La guardia civil clausura un viejo cuartel militar
| 26-01-2013 |
Las ONG denuncian la “política de parches” de las Administraciones y que los afectados se verán “sin techo” donde vivir
La guardia civil clausura un viejo cuartel militar donde vivían 170 inmigrantes en Bonrepòs (Valencia)
Un operativo formado por medio centenar de guardias civiles (incluidos una treintena de antidisturbios), varias dotaciones de policías locales y agentes apostados en el entorno procedió el miércoles a la clausura, a primera hora de la mañana, de un antiguo cuartel militar en el municipio de Bonrepòs (muy cerca de Valencia capital), donde vivían 170 personas inmigrantes de diferentes nacionalidades; a pesar del gran despliegue realizado, en el momento de su cierre el viejo cuartel se encontraba vacío.
Los inmigrantes, en su mayoría de procedencia subsahariana y algunas familias rumanas, habían abandonado el edificio días antes (el plazo otorgado finalizaba el 23 de enero). A las 7,00, cuando miembros de diferentes ONG llegaron al entorno del cuartel, los efectivos de la guardia civil ya habían procedido a su clausura y acordonado la zona. A continuación, se anunció que comenzarían las operaciones de derribo así como la limpieza del solar adyacente.
Desde el año 2009, vivían en el antiguo cuartel militar, que se hallaba en situación de abandono, unas 170 personas de origen africano y varias familias rumanas. Trabajaban, en Valencia o en los pueblos del entorno, como temporeros en el campo, en el aparcamiento de vehículos o con la chatarra, según informa Valencia Acoge. Finalizada la jornada de trabajo, regresaban al obsoleto cuartel para dormir.
El cierre del asentamiento se produjo el día 23 de enero, tal como dispuso un auto judicial del pasado 17 de diciembre. Emplazado en una parcela de 70.000 metros cuadrados, el edificio formaba parte del patrimonio del Ministerio de Defensa, hasta que una sentencia del Tribunal Supremo resolvió que se devolviera la titularidad a los herederos de los antiguos propietarios.
Las Administraciones Públicas (Conselleria de Bienestar Social y Ayuntamiento de Bonrepós) aseguran que a las personas afectadas por el desalojo se les han ofrecido dos posibilidades: la acogida por parte de diferentes ONG colaboradoras (Cruz Roja, ACCEM y CEPAIM) o desplazarse con el medio de transporte y la manutención pagada a otros municipios, como Murcia, Huelva o Zaragoza.
Sin embargo, personas como Samuel Twi Frimpong, de 34 años y oriundo de Gana, aseguraron no tener dónde pasar la noche el mismo día en que la guardia civil clausuró el viejo cuartel militar. Actualmente sin trabajo ni domicilio, Samuel llevaba cuatro años viviendo en el asentamiento. El día del desalojo por la tarde, se hallaba en la sede de Valencia Acoge sin hogar donde dormir.
Frente a las versiones oficiales, que en algunos casos han tratado los hechos como un problema de “seguridad”, y en otros, han insistido en que se ofrecía una “salida digna” a los afectados, Xavi Torregrosa, vicepresidente de Valencia Acoge, asegura que “la Administración no cuenta con un criterio claro; están actuando de una manera improvisada; se llevan a los inmigrantes desalojados a otro sitio, pero ¿para qué?”, se pregunta. “En Valencia hay muy pocos recursos dedicados a la acogida, y además se encuentran saturados; no se dan respuestas a las necesidades de la gente”, asevera.
En un comunicado hecho público ayer, las ONG que integran la Mesa de Entidades de Solidaridad con las y los inmigrantes, la Campaña por el cierre de los CIE y el Foro Alternativo de la Inmigración han denunciado la “política de parches” aplicada por la Administración, pues “además de no establecerse medidas de atención continuada a los colectivos vulnerables, las personas afectadas por este desmantelamiento se verán sin techo y tendrán que buscarse cualquier otro lugar donde malvivir”.
También denuncian que las personas inmigrantes comenzaron a abandonar el lugar que fuera su “casa” desde 2009, ante la “presión” de las autoridades, que les advertían que incurrían en un delito si se resistían a la orden judicial de desalojo, y el ofrecimiento de plazas en albergues o pisos, el desplazamiento a otra ciudad o el pago del billete de ida a sus países de origen, aseguran las organizaciones sociales.
