La invisibilización de los abusos sexuales a menores es una violación de los derechos humanos

08-07-2013

Contexto general

En España 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6/7 niños son víctimas de abusos sexuales, el 80% de los mismos silenciados por estar producidos dentro del ámbito familiar según la Asociación para la sanación y prevención de abusos sexuales de la infancia (ASPASI). En contextos en los que no se silencia, el sistema patriarcal ha desarrollado mecanismos de defensa.

El Síndrome de Alienación Parental (SAP), también conocido como "síndrome de la madre maliciosa" está siendo utilizado por maltratadores para perpetuar el mismo a la madre a través de sus hijxs. La perversión de la aceptación de este falso diagnóstico supone un fallo en el sistema que debería proteger a las víctimas, sobre todo en casos con menores en los que haya una ligera sospecha de abuso o maltrato. En cuanto se establece la duda sobre la veracidad de la palabra del menor todo el procedimiento se envicia y nada de lo que pueda hacer, ni el menor ni la madre, sirve más que para alimentar la versión del padre. De facto supone una criminalización de las víctimas. Jurídicamente, la indefensión de las mismas.

El caso en concreto

Tal y como muestra el informe de Save the Children, la primera denuncia por presunto abuso sexual se produjo en marzo de 2007, cuando la niña tenía 3 años. (…). El hospital denunció los hechos pero el juzgado de instrucción tardó seis meses en iniciar la investigación, no dictó ninguna medida cautelar de protección y el examen forense de la niña se produjo un año después de la denuncia. Tras el examen forense, que alertaba de las conductas del padre hacia la niña, el juzgado acordó una orden de protección pero durante el año de dilaciones procesales el régimen de visitas ordinario y con pernocta siguió vigente y la niña debió acudir a las visitas, a pesar de que su rechazo a relacionarse con el padre era cada vez más fuerte.
Tras la segunda denuncia cursada por el hospital por presunto abuso sexual del padre, el juzgado ordenó un examen pericial de la niña y entrevistas psicológicas con el padre y con la madre. En la espera de las entrevistas individuales, sin previo aviso, la perito decide que quiere entrevistar conjuntamente al padre y a la hija, para “analizar la interacción” entre ambos sin sopesar el impacto que este encuentro podía producir en la niña.
En la actualidad hay una desprotección total a la menor puesto que no se están cumpliendo con los requisitos más básicos como el evitar que la menor se enfrente en careos a su presunto agresor. Hoy lunes 8 de julio la jueza ha pedido la presencia de la menor sin el acompañamiento de su psicóloga ni el abogado, en sala para declarar delante de su presunto agresor. Se teme que sea para quitar la custodia a la madre y dársela al padre.

Sobre la psicóloga que diagnostica SAP

Isabel María Tagle fue requerida por el juzgado de Torrejón a valorar la credibilidad del testimonio de una niña de ocho años que, según los informes del Hospital la Paz, había sufrido abusos sexuales con tres años de edad. En lugar de hacer esa valoración, preguntó a la niña sobre los abusos en presencia del padre abusador y de la pareja de éste. La niña relató lo que había sufrido, pero la psicóloga puso en duda la veracidad de su testimonio. En el informe habla de SAP, manipulación de la madre, recomienda un cambio de guarda y custodia, es decir, el tratamiento de la amenaza propuesto por Gardner, y que se abra procedimiento contra la madre por denuncia falsa. Tan sólo recordar dos datos: Gardner se suicidó en su celda cuando esperaba ser juzgado por pederasta y que Isabel María Tagle fue la psicóloga responsable del asesinato de Alovera, donde tampoco creyó a Silvynna Balsani. Tres días después fue asesinada por su ex-pareja. En la actualidad, Isabel María Tagle se encuentra inhabilitada y aun así se ha aceptado su testimonio como testigo del agresor.

Sobre la jueza

Cristina Villa Cuesta, titular del juzgado número 4 de Colmenar Viejo, es la jueza que está instruyendo el caso. Son tres las juezas de Colmenar Viejo que tienen abiertos procedimientos criminales por actuaciones irregulares. La titular del juzgado nº2 por enviar a la Guardia Civil a un instituto a por un menor, dicisión cuestionable en tanto que supone otra forma de violencia más hacia el menor. Las y los jueces que instruyen casos de violencia deberían tener una especial sensibilidad sobre cómo afecta ésta a los menores y cómo la violencia dentro del ámbito familiar perpetúa los comportamientos violentos. El ámbito judicial está siendo un engranaje más en la rueda de la violencia.

Save the Children y Women´s Lik.

Save the Children ha recogido el caso en un exhaustivo informe en el que denuncia as dificultades que tiene el Estado español a la hora de proteger a los y las menores. Destacan dos de las tres barreras presentadas en el informe a la hora de enfrentar estos casos judicialmente: que el testimonio del menor se invalide por su edad, suponiendo una discriminación en sí misma y prejudicialidad penal, es decir los prejuicios sobre la madre por el simple hecho de ser mujer, lo que la invalidada como testigo válido de los abusos, obligándola a pasar por múltiples exámenes psiquiátricos para validar su testimonio. Este informe ha sido la base para que Women´s Link, organización de reconocido prestigio en el ámbito internacional que trabaja por los derechos y contra las discriminaciones de las mujeres, tomo la iniciativa de buscar amparo procesal a Estrasburgo, ya que el sistema de justicia español no ofrece la seguridad de protección necesaria.

En definitiva

Desde el movimiento feminista queremos denunciar:
Que se pare de aplicar el SAP en ámbitos judiciales. Y que se saque de las investigaciones Universitarias. En ese sentido se deberían retirar y anular cualquier estudio por ser contrario a la ciencia.
Que se cree una Ley integral sobre la violencia contra los niños, que incluya acciones específicas de protección en casos de abusos
La inhabilitación efectiva de Isabel María Tagle como psicóloga y la prohibición de ejercer una profesión en la que ha demostrado sobradamente que no está capacitada para ejercer. Su trabajo pone en riesgo vidas humanas.
La aprobación de un código ontológico de debido cumplimiento para que en la judicatura esté sancionada cualquier interpretación de Ley que suponga aplicaciones de sentencias machistas, racistas, xenófobas, homófobas o cualquier otra vulneración de los derechos humanos.

Envía esta noticia
Compartir esta noticia: