¿Qué es lo que podemos hacer?
¿Qué
es lo que podemos hacer?
Digamos
que en el Estado español ha habido y sigue habiendo dos formas de
bipartidismo.
El
primero es el bipartidismo de los vencedores: emanado del consenso de
élites llamado “transición”, hoy en harapos, ha impuesto desde
1975 férreos límites -cuyos hierros se vuelven cada vez más
visibles y opresivos- a los avances democráticos permitidos tras la
muerte de Franco. Esa “transición” y esos avances democráticos
están perdiendo rápidamente su legitimidad y su vigencia.
Pero
hay también un bipartidismo de los perdedores. A la izquierda del
PSOE hemos vivido siempre sometidos a una alternativa asfixiante -una
pelota que rebota entre dos paredes cerradas- que nos ha obligado a
escoger entre la versión pobre del “voto útil”, representado
por IU y que IU ha usado una y otra vez para permanecer uncido al
sistema; y la fidelidad a una izquierda extraparlamentaria que se ha
dedicado, como los monjes con la cultura en la Edad Media, a
conservar bien enlatada la pureza para un futuro de gloria
revolucionaria del que nos alejamos cada vez más. Y mientras miles
de militantes valientes, sensatos y realmente altersistémicos le
hacían el boca a boca a IU, la izquierda extraparlamentaria, con sus
militantes valientes, sensatos y altersistémicos, constituía una
especie de Élite al Revés, tan minoritaria como la de los gestores
del bipartidismo victorioso, pero sin medios para hacerse escuchar e
incapaz de alcanzar un consenso. Durante décadas, mientras el
bipartidismo dominante se pudría y pudría las instituciones
democráticas, IU lamía los márgenes, con la lengua pegada al
hielo, a expensas de sus principios y su militancia, y la Élite al
Revés de la izquierda extraparlamentaria se obstinaba en buscar en
las catacumbas la unidad de los añicos, una unidad que, alejada del
poder, no tenía ninguna posibilidad de cristalizar y que, alejada de
la gente, no tenía ninguna posibilidad de alcanzar el poder.
Cuando
este doble bipartidismo parecía insuperable y definitivo, fue la
calle -y no un acuerdo de partidos- la que lo declaró nulo. Fue el
15M, en efecto, con su secuela de mareas ciudadanas, el que,
expresando de manera inesperada la indignación popular ante la
crisis, impugnó al mismo tiempo el bipartidismo de los vencedores y
el bipartidismo de los perdedores: todo el marco, en definitiva, de
la “transición”.
Cualesquiera que hayan sido sus límites
políticos y hasta sus injusticias ideológicas, lo que no puede
negarse es que, en términos de práctica política, hay un después
del 15M y tiene que ver con la iluminación de una orografía
institucional en la que ya no se puede romper con el bipartidismo del
sistema sin romper también con el bipartidismo de la izquierda: con
la alternativa -es decir- entre la izquierda Mal Menor y la izquierda
Élite al Revés. Nuestro error ha sido quizás el de obsesionarnos
con buscar la unidad dentro de nuestras filas cuando debíamos buscar
el acuerdo más bien fuera
, con esa potencial mayoría social, de pronto cabreada y al mismo
tiempo activa, que por desgracia podría sumar también su
indignación, en el derrumbe del bipartidismo dominante y a poco que
nos descuidemos, a proyectos neofascistas o destropopulistas.
No
tenemos mucho tiempo. Los grandes peligros que nos atenazan -y
atenazar es algo más que una metáfora- nos obligan a ganar. El 15M
y su secuela de mareas ciudadanas, con sus muchos reveses y sus
poquitas pero estimulantes victorias, nos permiten por primera vez
plantearnos la posibilidad de hacerlo. El motor no pueden ser las
organizaciones del doble bipartidismo sino esa tercera voz,
potencialmente mayoritaria, que impugna el bipartidismo de los
vencedores pero también el de los perdedores, esa potencial mayoría
social dispuesta a defender sus derechos amenazados pero que
considera a IU un apéndice -en su intestino- del sistema y a la
izquierda extraparlamentaria una Élite al Revés de pureza
jeroglífica; esa potencial mayoría social que desconfía del doble
bipartidismo pero aprueba las reivindicaciones del 15M, apoya a la
PAH y considera justo y bueno a Cañamero; la mayoría social que
apuesta por esa ética común que exige pagar a los acreedores pero
no a los chantajistas, que dice que robar está mal y por eso condena
a los bancos y que considera que el derecho a una vivienda digna, a
una escuela, a un tratamiento contra el cáncer, a una alimentación
suficiente, a un mundo duradero, a la palabra libre y la libre
autodeterminación, están por encima de cualquier consenso destinado
a enriquecer a los ricos. Eso -según esa ética común- no se llama
consenso sino conspiración; y conspiración para el crimen. Como los
miles de militantes valientes, sensatos y altersistémicos de la
izquierda piensan exactamente lo mismo que esta mayoría potencial,
se trata de que la izquierda Mal Menor y la Izquierda Élite al Revés
se pongan de acuerdo no entre sí sino con ella. La izquierda Mal
Menor tiene que comprender que no puede liderar ninguna refundación
de la izquierda con vocación de mayoría y la izquierda Élite al
Revés tiene que comprender que el objetivo no es conservar la pureza
sino los derechos; y que para eso hace falta llegar al poder y llegar
al poder al margen del doble bipartidismo -de los vencedores y los
perdedores- del sistema.
