dijous, 8 d’agost de 2013

PP y PSOE pactan en Valencia una ordenanza represiva en materia de prostitución







La policía local podrá denunciar a las prostitutas que ejerzan en la vía pública si no “cesan en su conducta”
PP y PSOE pactan en Valencia una ordenanza represiva en materia de prostitución





La mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Valencia aprobó a finales de julio con el apoyo del PSPV-PSOE (primer partido de la oposición) una Ordenanza sobre el Ejercicio de la Prostitución en la vía Pública, que se centra en los aspectos meramente punitivos y no incluye medidas concretas ni partidas presupuestarias para la inserción laboral de las mujeres explotadas, la atención sanitaria o la prevención. Diferentes organizaciones sociales, así como los grupos EUPV-IU y Compromís en el consistorio han manifestado su rechazo a la nueva normativa.

En la Exposición de Motivos, la Ordenanza ya deja entrever su espíritu y contenido: “Los municipios vienen sufriendo la proliferación de distintas actividades lucrativas que afectan a la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos y ciudadanas (…). Entre estas actividades destaca el ejercicio de la prostitución en determinadas zonas de la ciudad, que acarrea problemas de convivencia ciudadana, afectan al orden público y a la imagen de la ciudad”. Además, en declaraciones recogidas por Europa Press, el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez (PP), ha afirmado que la normativa es “una herramienta para que la policía local pude actuar en la calle”.

Fuentes oficiales (singularmente el Ayuntamiento de Valencia) han insistido en el siguiente mensaje: la norma no establece sanciones para las prostitutas que ejerzan en la vía pública. Pero el artículo 2 “prohíbe” el hecho de ofrecer servicios sexuales retribuidos en el espacio público (por parte de las mujeres prostitutas), no sólo solicitar, negociar y/o aceptar los mismos (por parte de los usuarios); y establece que los agentes de autoridad (la policía local) “requerirán a los presuntos infractores (usuarios pero también prostitutas) para que cesen en su conducta, advirtiéndoles de que las mismas están prohibidas y de que, de persistir en su actitud, además de denunciar su conducta, podrían incurrir en la infracción de desobediencia a Agentes de la Autoridad (…)”. De este modo se abre el portillo a las medidas punitivas contra las prostitutas. Posibilidad que se permite pese a que el texto, teóricamente, las exima de sanciones al establecer que “ninguna de las conductas descritas en el presente artículo (el 3, dedicado a las infracciones), estarán referidas a las personas en situación de prostitución”.

En el catálogo de infracciones, algunas ofrecen una notable ambigüedad jurídica. Por ejemplo, al establecerse la prohibición de las conductas “que bajo la apariencia de prostitución (sic), obstaculicen o impidan el libre tránsito de los ciudadanos por los espacios públicos coaccionando y/o acosando a los viandantes”. ¿En qué términos se concreta la “apariencia de prostitución”? Tampoco se precisa qué ha de entenderse por “obstaculizar el espacio público”, lo que deja ambos supuestos un amplio margen a la interpretación policial.

La normativa se centra en cuestiones securitarias. ¿Qué alternativa sociolaboral se les ofrece a las mujeres que ejercen la prostitución? Una mera coda en el apartado final de la Ordenanza, que alude a que los servicios municipales y la policía local “informarán” a las mujeres prostitutas sobre los centros públicos a los que pueden acudir. ¿Y en cuanto al control de locales y persecución del proxenetismo? La vaguedad por respuesta. En la parte final del texto se afirma que el Ayuntamiento de Valencia “colaborará” en la represión de conductas que atenten contra la libertad sexual, en particular el proxenetismo; y se “intensificará” la inspección de locales en los que se ofrecen servicios sexuales.

Por lo demás, se endurecen las sanciones (que pueden alcanzar hasta los 2.000 euros) cuando las “conductas prohibidas” se realicen en espacios públicos situados a menos de 200 metros de distancia de centros educativos o parques infantiles Y se prohíbe asimismo la “promoción de servicios sexuales en todos los soportes publicitarios”.

Las críticas han arreciado contra la Ordenanza consensuada por los dos partidos mayoritarios. La edil de EUPV-IU en el Ayuntamiento de Valencia, Rosa Albert, ha manifestado que la normativa “criminaliza a las personas en situación de prostitución, aumenta su inseguridad y las situaciones de riesgo, además de deteriorar sus condiciones de vida”; asimismo, “no sólo provoca un mayor riesgo de proxenetismo sino que también penaliza a las personas víctimas de la trata”; Según la concejal de EUPV-IU, se trata de una Ordenanza que, aunque se “venda” lo contrario, “institucionaliza la sanción a las prostitutas” y se ha aprobado “sin tomar en consideración a ninguno de los colectivos que trabajan para erradicar y prevenir este tipo de explotación sexual”. Asimismo, aumenta la “discrecionalidad de la policía local para decidir cuándo y a quién sancionar”.

Trinidad Piquer, de la Asociación de Mujeres Vecinales “La Coordinadora de Ciutat Vella” (distrito de Valencia que se ha tomado como referencia para elaborar la normativa), ha criticado que el texto coincida con el recorte de las ayudas para la inserción de mujeres víctimas de explotación sexual (en materia de vivienda, empleo o atención sanitaria). Además, ha pedido medidas como el cierre de locales que obtengan beneficios de mujeres prostituidas o que los beneficios procedentes de prostituir a estas mujeres se destinen a su rehabilitación. También demanda que se garantice la protección de las mujeres sometidas a trata en pisos tutelados a cargo de ONG, y un cambio en la legislación para que las asociaciones o la Administración de Justicia formulen las denuncias contra las mafias.

Por otra parte, la organización Médicos del Mundo, que trabaja de manera permanente en el apoyo a las mujeres prostitutas, ha pedido también la derogación de la Ordenanza. En el escrito de alegaciones, subraya que se “criminaliza” a las personas en situación de prostitución, lo que aumenta su inseguridad y las situaciones de riesgo. Pero, sobre todo, “invisibilizará una realidad” que continuará presente. De hecho, “habrá un mayor riesgo de proxenetismo al generarse una mayor dependencia a relaciones de explotación por parte de terceras personas”. Médicos del Mundo critica asimismo que en la normativa “no se apueste por medidas preventivas y reparadoras que mejoren la situación de las personas afectadas”.

Por último, el centro cultural Ca Revolta ha formulado en el escrito de alegaciones una censura global a la ordenanza, ya que “no pretende proteger los derechos de los trabajadores sexuales sino, mediante sanciones, prohibir la prostitución en la calle”. En el mismo escrito se critica la “hipocresía” de la normativa: “Se habla de un plan para quien abandone la prostitución pero sin designar partida presupuestaria”. Además de atribuirle un fin “recaudatorio”, Ca Revolta afirma que se debería apostar por un diálogo entre todos los agentes implicados y la protección, a través de un plan social, de todas las personas que ejercen la prostitución.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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