dijous, 27 de febrer de 2014

¿Qué es lo que podemos hacer?




¿Qué es lo que podemos hacer?





Digamos que en el Estado español ha habido y sigue habiendo dos formas de bipartidismo.

El primero es el bipartidismo de los vencedores: emanado del consenso de élites llamado “transición”, hoy en harapos, ha impuesto desde 1975 férreos límites -cuyos hierros se vuelven cada vez más visibles y opresivos- a los avances democráticos permitidos tras la muerte de Franco. Esa “transición” y esos avances democráticos están perdiendo rápidamente su legitimidad y su vigencia.

Pero hay también un bipartidismo de los perdedores. A la izquierda del PSOE hemos vivido siempre sometidos a una alternativa asfixiante -una pelota que rebota entre dos paredes cerradas- que nos ha obligado a escoger entre la versión pobre del “voto útil”, representado por IU y que IU ha usado una y otra vez para permanecer uncido al sistema; y la fidelidad a una izquierda extraparlamentaria que se ha dedicado, como los monjes con la cultura en la Edad Media, a conservar bien enlatada la pureza para un futuro de gloria revolucionaria del que nos alejamos cada vez más. Y mientras miles de militantes valientes, sensatos y realmente altersistémicos le hacían el boca a boca a IU, la izquierda extraparlamentaria, con sus militantes valientes, sensatos y altersistémicos, constituía una especie de Élite al Revés, tan minoritaria como la de los gestores del bipartidismo victorioso, pero sin medios para hacerse escuchar e incapaz de alcanzar un consenso. Durante décadas, mientras el bipartidismo dominante se pudría y pudría las instituciones democráticas, IU lamía los márgenes, con la lengua pegada al hielo, a expensas de sus principios y su militancia, y la Élite al Revés de la izquierda extraparlamentaria se obstinaba en buscar en las catacumbas la unidad de los añicos, una unidad que, alejada del poder, no tenía ninguna posibilidad de cristalizar y que, alejada de la gente, no tenía ninguna posibilidad de alcanzar el poder.

Cuando este doble bipartidismo parecía insuperable y definitivo, fue la calle -y no un acuerdo de partidos- la que lo declaró nulo. Fue el 15M, en efecto, con su secuela de mareas ciudadanas, el que, expresando de manera inesperada la indignación popular ante la crisis, impugnó al mismo tiempo el bipartidismo de los vencedores y el bipartidismo de los perdedores: todo el marco, en definitiva, de la “transición”.

 Cualesquiera que hayan sido sus límites políticos y hasta sus injusticias ideológicas, lo que no puede negarse es que, en términos de práctica política, hay un después del 15M y tiene que ver con la iluminación de una orografía institucional en la que ya no se puede romper con el bipartidismo del sistema sin romper también con el bipartidismo de la izquierda: con la alternativa -es decir- entre la izquierda Mal Menor y la izquierda Élite al Revés. Nuestro error ha sido quizás el de obsesionarnos con buscar la unidad dentro de nuestras filas cuando debíamos buscar el acuerdo más bien fuera , con esa potencial mayoría social, de pronto cabreada y al mismo tiempo activa, que por desgracia podría sumar también su indignación, en el derrumbe del bipartidismo dominante y a poco que nos descuidemos, a proyectos neofascistas o destropopulistas.

 No tenemos mucho tiempo. Los grandes peligros que nos atenazan -y atenazar es algo más que una metáfora- nos obligan a ganar. El 15M y su secuela de mareas ciudadanas, con sus muchos reveses y sus poquitas pero estimulantes victorias, nos permiten por primera vez plantearnos la posibilidad de hacerlo. El motor no pueden ser las organizaciones del doble bipartidismo sino esa tercera voz, potencialmente mayoritaria, que impugna el bipartidismo de los vencedores pero también el de los perdedores, esa potencial mayoría social dispuesta a defender sus derechos amenazados pero que considera a IU un apéndice -en su intestino- del sistema y a la izquierda extraparlamentaria una Élite al Revés de pureza jeroglífica; esa potencial mayoría social que desconfía del doble bipartidismo pero aprueba las reivindicaciones del 15M, apoya a la PAH y considera justo y bueno a Cañamero; la mayoría social que apuesta por esa ética común que exige pagar a los acreedores pero no a los chantajistas, que dice que robar está mal y por eso condena a los bancos y que considera que el derecho a una vivienda digna, a una escuela, a un tratamiento contra el cáncer, a una alimentación suficiente, a un mundo duradero, a la palabra libre y la libre autodeterminación, están por encima de cualquier consenso destinado a enriquecer a los ricos. Eso -según esa ética común- no se llama consenso sino conspiración; y conspiración para el crimen. Como los miles de militantes valientes, sensatos y altersistémicos de la izquierda piensan exactamente lo mismo que esta mayoría potencial, se trata de que la izquierda Mal Menor y la Izquierda Élite al Revés se pongan de acuerdo no entre sí sino con ella. La izquierda Mal Menor tiene que comprender que no puede liderar ninguna refundación de la izquierda con vocación de mayoría y la izquierda Élite al Revés tiene que comprender que el objetivo no es conservar la pureza sino los derechos; y que para eso hace falta llegar al poder y llegar al poder al margen del doble bipartidismo -de los vencedores y los perdedores- del sistema.