No
me siento cómodo apoyando esta iniciativa, pero sí esperanzado. No
me siento cómodo porque me he movido siempre entre la izquierda Mal
Menor y la izquierda Élite al Revés y porque muchas de las
objeciones me parecen razonables: sobre el momento, el liderazgo, los
peligros de un fracaso. Me temo, en todo caso, que no habrá nunca un
momento ni peor ni mejor y creo que los “momentos” guardan en su
interior duraciones explosivas sin desplegar. Me temo también que en
este marco institucional y mediático, que es el que nos está
matando y en el que necesitamos ganar, hay que resignarse a un
liderazgo bien controlado, a un títere resultón -si podemos decirlo
así- de los colectivos y las mayorías. Considero asimismo que la
previsión de un fracaso debe llevar a afinar la estrategia, pero no
a abandonar el intento: en términos políticos, lo único que
podemos perder son nuestras miserias.
Pero
me siento también esperanzado. Me siento esperanzado porque la
situación es desesperada. Los que comparan la situación de hoy con
la que llevó hace 80 años al fascismo no exageran. La diferencia es
que hace 80 años la izquierda, que no era consciente de los
peligros, tenía en cambio más medios y más poder. Hoy somos muy
conscientes de las amenazas y de la urgencia de una intervención,
pero no contamos con herramientas ni -peor aún- con el apoyo de las
víctimas. Ningún cambio será posible sin ese apoyo; y ese apoyo no
será posible sin romper con el doble bipartidismo de la
“transición”. Con fundamento o sin él, esta iniciativa pretende
abrir ese camino.
Rebelión
ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una
licencia
de Creative Commons,
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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16-01-2014
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Joaquim
Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia participa en un acto del
Frente Cívico-Valencia, donde se presenta el Manifiesto Jurídico de
la organización
“Los
poderes financieros han roto el contrato social y el poder político
lo ha consentido”
Es
un magistrado que habla de política. Y habla claro. Forma parte de
un estamento –el de las Togas- esencialmente conservador,
corporativista y con poca querencia por la igualdad económica y
social. Sin embargo, Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la
Democracia, pergeña razonamientos como éste: “Los poderes
financieros han roto el consenso, el contrato social, y lo han hecho
con el consentimiento del poder político; el poder financiero ya no
admite la igualdad de partida de todos los ciudadanos; éste es el
modelo del Tea Party: el que no tenga recursos, que viva en la calle,
en una tienda de campaña”.
El
jurista ha participado en un acto del Frente Cívico-Somos Mayoría
de Valencia, titulado “El desmantelamiento del estado de derecho”,
en el Paraninfo de la Universitat de Valéncia.
En
el acto se ha presentado la propuesta de actuación jurídica del
Frente Cívico (“Justicia, derechos y rebeldía”). En la misma se
plantea -además de la necesidad de la desobediencia civil, el deber
de rebeldía y el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas
(entre otros, el voto consciente)- la apelación a jueces concretos
exigiendo el cumplimiento de las leyes. Se propone, para cumplir con
este último punto, la creación de un Frente Jurídico, que coordine
los esfuerzos que diariamente realizan numerosos abogados, jueces y
fiscales en el conjunto del estado; también, el diseño de un
“banco” de recursos y herramientas jurídicas; Por último, se
avanza la posibilidad de personarse en casos penales abiertos y la
interposición de querellas y acciones judiciales.
Además,
el miembro del Frente Cívico de Valencia, Héctor Illueca, ha
procedido a la lectura del Manifiesto Jurídico de la organización,
en el que se afirma que la situación que atraviesa el país “no es
conforme con el espíritu y la letra de la Constitución de 1978”.
Es el momento, se afirma, de “hacer pedagogía y sentirnos muy
unidos a los ciudadanos” y de “poner a su servicio todas las
herramientas jurídicas a nuestro alcance: abogados, procuradores,
jueces, fiscales, colegios y también desde el ámbito académico”.
