dimecres, 19 de març de 2014

La Justicia que ya no lo es tanto






La Justicia que ya no lo es tanto


Cuarto Poder


Con la justicia universal o principio de universalidad de la justicia, se trata de evitar que queden sin castigo los crímenes cometidos contra la humanidad, enjuiciando en tribunales nacionales las violaciones graves de derechos humanos, cometidas en cualquier parte del mundo. España había asumido este compromiso internacional en 1985, permitiendo a los tribunales juzgar a los españoles o extranjeros que, fuera de España, hubieran cometido crímenes de genocidio. Eso ha pasado a la historia.

El genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas son crímenes contra el derecho internacional y todos los Estados deberían investigarlos y juzgarlos en sus tribunales. Como la impunidad existe, cuando las autoridades del país en el que se han cometido los delitos no actúan, es importante que los sistemas de justicia civil y penal de todos los demás puedan intervenir para juzgar dichos delitos en nombre de la comunidad internacional y conceder reparaciones a las víctimas.

El Partido Socialista reformó el principio de la justicia universal en 2009, para establecer la necesidad de que los delitos tuvieran relación penal con España. Ahora, el Partido Popular ha reformado nuevamente el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), claramente por presiones e intereses extranjeras. Los Tribunales españoles, han dejado de tener jurisdicción sobre algunos delitos y el nuevo criterio, aplicado con carácter retroactivo, afecta a las causas actualmente en trámite.

El PP ha utilizado un procedimiento poco usual para una ley orgánica de esta trascendencia, primando la celeridad y el principio de oportunidad, en contraposición al «sosiego, la reflexión y análisis» necesarios, según la asociación Jueces para la Democracia. La reforma introduce límites a los jueces españoles para juzgar, bajo el principio de justicia universal, crímenes de especial gravedad cometidos fuera de nuestras fronteras. Para conocer el alcance de la reforma, los jueces de la Audiencia Nacional (AN) estudiarán las causas que tienen abiertas bajo este principio y archivarán o no, según se cumplan los nuevos requisitos. La justicia española, que era vanguardia en conocer sobre crímenes cometidos contra la comunidad internacional, ahora, como en tantas otras materias, se ha puesto a la cola.

La reforma de la LOPJ, que modifica la aplicación de la justicia universal, introduce una disposición transitoria que permite el sobreseimiento, con carácter retroactivo, de las causas abiertas en los tribunales españoles. «Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella». La reforma impone nuevos límites a los jueces españoles y recoge en la lista de ilícitos a perseguir los delitos de violencia contra la mujer y la violencia doméstica, las torturas o la corrupción de agente público extranjero.

El PSOE ya ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, siempre podrá ser impugnada mediante cuestión de inconstitucionalidad por los jueces y fiscales. Las víctimas de crímenes personadas en la AN han mostrado su intención de acudir al Constitucional o llegar a instancias internacionales si es preciso. Hasta 11 causas están pendientes de resolución, en aplicación del principio de justicia universal, entre ellas el asesinato en Irak de José Couso, los vuelos de la CIA en España, las fosas con víctimas españolas en el Sáhara, el genocidio en el Tíbet, los bombardeos contra Gaza, el genocidio de Ruanda, las torturas en Guantánamo o el asesinato de jesuita Ignacio Ellacuría. Casos que si la reforma se mantiene se archivarán, quedando sin ser vistos para sentencia.

Los graves delitos de genocidio y lesa humanidad, cometidos fuera de España, solo se podrán perseguir si son cometidos por nacionales o extranjeros que vivan habitualmente en nuestro país. Elimina la posibilidad de actuar con una denuncia o a través de una acusación popular, limitando su impulso a las querellas presentadas por el perjudicado o la fiscalía. La extensión de la jurisdicción española más allá de nuestras fronteras se condiciona a la existencia de un tratado internacional que lo autorice y al Estatuto de la Corte Penal Internacional, que China, Rusia o EEUU no han ratificado, por lo que es imposible perseguir sus crímenes. La AN tiene abierta causa de investigación al expresidente Jiang Zemin, acusados de un presunto delito de lesa humanidad por el genocidio tibetano, y a EEUU por el caso Couso, entre otros. Ahora quedarán impunes.

Amnistía Internacional aboga por que todos los gobiernos promulguen y apliquen una legislación que prevea el principio de jurisdicción universal, que permita a las autoridades investigar y procesar a toda persona sospechosa, con independencia del lugar en el que se haya perpetrado el delito o de la nacionalidad de la persona acusada o de la víctima, así como conceder reparaciones a ésta y a sus familiares. España se convierte en paraíso y refugio de los peores criminales.

La aplicación del principio de justicia universal permitió en España procesos judiciales por crímenes de genocidio, terrorismo y torturas cometidos en Argentina, Chile, Guatemala y El Salvador. Por este principio, Argentina, sigue un proceso contra España por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo. La sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en 1996, en el caso Bosnia versus República Federal de Yugoslavia, reconoció expresamente el derecho de los Estados a ejercer la jurisdicción universal en materia de genocidio.

Con la reforma, se limita a los tribunales españoles para investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional como genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad, desaparición forzada y tortura; y España empieza a «contravenir las normas del derecho internacional que determinan que algunos crímenes son tan atroces que los Estados tienen la obligación de investigarlos y enjuiciarlos», denuncia Amnistía Internacional. Jueces para la Democracia reprueba el «protagonismo desproporcionado» que la reforma otorga a la Fiscalía en la persecución de estos delitos con la finalidad de dejar en sus manos el inicio de los procedimientos, recordando «el papel tradicionalmente contrario de la Fiscalía hacia la persecución de crímenes internacionales».

España era uno de los países en los que el ejercicio de la jurisdicción universal había permitido abrir procedimientos y dictar resoluciones que han contribuido de manera decisiva a luchar contra la impunidad y responder a la demanda de justicia de las víctimas de los crímenes más atroces. Sin embargo, con la aprobación de la reforma, España, para vergüenza de muchos, entra a formar parte de los países restrictivos para la jurisdicción universal. La reforma aprobada por el gobierno, con su mayoría absoluta parlamentaria que no social, supone un retroceso inadmisible.

La reforma que es un atropello legislativo, deja desprotegidas a las víctimas y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que será contraria a la Constitución. Ha sido aprobada por vía sumarísima y con carácter retroactivo, cuando no puede ser retroactivo aquello que limita derechos. Además, la reforma del gobierno garantiza la impunidad de los criminales de la peor especie y sienta un precedente al haberse hecho al dictado de intereses extranjeros. El principio de justicia universal es una conquista imprescindible en la lucha por los derechos humanos y no puede desaparecer por intereses comerciales, diplomáticos o estratégicos, mucho menos por intereses ideológicos. La justicia va desapareciendo en España.

Víctor Arrogante es profesor y columnista.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/tribuna/la-justicia-que-ya-lo-es-tanto/5574


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