La LOMCE acaba con el derecho universal a la Educación
| 16-10-2013 |
Entrevista a Vicent Mauri, portavoz de Intersindical Valenciana
“La LOMCE acaba con el derecho universal a la educación”
Es cierto que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) prima la religión, potencia la enseñanza privada y cercena los programas de inmersión en lenguas cooficiales. Pero sobre todo, “acaba con el derecho universal a la educación”, afirma el portavoz de Intersindical Valenciana y miembro del Secretariado del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), Vicent Mauri. Porque a la LOMCE, también llamada Ley Wert, hay que agregar una política de recortes que reduce becas y ayudas, aumenta tasas y suprime programas de atención especial a alumnos con dificultades. Y ello, en un contexto de crisis económica marcado por desorbitadas tasas de paro y salarios a la baja. “El final de la hoja de ruta es que sólo acceda a la educación (excluidas las franjas de enseñanza obligatoria) quien se la pueda pagar”, sentencia Vicent Mauri.
-¿Qué modelo educativo se pretende instaurar con la LOMCE?
Las leyes, también en materia educativa, obedecen siempre a políticas generales de los estados. Y en este caso, está muy claro que se ha adoptado por un modelo neoliberal que, por lo demás, es el que preconizan el FMI y el Banco Mundial. Podríamos considerar como referente a los Estados Unidos o Chile. Y en este paradigma hay algo que no puede olvidarse: las grandes empresas tienen crecientes intereses en el negocio de la educación. De hecho, está implementándose una reforma educativa global, en todo el planeta.
¿Consideras que la Ley Wert favorece a la enseñanza privada?
En la LOMCE se establece una doble vía de privatización. Primeramente, se apoya a la enseñanza privada concertada, a la que se le otorga de manera clara y contundente la consideración de “servicio público”; además, se incrementa el dinero público que se destina a los centros privados y se establece que la Administración pueda habilitar suelo público para su construcción.
¿Y en cuanto a la gestión de los centros educativos?
Por ejemplo, se incorporan en los centros públicos mecanismos de gestión privada. Con la Ley Wert, los que deciden ya no son claustros y consejos escolares, sino directores y equipos de gestión nombrados por la Administración. Es decir, como en las empresas privadas. Asimismo, hay una clara mercantilización de la educación. A los alumnos se les someterá a pruebas diagnósticas que podrán realizar empresas privadas; también hay políticas respecto a los libros de texto (el hecho de darles prioridad y renovarlos cada año) y material escolar que favorecen a las empresas.
Además de la LOMCE, ¿Cómo consideras que influyen los recortes?
De una manera decisiva. Con la excusa de la crisis, se está aplicando una política de recortes leonina en todo el sector público, no sólo en la educación. Y no se hace por falta de dinero, ni por la intención de controlar el déficit, sino por razones claramente ideológicas. El gobierno del PP pretende una educación pública subsidiaria de la privada. No hay más que ver los recortes aplicados. El País Valenciano cuenta con 4.500 docentes menos desde 2010. Se contratan menos interinos y no se reponen las jubilaciones. Y esto no es casualidad. Ya dijo Wert que en el estado español sobran 50.000 profesores. ¿Cuál es su objetivo? El 65% del alumnado estudia en la enseñanza pública, mientras que el 35% lo hace en la privada. Aspiran a alterar esta correlación.
¿Cuál es el trasfondo de estas medidas?
Insisto en que la educación no es sino un canal transmisor del modelo económico y social que impera hoy. Pretenden que a la universidad accedan sólo las elites, mientras a la mayor parte de los alumnos (que proceden de las clases populares) se les prepara directamente para el mercado laboral. Sé que a algunos les parecerá esto una exageración y un tópico. Pero e la realidad. No hay más que ver las dificultades que están imponiendo con la reducción de becas al estudio o el incremento del precio de las matrículas en las universidades públicas. De hecho, los sindicatos estudiantiles denuncian que son muchos los alumnos que han tenido que abandonar los estudios superiores para ponerse a trabajar.
Otra cuestión polémica es el tratamiento de la religión. ¿Cómo la aborda la LOMCE?
La religión debería estar al margen de la escuela y limitada al ámbito de lo privado. Hay que ser muy claro: la religión no cabe en la escuela. No debería considerarse una asignatura (por tanto, no tendría sentido el debate sobre si es evaluable o no la religión). En definitiva, tendríamos que apostar de una vez por la enseñanza laica. No resulta admisible que con dinero público se financien centros confesionales. Ni centros que segregan por sexo u otros motivos, que pueden ser religiosos. Pero la LOMCE está en las antípodas de estos planteamientos. De todos modos, en este debate hay una cuestión de fondo: la necesidad de revisar y anular el Concordato con la iglesia católica.