Se incluye en el manifiesto esta paladina declaración de principios:
“La ley no puede ser aplicada con todo su rigor a la mayoría y
pisoteada cuando sus destinatarios están situados en las más altas
instancias”.
La
reforma del Código Penal anunciada por el gobierno prevé supuestos
que anteriormente no existían. Por ejemplo, la posibilidad de
prisión por la ocupación pacífica de una sede bancaria (imagínese
una acción de los yayoflautas);
lo que realmente se está haciendo, a juicio de Joaquim Bosch, “es
criminalizar la libertad de expresión”. También se establece la
posibilidad de pena de prisión para los casos en que se comparta
en las redes sociales la convocatoria de manifestaciones que pudieran
“alterar el orden público”. “Estas reformas
no tienen nada de inocentes”, afirma el magistrado. “Todo ello
responde a que el desgaste del gobierno y del poder financiero viene
por obra de los ciudadanos y de los activistas, no de la oposición
parlamentaria; y son muy conscientes de ello”, apunta el jurista.
Es decir, en el punto de mira se encuentran el 15-M, la PAH o las
“mareas”, a las que se trata de sofrenar.
“Es
una manera de blindarse de las críticas y del desgaste por parte de
los movimientos sociales”, insiste el portavoz de Jueces para la
Democracia. Es el sentido que tienen, en la Ley de Seguridad
Ciudadana, las multas de hasta 600.000 euros por manifestarse
pacíficamente frente a edificios públicos como el Congreso de los
Diputados. Jueces como Santiago Pedraz resolvieron en su día que la
convocatoria del 25-S “Rodea el Congreso” no constituía un
delito si se hacía de modo pacífico; ni tampoco lo eran las
acciones de protesta contra las desahucios organizadas por la PAH. Ha
ocurrido entonces que el gobierno, “ante el fracaso de castigar
estas acciones por la vía penal, las ha llevado a la vía
administrativa, buscando exclusivamente un efecto intimidatorio”,
explica el jurista. En un contexto de aguda crisis, se adicionan
varios factores disuasorios: el incremento de las cuantía de las
multas (y la posibilidad de embargo de los bienes si no se abonan) y
el aumento de las tasas judiciales. Un aviso para la ciudadanía
crítica.
Lo
mismo ocurre con la grabación y difusión de imágenes de agentes de
la policía que se extralimiten en el curso de una manifestación, lo
que se sanciona con una multa de hasta 600.000 euros en la nueva
legislación. “Esto es claramente inconstitucional –afirma
Bosch-, porque vulnera el derecho a la información; se graba a un
funcionario público en el ejercicio de sus funciones en la vía
pública”. Por ello, explica el magistrado, “han sido muy
cuidadosos y ambiguos en la redacción”, al añadir esta coda: “si
se atenta contra el honor y se pone en riesgo la seguridad de los
agentes”. Además, por desobediencia o resistencia a la autoridad
(a un policía en el ejercicio de sus funciones), el Anteproyecto de
Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana promueve
sanciones de hasta 30.000 euros (actualmente, la cantidad oscila
entre los 100 y 300 euros después de que tenga lugar un juicio de
faltas).
El
goteo de recortes en materia de derechos y libertades daría para
horas de análisis y sesudas disquisiciones entre juristas. Pero
Joaquim Bosch da una visión general que contribuye a aquilatar los
efectos de la ofensiva. “Todo lo que está ocurriendo desde finales
de 2007 tiene mucho que ver con la dignidad humana”, afirma. Esto
se pierde de vista dada la familiaridad con que todos los viernes los
ciudadanos asisten, inermes, a un nuevo tajo en sus derechos. Sin
embargo, recuerda el magistrado, “hay un núcleo esencial de cada
persona, del que emanan sus derechos fundamentales, y que recoge de
manera positiva la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948”.`
Parecía
que en Europa, tras la segunda guerra mundial, se había llegado en
cierto modo a lo que el sociólogo danés Esping-Andersen denominaba
“desmercantilización” del ser humano. Un cierto freno al
capitalismo salvaje y a la idea de que la persona es una mera “cosa”
al albur del mercado. Se entendía, por tanto, que el ser humano
requiere unos recursos básicos para desarrollarse. De ahí se deriva
el principio de igualdad y el de dignidad de la persona, que se
incluye en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en
constituciones como la española que, en el artículo 10.2, establece
que la dignidad personal y los derechos inviolables que le son
inherentes, constituyen fundamento del orden político y de la paz
social. La “Teoría de la justicia” de John Rawls y su idea de la
“justicia distributiva” en la que se maximice lo básico, con la
lógica secuencia de un estado intervencionista, aportaba argamasa
teórica al llamado “estado del bienestar”. “Hasta hace unos
pocos años, todo esto no era discutido”, apunta Joaquim Bosch.
