dijous, 27 de febrer de 2014

“Los poderes financieros han roto el contrato social y el poder político lo ha consentido”


Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia participa en un acto del Frente Cívico-Valencia, donde se presenta el Manifiesto Jurídico de la organización

Los poderes financieros han roto el contrato social y el poder político lo ha consentido”




Es un magistrado que habla de política. Y habla claro. Forma parte de un estamento –el de las Togas- esencialmente conservador, corporativista y con poca querencia por la igualdad económica y social. Sin embargo, Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, pergeña razonamientos como éste: “Los poderes financieros han roto el consenso, el contrato social, y lo han hecho con el consentimiento del poder político; el poder financiero ya no admite la igualdad de partida de todos los ciudadanos; éste es el modelo del Tea Party: el que no tenga recursos, que viva en la calle, en una tienda de campaña”.
El jurista ha participado en un acto del Frente Cívico-Somos Mayoría de Valencia, titulado “El desmantelamiento del estado de derecho”, en el Paraninfo de la Universitat de Valéncia.
En el acto se ha presentado la propuesta de actuación jurídica del Frente Cívico (“Justicia, derechos y rebeldía”). En la misma se plantea -además de la necesidad de la desobediencia civil, el deber de rebeldía y el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas (entre otros, el voto consciente)- la apelación a jueces concretos exigiendo el cumplimiento de las leyes. Se propone, para cumplir con este último punto, la creación de un Frente Jurídico, que coordine los esfuerzos que diariamente realizan numerosos abogados, jueces y fiscales en el conjunto del estado; también, el diseño de un “banco” de recursos y herramientas jurídicas; Por último, se avanza la posibilidad de personarse en casos penales abiertos y la interposición de querellas y acciones judiciales.
Además, el miembro del Frente Cívico de Valencia, Héctor Illueca, ha procedido a la lectura del Manifiesto Jurídico de la organización, en el que se afirma que la situación que atraviesa el país “no es conforme con el espíritu y la letra de la Constitución de 1978”. Es el momento, se afirma, de “hacer pedagogía y sentirnos muy unidos a los ciudadanos” y de “poner a su servicio todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance: abogados, procuradores, jueces, fiscales, colegios y también desde el ámbito académico”. Se incluye en el manifiesto esta paladina declaración de principios: “La ley no puede ser aplicada con todo su rigor a la mayoría y pisoteada cuando sus destinatarios están situados en las más altas instancias”.
La reforma del Código Penal anunciada por el gobierno prevé supuestos que anteriormente no existían. Por ejemplo, la posibilidad de prisión por la ocupación pacífica de una sede bancaria (imagínese una acción de los yayoflautas); lo que realmente se está haciendo, a juicio de Joaquim Bosch, “es criminalizar la libertad de expresión”. También se establece la posibilidad de pena de prisión para los casos en que se comparta en las redes sociales la convocatoria de manifestaciones que pudieran “alterar el orden público”. “Estas reformas no tienen nada de inocentes”, afirma el magistrado. “Todo ello responde a que el desgaste del gobierno y del poder financiero viene por obra de los ciudadanos y de los activistas, no de la oposición parlamentaria; y son muy conscientes de ello”, apunta el jurista. Es decir, en el punto de mira se encuentran el 15-M, la PAH o las “mareas”, a las que se trata de sofrenar.
Es una manera de blindarse de las críticas y del desgaste por parte de los movimientos sociales”, insiste el portavoz de Jueces para la Democracia. Es el sentido que tienen, en la Ley de Seguridad Ciudadana, las multas de hasta 600.000 euros por manifestarse pacíficamente frente a edificios públicos como el Congreso de los Diputados. Jueces como Santiago Pedraz resolvieron en su día que la convocatoria del 25-S “Rodea el Congreso” no constituía un delito si se hacía de modo pacífico; ni tampoco lo eran las acciones de protesta contra las desahucios organizadas por la PAH. Ha ocurrido entonces que el gobierno, “ante el fracaso de castigar estas acciones por la vía penal, las ha llevado a la vía administrativa, buscando exclusivamente un efecto intimidatorio”, explica el jurista. En un contexto de aguda crisis, se adicionan varios factores disuasorios: el incremento de las cuantía de las multas (y la posibilidad de embargo de los bienes si no se abonan) y el aumento de las tasas judiciales. Un aviso para la ciudadanía crítica.
Lo mismo ocurre con la grabación y difusión de imágenes de agentes de la policía que se extralimiten en el curso de una manifestación, lo que se sanciona con una multa de hasta 600.000 euros en la nueva legislación. “Esto es claramente inconstitucional –afirma Bosch-, porque vulnera el derecho a la información; se graba a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones en la vía pública”. Por ello, explica el magistrado, “han sido muy cuidadosos y ambiguos en la redacción”, al añadir esta coda: “si se atenta contra el honor y se pone en riesgo la seguridad de los agentes”. Además, por desobediencia o resistencia a la autoridad (a un policía en el ejercicio de sus funciones), el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana promueve sanciones de hasta 30.000 euros (actualmente, la cantidad oscila entre los 100 y 300 euros después de que tenga lugar un juicio de faltas).
