas de camino.

“Nos quieren quitar lo poquito que nuestros viejos consiguieron” comenta José Antonio, apodado El Largo. Con 47 años, es una de las víctimas de la burbuja inmobiliaria. Trabajador de la construcción, lleva cuatro años en paro. Dice que marcha a Madrid porque “si la gente no hace algo ahora, esto va a ir a peor”.

No todos los que marchan están en situación de desempleo. Algunos, como Susi o Francisco, han perdido días de sueldo para poder asistir a la Marcha. Profesora la primera y podólogo el segundo, ambos coinciden en que no lo hacen por ellos y que “es el momento de cambiar el sistema”.

Actualmente, la marcha afronta su cuarta etapa, la más larga y dura de todas. En este caso son más de treinta los kilómetros que la separan de su próximo destino, Seseña, en la comunidad de Madrid. El viernes llegarán a Getafe y de allí a Madrid, para acudir a la manifestación convocada el 22 de marzo a las cinco de la tarde en Atocha.

Fuente: http://www.lamarea.com/2014/03/19/vamos-llegar-madrid-para-golpear-al-gobierno-y-este-sistema/


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