Agregan las ONG que la mayor parte de estas personas procedían de otros asentamientos o directamente de la calle, “donde se vieron obligadas a vivir por la falta de recursos para pagar una vivienda”. Muchos residían en Bonrepòs desde hace años y algunos llegaron este año para trabajar en el campo, pero la falta de locales para acoger a los trabajadores temporeros -ni el pasado año ni éste se han habilitado- les forzó a instalarse en el viejo cuartel.
Además, “el asentamiento existe desde hace casi cinco años y ninguna administración se ha preocupado por la suerte de quienes allí estaban, hasta que un juzgado ordenó el desalojo” asegura el comunicado de la Mesa de Entidades de Solidaridad con las y los Inmigrantes. “Las propuestas de “acogida” son temporales y el traslado a otros lugares no garantiza condiciones de vida digna en el destino”, añaden.
Según la misma nota de prensa, ni el Gobierno Central, ni la Generalitat Valenciana ni los ayuntamientos han establecido dispositivos de atención a estos colectivos vulnerables. De hecho, cuando la “acogida oficial” finaliza, esas mismas personas se vuelven a encontrar en la calle y, consecuentemente, “se verán obligadas a ocupar cualquier lugar vacío que hallen, aunque esté en pésimas condiciones de habitabilidad”.
Tampoco la actuación de las diferentes administraciones ha considerado otra cuestión: Muchas personas prefieren vivir en estos asentamientos, como el desalojado ayer, que en un albergue que no responde a sus necesidades por el funcionamiento interno de estos centros (horarios no compatibles con sus jornadas laborales, falta de apoyo, imposibilidad de autogestión).
Al desahucio de Bonrepòs le precedieron los desalojos del antiguo cauce del Túria, las naves de Macosa y la fábrica de Bombas Gens, “y habrán muchas más intervenciones de las Fuerzas de Seguridad en desalojos mientras hayan personas que necesitan un alojamiento adecuado a sus necesidades, y mientras el Estado no asuma que tiene la obligación de garantizar unas condiciones de vida dignas a todas las personas que viven en esta sociedad”, denuncia el comunicado de la Mesa de Solidaridad, la Campaña por el cierre de los CIE y el Foro Alternativo de la Inmigración.
Por último, la nota de prensa se pregunta “de dónde se ha sacado el dinero para esta actuación cuando a las organizaciones sociales que trabajamos con las y los inmigrantes se nos adeudan las ayudas concedidas desde hace dos años. Si la Administración hubiera cumplido con sus compromisos, no se hubieran tenido que cerrar numerosos dispositivos de acogida gestionados por las ONG y probablemente no hubieran existido asentamientos como el de Bonrepòs”.
Desde el año 2009, vivían en el antiguo cuartel militar, que se hallaba en situación de abandono, unas 170 personas de origen africano y varias familias rumanas. Trabajaban, en Valencia o en los pueblos del entorno, como temporeros en el campo, en el aparcamiento de vehículos o con la chatarra, según informa Valencia Acoge. Finalizada la jornada de trabajo, regresaban al obsoleto cuartel para dormir.
El cierre del asentamiento se produjo el día 23 de enero, tal como dispuso un auto judicial del pasado 17 de diciembre. Emplazado en una parcela de 70.000 metros cuadrados, el edificio formaba parte del patrimonio del Ministerio de Defensa, hasta que una sentencia del Tribunal Supremo resolvió que se devolviera la titularidad a los herederos de los antiguos propietarios.
Las Administraciones Públicas (Conselleria de Bienestar Social y Ayuntamiento de Bonrepós) aseguran que a las personas afectadas por el desalojo se les han ofrecido dos posibilidades: la acogida por parte de diferentes ONG colaboradoras (Cruz Roja, ACCEM y CEPAIM) o desplazarse con el medio de transporte y la manutención pagada a otros municipios, como Murcia, Huelva o Zaragoza.
Sin embargo, personas como Samuel Twi Frimpong, de 34 años y oriundo de Gana, aseguraron no tener dónde pasar la noche el mismo día en que la guardia civil clausuró el viejo cuartel militar. Actualmente sin trabajo ni domicilio, Samuel llevaba cuatro años viviendo en el asentamiento. El día del desalojo por la tarde, se hallaba en la sede de Valencia Acoge sin hogar donde dormir.