El goteo de recortes en materia de derechos y libertades daría para horas de análisis y sesudas disquisiciones entre juristas. Pero Joaquim Bosch da una visión general que contribuye a aquilatar los efectos de la ofensiva. “Todo lo que está ocurriendo desde finales de 2007 tiene mucho que ver con la dignidad humana”, afirma. Esto se pierde de vista dada la familiaridad con que todos los viernes los ciudadanos asisten, inermes, a un nuevo tajo en sus derechos. Sin embargo, recuerda el magistrado, “hay un núcleo esencial de cada persona, del que emanan sus derechos fundamentales, y que recoge de manera positiva la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948”.`
Parecía que en Europa, tras la segunda guerra mundial, se había llegado en cierto modo a lo que el sociólogo danés Esping-Andersen denominaba “desmercantilización” del ser humano. Un cierto freno al capitalismo salvaje y a la idea de que la persona es una mera “cosa” al albur del mercado. Se entendía, por tanto, que el ser humano requiere unos recursos básicos para desarrollarse. De ahí se deriva el principio de igualdad y el de dignidad de la persona, que se incluye en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en constituciones como la española que, en el artículo 10.2, establece que la dignidad personal y los derechos inviolables que le son inherentes, constituyen fundamento del orden político y de la paz social. La “Teoría de la justicia” de John Rawls y su idea de la “justicia distributiva” en la que se maximice lo básico, con la lógica secuencia de un estado intervencionista, aportaba argamasa teórica al llamado “estado del bienestar”. “Hasta hace unos pocos años, todo esto no era discutido”, apunta Joaquim Bosch.
Pero con el triunfo del neoliberalismo se dinamitó, se reventó, se estragaron las costuras del andamiaje. Señala el jurista que, “con la caída del bloque soviético, se refuerza la embestida neoliberal contra el estado social, que llega a uno de sus puntos culminantes con la desregulación financiera en Estados Unidos”. La falta de controles, el desdén hacia toda intervención estatal y la jungla financiera son factores sin los que no se explica la crisis actual. Que también afecta al estado español. Según Bosch, “el desastre económico no ha sido inocente; banqueros, intermediarios financieros y gestores de las entidades, que se han enriquecido, actuaron de manera negligente”. Sin embargo, no se miró en esa dirección a la hora de pechar con las responsabilidades. Se eligió otra opción: “Toda la sociedad ha de poner el dinero para equilibrar los balances de la banca”. ¿Había alternativas, más o menos moderadas? “En Islandia se dejó caer a los bancos y se persiguió a los responsables”, apunta el portavoz de Jueces para la Democracia.
Joaquim Bosch sigue hablando claro: “Se ha aprobado una reforma laboral que dispara las tasas de paro, precariza notablemente el empleo y, al final, también feminiza la pobreza”. Matiza asimismo el magistrado la idea generalizada, consensuada y universalmente asumida de crisis económica: “Las empresas del IBEX-35 baten récords de beneficios, nunca se han matriculado tantos coches de lujo como ahora y continúa el trasvase de rentas de la clase media y trabajadora, a las clases altas y grandes empresas”.
Todos estos procesos tienen lugar sin que el estado disponga de mecanismos de intervención (para regular) ni fiscales (para equilibrar): “El sistema tributario del estado español, el implantado en la transición, lleva a que un trabajador pague los mismos impuestos que en los países escandinavos, mientras que las empresas pagan bastante menos que en Suecia”. Ataques a la dependencia, sanidad, educación, servicios públicos de justicia… “Los neoliberales están aprovechando la crisis para ir cada vez más a un estado mínimo”. Uno de los presentes en el auditorio formula entonces la pregunta más pertinente: “¿Por qué un gobierno ha de gestionar un estado cuando realmente pretende que éste desaparezca?” O, en otras palabras, ejerce de “enterrador”.
Si la crisis económica en el estado español es devastadora, y ha disparado las tasas de pobreza, paro y exclusión (también la de millonarios), no menos decisiva es la crisis de régimen (político). Joaquim Bosch sitúa en el frontispicio de su argumentación una idea del jurista y politólogo Norberto Bobbio: “La crisis de la mediación representativa”. ¿Cómo se aplica esta idea en el contexto de la política española? “Contamos con un sistema de partidos donde todo lo controlan las cúpulas; ejemplo de este déficit democrático es cómo dos personas se reunieron y decidieron modificar la inviolable constitución, el artículo 135, sin consultar a nadie; se trata, además, de fuerzas políticas muchas veces cómplices de los agentes económicos, cuyos beneficios se anteponen al interés general; tampoco se convocan referendos ni consultas populares, todo se reduce a votar cada cuatro años”, explica el magistrado. Toda esta opacidad y política de corte oscurantista (se ha visto en el “caso Bárcenas”: sólo cuatro o cinco personas de la dirección del PP conocen las cuentas del partido) “es el perfecto caldo de cultivo para la corrupción”.
Tampoco el funcionamiento del aparato judicial permite abrigar demasiadas esperanzas. La imputación de la infanta ha aireado muchas de las vergüenzas del sistema. Recuerda Joaquim Bosch que antes de que el juez Castro dictase el auto de imputación, el fiscal –“que se alinea descaradamente con las tesis de la defensa”- ya afirmaba estar en contra de que la imputación se produjera. Otra cuestión en la que el gobierno de Rajoy ha dado un “salto” cualitativo es el de los indultos, señala el magistrado. Políticos corruptos, policías que torturan, banqueros… “A una persona con poder, dinero e influencia es difícil que la condenen (por los medios de defensa de que disponen), pero sí la condena se produce, después puede recurrirse a la vía del indulto”. El portavoz de Jueces para la Democracia recuerda cómo en una reunión, el ministro Ruiz Gallardón le dijo que el indulto debía ser “discrecional”, es decir, no debía explicarse ni razonarse. España.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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