El gobierno del Partido Popular convierte la ley de jurisdicción universal en la ley de impunidad universal
El gobierno del Partido Popular convierte la ley de jurisdicción universal en la ley de impunidad universal
Ayer se aprobó una reforma de la Ley de Jurisdicción Universal con carácter retroactivo que archivará casos como el asesinato de José Couso, el ataque a la Flotilla de la Libertad o los crímenes de genocidio en el Tíbet cometidos por el expresidente chino Jiang Zemin.
La debilidad y sumisión del gobierno del Estado español consumó ayer un nuevo hito en su camino de retroceso de libertades y derechos de la ciudadanía.
La práctica de la Ley de Jurisdicción Universal era de los pocos aspectos en los que la justicia del Estado español estaba en primera línea mundial mediante los procesos abiertos para juzgar crímenes de lesa humanidad. Casos de genocidio o crueles dictaduras como en Guatemala, Chile o El Salvador fueron tramitados y sus culpables fueron, al menos, perseguidos y señalados como responsables, librándoles del halo de impunidad con el que habían gobernado y asesinado.
La vocación universal de la ley ya fue castrada por el gobierno socialista en 2009, también con los votos del PP, bajo presiones del gobierno israelí para evitar el procesamiento de la cadena de mandos responsables de un crimen que mató a 16 personas en Gaza -la mayoría niñas, niños y mujeres-. Bajo dicha reforma solo se podían perseguir crímenes siempre y cuando las víctimas fueran de nacionalidad española. Ahora se pide que los culpables sean españoles o tengan aquí su residencia habitual.
Hasta hoy varios casos seguían abiertos: crímenes de la dictadura franquista, genocidio en el Tíbet por parte del gobierno chino, asesinato del periodista José Couso en Iraq a manos del ejército estadounidense, ataque mortal a la Flotilla de la Libertad en 2010, y varios más.
Con la reforma, todos los casos abiertos quedarán archivados.
Dentro de los motivos que llevan a cambiar esta ley solo cabe pensar en una bochornosa genufexión ante las exigencias como la de los gobiernos chino o estadounidense.
No aceptaremos este nuevo obstáculo. Si no hay 50 diputadas y diputados con la mínima dignidad para presentar un recurso de inconstitucionalidad, elevaremos un recurso de amparo ante el Tribunal de Estrasburgo y sumaremos nuestra causa a la ya abierta por las Islas Comores en la Corte Penal Internacional.
“Dicen que quien calla, otorga. Recortar la ley para dejar vía libre a la impunidad de la que ya gozan los autores de las más graves violaciones de los derechos humanos debería convertir al actual Gobierno español en cómplice de dichos crímenes. Espero que algún día termine la impunidad y se haga justicia; justicia contra los autores de dichos crímenes de lesa humanidad y justicia contra los políticos españoles que los apoyan dictando leyes inhumanas”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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