Frente a las versiones oficiales, que en algunos casos han tratado los hechos como un problema de “seguridad”, y en otros, han insistido en que se ofrecía una “salida digna” a los afectados, Xavi Torregrosa, vicepresidente de Valencia Acoge, asegura que “la Administración no cuenta con un criterio claro; están actuando de una manera improvisada; se llevan a los inmigrantes desalojados a otro sitio, pero ¿para qué?”, se pregunta. “En Valencia hay muy pocos recursos dedicados a la acogida, y además se encuentran saturados; no se dan respuestas a las necesidades de la gente”, asevera.
En un comunicado hecho público ayer, las ONG que integran la Mesa de Entidades de Solidaridad con las y los inmigrantes, la Campaña por el cierre de los CIE y el Foro Alternativo de la Inmigración han denunciado la “política de parches” aplicada por la Administración, pues “además de no establecerse medidas de atención continuada a los colectivos vulnerables, las personas afectadas por este desmantelamiento se verán sin techo y tendrán que buscarse cualquier otro lugar donde malvivir”.
También denuncian que las personas inmigrantes comenzaron a abandonar el lugar que fuera su “casa” desde 2009, ante la “presión” de las autoridades, que les advertían que incurrían en un delito si se resistían a la orden judicial de desalojo, y el ofrecimiento de plazas en albergues o pisos, el desplazamiento a otra ciudad o el pago del billete de ida a sus países de origen, aseguran las organizaciones sociales.
Agregan las ONG que la mayor parte de estas personas procedían de otros asentamientos o directamente de la calle, “donde se vieron obligadas a vivir por la falta de recursos para pagar una vivienda”. Muchos residían en Bonrepòs desde hace años y algunos llegaron este año para trabajar en el campo, pero la falta de locales para acoger a los trabajadores temporeros -ni el pasado año ni éste se han habilitado- les forzó a instalarse en el viejo cuartel.
Además, “el asentamiento existe desde hace casi cinco años y ninguna administración se ha preocupado por la suerte de quienes allí estaban, hasta que un juzgado ordenó el desalojo” asegura el comunicado de la Mesa de Entidades de Solidaridad con las y los Inmigrantes. “Las propuestas de “acogida” son temporales y el traslado a otros lugares no garantiza condiciones de vida digna en el destino”, añaden.
Según la misma nota de prensa, ni el Gobierno Central, ni la Generalitat Valenciana ni los ayuntamientos han establecido dispositivos de atención a estos colectivos vulnerables. De hecho, cuando la “acogida oficial” finaliza, esas mismas personas se vuelven a encontrar en la calle y, consecuentemente, “se verán obligadas a ocupar cualquier lugar vacío que hallen, aunque esté en pésimas condiciones de habitabilidad”.
Tampoco la actuación de las diferentes administraciones ha considerado otra cuestión: Muchas personas prefieren vivir en estos asentamientos, como el desalojado ayer, que en un albergue que no responde a sus necesidades por el funcionamiento interno de estos centros (horarios no compatibles con sus jornadas laborales, falta de apoyo, imposibilidad de autogestión).
Al desahucio de Bonrepòs le precedieron los desalojos del antiguo cauce del Túria, las naves de Macosa y la fábrica de Bombas Gens, “y habrán muchas más intervenciones de las Fuerzas de Seguridad en desalojos mientras hayan personas que necesitan un alojamiento adecuado a sus necesidades, y mientras el Estado no asuma que tiene la obligación de garantizar unas condiciones de vida dignas a todas las personas que viven en esta sociedad”, denuncia el comunicado de la Mesa de Solidaridad, la Campaña por el cierre de los CIE y el Foro Alternativo de la Inmigración.
Por último, la nota de prensa se pregunta “de dónde se ha sacado el dinero para esta actuación cuando a las organizaciones sociales que trabajamos con las y los inmigrantes se nos adeudan las ayudas concedidas desde hace dos años. Si la Administración hubiera cumplido con sus compromisos, no se hubieran tenido que cerrar numerosos dispositivos de acogida gestionados por las ONG y probablemente no hubieran existido asentamientos como el de Bonrepòs”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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