¿Cómo queda con la Ley Wert la relación entre el estado y las comunidades autónomas?
Hay un propósito muy evidente por parte del PP de recentralizar el estado y, por consiguiente, también el sistema educativo. Subyace aquí la idea de FAES (fundación ultraconservadora vinculada al PP) de que el estado ha de volver a controlar competencias (educación, sanidad y otras) cedidas a las autonomías. Por eso se plantea un currículum único en todo el estado, que sólo deja un reducido margen de maniobra a las comunidades autónomas para que completen el currículum estatal.
Siguiendo con la idea de recentralización, la LOMCE apunta contra los programas de inmersión lingüística.
Hay estudios que señalan que los alumnos que estudian en programas de inmersión lingüística conocen, cuando terminan la enseñanza obligatoria, las dos lenguas cooficiales mejor que los que únicamente estudian en castellano. Por eso es tan falsa la teoría conspirativa de un sector de la derecha españolista, que afirma que con la “inmersión” no se aprende castellano. A lo que realmente se oponen es, con independencia de sus discursos, a una educación integral de los alumnos en la lengua propia (en nuestro ámbito, el catalán).
La nueva legislación redobla los controles sobre el alumnado. ¿Qué se pretende con ello?
Con las pruebas externas o diagnósticas que realizan las administraciones públicas, no se pretenden detectar los problemas que pueda tener el alumnado. Al contrario, la idea es uniformar el sistema educativo. Pero, por mucho que se imponga una prueba estándar y universal, no es lo mismo la escuela de un barrio burgués que la de un barrio popular. Ni los alumnos que componen los centros. Y, por cierto, las empresas privadas podrán hacer su negocio con las pruebas diagnósticas. Otra cuestión son las reválidas, con las que se “orientará” al alumnado hacia los estudios universitarios o hacia el mercado laboral. El antecedente de esto es la educación del franquismo.
Por otra parte, ¿en qué lugar queda la autonomía de los centros educativos?
Poca autonomía puede haber cuando al director del centro lo nombran las consejerías de Educación y no el Consejo Escolar, al que, por cierto, la LOMCE deja sin apenas competencias. Este órgano, en el que están representados padres, madres, docentes y alumnos, queda sin autonomía ni competencias para las decisiones importantes que afecten al día a día de los centros escolares.
La LOMCE se plantea desde su mismo título como una ley para mejorar la calidad de la educación. ¿Piensas que lo conseguirá? ¿Es realmente éste su objetivo?
Te decía que la Ley Wert hay que considerarla junto a la política de recortes educativos. El año pasado se aprobó un Decreto que incrementaba la ratio de alumnos por aula en los centros, lo que puede llevar a la masificación. Además, los programas de refuerzo y apoyo, por ejemplo a alumnos con necesidades educativas especiales, han desaparecido o se han reducido a la mínima expresión. Y eso que fueron iniciativas muy importantes para construir un sistema inclusivo. Por cierto, en el Informe PISA, al que tanto se apela, se afirma que el sistema educativo español es muy inclusivo e igualitario respecto a las posibilidades de acceso a la educación. Al contrario que otros, como el alemán. Estos avances en los principios de igualdad e inclusión empezaron tras la dictadura franquista. Pero me preguntas por la calidad. La OCDE dice que no puede existir calidad sin equidad. Y con la LOMCE se pretende calidad con desigualdad. Es precisamente ésta una de las grandes claves de la ley.
El argumento más socorrido del gobierno y tertulianos afines es que, ante los enormes índices de fracaso escolar, hay que hacer algo. Y de ahí que se impulse la nueva ley.
Hablan siempre del Informe PISA respecto al fracaso escolar. Pero pienso que el contenido de los informes internacionales hay que relativizarlo. ¿Aspiramos realmente a que nuestro modelo de sociedad sea como el de alguno de los países mejor situados en el informe PISA, por ejemplo Singapur o Corea del Sur? ¿O preferimos una sociedad más cooperativa y solidaria? Además, tampoco se dice que el estado español parte de una dictadura en la que se implantó una educación muy clasista, con poca inversión y significativas tasas de analfabetismo. Con este punto de partida, en los últimos 30 años se han dado muchos avances en materia de igualdad. Hoy, la educación el estado español es similar a la de países de nuestro entorno, como Francia, Alemania e Italia, aunque en el estado español el gasto público en educación respecto al PIB sea inferior.
Por último, ¿qué opinas de principios que parecen inspirar esta ley, como “cultura del esfuerzo”, “meritocracia” o “excelencia”, tan caros a los conservadores españoles?