No me siento cómodo apoyando esta iniciativa, pero sí esperanzado. No me siento cómodo porque me he movido siempre entre la izquierda Mal Menor y la izquierda Élite al Revés y porque muchas de las objeciones me parecen razonables: sobre el momento, el liderazgo, los peligros de un fracaso. Me temo, en todo caso, que no habrá nunca un momento ni peor ni mejor y creo que los “momentos” guardan en su interior duraciones explosivas sin desplegar. Me temo también que en este marco institucional y mediático, que es el que nos está matando y en el que necesitamos ganar, hay que resignarse a un liderazgo bien controlado, a un títere resultón -si podemos decirlo así- de los colectivos y las mayorías. Considero asimismo que la previsión de un fracaso debe llevar a afinar la estrategia, pero no a abandonar el intento: en términos políticos, lo único que podemos perder son nuestras miserias.

Pero me siento también esperanzado. Me siento esperanzado porque la situación es desesperada. Los que comparan la situación de hoy con la que llevó hace 80 años al fascismo no exageran. La diferencia es que hace 80 años la izquierda, que no era consciente de los peligros, tenía en cambio más medios y más poder. Hoy somos muy conscientes de las amenazas y de la urgencia de una intervención, pero no contamos con herramientas ni -peor aún- con el apoyo de las víctimas. Ningún cambio será posible sin ese apoyo; y ese apoyo no será posible sin romper con el doble bipartidismo de la “transición”. Con fundamento o sin él, esta iniciativa pretende abrir ese camino.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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16-01-2014

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia participa en un acto del Frente Cívico-Valencia, donde se presenta el Manifiesto Jurídico de la organización
Los poderes financieros han roto el contrato social y el poder político lo ha consentido”