Pero
con el triunfo del neoliberalismo se dinamitó, se reventó, se
estragaron las costuras del andamiaje. Señala el jurista que, “con
la caída del bloque soviético, se refuerza la embestida neoliberal
contra el estado social, que llega a uno de sus puntos culminantes
con la desregulación financiera en Estados Unidos”. La falta de
controles, el desdén hacia toda intervención estatal y la jungla
financiera son factores sin los que no se explica la crisis actual.
Que también afecta al estado español. Según Bosch, “el desastre
económico no ha sido inocente; banqueros, intermediarios financieros
y gestores de las entidades, que se han enriquecido, actuaron de
manera negligente”. Sin embargo, no se miró en esa dirección a la
hora de pechar con las responsabilidades. Se eligió otra opción:
“Toda la sociedad ha de poner el dinero para equilibrar los
balances de la banca”. ¿Había alternativas, más o menos
moderadas? “En Islandia se dejó caer a los bancos y se persiguió
a los responsables”, apunta el portavoz de Jueces para la
Democracia.
Joaquim
Bosch sigue hablando claro: “Se ha aprobado una reforma laboral que
dispara las tasas de paro, precariza notablemente el empleo y, al
final, también feminiza la pobreza”. Matiza asimismo el magistrado
la idea generalizada, consensuada y universalmente asumida de crisis
económica: “Las empresas del IBEX-35 baten récords de beneficios,
nunca se han matriculado tantos coches de lujo como ahora y continúa
el trasvase de rentas de la clase media y trabajadora, a las clases
altas y grandes empresas”.
Todos
estos procesos tienen lugar sin que el estado disponga de mecanismos
de intervención (para regular) ni fiscales (para equilibrar): “El
sistema tributario del estado español, el implantado en la
transición, lleva a que un trabajador pague los mismos impuestos que
en los países escandinavos, mientras que las empresas pagan bastante
menos que en Suecia”. Ataques a la dependencia, sanidad, educación,
servicios públicos de justicia… “Los neoliberales están
aprovechando la crisis para ir cada vez más a un estado mínimo”.
Uno de los presentes en el auditorio formula entonces la pregunta más
pertinente: “¿Por qué un gobierno ha de gestionar un estado
cuando realmente pretende que éste desaparezca?” O, en otras
palabras, ejerce de “enterrador”.
Si
la crisis económica en el estado español es devastadora, y ha
disparado las tasas de pobreza, paro y exclusión (también la de
millonarios), no menos decisiva es la crisis de régimen (político).
Joaquim Bosch sitúa en el frontispicio de su argumentación una idea
del jurista y politólogo Norberto Bobbio: “La crisis de la
mediación representativa”. ¿Cómo se aplica esta idea en el
contexto de la política española? “Contamos con un sistema de
partidos donde todo lo controlan las cúpulas; ejemplo de este
déficit democrático es cómo dos personas se reunieron y decidieron
modificar la inviolable
constitución,
el artículo 135, sin consultar a nadie; se trata, además, de
fuerzas políticas muchas veces cómplices de los agentes económicos,
cuyos beneficios se anteponen al interés general; tampoco se
convocan referendos ni consultas populares, todo se reduce a votar
cada cuatro años”, explica el magistrado. Toda esta opacidad y
política de corte oscurantista (se ha visto en el “caso Bárcenas”:
sólo cuatro o cinco personas de la dirección del PP conocen las
cuentas del partido) “es el perfecto caldo de cultivo para la
corrupción”.
Tampoco
el funcionamiento del aparato judicial permite abrigar demasiadas
esperanzas. La imputación de la infanta ha aireado muchas de las
vergüenzas del sistema. Recuerda Joaquim Bosch que antes de que el
juez Castro dictase el auto de imputación, el fiscal –“que se
alinea descaradamente con las tesis de la defensa”- ya afirmaba
estar en contra de que la imputación se produjera. Otra cuestión en
la que el gobierno de Rajoy ha dado un “salto” cualitativo es el
de los indultos, señala el magistrado. Políticos corruptos,
policías que torturan, banqueros… “A una persona con poder,
dinero e influencia es difícil que la condenen (por los medios de
defensa de que disponen), pero sí la condena se produce, después
puede recurrirse a la vía del indulto”. El portavoz de Jueces para
la Democracia recuerda cómo en una reunión, el ministro Ruiz
Gallardón le dijo que el indulto debía ser “discrecional”, es
decir, no debía explicarse ni razonarse. España.
Rebelión
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