El abogado Enrique Santiago habla sobre el caso Bárcenas
“Lo más grave es que las grandes constructoras cooptaron los consejos de ministros para que hicieran las políticas que ellas diseñaban”
Tercera
Información
La
relación de una determinada clase política con una privilegiada
clase empresarial que recibió trato de favor a cambio de sobornos
en el país de la UE que mayor Producto Interior Bruto (PIB) ha
dedicado en los últimos años a infraestructuras.
|
La
histórica rehabilitación de la democracia en Argentina que
protagonizó el partido de Nestor Kichner tras la superación de
políticas neoliberales desreguladoras ligadas a una corrupción
generalizada de los anteriores gobernantes, es el punto de partida y
ejemplo que puede dar esperanza a países inmersos en crisis
económicas con causas similares cuando no muy parecidas, como es el
caso de España. Como ocurriera en Argentina, los gobernantes
españoles no son los únicos responsables ni deben ser diana de
todas las críticas. Son los corruptores o "pagadores" los
que posibilitan e inician los delitos contra el interés general;
"La
querella
que hemos presentado por
supuesto está dirigida contra los responsables del Partido Popular
que han estado beneficiándose de estos pagos ilícitos, pero sobre
todo es una querella que hemos dirigido contra los responsables de
las grandes empresas que aparecen en esos papeles como pagadores,
como financiadores de ese sistema irregular de funcionamiento, porque
de alguna forma no hay corrupción si no existieran aquellos que
están dispuestos a entregar dinero para provocar estos fenómenos".
Las
burbujas financiera e inmobiliaria
Desde
los partidos gobernantes "se
propició una burbuja financiera con un dinero barato que se daba sin
cumplir los mínimos requisitos, lo que propició una burbuja
inmobiliaria"
creada por el PP e impulsada por el PSOE con una gran
sustracción de recursos del estado que se desviaron hacia las
infraestructuras.
Enrique Santiago denuncia la carencia de "políticas
alternativas en materia de creación de empleo o puesta en marcha de
otros sectores productivos".
La
Justicia, al servicio de una determinada clase empresarial y política
El
abogado denuncia el Código Penal vigente, diseñado para favorecer
la impunidad de delitos como el de prevaricación, que puede llevar
consigo un perjuicio para las arcas del estado cifrado en miles de
millones de euros pero para el que sólo se contempla la
inhabilitación para un cargo público o hasta un máximo de 6 años
de cárcel, lo cual favorece el aumento de este tipo de delitos, y lo
compara con un robo a mano armada en una gasolinera, para que el cual
la pena de cárcel es similar.
Desde
el inicio del proceso se ha observado la "absoluta inacción"
de las instituciones del estado en general y de una Fiscalía
Anticorrupción
al servicio del PP, que al estallar el escándalo, únicamente llevó
a cabo "apertura de diligencias meramente informativas sin
efecto judicial" y que, según el abogado, "no paralizaban
los períodos de prescripción de los posibles delitos que se
hubieran cometido". Fue este el principal motivo para la
querella de IU: la paralizalización
de los períodos de prescripción,
fijados en 10 años según el Código Penal y la demostración de que
la sociedad se encuentra ante un delito
continuado,
lo cual evitaría la impunidad para los delitos de corrupción
anteriores al año 2003, aunque los papeles recojan delitos desde
1990 a 2008;
"Entre
el día que la Fiscalía Anticorrupción abrió sus diligencias
informativas y el día en que Izquierda Unida interpuso su querella
[junto a la Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de
Abogados, Ecologistas en Acción y Federación de Los Verdes] podrían
haber prescrito delitos derivados del pago de 330.000 euros en
comisiones irregulares que aparecen en los papeles".
La
Fiscalía se ha opuesto hasta la fecha a cualquier diligencia de
investigación e insiste en recurrir las resoluciones del juez que
perjudican de cualquier manera al PP en el caso Bárcenas, pero
persigue con gran dedicación la trama de los ERE´s en Andalucía
donde están imputados numerosos cargos políticos del PSOE. Según
el abogado de IU, el Ministerio Fiscal llegó a inventarse un recurso
que no existe en la ley española "contra el acuerdo de un juez
para practicar diligencias de investigación" eligiendo el
tribunal ante el que lo presentó (la sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional). El recurso se admitió a trámite en 34 minutos
a pesar de la abultada carga de trabajo de este tribunal.
Por
otro lado, la Dirección General de la Policía -con Ignacio
Cosidó
al frente- ha cesado o cambiado de destino por tres veces al
Comisario General de Policía Judicial en la presente legislatura. La
última destitución fue la de José García Losada, responsable
último de todas las investigaciones relacionadas con la corrupción,
sustituido por Santiago Sánchez Aparicio.
La
relación de una determinada clase política con una privilegiada
clase empresarial que recibió trato de favor a cambio de sobornos
Bruesa
Construcción, Assignia Infraestructuras, Azvi, OHL, FCC
Construcción, Construcciones Ruabau, SACYR Vallehermoso, Sando,
Licuas, José Antonio Romero Polo S.A., DREGREMONT, ASEDES Capital y
Aldesa fueron
emplazadas por el juez Ruz el pasado viernes 13 a entregar en el
plazo de 5 días documentación que retienen desde
hace meses, en concreto, datos de contratos de las constructoras con
la Administración tales como fechas que podrían coincidir con los
papeles y que no figuran en muchos de los registros entregados por
las constructoras. Igualmente, el juez "faculta a los
funcionarios dependientes del Grupo XXI de la UDEF-BLA para
intervenir en el diligenciamiento de los contratos", o lo que es
los mismo, realizar los registros que sean necesarios en tales
empresas.
Es
este el último capítulo de una trama en la que los medios de
comunicación han querido poner el acento en las comisiones
periódicas, sistemáticas y continuadas que recibían dirigentes del
PP cuando
"La
Comisión de Infraestructuras del PP -que no parece en los estatutos
de este partido- compuesta por empresarios de constructoras y
políticos además del tesorero, elaboraba
las infraestructuras a realizar de manera previa las elecciones
(...) Lo
más grave -sinceramente- de los papeles de Bárcenas es que muestran
cómo las
grandes empresas de infraestructuras cooptaron los consejos de
ministros
para que hicieran las políticas que ellas diseñaban a través de la
Comisión de Infraestructuras del PP. Esto les costó muy poco dinero
en comparación con el enorme daño causado al interés general".
Un
sistema de corrupción heredado de Naseiro, el anterior tesorero, que
quedó impune en los años 80 tras anular el Supremo todas las
pruebas y el procedimiento
Enrique
Santiago habla de "traspaso del sistema de corrupción tras la
anulación del que se llamó "caso Naseiro";
"Curiosamente
el primer apunte que aparece en los papeles de Bárcenas es uno que
dice "8 millones de pesetas R.N." Bárcenas explicó [ante
el juez] que ese apunte respondía al traspaso del sistema que
Naseiro le hizo en su día tras la resolución del Supremo
(...) La
causa Gürtel no es ni más ni menos que el mismo sistema de
financiación irregular del PP pero desplazado al ámbito de las
Comunidades Autónomas (...)
Era tal el trasiego de comisiones ilegales que la dirección central
de la calle Génova tuvo que designar personas en puestos de salida
con una única función: controlar que las comisiones de los
empresarios llegaban a la tesorería del Partido Popular porque
estaban hartos de comprobar que las comisiones acordadas no llegaban
completas".
España,
el país de la UE que más Producto Interior Bruto (PIB) ha dedicado
en los últimos años a infraestructuras y entre los tres con menor
gasto social
Entre
las obras públicas más sonadas de los años de burbuja inmobiliaria
nos encontramos con seis aeropuertos sin aviones o autopistas de
peaje construidas con dinero público a pesar de que los estudios de
viabilidad señalaban que no existía demanda para su uso, y cedidas
a empresas privadas que ahora se declaran en quiebra y exigen
rescate.