Es un magistrado que habla de política. Y habla claro. Forma parte de un estamento –el de las Togas- esencialmente conservador, corporativista y con poca querencia por la igualdad económica y social. Sin embargo, Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, pergeña razonamientos como éste: “Los poderes financieros han roto el consenso, el contrato social, y lo han hecho con el consentimiento del poder político; el poder financiero ya no admite la igualdad de partida de todos los ciudadanos; éste es el modelo del Tea Party: el que no tenga recursos, que viva en la calle, en una tienda de campaña”.
El jurista ha participado en un acto del Frente Cívico-Somos Mayoría de Valencia, titulado “El desmantelamiento del estado de derecho”, en el Paraninfo de la Universitat de Valéncia.
En el acto se ha presentado la propuesta de actuación jurídica del Frente Cívico (“Justicia, derechos y rebeldía”). En la misma se plantea -además de la necesidad de la desobediencia civil, el deber de rebeldía y el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas (entre otros, el voto consciente)- la apelación a jueces concretos exigiendo el cumplimiento de las leyes. Se propone, para cumplir con este último punto, la creación de un Frente Jurídico, que coordine los esfuerzos que diariamente realizan numerosos abogados, jueces y fiscales en el conjunto del estado; también, el diseño de un “banco” de recursos y herramientas jurídicas; Por último, se avanza la posibilidad de personarse en casos penales abiertos y la interposición de querellas y acciones judiciales.
Además, el miembro del Frente Cívico de Valencia, Héctor Illueca, ha procedido a la lectura del Manifiesto Jurídico de la organización, en el que se afirma que la situación que atraviesa el país “no es conforme con el espíritu y la letra de la Constitución de 1978”. Es el momento, se afirma, de “hacer pedagogía y sentirnos muy unidos a los ciudadanos” y de “poner a su servicio todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance: abogados, procuradores, jueces, fiscales, colegios y también desde el ámbito académico”. Se incluye en el manifiesto esta paladina declaración de principios: “La ley no puede ser aplicada con todo su rigor a la mayoría y pisoteada cuando sus destinatarios están situados en las más altas instancias”.
La reforma del Código Penal anunciada por el gobierno prevé supuestos que anteriormente no existían. Por ejemplo, la posibilidad de prisión por la ocupación pacífica de una sede bancaria (imagínese una acción de los yayoflautas); lo que realmente se está haciendo, a juicio de Joaquim Bosch, “es criminalizar la libertad de expresión”. También se establece la posibilidad de pena de prisión para los casos en que se comparta en las redes sociales la convocatoria de manifestaciones que pudieran “alterar el orden público”. “Estas reformas no tienen nada de inocentes”, afirma el magistrado. “Todo ello responde a que el desgaste del gobierno y del poder financiero viene por obra de los ciudadanos y de los activistas, no de la oposición parlamentaria; y son muy conscientes de ello”, apunta el jurista. Es decir, en el punto de mira se encuentran el 15-M, la PAH o las “mareas”, a las que se trata de sofrenar.
Es una manera de blindarse de las críticas y del desgaste por parte de los movimientos sociales”, insiste el portavoz de Jueces para la Democracia. Es el sentido que tienen, en la Ley de Seguridad Ciudadana, las multas de hasta 600.000 euros por manifestarse pacíficamente frente a edificios públicos como el Congreso de los Diputados. Jueces como Santiago Pedraz resolvieron en su día que la convocatoria del 25-S “Rodea el Congreso” no constituía un delito si se hacía de modo pacífico; ni tampoco lo eran las acciones de protesta contra las desahucios organizadas por la PAH. Ha ocurrido entonces que el gobierno, “ante el fracaso de castigar estas acciones por la vía penal, las ha llevado a la vía administrativa, buscando exclusivamente un efecto intimidatorio”, explica el jurista. En un contexto de aguda crisis, se adicionan varios factores disuasorios: el incremento de las cuantía de las multas (y la posibilidad de embargo de los bienes si no se abonan) y el aumento de las tasas judiciales. Un aviso para la ciudadanía crítica.
Lo mismo ocurre con la grabación y difusión de imágenes de agentes de la policía que se extralimiten en el curso de una manifestación, lo que se sanciona con una multa de hasta 600.000 euros en la nueva legislación. “Esto es claramente inconstitucional –afirma Bosch-, porque vulnera el derecho a la información; se graba a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones en la vía pública”. Por ello, explica el magistrado, “han sido muy cuidadosos y ambiguos en la redacción”, al añadir esta coda: “si se atenta contra el honor y se pone en riesgo la seguridad de los agentes”. Además, por desobediencia o resistencia a la autoridad (a un policía en el ejercicio de sus funciones), el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana promueve sanciones de hasta 30.000 euros (actualmente, la cantidad oscila entre los 100 y 300 euros después de que tenga lugar un juicio de faltas).
El goteo de recortes en materia de derechos y libertades daría para horas de análisis y sesudas disquisiciones entre juristas. Pero Joaquim Bosch da una visión general que contribuye a aquilatar los efectos de la ofensiva. “Todo lo que está ocurriendo desde finales de 2007 tiene mucho que ver con la dignidad humana”, afirma. Esto se pierde de vista dada la familiaridad con que todos los viernes los ciudadanos asisten, inermes, a un nuevo tajo en sus derechos. Sin embargo, recuerda el magistrado, “hay un núcleo esencial de cada persona, del que emanan sus derechos fundamentales, y que recoge de manera positiva la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948”.`
