La deuda pública española: una soga que ahoga a los ciudadanos
15-01-2014
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La
deuda pública española: una soga que ahoga a los ciudadanos
Todas
las definiciones sobre lo que se entiende, desde el derecho
internacional por deuda odiosa o ilegítima, recogen tres argumentos
importantes:
2º.-
El préstamo se destina a actividades no beneficiosas para los
ciudadanos.
3º.-
El gobierno prestatario actúa de mala fe al contraerla, ya que sabe
perfectamente que no beneficia a sus ciudadanos, sino a intereses
privados.
Estas
condiciones se cumplen con la deuda pública española: no se ha
consultado a los ciudadanos, ha perjudicado a la inmensa mayoría de
la población que ha perdido derechos laborales y sociales y ha sido
generada para cubrir deudas privadas (Banca), subvenciones a empresas
(eléctricas o de armamento) o regalos a instituciones (Iglesia
Católica). Poco de esa deuda ha sido para cubrir gastos corrientes
para mantener el estado de bienestar o de inversión en la economía
real y crear puestos de trabajo.
Veamos
de dónde sale esta desorbitada deuda:
1º.-
De la ayuda económica que han proporcionado los últimos Gobiernos a
la banca y cajas de ahorro en crisis para evitar su quiebra, que
desde el 2009 se cifra en 246.000
millones
de euros (según el FMI).
Una
parte importante de la subida de la bolsa española en los tres
primeros trimestre de 2013 ha ido a engrosar los ingresos de la
banca. La capitalización de los más beneficiados (CaixaBank,
Popular, BBVA, Santander, Sabadell, Bankia y Bankinter ) ha superado
(según Vicente Clavero “La banca engorda mientras nosotros pagamos
su rescate”, Público, 23-10-13) “los
170.000 millones de euros, lo que supone una 34 % más que al inicio
de año”
. Pero las ganancias en lugar de servir para devolver el dinero
público que han recibido para sacarlos de su catastrófica
situación, lo dedicarán a repartirlas entre sus accionistas que son
los que realmente tendrían que haber asumido las pérdidas. Así lo
ha hecho el Santander que ha distribuido 1700 millones de euros en
dividendos en 2013.
2º.-
De los 40.000 millones de euros de anticipos que el Ministerio de
Defensa concedió entre 1997 y 1998 a las industrias armamentísticas
(EADS, Indra, Santa Bárbara y Navantia).
El
periodista John Doe publicó en 19 de Junio de 2012 (centredelas.org)
el artículo “Deuda militar, deuda odiosa, deuda ilegítima” en
el que escribe: “Es
ilegítima la deuda contraída con los Programas Especiales de
Armamento (PEA) del Ministerio de Defensa que representan 40.000
millones de euros,
cifra que sitúa a este Ministerio en la banca rota y que contribuye
al enorme endeudamiento del Estado español”.
Como
recoge J. Doe en su artículo, esta deuda es nula de pleno derecho y,
por tanto, ilegítima y sostiene que las empresas privadas afectadas
nunca devolverán el dinero público recibido. De esta estafa hay
muchos culpables (entre ellos el actual ministro de Defensa Pedro
Morenés con grandes intereses en empresas armamentísticas) por la
sencilla razón que en torno a este asunto siempre ha habido un
acuerdo de Estado en el que los dos grupos parlamentarios
mayoritarios (PP y PSOE) han ido de la mano.
3º.-
En nuestro país, gracias al Concordato, la Iglesia Católica recibe
anualmente más de diez
mil millones de euros del Estado (central y periférico) en
subvenciones directas y exenciones de tributos (según el estudio
realizado por Europa Laica). Carece de importancia, aunque también
habría que contemplar lo que reciben (muy poco, por cierto) las
demás confesiones religiosas.
4º.-
De los 24.000 millones entregados a las grandes compañías
eléctricas por el llamado déficit
tarifario.