El
caso de la variante
de Pajares,
para la cual se construyó el mayor tunel para una línea de alta
velocidad en Europa es particularmente significativo. Se trata del
tramo más costoso del AVE, que recorría un macizo montañoso que
comunicaba León con Asturias en una zona de reserva natural con más
de 20 acuíferos perforados y la desecación de la vertiente de León.
Las obras fueron contratadas con carácter de urgencia a finales de
2003, con lo que la licitación estaba aprobada a principios de 2004
cuando Francisco Álvarez Cascos acababa de ser nombrado ministro de
Obras Públicas del nuevo gobierno;
"Supuso
contratos por valor de 6.000 millones de euros aproximadamente que se
reparten entre distintas empresas, tres de ellas, que ejecutan el 50%
aparecen como pagadoras en los papeles de Bárcenas y además
realizando pagos superiores a los 100.000 euros coincidiendo con las
fechas de la adjudicación
(...) El
tunel es un inmenso sumidero de agua que hoy -9 años después- hace
imposible que se abra ni para una línea de alta velocidad ni para
una línea de cercanías. Es una obra faraónica que ahí se ha
quedado y nadie sabe bien qué hacer con ella".
Se
multiplican las evidencias que apuntan al PP como una asociación
ilícita (organización
criminal según el Código Penal) y un delito continuado
La
entrega de donaciones que excedían el límite legal (100.000 euros o
60.000 hasta 2007) por parte de algunos de los representantes de las
empresas de infraestructuras al Partido Popular ha sido reconocida
ante el juez, pero a ello hay que sumar que el porcentaje de
contratos de obras infraestructuras con procedimiento de licitación
extraordinaria superó con mucho el 50% del total de los contratos
relacionados con los pagos que aparecen en los papeles de Bárcenas;
"Con
un criterio conservador, al
menos 52 apuntes contables de los papeles de Bárcenas están
verificados y acreditados sin ningún tipo de duda en sede judicial.
Buena parte de ellos han sido además acreditados por el
reconocimiento de las personas que aparecen como perceptores de estos
pagos (Francisco Ayesa o Jaime del Burgo, que reconoció que pedía
autorización para los pagos del presidente de su partido, Jose
María Aznar)
(...) La contabilidad oficial del PP se ha convertido en una de las
mayores pruebas de cargo en este procedimiento porque acredita que
cuando se hacían estos pagos en dinero negro llegaba un momento en
que ese dinero había que sacarlo de la caja fuerte y los pagos había
que blanquearlos, y la única forma era a través de donaciones
anónimas a la cuenta designada para ello según la ley. Así, por
ejemplo, cuando aparece un soborno de 60.000 euros en los papeles de
Bárcenas este coincide a los dos días siguientes con seis ingresos
(donativos) de 10.000 euros. Estas
cifras exactas coincidentes se han documentado hasta la fecha en
hasta 14 casos según la policía judicial".
Según
relata Enrique
Santiago,
existen también algunos errores de bulto dignos de reseñar en el
comportamiento de la defensa del Partido Popular. Así, este partido
aún no ha explicado cómo es posible que su abogado conociese el
saldo de las cuentas descubiertas a través del ex-tesorero;
"Si
no habla, puede conservar el 25% de los saldos de las cuentas".
Este fue uno de los tratos ofrecidos a Bárcenas cuando ya se hallaba
en la cárcel, "de
lo cual se deduce que los dirigentes del PP conocen los saldos que
hay en Suiza y que esas cuentas deben pertenecer más bien a una
persona jurídica".
Respecto
a la pasividad del PSOE en el proceso, acentuada en los últimos
meses, Santiago advierte;
"Se
ha augurado que el proceso se va a archivar desde un primer momento
(...)
que a nadie se le ocurra intercambiar este procedimiento con -por
ejemplo- el procedimiento de los ERE´s, intercambiar impunidades. Ya
se aprecia algún movimiento llamativo al respecto sobre todo en
medios de comunicación más vinculados al partido socialista que
empiezan a poner constantemente sobre la mesa que este procedimiento
está abocado al fracaso y que el juez lo va a archivar de
inmediato".