Pienso que la base del sistema educativo que proponen es la “cultura del esfuerzo” y del “emprendedor” pero con un sentido muy fuerte de desigualdad social. Porque no es lo mismo un alumno de un barrio obrero que otro del barrio de Salamanca. Si no hay medidas de equiparación, el fracaso escolar del niño de la barriada obrera está asegurado. También se habla de “excelencia”, de “rankings” entre centros, pero otra vez sin tener en cuenta el entorno de esos centros ni las diferencias entre el alumnado. En resumen, todo lo que se había conseguido en materia de inclusión y equiparación de derechos en tres décadas, se liquida con la LOMCE. Es esto lo que realmente les interesa.
 |
| La LOMCE acaba con el derecho universal a la Educación |
-¿Qué modelo educativo se pretende instaurar con la LOMCE?
Las leyes, también en materia educativa, obedecen siempre a políticas generales de los estados. Y en este caso, está muy claro que se ha adoptado por un modelo neoliberal que, por lo demás, es el que preconizan el FMI y el Banco Mundial. Podríamos considerar como referente a los Estados Unidos o Chile. Y en este paradigma hay algo que no puede olvidarse: las grandes empresas tienen crecientes intereses en el negocio de la educación. De hecho, está implementándose una reforma educativa global, en todo el planeta.
¿Consideras que la Ley Wert favorece a la enseñanza privada?
En la LOMCE se establece una doble vía de privatización. Primeramente, se apoya a la enseñanza privada concertada, a la que se le otorga de manera clara y contundente la consideración de “servicio público”; además, se incrementa el dinero público que se destina a los centros privados y se establece que la Administración pueda habilitar suelo público para su construcción.
¿Y en cuanto a la gestión de los centros educativos?
Por ejemplo, se incorporan en los centros públicos mecanismos de gestión privada. Con la Ley Wert, los que deciden ya no son claustros y consejos escolares, sino directores y equipos de gestión nombrados por la Administración. Es decir, como en las empresas privadas. Asimismo, hay una clara mercantilización de la educación. A los alumnos se les someterá a pruebas diagnósticas que podrán realizar empresas privadas; también hay políticas respecto a los libros de texto (el hecho de darles prioridad y renovarlos cada año) y material escolar que favorecen a las empresas.
Además de la LOMCE, ¿Cómo consideras que influyen los recortes?
De una manera decisiva. Con la excusa de la crisis, se está aplicando una política de recortes leonina en todo el sector público, no sólo en la educación. Y no se hace por falta de dinero, ni por la intención de controlar el déficit, sino por razones claramente ideológicas. El gobierno del PP pretende una educación pública subsidiaria de la privada. No hay más que ver los recortes aplicados. El País Valenciano cuenta con 4.500 docentes menos desde 2010. Se contratan menos interinos y no se reponen las jubilaciones. Y esto no es casualidad. Ya dijo Wert que en el estado español sobran 50.000 profesores. ¿Cuál es su objetivo? El 65% del alumnado estudia en la enseñanza pública, mientras que el 35% lo hace en la privada. Aspiran a alterar esta correlación.
¿Cuál es el trasfondo de estas medidas?
Insisto en que la educación no es sino un canal transmisor del modelo económico y social que impera hoy. Pretenden que a la universidad accedan sólo las elites, mientras a la mayor parte de los alumnos (que proceden de las clases populares) se les prepara directamente para el mercado laboral. Sé que a algunos les parecerá esto una exageración y un tópico. Pero e la realidad. No hay más que ver las dificultades que están imponiendo con la reducción de becas al estudio o el incremento del precio de las matrículas en las universidades públicas. De hecho, los sindicatos estudiantiles denuncian que son muchos los alumnos que han tenido que abandonar los estudios superiores para ponerse a trabajar.
Otra cuestión polémica es el tratamiento de la religión. ¿Cómo la aborda la LOMCE?
La religión debería estar al margen de la escuela y limitada al ámbito de lo privado. Hay que ser muy claro: la religión no cabe en la escuela. No debería considerarse una asignatura (por tanto, no tendría sentido el debate sobre si es evaluable o no la religión). En definitiva, tendríamos que apostar de una vez por la enseñanza laica. No resulta admisible que con dinero público se financien centros confesionales. Ni centros que segregan por sexo u otros motivos, que pueden ser religiosos. Pero la LOMCE está en las antípodas de estos planteamientos. De todos modos, en este debate hay una cuestión de fondo: la necesidad de revisar y anular el Concordato con la iglesia católica.
¿Cómo queda con la Ley Wert la relación entre el estado y las comunidades autónomas?
Hay un propósito muy evidente por parte del PP de recentralizar el estado y, por consiguiente, también el sistema educativo. Subyace aquí la idea de FAES (fundación ultraconservadora vinculada al PP) de que el estado ha de volver a controlar competencias (educación, sanidad y otras) cedidas a las autonomías. Por eso se plantea un currículum único en todo el estado, que sólo deja un reducido margen de maniobra a las comunidades autónomas para que completen el currículum estatal.