José
Manuel Novoa en su blog “ataque
al poder” (7
Enero de 2014 “Cómo nos roban las compañías eléctricas”)
recoge que hasta la fecha el déficit
tarifario nos
ha costado a todos los españoles 24.000 millones de euros, dinero
regalado del erario público ¿Cómo es posible que se subvencione a
empresas eléctricas que doblan sus ganancias a su homónimas
europeas? Además en su artículo demuestra que el déficit tarifario
de las eléctricas es una estafa, no existe. Tan sólo sirve para
aumentar los beneficios de las grandes compañías eléctricas
(Iberdrola, Endesa o Gas Natural).
La
resultante de todo este despilfarro es que la deuda pública española
a finales de 2013 rondaba el BILLÓN
de euros,
cifra cercana al 100 % del Producto Interior Bruto (PIB). Esta deuda
es totalmente impagable. Aunque tuviéramos muchos años de un
elevado crecimiento, los altos intereses que tenemos que abonar hacen
imposible el pago de esta desorbitada cantidad.
El
pasado año tuvimos que pagar más de 38.000 millones de intereses.
Esto supone unos 105 millones de euros diarios.
Para
hacernos una idea más exacta de esta deuda, cada ciudadano debe más
de 21.000 euros, siendo un sujeto pasivo de la deuda, ya que se ha
generado sin tenerlo en cuenta, sin participar en ella y sin que le
beneficie.
¿Por
qué pagamos tantos intereses?
Aunque
ya recogido en un artículo anterior, voy a recordar de dónde sale
el elevado pago de intereses. Es cierto, por las razones recogidas,
que el capital público de deuda es muchísimo, pero nos están
ahogando los altos intereses que tenemos que pagar por los préstamos
que pedimos en el mercado financiero para cubrir los gastos del
Estado. ¿Por qué ocurre? El BCE se financia con el dinero de los
impuestos de los ciudadanos europeos (España aporta algo más del 8
%). Sin embargo, en lugar de prestar dinero a los estados, se lo
presta a la banca privada al 0,50 ó 1%. Ésta compra deuda soberana
de los estados al 3, 4, 5, 6, 7 o al 8 %, ganando miles de millones
de euros que utilizan para tapar sus deudas por mala gestión,
inversiones fraudulentas o sobresueldos de directivos. Esos créditos
que reciben en ningún momento están llegando al consumidor final, a
las familias y a las PYMES, sino que se está usando en apostar y
especular contra los propios estados, en actividades mucho más
lucrativas y sin riesgo.
Según
el economista Juan Torres (¿Quién vive gratis en España? Público,
17-11-13) “casi
el 70 % de lo que hoy debe el Estado español es por concepto de
intereses y este concepto es lo que hace que hoy día deba 4,5 veces
lo que debía en 1989. Mientras que si los déficits de gastos e
ingresos corrientes generados desde 1989 se hubieran financiado por
un banco central con los mismos tipos de interés con que el Banco
Central Europeo financia a la banca privada, nuestra deuda ahora no
llegaría ni al 15% del PIB”.
Para
no hipotecar y dejar sin el futuro a varias generaciones y,
demostrado que la deuda española es odiosa, ilegítima, tenemos que
negarnos
a su pago.
Nos ampara el derecho internacional que recoge que la “Deuda
odiosa,
deuda
execrable
o deuda
ilegítima
es la teoría jurídica, puesta en práctica numerosas veces a lo
largo de la historia, que sostiene que la
deuda
externa de un gobierno
contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos
del país,
no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución
ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y
por tanto dichos contratos —bonos o contratos comerciales— son
nulos legalmente. En todo caso, tales deudas podrían considerarse
personales debiendo responder quienes las hayan contraído a título
personal —sea el monarca, el presidente, el director del banco
central nacional o los ministros correspondientes— y no el Estado
en su conjunto y por tanto los ciudadanos. En algunos aspectos, el
concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo
coacción”.
Juan
García Ballesteros, Presidente del Colectivo Prometeo y miembro del
Frente Cívico Somos Mayoría
Rebelión
ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una
licencia
de Creative Commons,
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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