IU
ha ampliado
la querella con
la nueva oposición del Ministerio Fiscal, que sigue sin ver ningún
tipo de relación entre los pagos de los empresarios y los papeles.
Pero si en febrero se admitió contra 8 empresarios sin que aún
existiese verificación de los apuntes contables, hoy, con más de 50
apuntes verificados, es de esperar que se admita a trámite la
ampliación de imputados: los ex secretarios generales del PP
Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, y otros 13 empresarios,
entre ellos el marido de la actual secretaria general, María Dolores
de Cospedal.
"Ha
existido una asociación ilícita en el seno del Partido Popular, es
decir, una organización criminal, lo que hace referencia a un plan
para delinquir, una estructura con un reparto funcional y una
práctica constante y dilatada en el tiempo de ejecución de ese plan
criminal. Eso justifica la existencia de un delito continuado, lo que
significa que hasta el momento en que se ejecuta el último paso de
ese itinerario criminal, concretamente el último apunte del año
2008, no pueden empezar a correr los períodos de prescripción. Es
decir, eso de que lo anterior al año 2003 está prescrito, nada de
nada".
La
necesidad de seguir actuando con prudencia y con el máximo apoyo
ciudadano
Para
concluir, el abogado señala que los querellantes han dado cada paso
con extrema prudencia ante el temor de que se haga "naufragar el
procedimiento", y hace hincapié en la decisiva importancia del
apoyo ciudadano activo ante los numerosos obstáculos que se están
salvando;
"Podrían
repetir la exitosa estrategia procesal que llevó en el año 89 a la
anulación de las pruebas de cargo contra el señor Naseiro (...) La
más clara estrategia del Partido Popular en estos momentos es
conseguir la nulidad de las actuaciones. Esto depende de que las
acusaciones no comentamos el más mínimo error. Por la doctrina
llamada "del árbol envenenado", a partir de la declaración
de nulidad de una prueba puede conseguirse de forma encadenada las
posteriores que se hayan derivado de esa diligencia. Por eso no sólo
hay que actuar con mucha prudencia y solvencia, sino que además, y
es lo más importante, hay que dejar claro que este procedimiento no
responde aun interés partidario, sino al interés de la sociedad.
Para eso se puso en marcha esta coalición y para eso se requiere el
apoyo de los ciudadanos".
La
situación actual del caso Bárcenas
Los
intentos del Partido Popular por desacreditar las acusaciones se han
ido desinflando conforme avanza la causa. Así, la demanda "por
injurias" presentada contra IU quedó en nada tras recibir
los querellantes casi 30.000 firmas ciudadanas de adhesión.
En octubre, Izquierda Unida se querelló contra el PP por destruir
los discos duros de Bárcenas.
En
noviembre se retiró -de la misma manera- la demanda contra El País
por publicar los papeles del tesorero, una vez este reconoció su
autoría. Ese mismo mes de 2013, el
juez Ruz corroboró la cuenta en dinero negro del PP, y la calificó
como "continua en el tiempo".
En
diciembre, la Xunta de Galicia ha admitido 2.500 contratos con firmas
citadas por Bárcenas en la contabilidad "B" del PP, con
grandes empresas como Acciona, Copasa, CRC y FCC.
El
19 de diciembre, el juez Ruz envió a la sede
nacional del PP, en la calle Génova 13,
agentes de la UDEF -la unidad policial de delitos económicos- para
registrarla
en busca de toda la documentación relacionada con los papeles de
Bárcenas,
la ya no "supuesta" contabilidad en negro de este partido
político. Lo hizo cuando ya se ha reconocido la destrucción de
agendas y discos duros del ex-tesorero con el amparo de la Ley de
Protección de Datos como principal excusa.
Compartir
esta noticia:
Comentaris