Siguiendo con la idea de recentralización, la LOMCE apunta contra los programas de inmersión lingüística.
Hay estudios que señalan que los alumnos que estudian en programas de inmersión lingüística conocen, cuando terminan la enseñanza obligatoria, las dos lenguas cooficiales mejor que los que únicamente estudian en castellano. Por eso es tan falsa la teoría conspirativa de un sector de la derecha españolista, que afirma que con la “inmersión” no se aprende castellano. A lo que realmente se oponen es, con independencia de sus discursos, a una educación integral de los alumnos en la lengua propia (en nuestro ámbito, el catalán).
La nueva legislación redobla los controles sobre el alumnado. ¿Qué se pretende con ello?
Con las pruebas externas o diagnósticas que realizan las administraciones públicas, no se pretenden detectar los problemas que pueda tener el alumnado. Al contrario, la idea es uniformar el sistema educativo. Pero, por mucho que se imponga una prueba estándar y universal, no es lo mismo la escuela de un barrio burgués que la de un barrio popular. Ni los alumnos que componen los centros. Y, por cierto, las empresas privadas podrán hacer su negocio con las pruebas diagnósticas. Otra cuestión son las reválidas, con las que se “orientará” al alumnado hacia los estudios universitarios o hacia el mercado laboral. El antecedente de esto es la educación del franquismo.
Por otra parte, ¿en qué lugar queda la autonomía de los centros educativos?
Poca autonomía puede haber cuando al director del centro lo nombran las consejerías de Educación y no el Consejo Escolar, al que, por cierto, la LOMCE deja sin apenas competencias. Este órgano, en el que están representados padres, madres, docentes y alumnos, queda sin autonomía ni competencias para las decisiones importantes que afecten al día a día de los centros escolares.
La LOMCE se plantea desde su mismo título como una ley para mejorar la calidad de la educación. ¿Piensas que lo conseguirá? ¿Es realmente éste su objetivo?
Te decía que la Ley Wert hay que considerarla junto a la política de recortes educativos. El año pasado se aprobó un Decreto que incrementaba la ratio de alumnos por aula en los centros, lo que puede llevar a la masificación. Además, los programas de refuerzo y apoyo, por ejemplo a alumnos con necesidades educativas especiales, han desaparecido o se han reducido a la mínima expresión. Y eso que fueron iniciativas muy importantes para construir un sistema inclusivo. Por cierto, en el Informe PISA, al que tanto se apela, se afirma que el sistema educativo español es muy inclusivo e igualitario respecto a las posibilidades de acceso a la educación. Al contrario que otros, como el alemán. Estos avances en los principios de igualdad e inclusión empezaron tras la dictadura franquista. Pero me preguntas por la calidad. La OCDE dice que no puede existir calidad sin equidad. Y con la LOMCE se pretende calidad con desigualdad. Es precisamente ésta una de las grandes claves de la ley.
El argumento más socorrido del gobierno y tertulianos afines es que, ante los enormes índices de fracaso escolar, hay que hacer algo. Y de ahí que se impulse la nueva ley.
Hablan siempre del Informe PISA respecto al fracaso escolar. Pero pienso que el contenido de los informes internacionales hay que relativizarlo. ¿Aspiramos realmente a que nuestro modelo de sociedad sea como el de alguno de los países mejor situados en el informe PISA, por ejemplo Singapur o Corea del Sur? ¿O preferimos una sociedad más cooperativa y solidaria? Además, tampoco se dice que el estado español parte de una dictadura en la que se implantó una educación muy clasista, con poca inversión y significativas tasas de analfabetismo. Con este punto de partida, en los últimos 30 años se han dado muchos avances en materia de igualdad. Hoy, la educación el estado español es similar a la de países de nuestro entorno, como Francia, Alemania e Italia, aunque en el estado español el gasto público en educación respecto al PIB sea inferior.
Por último, ¿qué opinas de principios que parecen inspirar esta ley, como “cultura del esfuerzo”, “meritocracia” o “excelencia”, tan caros a los conservadores españoles?
Pienso que la base del sistema educativo que proponen es la “cultura del esfuerzo” y del “emprendedor” pero con un sentido muy fuerte de desigualdad social. Porque no es lo mismo un alumno de un barrio obrero que otro del barrio de Salamanca. Si no hay medidas de equiparación, el fracaso escolar del niño de la barriada obrera está asegurado. También se habla de “excelencia”, de “rankings” entre centros, pero otra vez sin tener en cuenta el entorno de esos centros ni las diferencias entre el alumnado. En resumen, todo lo que se había conseguido en materia de inclusión y equiparación de derechos en tres décadas, se liquida con la LOMCE. Es esto lo que realmente les interesa.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Compartir esta noticia:
Comentaris