Parecía que en Europa, tras la segunda guerra mundial, se había llegado en cierto modo a lo que el sociólogo danés Esping-Andersen denominaba “desmercantilización” del ser humano. Un cierto freno al capitalismo salvaje y a la idea de que la persona es una mera “cosa” al albur del mercado. Se entendía, por tanto, que el ser humano requiere unos recursos básicos para desarrollarse. De ahí se deriva el principio de igualdad y el de dignidad de la persona, que se incluye en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en constituciones como la española que, en el artículo 10.2, establece que la dignidad personal y los derechos inviolables que le son inherentes, constituyen fundamento del orden político y de la paz social. La “Teoría de la justicia” de John Rawls y su idea de la “justicia distributiva” en la que se maximice lo básico, con la lógica secuencia de un estado intervencionista, aportaba argamasa teórica al llamado “estado del bienestar”. “Hasta hace unos pocos años, todo esto no era discutido”, apunta Joaquim Bosch.
Pero con el triunfo del neoliberalismo se dinamitó, se reventó, se estragaron las costuras del andamiaje. Señala el jurista que, “con la caída del bloque soviético, se refuerza la embestida neoliberal contra el estado social, que llega a uno de sus puntos culminantes con la desregulación financiera en Estados Unidos”. La falta de controles, el desdén hacia toda intervención estatal y la jungla financiera son factores sin los que no se explica la crisis actual. Que también afecta al estado español. Según Bosch, “el desastre económico no ha sido inocente; banqueros, intermediarios financieros y gestores de las entidades, que se han enriquecido, actuaron de manera negligente”. Sin embargo, no se miró en esa dirección a la hora de pechar con las responsabilidades. Se eligió otra opción: “Toda la sociedad ha de poner el dinero para equilibrar los balances de la banca”. ¿Había alternativas, más o menos moderadas? “En Islandia se dejó caer a los bancos y se persiguió a los responsables”, apunta el portavoz de Jueces para la Democracia.
Joaquim Bosch sigue hablando claro: “Se ha aprobado una reforma laboral que dispara las tasas de paro, precariza notablemente el empleo y, al final, también feminiza la pobreza”. Matiza asimismo el magistrado la idea generalizada, consensuada y universalmente asumida de crisis económica: “Las empresas del IBEX-35 baten récords de beneficios, nunca se han matriculado tantos coches de lujo como ahora y continúa el trasvase de rentas de la clase media y trabajadora, a las clases altas y grandes empresas”.
Todos estos procesos tienen lugar sin que el estado disponga de mecanismos de intervención (para regular) ni fiscales (para equilibrar): “El sistema tributario del estado español, el implantado en la transición, lleva a que un trabajador pague los mismos impuestos que en los países escandinavos, mientras que las empresas pagan bastante menos que en Suecia”. Ataques a la dependencia, sanidad, educación, servicios públicos de justicia… “Los neoliberales están aprovechando la crisis para ir cada vez más a un estado mínimo”. Uno de los presentes en el auditorio formula entonces la pregunta más pertinente: “¿Por qué un gobierno ha de gestionar un estado cuando realmente pretende que éste desaparezca?” O, en otras palabras, ejerce de “enterrador”.
Si la crisis económica en el estado español es devastadora, y ha disparado las tasas de pobreza, paro y exclusión (también la de millonarios), no menos decisiva es la crisis de régimen (político). Joaquim Bosch sitúa en el frontispicio de su argumentación una idea del jurista y politólogo Norberto Bobbio: “La crisis de la mediación representativa”. ¿Cómo se aplica esta idea en el contexto de la política española? “Contamos con un sistema de partidos donde todo lo controlan las cúpulas; ejemplo de este déficit democrático es cómo dos personas se reunieron y decidieron modificar la inviolable constitución, el artículo 135, sin consultar a nadie; se trata, además, de fuerzas políticas muchas veces cómplices de los agentes económicos, cuyos beneficios se anteponen al interés general; tampoco se convocan referendos ni consultas populares, todo se reduce a votar cada cuatro años”, explica el magistrado. Toda esta opacidad y política de corte oscurantista (se ha visto en el “caso Bárcenas”: sólo cuatro o cinco personas de la dirección del PP conocen las cuentas del partido) “es el perfecto caldo de cultivo para la corrupción”.
Tampoco el funcionamiento del aparato judicial permite abrigar demasiadas esperanzas. La imputación de la infanta ha aireado muchas de las vergüenzas del sistema. Recuerda Joaquim Bosch que antes de que el juez Castro dictase el auto de imputación, el fiscal –“que se alinea descaradamente con las tesis de la defensa”- ya afirmaba estar en contra de que la imputación se produjera. Otra cuestión en la que el gobierno de Rajoy ha dado un “salto” cualitativo es el de los indultos, señala el magistrado. Políticos corruptos, policías que torturan, banqueros… “A una persona con poder, dinero e influencia es difícil que la condenen (por los medios de defensa de que disponen), pero sí la condena se produce, después puede recurrirse a la vía del indulto”. El portavoz de Jueces para la Democracia recuerda cómo en una reunión, el ministro Ruiz Gallardón le dijo que el indulto debía ser “discrecional”, es decir, no debía explicarse ni razonarse. España.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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